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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTE DERECHO, ASÍ COMO LA CORRELATIVA OBLIGACIÓN ESTATAL DE CONSULTAR A ESTE GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA, ESTÁN ESTRECHAMENTE RELACIONADOS CON EL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD, CON LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA, CON EL DERECHO DE IGUALDAD Y CON EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE ESTE GRUPO VULNERABLE. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTE DERECHO TIENE COMO RAZÓN SUBYACENTE SUPERAR UN MODELO REHABILITADOR DE LA DISCAPACIDAD –DONDE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON SUJETOS PASIVOS A LA AYUDA O ASISTENCIA QUE SE LES BRINDA–, FAVORECIENDO UN MODELO SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTE DERECHO ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA QUE RIGEN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y SU DERECHO A LA PARTICIPACIÓN QUE SE PLASMÓ EN EL LEMA DEL MOVIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: "NADA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS". VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UNA MEDIDA PARA HACER FRENTE A LAS BARRERAS QUE HA IMPLICADO LA HETERORREGULACIÓN EN LA MATERIA DE DISCAPACIDAD Y, POR LO TANTO, ES CONSISTENTE NO SÓLO CON LA IGUALDAD MATERIAL, SINO CON LA IGUALDAD INCLUSIVA. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS AUTORIDADES MEXICANAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, TIENEN LA OBLIGACIÓN Y, NO SÓLO LA PRERROGATIVA, DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR QUE LAS CONSULTAS SE LLEVEN A CABO, PUES CON ELLO RECONOCEN QUE ESTE DERECHO ES INTERDEPENDIENTE E INDIVISIBLE DEL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LOS CASOS DE LEYES QUE NO SON EXCLUSIVAS O ESPECÍFICAS EN REGULAR LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESTOS GRUPOS, LA FALTA DE CONSULTA PREVIA NO IMPLICA LA INVALIDEZ DE TODO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SINO ÚNICAMENTE DE LOS PRECEPTOS QUE DEBÍAN SER CONSULTADOS Y RESPECTO DE LOS CUALES EL LEGISLADOR FUE OMISO EN LLEVAR A CABO LA CONSULTA PREVIA CONFORME A LOS ESTÁNDARES ADOPTADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. X. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. XI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN REQUISITO PROCEDIMENTAL DE RANGO CONSTITUCIONAL, CUYA OMISIÓN, CONSTITUYE UN VICIO FORMAL INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y, CONSECUENTEMENTE, DEL PRODUCTO LEGISLATIVO. XII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES TANTO A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, COMO A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA MISMA ENTIDAD, SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A DICHAS COMUNIDADES, POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE LA CONSULTA (INVALIDEZ DEL DECRETO 385/2021 POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN Y LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN MATERIA DE MEJORES CONDICIONES LABORALES Y SALVAGUARDA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). XIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL HECHO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS NO SE HAYA INTRODUCIDO LA CONSULTA PREVIA A DICHO GRUPO VULNERABLE, VIOLA EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INVALIDEZ DEL DECRETO 385/2021 POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN Y LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN MATERIA DE MEJORES CONDICIONES LABORALES Y SALVAGUARDA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENT

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 117/2021. · Registro digital (IUS): 32506
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-06-07
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo I, Pág.334.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 117/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE MAYO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: MARÍA DOLORES IGAREDA DIEZ DE SOLLANO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al treinta de mayo de dos mil veintitrés emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 117/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, en contra del Decreto 385/2021, mediante el cual se modifica la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas del Estado de Yucatán, publicado el cinco de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial del Gobierno de esa entidad federativa.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

Presentación de la demanda

1. María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad(1) en contra del Decreto 385/2021 mediante el cual se modifica la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas del Estado de Yucatán, publicado el cinco de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.(2)

Preceptos que se consideran violados

2. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que se transgreden los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "CPEUM"); 4.3 de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad (en adelante, "CDPD" o "Convención") y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (en adelante, "CIEFDPD").

Conceptos de invalidez

3. En su escrito de demanda, la CNDH presenta un concepto de invalidez en el cual manifiesta que el Decreto impugnado vulnera el artículo 4.3 de la Convención, en la que se reconoce el derecho a la consulta estrecha y colaboración activa de dicho sector de la población.

4. Divide sus argumentos en tres apartados: en primer lugar, expone el parámetro en materia de consulta a las personas con discapacidad; en segundo lugar, señala los requisitos mínimos en materia de consulta de las personas con discapacidad y, finalmente, realiza un análisis del decreto impugnado.

a) Por lo que se refiere al parámetro de consulta a las personas con discapacidad, expresa una de las obligaciones generales de los Estados, celebrar consultas a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan en la elaboración de legislación, políticas públicas y otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con ese grupo de población.

(i) Las consultas deben ser previas, públicas, abiertas, regulares, estrechas, con participación preferentemente directa de las personas con esa condición, accesibles, informadas, significativas y con participación efectiva y transparente.

(ii) Los ordenamientos modificados en el Decreto 385/2021 contienen disposiciones que regulan cuestiones en materia de mejores condiciones laborales, salvaguarda en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y desastres naturales, del sector de las personas con discapacidad; no obstante, del análisis del proceso legislativo que dio origen, el Congreso del Estado de Yucatán omitió llevar a cabo una consulta que cumpliera con los parámetros referidos.

(iii) La Convención establece la obligación de los Estados de celebrar consultas previas, estrechas y de colaboración activas con las personas con discapacidad, incluidos las niñas y los niños, para la elaboración sobre cuestiones relacionadas con ellas.

(iv) El inciso o), del preámbulo de dicha Convención señala que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre las políticas y programas, incluidos los que les afecten directamente. En consecuencia, para la expedición o adopción de cualquier norma legislativa y política en materia de discapacidad deben celebrarse consultas estrechas, públicas y adecuadas, garantizando la plena participación e inclusión efectiva de las mismas.

(v) También, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió la Observación General Número 7, en la que señala el alcance del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí se advierte que los Estados deben considerar a las consultas y la integración de las personas con discapacidad como medida obligatoria antes de aprobar leyes, reglamentos y políticas, normas de carácter general o de otra índole, siempre y cuando sean cuestiones relativas a la discapacidad.

(vi) Los Estados deben contactar, consultar y colaborar de forma oportuna con las organizaciones de personas con discapacidad, por lo que deben dar acceso a toda la información pertinente, mediante formatos digitales, accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como la interpretación de lengua de señas, textos en lectura fácil y leguaje claro.

(vii) En ese sentido, las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad deben abarcar toda la gama de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que puedan afectar de forma directa o indirecta a las personas con discapacidad.

(viii) El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que los Estados deben garantizar la consulta estrecha y la integración de las organizaciones de personas con discapacidad que representen a las mismas, incluidas las mujeres personas adultas mayores, niñas y niños, personas que requieren un nivel elevado de apoyo, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, apátridas, personas con deficiencia psicosocial real o percibida, personas con discapacidad intelectual, personas neuro diversas, con diversidades funcionales visuales, auditivas y personas que viven con el VIH/Sida.

(ix) La consulta y colaboración en los procesos de adopción de decisiones para aplicar la Convención deben incluir a todas las personas con discapacidad y, cuando sea necesario, regímenes de apoyo para la adopción de decisiones.

(x) Los Estados deben contactar, consultar y colaborar sistemática y abiertamente, de forma sustantiva y oportuna con las organizaciones de personas con discapacidad, lo cual requiere de acceso a toda la información pertinente, incluidos los sitios web de los órganos públicos, mediante formatos accesibles y ajustes razonables cuando se requiera; de ahí que, las consultas abiertas a las personas atiende a todos los espacios de adopción de decisiones en el ámbito público en igualdad de condiciones.

(xi) Por ello estima necesario que deben cumplirse los lineamientos esenciales en la realización de consultas en materia de discapacidad, tales como:

• Acceso a toda la información pertinente, en formatos accesibles.

• Acceso a todos los espacios de adopción de decisiones en el ámbito público en igualdad de condiciones con las demás.

• Considerar, con la debida atención y prioridad, las opiniones y perspectivas de las organizaciones de personas con discapacidad.

• Deber de informar de los resultados de esos procesos, proporcionado una explicación clara, en un formato comprensible, de las conclusiones, consideraciones y razonamientos de las decisiones sobre el modo en que se tuvieron en cuenta sus opiniones y por qué.

(xii) Se invoca como precedente la acción de inconstitucionalidad 68/2018, en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la razón subyacente a la exigencia de la consulta consiste en superar un modelo rehabilitador de la discapacidad, donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos a la ayuda que se les brinda, y favorecer un modelo social en el cual la causa de la discapacidad es el contexto, es decir, las deficiencias de la sociedad en las que las personas se encuentran para generar servicios adecuados una vez consideradas las necesidades particulares.

(xiii) El derecho a la consulta de las personas con discapacidad está estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención (artículo 3.a.), el derecho de igualdad ante la ley (artículo 12) y su derecho a la participación (artículos 3.c y 29).

(xiv) El derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención y es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás.

b) En cuanto a los requisitos mínimos en materia de consulta de las personas con discapacidad señala que de una interpretación armónica de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad, así como el desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprenden los estándares mínimos para el desarrollo de la consulta a ese sector de la población, por lo que éstas deberán ser previas, públicas, accesibles y adecuadas.

(i) Se elaboró el Manual para Parlamentarios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. En el capítulo quinto, denominado "La Legislación Nacional y la Convención", se establece que debe incluirse a las personas con discapacidad a participar en el proceso legislativo.

(ii) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2016 determinó que existe una obligación de consultar a las personas con discapacidad en todas aquellas cuestiones que les atañen, en términos del artículo 4.3 de la Convención. De igual forma, al resolver la acción de inconstitucionalidad 68/2018, se ha subrayado la obligación de realizar consultas en tratándose de personas con discapacidad.

(iii) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, declaró la invalidez total de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta de las personas con discapacidad. En dicha acción se ha precisado que ese ejercicio consultivo debe contar, al menos, con las siguientes características:

• Previa, pública, abierta y regular

• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad

• Accesible

• Informada

• Significativa

• Con participación efectiva

• Transparente

(iv) La consulta a las personas con discapacidad constituye un requisito procedimental de rango constitucional, lo cual implica que su omisión constituye un vicio formal con carácter invalidante del procedimiento parlamentario y, consecuentemente, del producto legislativo.

(v) El derecho humano de las personas con discapacidad a ser consultadas sobre las medidas legislativas que sean susceptibles de afectarles supone un ajuste en los procesos democráticos regulares, en virtud de que los mismos no bastan para atender las particularidades de las personas con algún tipo de discapacidad y es necesario que, de manera previa a la adopción de tales medidas, se les dé participación durante su elaboración.

c) En el análisis del decreto impugnado expone que las disposiciones impactan directamente en los derechos de las personas con discapacidad, pues su contenido atiende a los siguientes aspectos:

(i) Modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios:

• El artículo 24 establece que la duración máxima de la jornada de trabajo diurna será de siete horas.

• Con la reforma se precisa que, tratándose de trabajadores con algún tipo de discapacidad, su superior jerárquico podrá establecer que la jornada de trabajo se adecue a sus necesidades y condiciones.

• El artículo 26 prevé la definición de la jornada mixta que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, cuya duración máxima será de seis horas y media.

• Se añade que, en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, éstas podrán quedar exceptuados de prestar sus servicios en jornada mixta.

• El artículo 32 Bis establece el derecho de gozar de permisos por distintas situaciones en favor de las y los trabajadores.

• Con la reforma se incorpora que las y los trabajadores con algún tipo de discapacidad gozarán del permiso con goce de sueldo para acudir a sesiones de terapia.

• Finalmente, el artículo 110 prevé el derecho en favor de las trabajadoras y los trabajadores de gozar de licencias para dejar de concurrir a sus labores atendiendo al tiempo que lleven en servicio.

• Con la reforma se precisa que, cuando se trate de una persona con discapacidad, el superior jerárquico podrá extender la licencia hasta diez días adicionales.

(ii) Modificación a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán:

• El artículo 38 establece que, en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y desastres naturales, las personas con discapacidad tienen derecho a que las autoridades estatales y municipales garanticen su seguridad, alimentación y protección en albergues, durante y hasta sesenta días después de haber cesado el riesgo, emergencia o desastre natural, declarado por la propia autoridad que la emitió. Por tanto, las autoridades deberán prever en lo posible facilidades, así como recursos técnicos y humanos para garantizar una atención y trato digno a las personas según su discapacidad y a quienes las cuiden.

(iii) El Congreso del Estado de Yucatán estableció normas encaminadas específicamente a garantizar: 1) mejores condiciones laborales de las personas con discapacidad que laboran en instituciones al servicio de esa entidad federativa, y 2) su salvaguarda ante situaciones de riesgo.

(iv) Del procedimiento legislativo, esto es, del análisis del dictamen emitido por la Comisión Permanente de Salud y Seguridad Social del Congreso del Estado de Yucatán, se advierte en su tercer considerando que, a través de las reformas se refuerzan los derechos de los grupos con discapacidad, pues se les brindan mejores condiciones en el desarrollo y cuidado dada su situación especial ante la ley; por lo que, las modificaciones inciden en el desarrollo de las actividades laborales de las personas con discapacidad, así como la obligación de las autoridades en garantizar su protección y seguridad ante situaciones de riesgo.

(v) Para determinar la validez del decreto impugnado, a la luz del parámetro de regularidad constitucional, no basta con que las disposiciones prevean cuestiones en beneficio de las personas con discapacidad, sino que es necesario analizar si durante las fases que componen el proceso legislativo correspondiente se cumplieron los requisitos que como mínimo deben satisfacerse en un ejercicio participativo de esa naturaleza, de acuerdo con lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018.

(vi) Del análisis del proceso legislativo se advierte que no existió consulta estrecha y participación activa a las personas con discapacidad, pese a que contiene disposiciones que atañen directamente a ese grupo de población, por lo que era obligatorio que el Congreso estatal realizara la consulta a las personas con discapacidad en términos del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

(vii) Resulta innecesario pronunciarse sobre si se cumplieron los requisitos de que la consulta sea previa, pública, abierta y regular, así como que fuera informada y permitiera la participación efectiva de los sujetos implicados, pues no obra constancia alguna que acredite que se realizó ese ejercicio participativo en alguna fase del proceso legislativo que culminó con la expedición del Decreto 385/2021 impugnado.

Admisión y trámite

5. El entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad 117/2021(3) y designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor en el procedimiento.(4)

6. El Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad,(5) tuvo por designados a los autorizados y delegados, así como por recibidas las pruebas documentales aportadas por la promovente y ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Yucatán para que rindieran sus respectivos informes y señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. De igual forma se previno a la promovente para que exhibiera el documento en copia certificada con el cual acredita su personería.

7. Asimismo, requirió a los poderes demandados (legislativo y ejecutivo) para que, al momento de rendir el informe solicitado enviaran copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada, así como de un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Yucatán. Por último, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

Informe del Poder Legislativo del Estado de Yucatán

8. El Presidente de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Yucatán,(6) Luis Enrique Borjas Romero, rindió el informe requerido,(7) en el cual expresó diversos razonamientos en defensa de la constitucionalidad de las normas impugnadas:

a) El Poder Legislativo local realizó un proceso legislativo con estricto apego a las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Constitución estatal, por lo que es constitucional el Decreto 385/2021, pues el órgano legislativo cuenta con las facultades para expedir las leyes que rigen en la entidad.

b) El Congreso estatal en su labor legislativa prevé en todo momento que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.

c) Atendiendo a los considerandos establecidos en la Agenda Legislativa 2018-2021 (en el apartado relativo a los Derechos Humanos, Igualdad y No discriminación), creada mediante el consenso, pluralidad y voluntad política por atender temas prioritarios para modernizar y fortalecer el estado de derecho en Yucatán fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto 385/2021, por el que se modificó la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán y la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, en materia de mejores condiciones laborales y salvaguarda.

d) La modificación surge de la necesidad de reconocer los derechos laborales de las personas con discapacidad y a su vez, garantizar el pleno acceso a la salud en condiciones de seguridad y certeza jurídica a través de la creación de mejores condiciones de estabilidad laboral, económica y protección para ese sector de población. Por ello, resulta necesario que el Estado adopte los mecanismos necesarios a través de políticas públicas que garanticen dicha protección y a su vez aseguren su cumplimiento.(8)

e) La modificación de dichas leyes representa acciones positivas, pues su objetivo es a favor de las personas con discapacidad: representa un avance y mejora para personas trabajadoras pertenecientes a la administración pública, la posibilidad que gocen de una mejor protección y estabilidad en el ámbito laboral, así como en los escenarios de desastres naturales y de salud. f) La modificación se llevó a cabo con estricto apego a lo previsto en el artículo 3 de la Convención pues reconoce el principio de igualdad de oportunidades, lo cual constituye un paso importante en la transición de un modelo de igualdad formal a un modelo de igualdad sustantiva.(9)

g) La pandemia del virus SARSCOV-2 se ha vuelto un problema de salud pública de todos los niveles sociales, por lo que corresponde a la administración pública una de las primeras acciones para proteger la salud de sus trabajadores, lo cual se actualiza al salvaguardar la integridad de aquellos con alguna discapacidad, su incorporación gradual se debe al avance normativo para asegurar su inclusión laboral en todas las áreas, pero con el debido cuidado y respeto a su acceso y actividades.

h) Las mujeres y hombres con discapacidad se encuentran laborando y prestando sus servicios en secretarías y dependencias del orden estatal y municipal en igualdad de circunstancias en relación con las funciones y actividades, sin ningún tipo de preferencia; no obstante, es una realidad que merecen un avance sustancial en los derechos y prerrogativas que la ley les concede.

i) Las reformas cumplen con ampliar la justicia laboral y maximizar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras al servicio del Estado y sus municipios al incluir prerrogativas que se traduzcan en mejores condiciones respecto de su entorno laboral, considerando cambios que proyecten, respalden y brinden estabilidad a las cotidianas actividades que cientos de personas realizan por el Estado de Yucatán en sus instituciones.

j) Con respecto a que el Congreso estatal vulneró el derecho a la consulta, la Comisión accionante omitió tomar en consideración la pandemia mundial del COVID-19. El órgano legislativo local no perdió de vista las medidas preventivas emanadas por las autoridades internacionales, nacionales y estatales, ya que resultarían incongruentes los esfuerzos realizados por las mismas.

k) Así pues, debió ponderarse entre valores tales como la vida, la consulta y el costo beneficio de mantener el trabajo de áreas esenciales, como son los congresos locales, los cuales mantuvieron sus labores precisamente para evitar una interrupción de la gobernabilidad, la paz social y la vigencia de los mandatos constitucionales y legales.

l) Las modificaciones representan acciones afirmativas para ese sector de la sociedad, su objetivo es consolidar un avance y mejora para las y los trabajadores pertenecientes a la administración pública al dotarles protección y estabilidad en el ámbito laboral, así como en los escenarios de desastres naturales y salud.

m) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en donde reconocen la existencia que en ocasiones el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, cuestión que puede ser considerada por analogía, pues existen acontecimientos que se encuentran fuera del alcance legislativo e imposibilitan su cumplimiento.

n) Existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no es imputable al actor ya que se encuentra impedido a dar cumplimiento a la obligación, debido a que está fuera del dominio de su voluntad, pues no lo ha podido prever o aun previéndolo no lo ha podido evitar, ante lo cual puede actualizarse un caso fortuito o fuerza mayor.

ñ) Atendiendo a diversos criterios contenidos en tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, al no ser hechos imputables directa o indirectamente por culpa y cuya afectación no se pudo evitar con los instrumentos que normalmente se dispone en el medio social, al legislar respecto a derechos de las personas con discapacidad, el Congreso del Estado no vulneró el derecho a la consulta; por el contrario, ponderó, reconoció y protegió el derecho a la salud de las personas con discapacidad al continuar con las medidas de prevención y así evitar afectar la vida de las personas por la pandemia ocasionada por el COVID-19, salvaguardando la integridad y vida como derechos fundamentales por encima de condicionantes.

o) No existe razonamiento válido que demuestre la inconstitucionalidad de los preceptos: las modificaciones materia de análisis son a favor de las personas con discapacidad y se apegan a los principios constitucionales y a los ordenamientos legales que de la Constitución derivan.

p) En suma, resulta improcedente la acción de inconstitucionalidad intentada, pues la promovente realiza una interpretación errónea sobre la base de que las reformas violan el derecho a la consulta previa, lo cual es equívoco: la modificación busca reconocer los derechos laborales de las personas con discapacidad y, a su vez, garantizar el pleno acceso a la salud en condiciones de seguridad y certeza jurídica, para lo cual fue esencial establecer medidas de prevención al evitar la concentración de personas y así proteger el derecho humano a la salud.

Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán

9. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán,(10) Mauricio Tappan Silveira, en representación de Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, rindió el informe requerido y expresó los razonamientos que se exponen a continuación:

a) Improcedencia de la acción de inconstitucionalidad: lo único que le corresponde al poder ejecutivo estatal es la promulgación y orden de publicación del Decreto 385/2021.

(i) La acción de inconstitucionalidad es improcedente, pues al promulgar y ordenar la publicación del decreto impugnado, el Poder Ejecutivo local lo único que hizo fue cumplir con la obligación que, como gobernador del Estado de Yucatán, le imponen los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 14 fracciones VII y IX del Código de la Administración Pública de Yucatán.

(ii) Los actos legislativos se encuentran debidamente fundados y motivados, en términos del artículo 30, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, pues el Congreso local actuó dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución local prevé, al ser la autoridad competente para legislar sobre los ramos relativos a la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que se expidieron, así como participar en las reformas a dicha Constitución.

(iii) El requisito de fundamentación que debe cumplir el acto legislativo se refiere a que el congreso que expida las leyes esté constitucionalmente facultado para ello. Tal requisito se satisface cuando se actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución estatal le confiere, lo cual se cumplió en términos de los artículos 29 y 30, fracción V, de la Constitución de Yucatán, los cuales establecen la facultad legislativa del Congreso estatal, así como los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la referida Constitución local, que faculta y obliga al gobernador estatal a promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida el congreso de esta entidad.

(iv) Son infundados los conceptos de invalidez ya que los actos de autoridad legislativa sí cumplen con los requisitos fundamentales y de motivación, sin que pueda exigirse a cada una de las autoridades que participaron en el proceso de creación que expliquen los motivos que tuvieron en cuenta para ejercitar la función legislativa encomendada.

b) Contestación ad cautelam a los principios de invalidez: el concepto de invalidez planteado por la accionante debe desecharse de plano por infundado.

(i) Las disposiciones no vulneran el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, porque puede constatarse que se enfocan en el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sin establecer medidas específicas, ni restricciones o limitaciones a sus derechos, ni ningún otro tipo de injerencia que pudiera dañarlos, por lo que no se detecta la posibilidad de dañar los derechos de las personas con discapacidad.

(ii) Los artículos 24 y 26 señalan que los trabajadores con algún tipo de discapacidad, los superiores jerárquicos o titulares de las dependencias podrán establecer la jornada de trabajo que se adecúe a las necesidades y condiciones de dicho trabajador y, en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, podrán quedar exceptuados de prestar dicho horario relativo a la jornada mixta, sin que esto implique medidas o acciones específicas o concretas que sean susceptibles de dañar o menoscabar los derechos de las personas con discapacidad.

(iii) Por lo tanto, es necesario destacar que del artículo 4.3 de la Convención y el Contenido de la Observación General 7 (2018) sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, se desprende que el propósito que tiene la consulta es que solo aquellos procesos que incorporen cuestiones nuevas sean consultadas, tanto en los casos en los que se hace efectiva la Convención, como en las demás cuestiones que les afectan de manera específica, lo cual, también cobra aplicación, de conformidad con la última parte del párrafo 1.18 de la referida observación.

(iv) La consulta debe realizarse cuando hay una nueva deliberación que les afecte y cuando se toman provisiones legales para que una disposición ya decidida surta sus efectos en distintos ámbitos normativos. Por lo tanto, el propio Comité se refiere a que los Estados deben atender a la obligación de consultar "al decidir nuevas medidas legislativas, administrativas o de otro tipo".

(v) El legislador tiene la obligación de consultar a las personas con discapacidad cuando se va a modificar su régimen de derechos u obligaciones; es decir, cuando el contenido normativo impugnado es novedoso. Por el contrario, las disposiciones neutras, que mantienen el estatus jurídico que tenían las personas con discapacidad antes de que estas disposiciones fueran introducidas, no ocurre en el presente caso.

(vi) En el proceso legislativo no era necesaria la consulta previa, al no tratarse de impactos significativos en su vida o entorno, ni de la regulación de casos concretos que impacten de forma negativa a las personas c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32506-6976fad1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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