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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. DELITO DE CIBERACOSO. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL PLANTEAMIENTO CONSISTENTE EN QUE EL ARTÍCULO 390 TER, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, RESULTA CONTRARIO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, EN ESTRECHA VINCULACIÓN CON LA TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 304/2020. · Registro digital (IUS): 31872
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-10-20
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo I, Pág.969.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 304/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL MIRANDA LEYVA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el artículo 390 Ter, párrafos primero y segundo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, adicionado mediante Decreto LXIV-157, que fue publicado el treinta y uno de octubre de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de esa entidad federativa, por considerar que viola el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el principio de mínima intervención en materia penal y la libertad de expresión, al tipificar de forma deficiente el delito de ciberacoso.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 304/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 390 Ter, párrafos primero y segundo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, adicionado mediante Decreto LXIV-157, publicado el treinta y uno de octubre de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de esa entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El treinta de noviembre de dos mil veinte, a través de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del acto y autoridades que a continuación se especifican.

A. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

A.1. Congreso del Estado de Tamaulipas

A.2. Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas

B. Norma general impugnada: el artículo 390 Ter, párrafos primero y segundo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, adicionado mediante Decreto LXIV-157, publicado el treinta y uno de octubre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado.

2. Concepto de invalidez. En su escrito inicial, la promovente expuso como conceptos de invalidez que la norma impugnada viola el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el principio de mínima intervención en materia penal y la libertad de expresión, al tipificar de forma deficiente el delito de ciberacoso. Para sustentar lo anterior, expuso, esencialmente, las siguientes consideraciones:

a) Afectación al derecho humano de seguridad jurídica y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal

Los párrafos primero y segundo del artículo 390 Ter del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, tipifican el delito de ciberacoso, el cual prevé una sanción penal a quien hostigue o amenace a cualquier persona, por medio de las tecnologías de la información y comunicación, tales como redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro medio digital, mediante el envío de mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías.

Resulta claro que los alcances de los verbos rectores del tipo penal no se encuentran adecuadamente precisados. Es decir, se trata de un tipo penal abierto que genera incertidumbre jurídica, pues las conductas son abiertas, tomando en consideración que se entiende por "hostigar", molestar o burlarse de alguien insistentemente, y por "amenazar", dar a entender con hechos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien, de lo que se desprende que conllevan una gama innumerable de acciones que no fueron delimitadas por el legislador local, de manera que no permite tener certeza de la interpretación de aquello que es materia de prohibición.

Además, debe tomarse en cuenta que la apreciación de hostigamiento o amenazas a través de mensajería instantánea, correo electrónico y medios digitales depende de la subjetividad del receptor, quien, dependiendo de su particular grado de tolerancia, puede sentirse lesionado en su dignidad personal, paz, tranquilidad o seguridad. Es decir, la redacción del tipo penal no se basa en criterios objetivos, sino en un ámbito de afectación subjetivo.

Existen un sinnúmero de conductas que despliegan las personas emisoras de mensajes por medio de las tecnologías de la información que pueden no ser aceptadas por el receptor de la comunicación, aun cuando la intención en su emisión y su contenido sean constitucionalmente admisibles o persigan algún fin válido.

En el tema de las redes sociales, es posible encontrar comportamientos abusivos derivados de su propia naturaleza, razón por la cual, el receptor puede estar expuesto a amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia, que pueden ir dirigidas tanto al titular de la cuenta como a otros usuarios que interactúen en ella.

En el caso concreto, la norma prevé la ilicitud de la conducta consistente en una acción hostigadora y amenazante a través de mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías, cuya recepción pueda redundar en una afectación a la dignidad personal, o afectar la paz o la tranquilidad de las personas, acciones que serán calificadas como tales dependiendo estrictamente de la apreciación subjetiva del receptor, lo cual transgrede el contenido esencial del derecho a la seguridad jurídica y su correlativo principio de legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad.

Así, es inconcuso que no existe una interpretación clara y única que permita al operador jurídico de la norma aplicarla sin acudir a apreciaciones arbitrarias o discrecionales, en perjuicio de la certidumbre que debe prevalecer a favor de las personas que son destinatarias de la norma.

Por otro lado, se considera que la configuración del precepto en estudio no incorpora los elementos suficientes que permitan distinguir si la conducta reprochable penalmente, consistente en hostigar y amenazar, se actualiza únicamente en los casos en que el sujeto activo la lleve a cabo con el ánimo de transgredir el bien jurídico tutelado, es decir, la imagen, honor, intimidad o integridad psíquica y moral, o en general a la seguridad de las personas.

En los términos en los que se encuentra redactado el tipo penal, se podría llegar al extremo de sancionar la publicación de cualquier tipo de mensajes, videos, imágenes y documentos, cuando el sujeto receptor o pasivo los califique o conciba como acciones que hostigan o son amenazantes.

Al existir una posibilidad tan amplia de interpretación, la norma permite que sea el juzgador quien, en última instancia, determine en qué casos se realizó la conducta que amerita la sanción penal sin que ello pudiera ser previsto de manera cierta por el destinatario de la disposición.

En conclusión, la norma es vaga, imprecisa y ambigua, toda vez que no contiene la descripción adecuada de la conducta que se busca criminalizar, lo que tiene como consecuencia que el precepto impugnado no genere el conocimiento anticipado del comportamiento sancionable que permita a toda persona conducir su conducta lícitamente.

b) Afectación al principio de mínima intervención en materia penal (ultima ratio)

El principio de mínima intervención implica que el derecho penal debe ser el último recurso de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. De ahí que la intervención del ius puniendi en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible.

La norma impugnada transgrede el referido principio, en virtud de que la forma en que se diseñó la descripción típica del delito de ciberacoso busca tutelar los bienes jurídicos sin tomar en consideración que existen otros medios menos lesivos para lograr sus fines.

El tipo penal es de resultado, de modo que se sanciona el envío de mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías mediante cualquier medio digital, que produzcan un daño en la dignidad personal, o afecte la paz, la tranquilidad o la seguridad del sujeto pasivo, lo cual permite desprender que la medida adoptada pretende salvaguardar la imagen, honor e intimidad o la integridad psíquica y moral, y en general la seguridad de las personas. Al respecto, el legislador local puntualizó que el establecer el delito de ciberacoso tenía por objeto proteger la integridad de los internautas, ya que estimó que la conducta constituía una de las formas de violencia cibernética.

Si bien es cierto, la finalidad perseguida por el legislador local puede ser legítima a la luz de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, también lo es que el derecho penal no es la única vía para lograr el propósito pretendido.

Los términos en que se encuentra redactada la descripción típica hacen posible que se aplique la pena corporal de manera excesiva, toda vez que su sentido y alcance normativo abarcan actos que implican el ejercicio de la libertad de expresión que no deben ser susceptibles de persecución en una sociedad democrática.

Razón por la cual, las conductas contenidas en la norma ameritan un control menos lesivo que permita garantizar la protección de los bienes jurídicos multicitados mediante vías igualmente efectivas, pero menos dañinas para los derechos de las personas que en un momento u otro, pudieren llegar a asediar e intimidar a otras utilizando las tecnologías de la información.

La norma impugnada contraviene el principio de ultima ratio, pues si bien la imagen, el honor, la intimidad e integridad de las personas constituyen bienes jurídicos que deben tutelarse por el Estado, lo cierto es que la forma en que se tipifica el ciberacoso en el precepto reclamado permite aplicar sanciones penales a conductas que no ameritan la activación del ius puniendi. Ello es así, toda vez que castigar el envío de mensajes de cualquier tipo, a través de las tecnologías de la información o cualquier otro medio digital, puede incluso entrar en colisión de manera desproporcionada frente a otros derechos como la libertad de expresión.

Por otro lado, es pertinente mencionar que se impugnan exclusivamente los primeros dos párrafos del artículo 390 Ter del Código Penal Local, en tanto que los últimos dos párrafos de dicho precepto tipifican una conducta lesiva diversa, cuya persecución por la vía penal es idónea y necesaria, pues como el propio legislador reconoce, los menores de edad se encuentran vulnerables y susceptibles para convertirse en víctimas, debido al manejo descuidado y sin medida de las redes sociales.

c) Afectación al derecho de libertad de expresión

La medida legislativa tiene un efecto que inhibe el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión, en tanto amenaza con sancionar conductas que se encuentran bajo el marco de protección del referido derecho.

Debe recordarse que las restricciones que se formulen a la libertad de expresión deben llevarse a cabo bajo los parámetros constitucionales respectivos, con independencia de que la conducta se realice en un espacio virtual o digital, pues para que puedan considerarse apegadas al parámetro de regularidad constitucional es indispensable que: (I) estén previstas por ley; (II) se basen en un fin legítimo; y, (III) sean necesarias y proporcionales.

Asimismo, en el ejercicio de derechos en Internet, tal como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte,(1) existe un principio relativo a que el flujo de información en línea debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos, razón por la cual en el caso concreto resulta necesario analizar la disposición a través de un test de proporcionalidad.

En primer término, de la exposición de motivos se desprende que el legislador local consideró adecuado tipificar la conducta de ciberacoso en atención a los diversos datos recabados que evidencian que un gran número de niños, jóvenes y adultos han sufrido consecuencias por ese tipo de ataques, el cual, se entiende como un tipo de violencia que implica diversas conductas y acciones con el fin de ejercer poder y control, obstaculizando la equidad en Internet.

Asimismo, la medida tiene el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales a la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, así como a una vida libre de violencia. Sin embargo, se advierte que el numeral 390 Ter, párrafos primero y segundo, del Código Penal impugnado se encuentra inserto en el título décimo octavo, denominado "Contra la seguridad en el goce de garantías", por lo cual, también pudiera colegirse que el fin perseguido por el legislador es salvaguardar la imagen, el honor y la intimidad de las personas. En ese sentido, es posible concluir que la finalidad que persigue la disposición impugnada es constitucionalmente relevante y válida.

Además, la medida legislativa debe ser necesaria para obtener el fin legítimo constitucionalmente relevante, es decir, debe ser idónea, óptima e indispensable para su realización. Al respecto, la disposición en combate pudiere resultar idónea, pues el tipo penal de ciberacoso de alguna manera consigue efectivamente la realización del fin constitucionalmente relevante.

Sin embargo, la medida no es proporcional en una sociedad democrática, pues la restricción establecida no está adecuadamente orientada a garantizar la protección de los derechos fundamentales a la imagen, honor e intimidad, y seguridad de las personas. Lo anterior en atención a que el tipo penal sanciona el envío de mensajes, de cualquier tipo, aun cuando no se tenga la intención de dañar la dignidad personal, o afectar la paz, la tranquilidad o la seguridad de las personas receptoras.

Así, la medida adoptada por el legislador estatal no es congruente con la conducta que se pretende prohibir. Si bien es cierto, que es necesario contar con mecanismos que aseguren la dignidad personal, la paz, la tranquilidad o la seguridad de las personas, también lo es que su establecimiento debe ser cuidadoso, de manera que no restrinja al extremo la libertad de expresión.

En el caso concreto, el legislador local no fue cauteloso al establecer la medida punitiva, pues perdió de vista que la conducta sancionable debía realizarse de manera deliberada y con el propósito de dañar a una persona. Sin embargo, de la redacción del artículo 390 Ter, párrafos primero y segundo, se desprende claramente que se aplicarán las sanciones previstas a quien envíe cualquier tipo de mensaje a través de las tecnologías de la información o cualquier medio digital, aun cuando no se tenga el propósito de dañar a la otra persona.

En el caso de las redes sociales, existe la posibilidad de encontrar comportamientos abusivos derivados de su propia naturaleza, razón por la cual el receptor de estos contenidos puede estar expuesto a amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia. Además, las expresiones críticas, severas, provocativas, chocantes, que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, sin embargo, no deben ser consideradas un comportamiento abusivo por parte de los usuarios de la red.(2)

Luego entonces, los mensajes que se transmitan a través de las tecnologías de la información incluso aquellos que resulten críticos, severos, provocativos, chocantes, que puedan llegar a ser indecentes, escandalosos, perturbadores, inquietantes o causar algún tipo de molestia no deben ser susceptibles de sanción penal, máxime cuando se trata del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

En efecto, tal como lo ha señalado ese Tribunal Pleno, cuando se trata de limitaciones a la libertad de expresión impuestas por normas penales se deben satisfacer adicionalmente las exigencias propias del principio de estricta legalidad. El propósito de este requisito cumple una doble función; por una parte, reduce la competencia del Estado en cuanto a la forma como éste puede restringir la libertad de expresión; por la otra, le indica al ciudadano qué es exactamente lo que se prohíbe.(3)

En esta tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no basta que el legislador demuestre la legitimidad del fin perseguido, sino que debe asegurar que la medida empleada esté cuidadosamente diseñada para alcanzar dicho objetivo imperioso.

Así, se refirió que lo "necesario" no equivale a "útil" u "oportuno", pues para que la restricción sea legítima, debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitación, es decir, que el objetivo en cuestión no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo a la libertad de expresión. Lo anterior implica que no debe limitarse más allá de lo estrictamente indispensable para garantizar el pleno ejercicio y alcance del derecho humano.

De manera que las restricciones desproporcionadas terminan generando un efecto de silenciamiento, censura e inhibición en el debate público que es incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas. No resulta fácil participar de manera desinhibida de un debate abierto y vigoroso sobre asuntos públicos cuando la consecuencia puede ser el procesamiento criminal.

Por otra parte, no resulta constitucionalmente aceptable una ley que penalice específicamente los delitos contra el honor en línea e imponga penas más rigurosas que para los perpetrados en el mundo "offline". Ello implica una restricción desproporcionada para la expresión en Internet, bajo la perspectiva de considerar ese medio más riesgoso que otros. Ese tipo de medidas tendría el efecto de restringir y limitar a Internet como espacio para el libre intercambio de ideas, informaciones y opiniones.(4)

Así, las medidas impugnadas desbordan por completo al interés que las podría justificar e interfieren innecesariamente en el efectivo ejercicio del derecho de libertad de expresión, toda vez que la descripción típica es tan amplia que termina por abarcar un sinnúmero de conductas no reprochables amparadas en el mismo.

3. Preceptos que se consideran vulnerados. La promovente considera violados los artículos 1o., 6o., 7o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 2, 9, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. Radicación y turno. El tres de diciembre de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 304/2020; y, por razón de turno, designó como instructor al entonces Ministro José Fernando Franco González Salas.

5. Admisión y trámite. El ocho de diciembre de dos mil veinte, el entonces Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, tuvo como autoridades emisoras de la norma impugnada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y ordenó darles vista para que dentro del plazo de quince días hábiles, rindieran sus informes correspondientes. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.

6. Informe del Poder Ejecutivo. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Poder Ejecutivo del Estado rindió su informe correspondiente en el que manifestó, esencialmente, lo siguiente:

No se hacen valer conceptos de invalidez atribuibles al Poder Ejecutivo por vicios propios en relación con la promulgación y publicación del Decreto LXIV-157, mediante el cual se adiciona el artículo 390 Ter al Código Penal del Estado de Tamaulipas, por lo que debe declararse improcedente la acción de inconstitucionalidad en relación con este Poder, en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y V del Artículo 105 de la Constitución Federal y el diverso artículo 61, fracción V, de ese ordenamiento. Además, manifiesta que no es posible considerar que la publicación y promulgación del referido Decreto pueda considerarse violatoria de derechos humanos, pues los actos del Poder Ejecutivo se encontraban subordinados a los realizados por el Poder Legislativo, al tratarse de un acto formal y materialmente legislativo.

7. Informe del Poder Legislativo. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Poder Legislativo del Estado rindió su informe respectivo en el que en síntesis, adujo lo siguiente:

a) La redacción del tipo penal es conforme a las exigencias de taxatividad y legalidad jurídica

Contrario a lo sostenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los verbos rectores del tipo penal "hostigar" y "amenazar" no resultan subjetivos e implican la voluntad de dañar a la víctima por parte de quien los realiza.

Por un lado, en relación con el significado del verbo "hostigar" que se desprende del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, relativo a: dar golpes, molestar a alguien, insistir o agredir a enemigos, es posible advertir que implica una conducta consciente de carácter agresivo, que requiere una intencionalidad de ocasionar daño.

Lo cual ha sido reconocido por diversos criterios emitidos por la Suprema Corte, como es el caso de la tesis 1a. CLXXXIII/2017 (10a.), de rubro: "HOSTIGAMIENTO SEXUAL. CONSTITUYE UNA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER."

La Suprema Corte ha entendido que el hostigamiento necesariamente implica un actuar de carácter violento y agresivo y si bien el caso que se menciona se refiere al hostigamiento sexual, justamente lo que la diferencia de una conducta sexual deseada y libre es el elemento violento que se identifica mediante el verbo "hostigar".

Con la misma finalidad, el referido verbo ha sido utilizado por la Suprema Corte en otras tesis como sucede en la de rubro: "BULLYING ESCOLAR. CRITERIOS PARA IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR ESTE FENÓMENO SOCIAL.", en la que se menciona que el hostigamiento implica acciones negativas que pueden adoptar varias modalidades como contacto físico, palabras, muecas, gestos obscenos, o bien la exclusión deliberada de un alumno del grupo.

Así, es posible apreciar que el verbo "hostigar" ha sido interpretado desde una perspectiva constitucional por la Suprema Corte de Justicia como un signo distintivo de violencia y de conducta dolosa.

La conjunción entre el significado que le otorga la Real Academia de la Lengua Española, el sentido jurídico que le ha dado la Suprema Corte y la utilización cotidiana del mismo, permiten concluir que existe un alto grado de certeza en cuanto al significado del verbo "hostigar" y que las conductas que se identifican conforme al mismo, necesariamente implican un actuar violento, agresivo y con el objeto de intimidar o causar daño a la víctima.

Es por ello por lo que tanto los ciudadanos, como los aplicadores del derecho al dar lectura al tipo penal e interpretar el contenido del verbo tendrán en mente un determinado número de conductas que se vinculan unas con otras por un elemento violento y de agresividad, lo que le da la característica de antijurídico.

De conformidad con la definición de la Real Academia de la Lengua Española se requieren dos elementos, por un lado, la existencia de una acción violenta (agresión, golpes, molestia) y, por otro lado, el carácter recurrente de ésta.

Por otro lado, el verbo "amenazar" es aún más claro, en cuanto a su carácter doloso y a las conductas que implica que se ven caracterizadas necesariamente por un elemento antijurídico, la Real Academia de la Lengua Española le da los siguientes significados: "1. tr. Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien, 2. tr. Dicho de algo malo o dañino: Presentarse como inminente para alguien o algo. Una epidemia amenaza a la población, 3. tr. Dicho de una cosa: Dar indicios de ir a sufrir algo malo o dañino. La casa amenaza ruina."

Además, en el artículo 305, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de Tamaulipas(5) se define de manera clara las conductas que comprende el verbo "amenazar", pues las amenazas por sí solas se configuran como un tipo penal autónomo.

Con lo que se puede obtener una configuración clara de las acciones que deben entenderse como amenaza para el delito de ciberacoso, siendo éstas en esencia la intimidación de una persona a otra con causarle un daño o destrucción a su persona, honor, bienes o derechos propios o de alguien con quien está ligado, sin perjuicio de la interpretación que la Suprema Corte ha hecho en relación con el verbo, con lo que existe certeza tanto de los ciudadanos como de los operadores jurídicos de qué conductas se configuran como amenaza y cuáles no.

Por otro lado, los órganos legislativos no tienen la obligación de describir todas y cada una de las conductas posibles al definir los elementos del tipo penal, pues conforme a las características de generalidad y abstracción de la ley, un tipo penal puede cubrir un número indeterminado de conductas, de modo que puede ser aplicado en diferentes casos y no solamente en una situación concreta.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 1a./J. 24/2016 (10a.), de rubro: "TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE."

b) No violación al derecho de libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión no es ilimitado, debe ejercerse con respeto al derecho ajeno, pues no ampara el uso de la violencia ni el hecho de causar daños a terceros, por el contrario, se busca que la manifestación de ideas se realice de manera pacífica.

En cuanto a los límites a la libertad de expresión debe decirse que la Suprema Corte de Justicia ha adoptado algunos similares a los abordados por la Suprema Corte Norteamericana, en el caso New York Times Vs. Sullivan, en el cual se definió que tratándose de personajes públicos existía un estándar más amplio de libertad de expresión y que se excedía cuando se publicaba información falsa: (i) A sabiendas de su falsedad o con alto grado de negligencia; (ii) o con la pura intención de dañar, este criterio es conocido como "real malicia" o "malicia efectiva".

Sirve de sustento a lo anterior la tesis 1a./J. 80/2019 (10a.), de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR)."

Así, la Suprema Corte ha adoptado el denominado "sistema dual de protección", según el cual los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública.

La configuración del delito exige no solamente que el hostigamiento o la amenaza (conductas esencialmente dolosas) se lleven a cabo, sino que además, produzcan un daño (que deberá ser acreditado mediante pruebas suficientes).

Así, con la exigencia de la configuración de un daño el delito penal no vulnera la libertad de expresión, pues la misma no ampara que se causen daños a terceros. Esto es, al ser el daño una condición necesaria, el tipo penal se configura como una sanción al exceso en el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que se requiere que se configure un elemento de malicia efectiva para que se pueda actualizar el tipo penal.

8. Pedimento de la Fiscalía General de la República. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de la República formuló el pedimento correspondiente en el que argumentó, en síntesis, lo siguiente:

En cuanto a la causal de improcedencia hecha valer por el Poder Ejecutivo del Estado, manifiesta que debe desestimarse en tanto involucra cuestiones de fondo que deberán ser analizadas al momento de dictarse la sentencia, estima que resulta aplicable la tesis P./J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

Por otro lado, estima que la norma impugnada no resulta inconstitucional ya que se establecen claramente los elementos objetivos, subjetivos y normativos que componen el tipo penal de ciberacoso.

Así, la conducta prohibida consiste en hostigar o amenazar a cualquier persona, para determinar el alcance de los verbos rectores del tipo penal es necesario acudir al significado de la Real Academia de la Lengua Española en donde hostigar se refiere a incitar o presionar a una persona para que haga una cosa, causándole molestias y amenazar se refiere a actos o palabras con el fin de hacer daño a alguien.

La norma sanciona al sujeto activo que por medio de las tecnologías de la información hostigue o amenace a otra persona, esto es, que le envíe mensajes que le causen miedo o presionen insistentemente a alguien con el fin de intimidar, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al sujeto pasivo, pues las conductas apuntadas producen una perturbación en el fuero interno del individuo, lo que puede consistir en un solo evento o en una suma de eventos cuya suma produce el daño.

El dolo proviene de la conducta intimidatoria acompañada del asedio o la insistencia con los mensajes que causan miedo al destinatario de la conducta.

En relación con el sujeto pasivo tampoco se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31872-2a93042a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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