I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. V. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. VIII. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. LA DESCRIPCIÓN TÍPICA NO DEBE SER VAGA, IMPRECISA, ABIERTA O AMPLIA, AL GRADO DE PERMITIR LA ARBITRARIEDAD EN SU APLICACIÓN. IX. DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA A QUIEN ADQUIERA UN BIEN QUE HAYA SIDO OBJETO, PRODUCTO O INSTRUMENTO DE UN DELITO, SIN TOMAR "LAS PRECAUCIONES" PARA CERCIORARSE DE LA LEGALIDAD DE SU PROCEDENCIA O PARA ASEGURARSE DE QUE LA PERSONA DE QUIEN LO RECIBIÓ TENÍA DERECHO A DISPONER DE ÉL, VIOLA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, YA QUE NO CONTIENE NINGÚN INDICATIVO O PARÁMETRO QUE PERMITA AL DESTINATARIO DETERMINAR CUÁNDO Y EN QUÉ CONDICIONES PUEDEN TOMARSE ESAS PRECAUCIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 234 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 223, PUBLICADO EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). X. DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA A QUIEN ADQUIERA UN BIEN QUE HAYA SIDO OBJETO, PRODUCTO O INSTRUMENTO DE UN DELITO, SIN TOMAR "LAS PRECAUCIONES" PARA CERCIORARSE DE LA LEGALIDAD DE SU PROCEDENCIA O PARA ASEGURARSE DE QUE LA PERSONA DE QUIEN LO RECIBIÓ TENÍA DERECHO A DISPONER DE ÉL, COLOCA A LAS PERSONAS EN UN ESTADO DE INSEGURIDAD JURÍDICA, YA QUE LA EXPRESIÓN "LAS PRECAUCIONES", QUEDA SUJETA A UN JUICIO VALORATIVO O A UN EJERCICIO DE INTERPRETACIÓN QUE PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL ALCANCE QUE DETERMINE EL JUZGADOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 234 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 223, PUBLICADO EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). XI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. XII. NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA. XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA CON EFECTOS RETROACTIVOS ÚNICAMENTE EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS SANCIONADAS A LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR EL DECRETO IMPUGNADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 234 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 223, PUBLICADO EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 234 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 223, PUBLICADO EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 22 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el artículo 234 Ter del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, adicionado mediante Decreto 223, publicado el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 113/2024 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 234 Ter del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, adicionado mediante Decreto 223, publicado el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. El veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “CNDH”), presentó una acción de inconstitucionalidad recibida en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
2. Autoridades emisora y promulgadora. El Congreso del Estado de Quintana Roo y la Gobernadora Constitucional de dicha entidad federativa.
3. Norma general impugnada. El artículo 234 Ter del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, adicionado mediante Decreto 223, publicado el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
4. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente argumenta que la norma impugnada es contraria a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
5. Concepto de invalidez. En síntesis, la CNDH señaló en su escrito de demanda lo siguiente:
El artículo impugnado es violatorio del derecho a la seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad, contenidos en los artículos 14, párrafo tercero y 16 constitucionales, porque su descripción permite que sea aplicada de manera arbitraria por los operadores jurídicos, por las razones siguientes:
• Primero, porque el tipo penal carece del elemento subjetivo relativo al conocimiento que debe tener el sujeto activo de que los bienes a los que se refiere el tipo penal son de procedencia ilícita.
Señala que la disposición impugnada no exige a quien se le imputa la conducta, que conozca o tenga sospecha de que los bienes son instrumentos, objetos o productos de un delito previamente cometido. De manera que, aunque se llevara a cabo la adquisición de éstos de buena fe, podría sancionarse sin que en realidad se tuviera la intención de actuar en contra de la ley.
Señala que el legislador empleó el derecho penal para imponer la obligación al sujeto que realice la acción de recibir bienes (en venta, prenda o cualquier otro concepto), llevar a cabo las precauciones necesarias para verificar que el objeto, instrumento o producto es de procedencia lícita, pues de lo contrario, se hará acreedor de una sanción penal.
Estima que el sujeto activo debe ser consciente de aquello que es prohibido, no solo en cuanto a cómo se constituye el tipo. Por ejemplo, que sea consciente de que las cosas que desea adquirir provienen de un delito anterior. Por lo que el elemento subjetivo es importante para confirmar que la conducta del sujeto activo está prohibida de acuerdo con la naturaleza del tipo penal.
Al omitir el elemento subjetivo, consistente en que para la configuración del ilícito se requiere el pleno conocimiento del sujeto activo de que lo que recibió en venta o prenda, fue un instrumento, objeto o producto de una conducta ilegal previa por parte de otra persona, vulnera el principio de taxatividad.
El artículo impugnado permite que una persona sea castigada por recibir cualquier bien, siempre que recaiga en objetos que fueron producto de una conducta delictiva previa, pero sin que haya tenido conocimiento de este hecho, por lo que independientemente de que pudieran haber tomado las medidas o previsiones pertinentes, éstas fueron insuficientes, pese a no tener el ánimo de querer efectuar una conducta antijuridica. Ello porque la norma no exige que, para su configuración típica, que el sujeto activo tenga conocimiento de que los objetos recibidos son producto de un hecho ilícito previo.
Al carecer de la expresión “tener conocimiento”, lleva a considerar que la simple recepción de cualquier producto constituiría el ilícito descrito, independientemente de que pudiera haber llevado a cabo ciertas medidas de precaución, lo que evidentemente es una violación al principio de taxatividad.
• Segundo, porque la redacción relativa a que “no tomó las precauciones para cerciorarse de la legalidad de los objetos recibidos o para asegurarse de que la persona de quien los recibió tenía derecho a disponer de ellos” es ambigua, propiciando su aplicación injustificada a personas que no tenían el ánimo de actuar ilícitamente.
Lo anterior, porque no se tiene una base objetiva para conocer el número de precauciones que debieron tomarse para evitar cometer el ilícito ni las previsiones que en su caso se hubieran podido llevar a cabo, es decir, sí servían para cerciorarse de la legítima procedencia de los bienes o que quien los entregó tenía derecho para disponer de ellos.
Estima que la norma es inconstitucional porque no precisa cuáles son esas precauciones y tampoco qué características deben tener ni cuándo serán suficientes para que la persona evite ser castigada penalmente. Por lo que, quedan sujetas al juicio de valor que realice el órgano jurisdiccional, actuando arbitrariamente al calificar la forma de cerciorarse utilizadas por las personas quienes les imputan la conducta, ya que, si a su juicio fueron idóneas, simplemente serían desvirtuadas argumentando que debió ser de otra manera, colocando al gobernado en estado de indefensión y de inseguridad jurídica.
6. Admisión y trámite. El veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 113/2024 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
7. Por medio del auto emitido el cinco de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para que rindieran sus informes respectivos, así como para que el Poder Legislativo local enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada; y al Poder Ejecutivo local un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que estuvieran en posibilidad de formular manifestaciones.
8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.(1) En su informe, el Poder Ejecutivo local señala que la norma impugnada es válida. Esgrime, en síntesis, lo siguiente:
• Señala que se actualiza la causa de improcedencia relativa a que la promovente no hace valer violaciones a la Constitución Federal, puesto que aduce de manera genérica que se viola el principio de taxatividad, sin que haga un argumento lógico y jurídico en el que confronte la norma impugnada con dicho principio.
• Menciona que promulgó y ordenó la publicación del artículo combatido con estricto apego a lo que dispone la Constitución local. Asimismo, refiere que no fue impugnado por vicios propios.
• Después de exponer la libertad configurativa que tiene el congreso local y el principio de taxatividad, señala que la norma impugnada no establece conceptos ambiguos que pudieran permitir su aplicación arbitraria por parte de las autoridades jurisdiccionales, puesto que prevé claramente los elementos constitutivos del delito.
Lo anterior, ya que por un lado sí se estableció el elemento subjetivo relativo al conocimiento que debe tenerse sobre la procedencia lícita de los bienes, esto, al imponerse la obligación al sujeto activo de cerciorarse de que los bienes a que se refiere el tipo penal son de procedencia lícita.
• Señala que la disposición no deja lugar a que se pueda castigar a una persona por recibir un bien siempre que recaiga en objetos que fueron productos de una conducta delictiva previa, pues precisamente se estableció la obligación legal de cerciorarse a tal grado de lograr el conocimiento de la procedencia lícita de aquéllos, evidenciando de esta manera que no tiene el ánimo de efectuar una conducta antijurídica.
• Menciona que bajo el contexto social y normativo que rodea el ordenamiento, se justifica la adición del artículo 234 Ter del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, puesto que se busca sancionar a las personas que reciban en venta o prenda productos de un delito, que, por no estar bajo la punición del Estado, se escapan del control de éste.
• Por otra parte, si bien es cierto que no se estableció de manera concreta y precisa las características de las precauciones para cerciorarse de la legalidad de su procedencia, ello no impide al destinatario cerciorarse de la legalidad de su procedencia de los objetos o instrumentos que contempla el tipo penal, pues dependiendo del caso concreto, las acciones a desplegar son diversas y no es posible establecer cada una de ellas en el tipo penal por parte de la autoridad legislativa.
9. Informe del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.(2) En su informe, el Poder Legislativo local afirma que la norma impugnada es válida. En síntesis, señala lo siguiente:
• Refiere que el elemento subjetivo está implícito en el tipo penal, esto es, en el deber de cuidado o de precaución para cerciorarse y revisar la legalidad de la procedencia de los objetos o productos de los cuales habla el tipo penal. Por lo que se encuentra debidamente establecida la intencionalidad de la persona que omite dicho deber de cuidado, lo cual es precisamente el elemento de conducta del tipo penal, la omisión de tomar las precauciones necesarias para cerciorarse de la legalidad del bien.
• En el artículo 234 Ter se estableció la conducta sin el elemento subjetivo, relativo “a sabiendas que lo es”, ya que tal expresión como elemento para acreditar el tipo penal, son violatorios del principio de taxatividad, ya que se trata de un elemento subjetivo y ambiguo que resulta inadmisible, puesto que se utiliza para efectos de evadir la acción de la justicia.
• Señala que la norma impugnada cumple con los elementos jurídicos necesarios para la generación de una norma penal. En atención al principio de generalidad, el legislador ponderó la necesidad de no establecer un catálogo de acciones precautorias, toda vez que sería una limitante para las personas que quieran ejecutar más acciones de precaución para dichos efectos. También se garantiza que las personas puedan utilizar cualquier medio que consideren más conveniente para tener la certeza de la procedencia del bien y asegurarse de que las personas de quien los recibió tenían derecho de disponer de ellos.
• Agrega que no es necesario precisar cuáles o qué son las precauciones para cerciorarse de la legalidad de su procedencia, pues tales elementos están implícitos en la descripción típica. Esto es, el sujeto estará en la hipótesis cuando no presente pruebas suficientes que demuestren la legalidad de la procedencia o haberse asegurado de quien tiene derecho a disponer, a través de los documentos correspondientes, tales como facturas, títulos de propiedad, escrituras públicas, poderes otorgados mediante escritura pública, entre otros.
• Asimismo, señala que el artículo 234 establece que se puede considerar para el caso de no tomar las precauciones, pues este numeral pertenece al Capítulo VI denominado “Encubrimiento”, capítulo al que pertenece también el artículo impugnado.
• Señala que la gravedad de la conducta y la cuantía de la pena no solo está determinada por el bien jurídico, sino también por la alta incidencia del delito o la afectación a la sociedad que este genera, pues se está protegiendo a las víctimas del delito de encubrimiento por receptación. Por lo que, dentro de sus facultades y con libertad de configuración es que realizó las adecuaciones legislativas plasmadas en el Decreto impugnado, sin infringir derecho alguno.
10. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No formularon opinión en relación con el presente asunto.
11. Alegatos. Las partes no formularon alegatos.
12. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en virtud del artículo Tercer Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de veinte de diciembre de dos mil veinticuatro(4) y el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(5) Esto, dado que se planteó la posible contradicción entre el artículo 234 Ter del Código Penal para el Estado de Quintana Roo y la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA
14. De la lectura integral de la demanda se advierte que la accionante impugna el artículo 234 Ter del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, adicionado mediante Decreto 223, publicado el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
III. OPORTUNIDAD
15. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial la norma general o tratado internacional impugnado.(6)
16. El artículo 234 Ter del Código Penal para el Estado de Quintana Roo fue adicionado mediante Decreto 223, publicado el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa. En ese sentido, el plazo para su impugnación transcurrió del jueves veinticinco de abril al viernes veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro.
17. En el caso, la demanda de la CNDH se recibió vía buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, cabe concluir que resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
18. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la CNDH para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y de las entidades federativas, o de tratados internacionales, por vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
19. Dado que en la demanda la CNDH impugna una norma del Código Penal para el Estado de Quintana Roo por estimar que vulnera los derechos a la seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, debe concluirse que cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.
20. Ahora bien, el artículo 11, en relación con el 59, ambos de la Ley Reglamentaria en la materia,(7) establecen que el promovente debe acudir al procedimiento a través de las personas funcionarias que, en términos de las normas que lo rigen, están facultados para representarlo. Asimismo, se presumirá que la persona que acude goza de la representación legal, salvo prueba en contrario.
21. Suscribe la demanda María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de designación emitido por el Senado de la República. El artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a su Presidenta a promover las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.(8) Por lo tanto, debe concluirse que esta funcionaria cuenta con la representación del órgano legitimado para presentar la demanda.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
22. El Poder Ejecutivo local señala que se actualiza la causa de improcedencia relativa a que la promovente no hace valer violaciones a la Constitución Federal, puesto que señala de manera genérica que se viola el principio de taxatividad, sin que haga un argumento lógico y jurídico en el que confronte la norma impugnada con dicho principio.
23. Debe desestimarse ese argumento, porque este Alto Tribunal, advierte del contenido de la demanda que la promovente sí hace valer violaciones al derecho a la seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad en materia penal, establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque —a decir de la CNDH— su redacción permite que sea aplicada de manera arbitraria por los operadores jurídicos, esto: i) porque el tipo penal carece del elemento subjetivo relativo al conocimiento que debe tener el sujeto activo de que los bienes a los que se refiere el tipo penal son de procedencia ilícita, y ii) porque la descripción del tipo es amplia y ambigua, ya que no precisa cuáles o qué son las precauciones para cerciorarse de la legalidad de su procedencia o para asegurarse de que la persona de quien los recibió tenía el derecho a disponer de ellos. Lo anterior, en la inteligencia de que será en el estudio de los conceptos de invalidez donde se determine si la disposición impugnada vulnera los artículos constitucionales señalados o no.
24. Por otra parte, si bien el Poder Ejecutivo local no planteó este argumento como una causa de improcedencia, conviene pronunciarse al respecto, pues alude que promulgó y ordenó la publicación del artículo combatido con estricto apego a lo que dispone la Constitución local, además de que no se impugna por vicios propios. Sin embargo, ello no hace improcedente la acción de inconstitucionalidad por lo que hace a dicha autoridad, dado que es criterio de este Alto Tribunal que, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.(9)
25. Al no existir otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento aducido por las partes o que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta oficiosamente, se procede al estudio de los conceptos de invalidez.
VI. ESTUDIO DE FONDO
26. En su escrito de demanda, la CNDH formula diversos conceptos de invalidez relativos a que el artículo 234 Ter del Código Penal para el Estado de Quintana Roo impugnado es violatorio del derecho a la seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad, en torno a las siguientes líneas argumentativas: i) el tipo penal carece del elemento subjetivo relativo al conocimiento que debe tener el sujeto activo de que los bienes a los que se refiere el tipo penal son de procedencia ilícita, y ii) la descripción del tipo es amplia y ambigua, ya que no precisa cuáles o qué son las precauciones para cerciorarse de la legalidad de su procedencia o para asegurarse de que la persona de quien los recibió tenía el derecho a disponer de ellos. 27. A fin de abordar los planteamientos de la Comisión promovente, se hará referencia al parámetro de regularidad constitucional aplicable (A); y se determinará si el artículo impugnado es inconstitucional por vulnerar el derecho a la seguridad jurídica y transgredir el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal (B).
A. Parámetro de regularidad constitucional.
28. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el principio de taxatividad rige en la formulación legislativa de las normas de carácter penal y se encuentra consagrado tanto en el artículo 14 de la Constitución Federal,(10) como en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(11) Este Tribunal Pleno ha interpretado tales preceptos conforme a los siguientes razonamientos.(12)
29. En el tercer párrafo del artículo 14 se encuentra de manera explícita la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la cual no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también al contenido de la ley. Ésta debe estar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales se especifiquen los elementos del tipo penal sean claros, precisos y exactos.
30. Ello pues, por un lado, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas; por otro lado, las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado.(13)
31. Entre otros precedentes, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2011,(14) este Tribunal Pleno sostuvo que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones, las cuales, en materia penal, contienen una exigencia de racionalidad lingüística que es conocida precisamente como principio de taxatividad.
32. Así, este principio constituye un importante límite al legislador en un Estado democrático de Derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del Derecho. Estos valores se traducen en un auténtico deber constitucional del legislador para formular, en términos precisos, los supuestos de hecho de las normas penales. En otros términos, el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
33. Asimismo, en dicho precedente, se destacó que esta Suprema Corte de Justicia ha entendido el principio de taxatividad como una de las tres formulaciones del principio de legalidad, junto con los principios de no retroactividad y reserva de ley.
34. Adicionalmente, se dijo que la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado; por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas si y sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible. Más bien, lo que se pretende es que el grado de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.(15)
35. Sin embargo, el otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica; la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del Derecho -se insiste- son los valores subyacentes al principio de taxatividad.
36. En este sentido, es claro que en el derecho humano de exacta aplicación de la ley en materia penal se puede advertir una vertiente que consiste en un mandato de taxatividad; lo que significa que los textos que contengan normas sancionadoras deben describir de manera clara las conductas que están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a quienes las realicen.(16)
37. Se reitera, el mandato de taxatividad sólo obliga al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable; ese es el grado de exigencia. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz consistente en que los textos legales que contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. La exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual.
38. Así, se puede esclarecer una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una disposición normativa para que, en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores contornos de determinación, es decir, como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y por ello necesitados de concreción) entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una mayor concreción.
39. Además, este Tribunal Pleno ha determinado que la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de Derecho.(17)
40. La descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, para garantizar la exacta aplicación de la ley penal y la prohibición de imposiciones de penas por analogía o mayoría de razón. La descripción debe ser exacta y clara dado que, al cumplir con una función inhibidora de las conductas punibles, se puede evitar solamente aquello que se tiene posibilidad de conocer con certeza.
41. En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que, lo que es objeto de prohibición, las conductas sancionables y las penas puedan ser conocidas sin problemas por el destinatario de la norma.
B. Análisis de la norma impugnada
42. El artículo 234 Ter del Código Penal para el Estado de Quintana Roo impugnado tuvo su origen en la iniciativa de ley con proyecto de Decreto por el que se adicionaron los artículos 234 Bis y 234 Ter del código penal local, presentada el dieciséis de abril de dos mil veinticuatro ante el Congreso local.(18)
43. El texto del artículo 234 Ter impugnado es el siguiente:
“ARTÍCULO 234 TER.- Si quien recibió en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto los instrumentos, objetos o productos del delito, después de su ejecución, no tomó las precauciones para cerciorarse de la legalidad de su procedencia o para asegurarse de que la persona de quien los recibió tenía derecho a disponer de ellos, se le impondrán las penas de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa.”
44. Del análisis del precepto transcrito se desprenden los siguientes elementos estructurales del delito en cuestión:
• Es una conducta, tanto de acción como de omisión, consistente en:
a. Acción: La adquisición de un bien (en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto), que haya sido objeto, producto o instrumento de un delito; y
b. Omisión: Que el adquirente no haya tomado las precauciones para cerciorarse de la procedencia lícita del bien o para asegurarse de que la persona de quien los recibió tenía derecho a disponer de ellos.
La conducta consiste en la ausencia de acción por parte del sujeto activo de tomar las precauciones necesarias para cerciorarse de la lícita procedencia del bien que recibe. Por ello, al haber recibido el bien sin haber tomado las precauciones necesarias, ocasiona el resultado, consistente en la aplicación de las sanciones de seis meses a tres años de prisión y cincuenta a quinientos días multa.
• El sujeto activo puede ser cualquier persona punible, pues al señalar “si quien”, no exige una calidad específica en el autor de la conducta. Asimismo, admite la coautoría en caso de copropiedad del bien adquirido.
• El sujeto pasivo lo es la sociedad.
• El bien jurídico tutelado es la seguridad jurídica.
• Dentro de su conformación incluye elementos normativos de valoración jurídica, tales como: el término “delito” y el enunciado “cerciorarse de la legalidad de su procedencia”. Los términos requieren, necesariamente, de una remisión a la normatividad vigente, para poder distinguir lo que actualiza un “delito”, así como lo “legal” de lo “ilegal”.
• El objeto material lo es cualquier bien.
• El resultado material lo constituye el encubrir al recibir un bien de origen ilícito.
• Respecto de los medios utilizados, el tipo penal no exige uno determinado.
• No prevé una punibilidad específica atendiendo el valor del bien, sino una pena que va de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días de multa.
45. Como se advierte, en el contexto de la creación de un tipo penal que tiene por objeto verificar la procedencia legítima de instrumentos, objetos o productos, como una obligación para que las personas no sean acreedoras a una sanción penal; la CNDH señala que su redacción es amplia y ambigua, porque no se tiene una base objetiva para conocer cuáles o qué son las precauciones que deben tomarse en consideración para evitar cometer el ilícito, tampoco que características deben tener ni cuando serán suficientes para que la persona evite ser castigada penalmente. En este sentido, señal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33655-1eb512dc/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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