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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. IV. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS. V. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. LA DESCRIPCIÓN TÍPICA NO DEBE SER VAGA, IMPRECISA, ABIERTA O AMPLIA, AL GRADO DE PERMITIR LA ARBITRARIEDAD EN SU APLICACIÓN. VI. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SUPONE LA EXIGENCIA DE QUE EL GRADO DE DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA SEA TAL QUE LO QUE ES OBJETO DE PROHIBICIÓN PUEDA SER CONOCIDO SIN PROBLEMAS POR EL DESTINATARIO DE LA NORMA. VII. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. VIII. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. GARANTÍA DE, SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. IX. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. X. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGENCIA DE QUE LOS TEXTOS EN LOS QUE SE RECOGEN LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS. XI. DELITO DE CIBERACOSO. IMPLICA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN COMO PLATAFORMA DE UNA CONDUCTA INTENCIONAL, REPETIDA Y HOSTIL DE UN INDIVIDUO O DE UN GRUPO PARA HACER DAÑO A OTROS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 243 BIS 12 DEL CÓDIGO PENAL DE YUCATÁN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 191/2020, PUBLICADO EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN EL DIARIO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). XII. DELITO DE CIBERACOSO. SUPONE UNA INTROMISIÓN DE NATURALEZA REPETITIVA EN LA VIDA ÍNTIMA DE UNA PERSONA, UTILIZANDO PARA ELLO MEDIOS ELECTRÓNICOS, FUNDAMENTALMENTE INTERNET Y TELÉFONOS CELULARES, QUE SE PRESENTA DE FORMA ENCUBIERTA CON EL OBJETO DE INFLIGIR MALTRATOS Y DENIGRACIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 243 BIS 12 DEL CÓDIGO PENAL DE YUCATÁN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 191/2020, PUBLICADO EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN EL DIARIO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). XIII. DELITO DE CIBERACOSO. ES UN TIPO PENAL NECESARIAMENTE DE ACCIÓN, ESTO ES, QUE EL SUJETO ACTIVO DEBE REALIZAR LA CONDUCTA A TRAVÉS DE LA INTIMIDACIÓN Y EL ASEDIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 243 BIS 12 DEL CÓDIGO PENAL DE YUCATÁN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 191/2020, PUBLICADO EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN EL DIARIO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). XIV. DELITO DE CIBERACOSO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL TIPO PENAL RELATIVO DEBE CONTENER UN ELEMENTO SUBJETIVO RELACIONADO CON LA INTENCIONALIDAD DAÑINA DEL SUJETO ACTIVO O DE LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA, PUES LA VAGUEDAD DE LOS TÉRMINOS DE ACOSAR E INTIMIDAR, INCLUSO ANTE LA OPOSICIÓN DEL SUJETO PASIVO, GENERA INCERTIDUMBRE JURÍDICA SOBRE LAS CONDUCTAS QUE SE UBIQUEN DENTRO DE DICHA DESCRIPCIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 243 BIS 12 DEL CÓDIGO PENAL DE YUCATÁN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 191/2020, PUBLICADO EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN EL DIARIO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). XV. DELITO DE CIBERACOSO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE DESCRIBE EL TIPO PENAL RELATIVO SIN CONTENER EL ELEMENTO SUBJETIVO QUE PERMITA CONOCER CUÁL ES LA FINALIDAD DE INTIMIDAR O ASEDIAR A UNA PERSONA A TRAVÉS DEL ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO, VIDEOS, IMPRESIONES GRÁFICAS, SONORAS O FOTOGRÁFICAS, POR MEDIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN O CUALQUIER OTRO MEDIO DIGITAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 243 BIS 12 DEL CÓDIGO PENAL DE YUCATÁN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 191/2020, PUBLICADO EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN EL DIARIO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). XVI. DELITO DE CIBERACOSO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE EXIGE COMO ELEMENTO DEL DELITO LA NEGATIVA DEL SUJETO PASIVO DE RECIBIR INFORMACIÓN DE FORMA REITERADA E INTIMIDANTE A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN O CUALQUIER OTRO MEDIO DIGITAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 243 BIS 12 DEL CÓDIGO PENAL DE YUCATÁN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 191/2020, PUBLICADO EL TRECE DE MARZO DE D

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 198/2020. · Registro digital (IUS): 31256
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-02-10
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo I, Pág.482.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 198/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 9 DE MAYO DE 2022. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al nueve de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 198/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Antecedentes de las normas impugnadas. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la diputada Paulina Aurora Viana Gómez, integrante de la LVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, propuso una iniciativa con proyecto de decreto en la que se adicionaba el capítulo V Ter, denominado "Ciberacoso", al título decimoprimero del libro segundo, que contiene el artículo 243 Bis 5 del Código Penal del Estado de Yucatán.

2. Realizados los trámites legislativos, el trece de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto 191/2020, por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán en materia de ciberacoso. Esta reforma consistió en modificar la denominación del capítulo V Ter del título decimoprimero, denominado "Delitos informáticos", para quedar como "Delitos informáticos y cibernéticos", y se adiciona el artículo 243 Bis 12 que prevé el delito de ciberacoso.(1)

3. SEGUNDO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la licenciada María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 243 Bis 12 del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionado mediante Decreto 191/2020, publicado en el Diario Oficial de esa entidad el trece de marzo de dos mil veinte.

4. TERCERO.—Artículos constitucionales y convencionales violados. En la demanda señaló como preceptos constitucionales y convencionales violados los artículos 1o., 6o., 7o., 14 y 16 de la Constitución Política del País; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 9, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. CUARTO.—Conceptos de invalidez. La Comisión accionante expuso en su único concepto de invalidez los siguientes argumentos:

• La norma impugnada transgrede los derechos de seguridad jurídica y libertad de expresión, así como los principios de legalidad, en su vertiente de taxatividad en materia penal, y mínima intervención (ultima ratio), porque el tipo penal no establece con exactitud el objeto de prohibición, es ambiguo y no exige la intencionalidad dolosa de la conducta, tampoco prevé la generación del daño causado, lo que implica que se sancione a personas cuando la conducta no amerita hacerlo; y no delimita el contenido, sentido e intención del emisor de los mensajes transmitidos a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación o medio digital.

• Violación a los principios de seguridad jurídica y de legalidad, en su vertiente de taxatividad en materia penal. La norma impugnada no resulta clara en cuanto a la conducta que sanciona, pues los alcances de los verbos rectores del tipo penal no se encuentran adecuadamente precisados.

Se trata de un tipo penal abierto que genera incertidumbre jurídica, pues el verbo "intimidar" significa causar miedo o inhibir, mientras el verbo "asediar" significa presionar insistentemente a alguien, de lo que se desprende que la comisión de dichas conductas de manera conjunta conlleva una gama infinita de acciones que no fueron delimitadas por el legislador local, de manera que no permite a la persona destinataria de la norma conocer cuál es la conducta prohibida.

En la exposición de motivos el legislador local reconoce la ambigüedad del vocablo "asediar", pues refiere que algunas acciones cotidianas pueden ser consideradas como asediantes de acuerdo con la subjetividad de la persona que sufre tal acto.

Si bien la norma impugnada pretende acotar el tipo penal con la expresión "a pesar de su oposición", ello no da pauta a determinar de forma clara y precisa los casos en los que el acto pudiera, objetiva y realmente considerarse intimidatorio o asediante para una persona en tal grado que deba ser sancionado penalmente.

Existe un sin número de conductas que pueden realizar las personas cuando envían mensajes a través de las tecnologías de la información y la comunicación que no son aceptadas por alguna razón por el receptor, aun cuando su emisión y su contenido sean constitucionalmente admisibles o persigan un fin válido dentro de la sociedad.

La ilicitud de la conducta intimidante o asediante depende de la apreciación subjetiva del receptor, lo cual irrumpe con los principios de seguridad jurídica y de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, y permite la actuación arbitraria o discrecional de las autoridades.

La norma no incorpora los elementos suficientes que permitan distinguir cuál es la conducta reprochable, pues se actualiza únicamente cuando el sujeto activo realice una acción con la finalidad de transgredir la imagen, el honor, la intimidad o la integridad psíquica y moral de las personas.

La forma en que está descrita la conducta podría llegar sancionar el envío de cualquier tipo de mensajes o documentos a través de las tecnologías de la información y la comunicación o medios digitales, cuando el receptor los considere intimidantes o asediantes, lo que limita al emisor para conocer en qué momento podría incurrir en la conducta prohibida. Lo anterior, supedita la comisión de la conducta a la apreciación de la persona que recibe la información y soslaya la intención del emitente.

El precepto impugnado es tan amplio e injustificado que autoriza la determinación de conductas que son susceptibles de ser sancionadas por parte de la autoridad jurisdiccional, bajo categorías ambiguas y subjetivas.

La norma es vaga, imprecisa y ambigua, toda vez que no contiene la descripción adecuada de la conducta concreta que se buscó criminalizar, lo que no propicia el conocimiento anticipado del comportamiento sancionable, esto es, que la conducta objeto de prohibición no es previsible, ya que no está redactada con la claridad suficiente que permita a toda persona conducir su conducta lícitamente.

• Violación al principio de mínima intervención. La forma en que se diseñó el tipo penal de ciberacoso no permite que se tutelen los bienes jurídicos relativos al honor, intimidad, e integridad psíquica y moral de las personas, sin que exista otro medio igualmente idóneo y adecuado para lograr sus fines.

El delito de ciberacoso es de resultado, de modo que los verbos rectores pretenden sancionar la presión persistente mediante mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías, enviados a través de cualquier medio digital que produzca miedo o inhiba al sujeto pasivo, lo que permite desprender que la norma impugnada sí pretende salvaguardar la imagen, el honor, la intimidad, e integridad psíquica y moral de las personas.

En ese sentido, el legislador señala que el delito de ciberacoso pretende proteger la integridad de los internautas, ya que la conducta ilícita es una forma de violencia producida a través de las tecnologías de la información y la comunicación que no se restringe a una mera connotación sexual, erótica o pornográfica, debido a que en la actualidad cualquier persona con presencia en los medios sociales puede ser víctima de ese delito.

Sin embargo, si bien esa finalidad podría ser legítima, no es posible concluir de manera inevitable y tajante que el derecho penal sea la vía idónea, única, necesaria y proporcional para lograr ese objetivo, pues tal resultado se puede alcanzar a través de la reparación de los daños en materia civil.

La norma impugnada constituye un instrumento de la política estatal que resulta más lesiva, pues no resulta indispensable para salvaguardar los bienes jurídicos cuya tutela se pretende, debido a que reprocha penalmente conductas que se cometen al enviar mensajes o archivos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación o medios digitales que pueden llegar a ser calificados por el receptor como intimidatorios o asediantes, sin que esto implique necesariamente que se cause un daño importante o extremadamente grave que justifique el uso del poder punitivo del Estado.

La forma en la que está redactada la descripción típica hace posible que se aplique una pena privativa de libertad excesiva, toda vez que su sentido y alcance normativo abarca actos que implican el ejercicio de la libertad de expresión que no deben ser susceptibles de investigación penal.

El contenido de la norma es deficiente debido a que no exige que el daño causado por el sujeto activo sea grave; no atiende a la intencionalidad real del emisor al producir miedo o inhibir al receptor del mensaje; omite tomar en consideración el contenido del mensaje o archivo y es imprecisa respecto de la finalidad de actuar del activo al enviar un mensaje o documento digital.

Las conductas descritas en el tipo penal impugnado ameritan un control menos lesivo que permita salvaguardar los bienes jurídicos señalados con anterioridad mediante vías igualmente efectivas, pero menos dañosas.

La norma reclamada incumple con el subprincipio de fragmentariedad de la ultima ratio, pues si bien hay ataques que pueden catalogarse como graves y llegar a producir un daño importante en la imagen, honra, intimidad e integridad de las personas, ello no implica que el tipo penal únicamente sancione conductas donde se advierta de forma clara y precisa que se actualizan las consecuencias perjudiciales gravosas que ameritan la activación del poder punitivo.

La descripción típica de ciberacoso permite que el receptor de cualquier tipo de mensajes aprecie de manera subjetiva las expresiones "intimidantes y asediantes", sin que sea posible verificar con cierto grado de objetividad los efectos perjudiciales de la conducta, lo que propicia la sanción de conductas que podrían ser involuntarias.

El Congreso Local pudo emitir ordenamientos conducentes a establecer medidas preventivas de educación para la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación y de los medios digitales, pues en la exposición de motivos el legislador señala que el fenómeno del ciberacoso no se debe a circunstancias intrínsecas de las víctimas, sino a la actitud o situación del agresor, mismas que puede cambiar con el apoyo de una educación basada en los derechos humanos.

En el amparo directo 35/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte afirmó que la educación tiene un potencial para combatir las actitudes de violencia, más aún cuando los centros escolares pueden servir como verdaderos catalizadores de este tipo de conductas, pueden romper los patrones de violencia y proveer habilidades a los alumnos y profesores para comunicarse, negociar y generar soluciones pacíficas a los conflictos.(2)

La norma debe declararse inconstitucional debido a que no aporta suficientes elementos que acoten adecuadamente las conductas prohibidas, de forma que sólo se sancionen penalmente aquellas que resulten en extremo gravosas en desmedro de los bienes jurídicos más importantes.

• Violación al derecho a la libertad de expresión. Los artículos 7 de la Constitución Política del País, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen la prohibición de la censura previa.(3)

Castigar el envío de mensajes de cualquier tipo a través de las tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio digital, puede entrar en colisión de manera desproporcionada con el derecho a la libertad de expresión.

En el amparo en revisión 1/2017 de la Segunda Sala, la Suprema Corte puntualizó que las tecnologías de la información y la comunicación, como el Internet y los sistemas de difusión electrónica de la información tecnológica móvil, han cambiado sustancialmente las prácticas de la comunicación en el mundo.(4)

De las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el Internet sobresale por su alta demanda, el cual representa un gran avance como medio interactivo, ya que las personas usuarias han dejado de ser únicamente receptores pasivos de la información, sino que se han convertido en generadores activos de información.

En tal sentido, que las restricciones que se formulen al derecho a la libertad de expresión deben llevarse a cabo de acuerdo con los parámetros jurisdiccionales, con independencia de que la conducta se realice a través de un espacio virtual o digital (Internet), ya que las limitaciones a ese derecho humano, ejercido por conducto de una página web, pueden considerarse constitucionales siempre que estén previstas en la ley, se basen en un fin legítimo, y sean necesarias y proporcionales.

Para que el Estado pueda imponer restricciones a la libertad de expresión ejercida a través del Internet, se debe tomar en consideración la relación entre el derecho y la restricción, o entre la norma y la excepción, pues la regla general es la permisión de la difusión de ideas, opiniones e información, y excepcionalmente, el ejercicio de ese derecho debe restringirse.(5)

La Segunda Sala de esta Suprema Corte ha sostenido que existe un principio relativo a que el flujo de información en línea debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger los derechos humanos.(6)

Para afectar el derecho a la libertad de expresión debe superarse un examen de proporcionalidad que no se justifica en el caso.

En la exposición de motivos se desprende que el legislador local consideró adecuado tipificar la conducta de ciberacoso en atención a diversos datos recabados tendentes a evidenciar que un gran número de niños, jóvenes y adultos han sufrido las consecuencias de ese tipo de ataques, el cual entiende como un tipo de violencia que implica diversas conductas y acciones con el fin de ejercer poder y control, obstaculizando la equidad en Internet.

La medida reclamada tiene por objeto salvaguardar los derechos fundamentales a la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal y a una vida libre de violencia, además, el artículo impugnado se ubica en el titulo segundo, denominado "Contra la paz, seguridad, intimidad, la imagen y la igualdad de las personas"; por tanto, también podría considerarse que el fin perseguido por el legislador es salvaguardar dichos bienes jurídicos.

Por ello, la finalidad que persigue el tipo penal es constitucionalmente relevante, en tanto obedece a un fin admisible como la tutela del derecho al honor, la imagen y la intimidad.

La norma impugnada podría ser idónea, pues el tipo penal de ciberacoso de alguna manera consigue efectivamente el fin constitucionalmente válido; no obstante, la medida no es necesaria debido a que no está orientada a garantizar la protección de los derechos fundamentales al honor, imagen e intimidad de las personas.

El tipo penal sanciona el envío de mensajes de cualquier tipo, aun cuando el emisor no tenga la intención de dañar los derechos al honor, imagen e intimidad del titular del derecho que se pretende proteger.

La medida adoptada por el legislador no es acorde con la conducta que se pretende prohibir, pues si bien es necesario contar con mecanismos que protejan los derechos mencionados, su establecimiento debe ser cuidadoso, de manera que no restrinja el derecho humano a la libertad de expresión.

El legislador perdió de vista que la conducta debía desplegarse de manera deliberada y con el propósito de dañar a una persona, lo que podría implicar que se sancionan conductas que no tengan esa intención.

El Pleno de la Suprema Corte ha establecido que cuando se trata de restricciones a la libertad de expresión se deben satisfacer las exigencias propias del principio de seguridad jurídica. Lo anterior, cumple con una doble función: por una parte, reduce la competencia del Estado en cuanto a la forma en que éste puede restringir la libertad de expresión; por la otra, indica al ciudadano qué es exactamente lo que se prohíbe.(7)

El Tribunal Pleno estableció que para que la restricción sea legítima debe establecer la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitación, esto es, que el objetivo en cuestión no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo a la libertad de expresión.(8)

Esta Suprema Corte ha considerado que los comentarios que expresen críticas severas, provocativas o chocantes que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa de ninguna manera deben ser considerados comportamientos abusivos por parte de los usuarios de la red.(9)

La estructura del tipo penal en estudio no establece de forma clara y precisa cuándo los mensajes de cualquier tipo serán intimidantes y asediantes, pues ello depende directamente en el receptor, titular de los derechos a la imagen, honor e intimidad.

Las medidas penales deben ser evaluadas con especial cautela, para analizar si su uso es legítimo; asimismo, debe ponderarse la extrema gravedad del derecho a la libertad de expresión bajo el dolo del acusado; la magnitud de las características del daño que el abuso produjo; y demás datos que permitan mostrar la existencia de una absoluta necesidad de utilizar la medida impugnada que puede tener un impacto realmente devastador en el funcionamiento general del Internet y, en consecuencia, en el derecho a la libertad de expresión de todos los usuarios.

No sería aceptable que la ley penalice los delitos contra el honor en línea de manera más rigurosa que los perpetrados fuera de línea, lo que generaría una restricción desproporcionada para la expresión en Internet, bajo un paradigma que considera a ese medio más riguroso que otro, pues restringe y limita el Internet como un espacio para el libre intercambio de ideas, informaciones y opiniones.

El Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la plena libertad de expresar y manifestar ideas es imprescindible no sólo como instancia de auto-expresión y auto-creación, sino como premisa para hacer valer plenamente los derechos humanos de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o aquel de votar y ser votado.(10)

La norma impugnada es tan amplia que termina por abarcar un sin número de conductas no reprochables amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

El artículo 243 Bis 12 del Código Penal del Estado de Yucatán genera un efecto inhibidor de la libertad de expresión, al criminalizar conductas en el espacio digital que sean consecuencia del ejercicio pleno de la referida prerrogativa fundamental.

• Se solicita la extensión de invalidez a todas las normas relacionadas.

6. QUINTO.—Registro y turno. Mediante proveído de diez de agosto de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 198/2020 y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

7. SEXTO.—Admisión. Por acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la acción, tuvo por designados delegados, dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes y dio vista a la Fiscalía General de la República, para que formulara su pedimento. Asimismo, dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal con la finalidad de que, si considera que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su representación corresponda. 8. SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. Mediante escrito presentado vía electrónica el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el licenciado Mauricio Tappan Silveira, consejero jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Poder Ejecutivo de ese Estado, rindió informe en el que señaló lo siguiente:

• El acto atribuido al gobernador de Yucatán, consistente en la promulgación y orden de publicación del Decreto 191/2020, por el que se adiciona el artículo 243 bis 12 al Código Penal del Estado de Yucatán, se encuentra apegado a derecho, puesto que el titular del Ejecutivo se encuentra obligado a promulgar las leyes, decretos y acuerdos que han sido aprobados por el Legislativo Local, en tanto que ese acto culmina el procedimiento legislativo correspondiente.

• La adición del artículo controvertido no transgrede los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México es Parte.

• Debe declararse la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad y reconocerse la validez del artículo 234 bis 12 del Código Penal del Estado de Yucatán. En apoyo citó la tesis de rubro: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO."(11)

9. OCTAVO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el treinta de septiembre de dos mil veinte, la diputada Lizzete Janice Escobedo Salazar, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado de Yucatán, en representación del Poder Legislativo de ese Estado, rindió informe en el que respecto del artículo 243 Bis 12 del Código Penal del Estado de Yucatán, señaló:

• No vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica. Puesto que el proceso legislativo se llevó a cabo en estricto apego a las facultades conferidas por la Constitución Local.

El precepto combatido se adicionó al Código Penal del Estado de Yucatán con la finalidad de sancionar a quien intimide y asedie a cualquier persona, a pesar de su oposición, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo anterior, debido a que la tecnología ha impactado fuertemente en la sociedad y ha generado nuevos procesos disruptivos que traen aparejados cambios profundos en la forma de relacionarse socialmente, lo cual requiere una adecuación y tutela efectiva frente a las nuevas situaciones conflictivas y delictivas que puedan producirse.

El artículo impugnado no vulnera la Constitución Federal ni los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma Parte, en virtud de que lo estipulado por el legislador local tiene la finalidad de regular una conducta ilícita para que no se vea afectada la sociedad en general, lo que es de orden público e interés social.

Antes de imponer una disposición se hace del conocimiento del gobernado, permitiéndole conocer las consecuencias de su actuar, lo que implica que la determinación adoptada por la autoridad legislativa se justifique por las circunstancias en las que se suscitó el hecho, con lo cual se cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Invocó las tesis de rubros: "GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR.", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACIÓN NO ESTÁN OBLIGADOS A EXPLICARLOS."(12)

• No transgrede el principio de mínima intervención. La adición del artículo impugnado obedece a erradicar conductas por parte de un particular o un grupo de personas que voluntariamente busquen asediar o intimidar a un individuo, es por esa razón que para la configuración de la conducta delictiva deberán actualizarse dichas acciones.

Debido a que la incidencia del delito de ciberacoso en Yucatán se ha incrementado por encima de la medida nacional, resulta necesario legislar y castigar ese delito como una forma de violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo en su connotación sexual, la cual ya se encuentra prevista en el Código Penal del Estado de Yucatán, sino en las diversas interacciones sociales existentes en los distintos ámbitos de la naturaleza humana.

• No produce un efecto inhibidor de la libertad de expresión. La iniciativa que dio origen a la adición del artículo combatido hizo énfasis en que el ciberacoso se ha intensificado entre los internautas, sobre todo en contra de las mujeres, y que a pesar de que no existe un contacto físico produce un daño a la salud física, moral y psicológica de la víctima, por lo cual es posible concluir que la intención del legislador no es coartar derechos humanos, sino protegerlos a través de sancionar una nueva representación de violencia, debido a la grave repercusión que tiene ese delito en las personas y en la sociedad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto;(13) y que los requisitos que debe cumplir una restricción a derechos humanos consisten en que ésta se encuentre previamente fijada en la ley y responda a un objetivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(14) Además, el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite restricciones para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas".(15)

La adición del artículo 243 Bis 12 del Código Penal del Estado de Yucatán se realizó ante la posibilidad de encontrar comportamientos abusivos derivados de la propia naturaleza de las tecnologías de la información y la comunicación, debido a que permiten un intercambio de mensajes, opiniones y publicaciones entre los usuarios que pueden tener consecuencias en el receptor, tales como amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones de violencia, lo que justifica la criminalización de la conducta. Invocó la tesis de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES. NO PROTEGEN EL COMPORTAMIENTO ABUSIVO DE LOS USUARIOS."(16)

10. NOVENO.—Pedimento. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de la República formuló pedimento en el que expuso que la norma impugnada es constitucional. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal no realizó manifestación alguna.

11. DÉCIMO. Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes de las autoridades, así como los alegatos, por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

12. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(17) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(18) en virtud de que se plantea la posible contradicción de normas de una entidad federativa y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del País dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.(19)

14. Sin embargo, debe destacarse que en atención a las circunstancias extraordinarias por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Pleno declaró inhábiles para esta Suprema Corte los días comprendidos entre el dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte; cancelándose el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos entre el dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en los Acuerdos Generales Números 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020.

15. Ahora bien, los Acuerdos Números 10/2020 y 12/2020, en sus artículos primero, segundo, numerales 2 y 3, y tercero, facultaron la promoción electrónica de los escritos iniciales de los asuntos de competencia de esta Suprema Corte y se ordenó proseguir, por vía electrónica, el trámite de las acciones de inconstitucionalidad en las que se hubieren impugnado normas electorales. No obstante, en ninguno de estos acuerdos se excepcionó de estas declaratorias como días inhábiles el plazo impugnativo que corresponde al ejercicio inicial de una acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Únicamente se permitió habilitar días y horas hábiles para acordar los escritos iniciales de las acciones que hubieren sido promovidos por las partes.

16. Al respecto, el Acuerdo General Número 8/2020, también emitido por el Pleno de esta Suprema Corte, estableció las reglas para regular la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad y, en concreto, reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la promoción y consulta de los expedientes de acciones de inconstitucionalidad.

17. En este contexto, se advierte que si el decreto por el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31256-3732e67f/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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