I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. IV. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SU RÉGIMEN LOCAL, SIEMPRE Y CUANDO GUARDE EQUIVALENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE HIDALGO). V. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. LOS CONGRESOS LOCALES CUENTAN CON FACULTADES PARA ESTABLECER EL ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN DE SUS RESPECTIVAS LEYES EN ESTA MATERIA [ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUERECAUDEN (SIC), ADMINISTREN, RESGUARDEN Y/O MANEJEN RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES, ESTATALES", DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE HIDALGO]. VI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE HIDALGO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE ESTARÁN SUJETAS A LA LEY DE LA MATERIA LAS PERSONAS QUE RECAUDEN, ADMINISTREN, RESGUARDEN Y/O MANEJEN RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES, ESTATALES O, EN SU CASO FEDERALES, CUANDO ESTOS ÚLTIMOS SEAN TRANSFERIDOS, DESCENTRALIZADOS, CONCERTADOS O CONVENIDOS POR EL ESTADO CON LA FEDERACIÓN O CON SUS MUNICIPIOS, ES CONSTITUCIONAL, YA QUE NO CALIFICA NI EQUIPARA A DICHAS PERSONAS CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS [ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUERECAUDEN (SIC), ADMINISTREN, RESGUARDEN Y/O MANEJEN RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES, ESTATALES", DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE HIDALGO]. VII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE ATRIBUCIONES PARA ESTABLECER DISPOSICIONES VINCULANTES PARA TODAS LAS PERSONAS QUE MANEJEN, CUSTODIEN Y APLIQUEN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O EN SU CASO FEDERALES, CUANDO ESTOS ÚLTIMOS SEAN TRANSFERIDOS, DESCENTRALIZADOS, CONCERTADOS O CONVENIDOS POR EL ESTADO CON LA FEDERACIÓN O CON SUS MUNICIPIOS", DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE HIDALGO). VIII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE HIDALGO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE ESTARÁN SUJETAS A LA LEY DE LA MATERIA LAS PERSONAS QUE RECAUDEN, ADMINISTREN, RESGUARDEN Y/O MANEJEN RECURSOS ECONÓMICOS FEDERALES, CUANDO ESTOS ÚLTIMOS SEAN TRANSFERIDOS, DESCENTRALIZADOS, CONCERTADOS O CONVENIDOS POR EL ESTADO CON LA FEDERACIÓN O CON SUS MUNICIPIOS, ES INCONSTITUCIONAL, YA QUE EL CONGRESO CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ESTABLECER DISPOSICIONES VINCULANTES PARA QUIENES MANEJEN, CUSTODIEN Y APLIQUEN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, AL SER FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O EN SU CASO FEDERALES, CUANDO ESTOS ÚLTIMOS SEAN TRANSFERIDOS, DESCENTRALIZADOS, CONCERTADOS O CONVENIDOS POR EL ESTADO CON LA FEDERACIÓN O CON SUS MUNICIPIOS", DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE HIDALGO). IX. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE MODIFICA LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN PARA IMPONER LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 72, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE HIDALGO). X. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE ATRIBUCIONES PARA ESTABLECER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL DE LAS PERSONAS MORALES PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS POR UN MÍNIMO DE SEIS MESES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, LETRA B, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE HIDALGO). XI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE HIDALGO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE EL RANGO MÍNIMO DE SEIS MESES PARA LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN PARA QUE LAS PERSONAS MORALES PUEDAN PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, ES INCONSTITUCIONAL, YA QUE EL LEGISLADOR LOCAL VARIÓ DE FORMA SUSTANCIAL EL PERIODO MÍNIMO DE TRES MESES, ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO79, FRACCIÓN II, LE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 124/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 124/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 3, fracción I, en su porción normativa "y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el estado con la federación (sic) o con sus municipios", 72, párrafo tercero, y 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, expedida mediante Decreto Publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el pasado nueve de agosto del dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado el nueve de septiembre de esa misma anualidad en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de quien se ostentó como su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez de lo siguiente:
"Artículos 3, fracción I, en su porción normativa ‘y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios’, 72, párrafo tercero, y 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo ..."
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso en su único concepto de invalidez lo siguiente:
• El veintisiete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
• Tales modificaciones constitucionales sentaron las reglas para desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se basa en la actuación armónica y coordinada de diversas autoridades, pero con atribuciones propias de los órganos de control interno, las entidades de fiscalización superior de las cuentas públicas, la investigación y actuación de la Fiscalía Especial contra la corrupción en el ámbito nacional, así como por sus homólogas en las entidades federativas, además de los Tribunales Federal y estatales de justicia administrativa para conocer, sustanciar y resolver los asuntos que impliquen responsabilidades administrativas graves.
• La Norma Fundamental en su título Cuarto, especialmente en la fracción III del artículo 109, establece los principios y directrices generales de las responsabilidades y sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado las siguientes bases mínimas que todo régimen en la materia debe observar:
a. La noción de quien se reputa como servidor público contenida en el artículo 108 constitucional, y la obligación de todo servidor público de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
b. La premisa de que las sanciones administrativas de los servidores públicos se aplicarán por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; por ende, el diseño de las respectivas faltas deberá desarrollarse con relación a la vulneración de uno o más de dichos principios.
c. La regla de que las faltas administrativas serán sancionadas con amonestación, suspensión, destitución, e inhabilitación, así como con sanciones económicas.
d. La pauta de que las sanciones económicas deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos y omisiones.
e. La regla de que los procedimientos para la investigación y sanción de los referidos actos u omisiones deben estar previstos en una ley.
f. La necesidad de distinguir entre faltas graves y no graves y de contemplar sanciones y procedimientos apropiados a cada caso.
g. El requerimiento de establecer en la ley los supuestos y procedimientos aplicables para impugnar la calificación de las faltas administrativas no graves.
h. El principio de que no pueden imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
i. La previsión contenida en el artículo 114 constitucional de que será la ley donde deban señalarse los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y la consecuencia de los actos y omisiones.
j. La regla de que, cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.
• Para dar congruencia al sistema, el artículo 73, en su fracción XXIX-V de la Ley Suprema, faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
• A la luz de ese mandato constitucional, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se encarga de desarrollar los principios fundamentales de la materia que regula. De esta forma, las disposiciones de ese ordenamiento constituyen el marco que deberán observar las legislaciones locales en sus respectivos ordenamientos, ya que la intención del Poder Reformador fue establecer un sistema homologado para generar certidumbre jurídica y facilitar su operatividad.
• Si bien, tanto el Congreso de la Unión como los congresos de las legislaturas locales se encuentran habilitados para legislar en materia de responsabilidades administrativas, deben hacerlo conforme a los parámetros establecidos por la Constitución Federal y la ley marco.
• En tal sentido, el nuevo modelo de concurrencia de distribución competencial delegada al legislador federal ordinario o concurrencia relativa, no inhibe a los Estados de expedir su legislación relacionada con el citado régimen; e incluso existe un mandato expreso para que las entidades federativas expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes para ajustar su andamiaje normativo local de responsabilidades administrativas a lo previsto en la Ley General que expida el Congreso de la Unión, siempre que no se aparten de la distribución competencial prevista en la citada Ley General, así como a la regla de congruencia y no contradicción con dicho ordenamiento.
• Precisa además que, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Ley General de Responsabilidades Administrativas expedida por el Congreso de la Unión, solo preserva una competencia residual muy limitada para las legislaturas locales, en tanto que dicho ordenamiento, en esencia, contiene todo lo necesario para operar a nivel nacional un sistema homogéneo de responsabilidades administrativas, sin mayores espacios para disminuir, modificar o ampliar los alcances de las previsiones sustantivas y procedimentales contenidos en ella.
• Lo anterior no significa que las legislaturas estatales tengan prohibido realizar adecuaciones en la regulación local que emitan, dirigidas a dar funcionalidad, contexto o integridad al régimen local de responsabilidades administrativas, no obstante, al hacerlo, deben ser cuidadosas de que las respectivas normas sean congruentes con los parámetros establecidos en la Ley General y no presenten contradicción con lo previsto en ésta en materia de responsabilidades, obligaciones, sanciones y procedimientos aplicables.
• Señala que el legislador del Estado de Hidalgo al expedir la Ley de Responsabilidades Administrativas de la entidad federativa, actuó fuera del régimen de actuación conferido por la Constitución Federal y la Ley General de la materia, pues al establecerse en los artículos 3, fracción I, en la porción normativa "y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios", 72, párrafo tercero y 79, fracción II, inciso B del ordenamiento local, diseñó normas sustantivas que son distintas a las previstas en la Ley General y que producen cambios en el sistema de responsabilidades administrativas estatuido por la Norma Fundamental.
• En este contexto la Comisión accionante apunta que, en el artículo 3, fracción I, en la porción normativa impugnada de la Ley de Responsabilidades Administrativas local, se ampliaron los sujetos a los que se aplicará dicho régimen, pues a diferencia de la Ley General, en el Estado de Hidalgo también se consideran servidores públicos por equiparación para efectos del ordenamiento, a quienes 1) recauden, 2) administren, 3) resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, cuando éstos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
• Por su parte, el artículo 72, párrafo tercero de la Ley en estudio, alteró las reglas del procedimiento de investigación, específicamente en cuanto a la prescripción de la responsabilidad administrativa, pues a pesar de que en la Ley General se establece que aquella se interrumpirá a partir de la clasificación de la falta administrativa como grave o no grave, el legislador local determinó que, para la entidad federativa, será a partir de la notificación al probable responsable de la actuación que genere la misma y a través de la cual se otorgue la certeza del acto que se le señala como cometido, así como el momento en que este tuvo lugar, es decir, se establece una configuración distinta para el cómputo de la interrupción de la prescripción.
• Finalmente, el artículo 79, fracción II, letra B, del mismo ordenamiento local, prevé una sanción distinta a la estatuida en la Ley General respecto de la inhabilitación para las personas morales particulares, puesto que esta se fija por parámetros mínimos diversos, según la legislación de que se trate, pues la Ley General establece un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años, en tanto que la ley local determina un periodo que no será menor de seis meses ni mayor de diez años.
• Lo anterior confirma que el legislador hidalguense se excedió en sus facultades constitucionales para legislar en materia de responsabilidades administrativas, pues cambió o varió cuestiones fundamentales en el sistema jurídico que, por disposición constitucional, tiene que ser homogéneo en todo el país.
• La consecuencia de no homogeneizar su legislación estatal a la Ley marco se patentiza en la materialización de una doble regulación respecto de los sujetos, prescripción y sanción de inhabilitación a personas morales particulares, lo cual genera incertidumbre jurídica a toda la sociedad, pero específicamente, a sus destinatarios, pues no conocerán cuál será el régimen que se les aplicará, si el de la Ley General o el de la Ley local.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós,(1) el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 124/2022 y turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el trámite respectivo.
4. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós,(2) ordenando dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Hidalgo para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma dio vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifiesten lo que a su respectiva representación corresponda.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Mediante oficio presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós(3) en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el tres de noviembre de esa anualidad, el Congreso del Estado de Hidalgo, por conducto de la Presidenta de la Directiva de ese órgano legislativo, rindió su respectivo informe.
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. Mediante oficio recibido el siete de noviembre de dos mil veintidós(4) a través del Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el ocho de noviembre siguiente, el Coordinador Jurídico del Gobierno del Estado de Hidalgo compareció para rendir el informe solicitado al Poder Ejecutivo de esa entidad federativa.(5)
7. Pedimentos del Fiscal General de la República y del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Los referidos funcionarios no formularon manifestación alguna o pedimento.
8. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés,(6) la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción en la presente acción de inconstitucionalidad a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(7) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023,(9) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
11. De la demanda se advierte que las normas impugnadas son los artículos 3, fracción I, en la porción normativa ... "y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales, o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios;" 72, párrafo tercero; y 79, fracción II, letra B, todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el nueve de agosto de dos mil veintidós.
12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
III. OPORTUNIDAD
13. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
14. En este caso, la acción es oportuna.
15. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo en la que se contienen las disposiciones impugnadas se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el martes nueve de agosto de dos mil veintidós, por lo que el plazo para promover la demanda inició el miércoles diez de agosto de dos mil veintidós y venció el jueves ocho de septiembre de esa anualidad.
16. En este caso, consta que la demanda y sus anexos se recibieron el jueves ocho de septiembre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue habilitado para recibir todas las promociones de carácter jurisdiccional, según lo ordenado en el artículo Décimo Sexto, fracción I, en relación con el artículo Décimo Noveno del Acuerdo General de Administración II/2020 del Presidente de este Alto Tribunal,(10) por lo que la demanda se presentó dentro del plazo previsto en la Ley Reglamentaria, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
IV. LEGITIMACIÓN
18. La acción fue promovida por parte legitimada.
19. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(14) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales que estime violatorias de los derechos humanos.
20. De acuerdo con el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(15) el actor debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlos. Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(16) confiere a la persona que presida esa institución, la facultad expresa de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que vulneren los derechos humanos.
21. En el caso, la demanda se promovió por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó mediante el acuerdo de designación emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República,(17) en contra de los artículos 3, fracción I, en la porción normativa "... y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales, o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios;" 72, párrafo tercero; 79, fracción II, letra B, todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, por estimar que vulneran el derecho humano de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad. 22. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser promovida la presente acción de inconstitucionalidad por un ente legitimado para ello, a través de quien legalmente lo representa.
23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
24. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Tribunal Pleno tampoco advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI.1. Metodología de estudio
26. Con el fin de facilitar el estudio de los conceptos de invalidez, por razón de método, éste se realizará según los apartados que se detallan a continuación:
Ver apartados
VI.2. Parámetro de regularidad constitucional
27. Este Tribunal Pleno en diversos precedentes ya se ha pronunciado respecto de la forma en cómo debe entenderse el reparto competencial en materia de responsabilidades administrativas que quedó establecido en el Texto Fundamental a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince.
28. En la acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, se dijo que de los artículos 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal,(18) así como de los transitorios segundo y cuarto del Decreto de reformas constitucionales referido en el párrafo que antecede,(19) se desprende que, si bien la competencia legislativa de las entidades federativas para "establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación", está sujeta al reparto competencial que fije el Congreso de la Unión en la respectiva Ley General, la intención del constituyente permanente, fue mantener cierta condición de concurrencia legislativa (relativa).(20)
29. En ese mismo precedente, se apuntó que dicha concurrencia ya no podía considerarse como pura o de plena coincidencia de facultades entre la Federación y los Estados, como la que se encontraba prevista en el texto del artículo 109 constitucional(21) previo a la mencionada reforma de dos mil quince, donde existía una amplia libertad de las legislaturas locales para emitir sus propias leyes, en lo que corresponde al régimen estatal de responsabilidades administrativas.(22)
30. En este sentido, se advirtió que el nuevo modelo de concurrencia de distribución competencial delegada al legislador federal ordinario o concurrencia relativa no inhibe o prohíbe que los Estados expidan legislación relacionada con el referido régimen, pues, incluso, existe un mandato expreso para que las entidades federativas expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes para adecuar su régimen local de responsabilidades administrativas a lo previsto en la Ley General que en la materia expida el Congreso de la Unión.(23)
31. Con base en lo anterior, se concluyó que la facultad exclusiva del Congreso de la Unión derivada del artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución está acotada a emitir una Ley General que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas, obligaciones, sanciones y procedimientos afines al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de particulares relacionadas con las mismas, mas no significa una competencia exclusiva en el sentido de que sólo el Congreso de la Unión pueda expedir legislación relacionada con dichas cuestiones.(24)
32. En tal virtud, en la acción de inconstitucionalidad 115/2017 se precisó que, por lo que respecta al ámbito de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, la regulación de los aspectos inherentes como los sujetos obligados, las autoridades competentes, las infracciones administrativas, las sanciones y los procedimientos de investigación, sustanciación y sanción son competencia exclusiva del Congreso de la Unión mediante la emisión de la ley general, en el caso específico, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siendo facultad del legislador local poder replicar, adaptar, o parafrasear su contenido en la norma propia, sin posibilidad de modificarla y, aun menos, contrariarla.(25)
33. Esta acotación de las facultades otorgadas a los Estados en la materia encuentra sustento en la necesidad expresada por el Constituyente Permanente de homologar acciones en todos los órdenes de gobierno para la generación de mayores estándares de integridad pública y combate a la corrupción, razón que se hizo valer para justificar la decisión de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir, entre otras, la Ley General que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en los términos previstos en el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal, quedando constancia de ello en el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados, donde se dijo lo siguiente:
"Como ya se ha mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una distinción entre los diversos tipos de concurrencia que el Constituyente ha determinado en el texto constitucional. Partiendo de dichas categorías, a diferencia de lo que se busca con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley general que establece las responsabilidades de los servidores públicos y de particulares que se vinculen con faltas administrativas graves, tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para determinar aspectos subjetivos y adjetivos en materia de responsabilidades de servidores públicos y particulares.
"Asimismo, con la adición propuesta, se pretende otorgar al Congreso de la Unión, la facultad más amplia para determinar las conductas básicas que resulten necesarias para garantizar el desarrollo eficiente de la función pública y de velar por el debido ejercicio de los recursos públicos, que contemplen además las herramientas y esquemas necesarios de colaboración entre autoridades para la adecuada investigación de las faltas administrativas.
"Con la construcción constitucional que se propone, los servidores públicos y los particulares deberán observar los mandatos que sobre este tema se prevean en la legislación general y, partir de los que ésta disponga, las disposiciones federales y locales aplicables.
"La concurrencia que se propone en los términos planteados, parte de reconocer que la emisión de una ley general de esta naturaleza representa un reto mayor en términos de los principios que rigen el derecho administrativo sancionador dada la similitud que guarda la pena administrativa con la sanción penal. Ello en razón de la complejidad de codificar en un solo ordenamiento las conductas que constituyen responsabilidades administrativas y que, en tal virtud, son susceptibles de sanción.
"La ley general que se propone, fortalece de forma significativa al Sistema, al ubicarse jerárquicamente por encima del resto de las leyes federales y locales, esto es, dentro del sistema normativo que reconoce nuestro orden constitucional. ...
"En suma, esta modificación está encaminada justamente a contar con instrumentos jurídicos que permitan a las autoridades de todos los órdenes de gobierno cumplir con los objetivos planteados en este Decreto, pues sólo la suma de esfuerzos conjuntos, con bases claras y precisas, permitirá alcanzar un nuevo sistema jurídico que se traduzca en un combate efectivo a la corrupción."(26)
34. Tomando en cuenta los motivos expresados por el Constituyente Permanente, en la acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, se concluyó que del análisis de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de veintisiete de mayo de dos mil quince de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de los procesos legislativos inherentes se advertía un ánimo extraordinario de homologar a nivel nacional el régimen federal y los regímenes locales aplicables.(27)
35. Se dijo, además, que la referida Ley General no contiene propiamente preceptos que deriven en las legislaturas estatales con espacios amplios de configuración legislativa, sino un mínimo espacio para la adecuación y, en su caso, sólo en los aspectos necesarios para lograr en los Estados la efectiva aplicación o instrumentación de lo dispuesto por la Ley General, la cual sólo preserva una competencia residual muy limitada para las legislaturas locale
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32385-adab3220/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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