CONTRABANDO PRESUNTO. LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE TENER POR ACREDITADO ESTE DELITO POR EL HECHO DE QUE NO EXISTE PRUEBA FEHACIENTE DE QUE LAS MERCANCÍAS FUERON RETORNADAS AL EXTRANJERO EN EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA CONSAGRADO IMPLÍCITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El delito de contrabando presunto previsto en el artículo 103, fracción XVII, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 108, fracción I, de la Ley Aduanera surge cuando el activo que realice la importación temporal de mercancías no acredite que las retornó al extranjero dentro del plazo legalmente establecido; por tanto, es un delito de comisión por omisión y de resultado, en donde éste debe ser atribuido al sujeto de la omisión, pues estuvo en la posibilidad fáctica de evitarlo; en consecuencia, la determinación de la autoridad jurisdiccional de tener por acreditado dicho ilícito por el hecho de que no existe prueba fehaciente de que las mercancías fueron retornadas al extranjero en el plazo legalmente establecido, no transgrede el principio de presunción de inocencia consagrado implícitamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la razón de ser de este principio es la de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción, en tanto que el tipo de referencia de ninguna manera releva al Ministerio Público de probar todos los elementos del delito, sino que al acreditar el órgano acusador esos extremos, por tratarse precisamente de actos omisivos, únicamente se impone al inculpado la carga probatoria demostrativa de que no tuvo la decisión de permanecer inactivo para que se produjera el delito.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.