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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. III. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGE QUE LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS, A FIN DE GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA Y LA IMPARCIALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA. IV. TIPO PENAL. ALCANCE DE SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, SUBJETIVOS Y NORMATIVOS. V. DELITO DE ABIGEATO EN EL ESTADO DE JALISCO. LA SUPRESIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO EN LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS QUE CONTIENE, CONSISTENTE EN QUE EL ACTIVO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE LOS OBJETOS PROVIENEN DE DICHO DELITO, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 242, INCISOS B), D), E) Y F), DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO]. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA INVALIDEZ DE LA REGULACIÓN LOCAL EN MATERIA PENAL AL TRATARSE DE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TIPIFICACIÓN DE UN DELITO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 242, INCISOS B), D), E) Y F), DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 196/2020. · Registro digital (IUS): 30187
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-29
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo I, Pág. 338.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 196/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE MAYO DE 2021. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: ANA MARCELA ZATARAIN BARRETT Y FERNANDO SOSA PASTRANA.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión virtual correspondiente al día once de mayo de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

Sentencia

Por la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 196/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 242, incisos b), d), e) y f), del Código Penal para el Estado de Jalisco, reformados mediante Decreto Número 27882/LXII/20, publicado el nueve de mayo de dos mil veinte en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

I. Trámite

1. Presentación de la demanda y autoridades demandadas. El tres de agosto de dos mil veinte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó acción de inconstitucionalidad y señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco.

2. Normas generales cuya invalidez se combate. La Comisión actora impugnó el artículo 242, incisos b), d), e) y f), del Código Penal para el Estado de Jalisco, que fueron reformados mediante Decreto Número 27882/LXII/20, publicado el nueve de mayo de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa.

3. Conceptos de invalidez. La promovente expuso diversos conceptos de invalidez, en los que, en síntesis, señaló lo siguiente.

• Que los tipos penales contenidos en el artículo 242, incisos b), d), e) y f), del Código Penal para el Estado de Jalisco transgreden el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y el de mínima intervención del derecho penal (ultima ratio), al no exigir que el sujeto activo tenga conocimiento previo de que el ganado y sus derivados sean de procedencia ilícita. Lo anterior –refiere– permite que las personas sean sancionadas aun sin tener la intención de cometer un acto delictivo.

• La accionante hace una descripción y señala diversos precedentes, tesis y jurisprudencia sobre el derecho humano de seguridad jurídica, principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, así como el principio de mínima intervención.

• Tocante al principio de seguridad jurídica y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, señala que son transgredidos por el legislador con base en los siguientes argumentos:

• En primer término, la promovente describe las modificaciones penales que fueron objeto del Decreto 27882/LXII/20, y para ello se apoya en un cuadro comparativo del texto anterior a la reforma y del texto vigente del artículo 242 del Código Penal para el Estado de Jalisco. Asimismo, concluye que el legislador jalisciense eliminó las porciones normativas de los incisos b), d), e) y f) del artículo en comento, en donde se describía el elemento subjetivo de la conducta, el cual era importante para la configuración del tipo.

• Argumenta que el elemento subjetivo del delito indicaba que para que se actualizaran las conductas típicas, era necesario que el sujeto activo conociera que los objetos del delito eran productos de abigeato previamente. Ahora, dice, en el texto actual, se eliminó la porción normativa "a sabiendas" de que los objetos del delito tenían una procedencia ilegal.

• Por lo anterior –señala la accionante–, la modificación se traduce en un importante cambio que aumenta el radio de aplicación de las normas en torno a los sujetos que serán sancionados en el ámbito penal.

• Refiere que del texto normativo correspondiente al inciso b) del artículo 242 del Código Penal para el Estado de Jalisco se entiende que el delito se actualiza por cualquier persona que realice la conducta de adquirir o negociar determinados bienes o cosas, como son: ganado, carne, pieles y otros derivados que sean producto de abigeato, en cualquier momento, porque no se especifica alguna temporalidad.

• En cuanto al inciso d) del artículo impugnado, señala la promovente que el delito se integra cuando el sujeto activo –que puede ser cualquier persona– realiza la acción de autorizar el sacrificio de ganado, llevándolo a cabo en rastro oficial o en cualquier otro lugar de matanza, siempre que el objeto del delito sea robado.

• Por lo que ve al inciso e) del artículo 242 del Código Penal para el Estado de Jalisco, argumenta que el verbo rector consiste en expedir documentación que acredite la propiedad de animales, a favor de persona distinta de quien legalmente pueda disponer de ellos, o bien, autorice su movilización, si en ambos casos se trata de bienes producto de abigeato. Delito que puede cometerse en cualquier momento, por cualquier persona y en cualquier lugar.

• Finalmente –refiere–, en cuanto al inciso f) del numeral controvertido, la conducta sancionada versa en transportar ganado, carnes o pieles cuando éstos sean producto de abigeato. Sin que señale mayores elementos típicos para la actualización del delito.

• En consecuencia, aduce la promovente que las conductas típicas tienen como denominador común que deben recaer en ganado o animales objeto de un ilícito previo, esto es, que se configure el delito de abigeato genérico respecto de los bienes y el ganado en los cuales recae la actuación del sujeto activo en el abigeato específico.

• Por lo anterior, considera que las disposiciones impugnadas dan por hecho que el sujeto activo necesariamente tiene conocimiento del origen ilícito del ganado o bienes que se trate, o bien, que simplemente no se estimó pertinente que el agente debía tener conocimiento de esa circunstancia. Aduce que cobra relevancia, porque puede imponerse una sanción penal a una persona que realice una conducta descrita en las hipótesis controvertidas, sin importar si desconocía el origen de los bienes o incluso si su actuar fue de buena fe.

• Por tanto, estima que el legislador de Jalisco no dispuso de forma clara la descripción típica del delito, pues al no incluir el elemento subjetivo específico, consistente en que el activo debe tener conocimiento de que el ganado o sus derivados fueron objeto de apoderamiento ilegitimo, se vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

• Considera que el delito de abigeato sólo puede ser cometido de manera dolosa y no de forma culposa, lo que debe entenderse que el activo realiza la conducta con conocimiento e intención de apropiarse del bien que integra el patrimonio del sujeto pasivo. En consecuencia –refiere–, el delito de abigeato se comete en el momento del apoderamiento ilícito, por ello al mencionado ilícito le son aplicables las reglas generales del robo.

• Aduce la promovente que al no establecerse el elemento subjetivo específico de que los animales fueron objeto de un ilícito anterior, la norma resulta deficiente o imprecisa, porque abre la posibilidad de que las personas obren de manera culposa y pese a ello puedan ser sancionados penalmente.

• Señala que existen elementos subjetivos del tipo específicos que no se presentan en todos los delitos, los cuales revisten diversas formas. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cita las acciones de inconstitucionalidad 125/2017 y su acumulada 127/2017, en las que se señala que en algunos tipos penales es necesario que se configure un conocimiento especial, comúnmente identificado con las palabras "a sabiendas", el cual no debe ser sustituido por un deber de conocimiento ni como una presunción, puesto que resulta indispensable que el activo sea consciente de aquello que es prohibido.

• Además, refiere que existen delitos que implican el elemento subjetivo específico por su naturaleza, aun cuando el legislador no lo estableció expresamente se encuentra implícito en la descripción típica, como en el robo. Sin embargo, señala la promovente que lo anterior no es aplicable a las hipótesis normativas impugnadas, porque el conocimiento que debe tener el sujeto activo de que los objetos del delito son producto de la comisión de un delito anterior no se sobreentiende con la lectura del tipo de referencia.

• En consecuencia –aduce–, al no estar explícito o implícito el elemento subjetivo específico del delito "a sabiendas", no se cumple con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad; de ahí que no permita a los gobernados tener claro cuál es la conducta prohibida por el tipo penal.

• Por otra parte, la promovente señala la transgresión al principio de mínima intervención (ultima ratio) por lo siguiente:

• Considera que las normas impugnadas transgreden el principio de mínima intervención porque la forma en que se diseñaron las descripciones típicas sanciona a personas que no tuvieron la intención de cometer un delito o causar un daño.

• Precisa que las disposiciones controvertidas contienen tipos penales que ocasionan que cualquier persona pueda ser sancionada por la comisión del delito de abigeato sólo por adquirir, negociar, autorizar el rastro o sacrificio del ganado, o bien, expedir documentación que acredite la propiedad de los animales sin importar que no tenía conocimiento de que esos bienes fueron objeto de un ilícito anterior.

• Expresa que, si bien el delito de abigeato tiene el propósito de proteger el patrimonio, así como el interés público, lo cual podría ser una acción legítima de acuerdo con la Norma Fundamental y los tratados internacionales en materia de derechos humanos; lo cierto es que –a consideración de la accionante– no es posible concluir de manera inevitable y tajante que el derecho penal sea la vía idónea, única, necesaria y proporcional para lograr el propósito pretendido.

• Asimismo, considera que la norma impugnada se erige como un instrumento de la política más lesiva del Estado, pues reprocha penalmente por conductas en las cuales el sujeto activo puede obrar de buena fe y sin la menor intención de causar daño a otro.

• Estima que, aun cuando no exista dolo, la forma en que está redactado el tipo penal puede permitir que se imponga una pena privativa de libertad. Por ello, las normas incumplen con el subprincipio de fragmentariedad de la ultima ratio, pues las conductas que se sancionan en las hipótesis normativas impugnadas no son en extremo gravosas y en todo caso los bienes jurídicos tutelados ya se encuentran protegidos por el delito de abigeato simple o genérico.

• Por otra parte, refiere que, en atención al subprincipio de subsidiariedad, el Estado debió recurrir a otras medidas menos restrictivas para proteger los bienes jurídicos que pretende proteger con la norma impugnada. Estima que el resultado buscado se puede alcanzar con acciones de orden civil para recuperar la posesión del ganado, por ejemplo, la acción reivindicatoria en materia civil.

• Por último, señala que, en caso de considerarse inconstitucionales las disposiciones impugnadas, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que se relacionen.

4. Artículos constitucionales y convencionales que se estiman violados. Los artículos constitucionales que la promovente señala como violados son los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución General, 1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los diversos 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. Admisión y trámite de la acción de inconstitucionalidad. El diez de agosto de dos mil veinte, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 196/2020 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo. El Ministro instructor admitió el presente medio de control y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. El Congreso del Estado de Jalisco manifestó, en síntesis, lo siguiente:

• Señala que los argumentos de la Comisión Nacional son infundados para declarar la invalidez de la norma impugnada. Lo anterior, en atención al artículo 35, fracción I, de la Constitución General, ya que la reforma es producto de la función pública que al tenor de la competencia de la entidad federativa y la división de poderes le corresponde al Congreso de la entidad, esto es, legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, así como expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, con excepción de las que sean materia del Congreso de la Unión.

• Refiere que este Alto Tribunal ha determinado que la constitucionalidad de un acto legislativo se pondera en función de las atribuciones de la autoridad que lo emite. Que la fundamentación y motivación de un acto legislativo, debe entenderse como la circunstancia de que el Congreso está facultado para expedir la ley, ya que los actos legislativos se satisfacen cuando se actúa dentro de los límites y atribuciones que la Constitución confiere.(1)

• Por lo anterior, solicita el ente legislativo que se tome en consideración como razón de constitucionalidad del precepto impugnado que éste fue emitido en ejercicio de las atribuciones conferidas a dicho poder público, en concordancia con el artículo 35, fracción I, de la Constitución General. Además, considera que los Poderes Legislativos no tienen la obligación de explicar sus actos de motivación.(2)

• Señala que, de acuerdo con la controversia constitucional 32/2007, resuelta por esta Alta Corte, la motivación legislativa puede ser de dos tipos: a) motivación reforzada, y b) motivación ordinaria. Asimismo, considera que la reforma al artículo impugnado permite tener un impacto en la certeza que el Estado otorga al ganadero desde la legislación aplicable. Que con esta medida se pretende aportar acciones para la disminución del delito, pues cada vez se torna más violento –ha ido al alza– y esta preocupación de los ganaderos es cada vez mayor, aunado a que las repercusiones económicas se han incrementado.

• Aduce que, con anterioridad, el delito se llevaba a cabo en la noche, sin que nadie se diera cuenta; pero ahora el abigeato sucede en el día y a punta de pistola, aun cuando se encuentren personas en el lugar. Asimismo, señala que las formas del robo de ganado han aumentado,(3) por ello se realizó la reforma.

• Por último, señala que la reforma coadyuva a que el sector privado no se vea mermado por el delito y la economía crezca, consolidándose el Estado en materia ganadera. Además, que se pretende concientizar a compradores de ganado y sus derivados para que se cercioren de que los productos adquiridos son de legítima procedencia, así, el comprador tendrá la obligación de tomar las medidas indispensables para asegurarse de la procedencia de los animales. Por lo anterior, aunque las personas argumenten buena fe en la compra, deben cerciorarse de que la compra sea de procedencia lícita.(4)

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. El Poder Ejecutivo del Estado manifestó, en esencia, lo siguiente:

• Señala que la norma que se reclama, cuya intervención del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco fue la de participar en el proceso legislativo, encuentra su fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 50, fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y en atención a dicha obligatoriedad, el titular del Poder Ejecutivo dio autenticidad al decreto de reforma que impugna la parte actora y se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" por conducto de la secretaría general de Gobierno, como lo dispone el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

• Asimismo, aduce que los actos que integran el procedimiento legislativo y que culminan en la creación de un ordenamiento legal, su reforma, adición, derogación o abrogación deben emanar de órganos constituidos que ajustan su actuar a las formas o esencias consagradas en los ordenamientos correspondientes; requisitos que, a su consideración, se cumplieron.(5)

8. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No formularon opiniones en relación con el presente asunto.

9. Alegatos formulados por la promovente. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno,(6) se recibió mediante buzón judicial el escrito de alegatos formulados por la licenciada Claudia Fernández Jiménez, delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que hizo valer, en esencia, lo siguiente:

• Argumenta que, si bien los Poderes Legislativo y Ejecutivo actuaron con base en sus funciones, lo cierto es que la Comisión Nacional no esgrimió argumentos tendentes a señalar la carencia de las facultades de los Poderes en mención. Asimismo, señala que, aunque las normas fueran emitidas por autoridad competente y se ajusten al marco normativo para su expedición, ello no implica que el contenido de la disposición impugnada sea constitucional.

• Aduce que, aun cuando los Poderes que expidieron la norma lo hicieran con base en sus atribuciones, también debieron ser respetuosos de los derechos humanos; por ende, —considera la promovente—, son inoperantes las manifestaciones efectuadas por las autoridades representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco.

• En cuanto a los argumentos vertidos por el representante del Poder Ejecutivo, señala la promovente que la actuación del gobernador no se reduce a promulgar y publicar leyes, sino que también cuenta con la atribución de vetar normas y decretos provenientes del Congreso del Estado. Por ende –refiere–, pudo haber realizado razonamientos lógico-jurídicos para expresar su desaprobación y falta de consentimiento con el decreto que contiene las normas impugnadas, en aras de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

• Por lo que respecta a la transgresión a los derechos humanos, la promovente aduce que, si bien es válida la finalidad perseguida por el legislador, lo cierto es que el derecho penal no es la vía idónea, ya que la política criminal es la más lesiva, al reprochar conductas que pueden ejecutarse de buena fe y sin la intención de causar un daño.

• Considera que la sola adquisición, negociación, autorización del rastro o sacrificio de ganado, o bien, expedir documentos que acrediten la propiedad de los animales, no implica, por sí misma que se tenga conocimiento de que los bienes fueron objeto de un ilícito anterior. Además, estima la promovente que dichas conductas no generan per se, un daño en extremo gravoso a la sociedad.

• Por lo anterior, considera que esta medida –utilizar el derecho penal– es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades sobre una conducta, lo cual no resulta idóneo para salvaguardar los bienes jurídicos tutelados y, por ende, contraviene el principio de ultima ratio.

• Asimismo, reitera que el legislador jalisciense transgrede el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad al no describir de forma clara la acción típica, ya que no incluyó el elemento subjetivo específico del delito, consistente en que el activo tenga conocimiento de que el ganado o sus derivados provengan de un apoderamiento ilegitimo por parte de otra persona.

• Por último, insiste que la conducta delictiva es dolosa y no culposa, y no permite que los gobernados tengan claro cuál es la conducta y el ámbito de prohibición del tipo penal, pues a su consideración, la descripción del delito es imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la discrecionalidad en su individualización.

10. Cierre de instrucción. El tres de marzo de dos mil veintiuno, habiéndose llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

II. Competencia

11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible vulneración a diversos principios constitucionales y convencionales por parte de normas previstas en el Código Penal para el Estado de Jalisco.

III. Oportunidad

12. La presente acción de inconstitucionalidad se presentó de manera oportuna.

13. El Decreto Número 27882/LXII/20 que contiene las normas impugnadas fue publicado el nueve de mayo de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

14. Conforme al artículo 60 de la ley reglamentaria en la materia,(7) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de la norma.

15. Ahora bien, en el caso, debe tenerse presente que de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2020,(8) 6/2020,(9) 7/2020,(10) 10/2020,(11) 12/2020,(12) 13/2020(13) y 14/2020,(14) emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declararon inhábiles los días comprendidos del dieciocho de marzo al dos de agosto del año en curso, dada la contingencia sanitaria producida por la enfermedad denominada coronavirus COVID-19.

16. En ese sentido, se advierte que el plazo para presentar la demanda de acción de inconstitucionalidad transcurrió del tres de agosto al primero de septiembre del dos mil veinte.

17. Por tanto, si la demanda se presentó el tres de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte,(15) entonces debe concluirse que la demanda es oportuna.

IV. Legitimación

18. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, la promovente cuenta con legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre la ley de una entidad federativa y distintos derechos humanos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de los que México es Parte.

19. Como puntos torales, la promovente refiere que la reforma al artículo 242, incisos b), d), e) y f) del Código Penal para el Estado de Jalisco, transgreden el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y el de mínima intervención del derecho penal (ultima ratio).

20. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudió a este Alto Tribunal en su carácter de representante legal, de conformidad con el primer párrafo del artículo 11, en relación con el diverso artículo 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.(16)

21. La representación legal de la presidenta de la Comisión está prevista en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el artículo 18 del Reglamento Interno de la misma Comisión.(17)

22. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.

V. Causas de improcedencia

23. Lo referente a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades responsables. Sin embargo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Jalisco, no hicieron valer ninguna causa de improcedencia de manera expresa, y, por su parte, esta Suprema Corte tampoco advierte de oficio que se actualice alguna.

24. Ahora bien, este Tribunal Pleno no soslaya que la autoridad legislativa en el punto petitorio número cuatro de su informe solicita que "se resuelva con base en las causales de improcedencia que se hicieron valer"; sin embargo, del análisis íntegro de su informe y de las constancias que integran la presente acción, no se advierte manifestación, o que se hubiese invocado alguna causal de improcedencia, por lo tanto, dicha petición no encuentra sustento y, por ende, se desestima.

25. Del mismo modo, no se soslaya que en sus argumentos el Poder Ejecutivo Estatal argumenta que su participación en el proceso legislativo de las normas impugnadas se trató de la promulgación de la norma impugnada, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, lo cual debe desestimarse acorde con la jurisprudencia P./J. 38/2010 de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(18)

26. Pues bien, al no existir otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.

VI. Estudio

27. En sus conceptos de invalidez la promovente señala diversos argumentos encaminados a poner en evidencia la inconstitucionalidad del artículo 242, incisos b), d), e) y f), del Código Penal para el Estado de Jalisco, el cual fue reformado mediante el Decreto Número 27882/LXII/20, publicado el nueve de mayo de dos mil veinte en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, entre ellos, destaca que la norma impugnada vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

28. Para ello, refiere, en esencia, que el delito impugnado –con motivo de su modificación–, al derivar de otro, esto es, abigeato y/o robo de animales, sólo se puede configurar mediante dolo, es decir, con conocimiento del origen ilícito del ganado o sus derivados, por lo que ese elemento no puede obviarse, pues podrían existir infinidad de operaciones sobre objetos producto del delito sin el conocimiento de los adquirentes o de quienes las realicen.

29. Con ello, sostiene, se permitirá que cualquier persona que desee realizar un acto de adquisición, transferencia, comercialización o transporte de ganado o sus derivados –incluso de buena fe– cometa el hecho delictivo. Lo que se traduce en que el radio de aplicación de la norma aumente respecto a sujetos que serán sancionados en el ámbito penal a pesar de no tener conocimiento de que su acto deriva o es producto del abigeato –en adelante, también "robo de ganado o animales" –, lo que vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

30. Tal concepto de invalidez es fundado. Lo anterior, porque la norma impugnada, al no incluir el elemento subjetivo específico requerido para este tipo de conductas, consistente en que el activo del delito tenga conocimiento de que el acto que realiza respecto al ganado o derivados de éste es producto de abigeato o robo de ganado, vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14 de la Constitución General y el numeral 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

31. Para explicar lo anterior, el esquema de análisis de este Tribunal Pleno en la presente acción de inconstitucionalidad será el siguiente: 1. Tipos penales controvertidos, 2. Doctrina constitucional y convencional sobre el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, 3. El tipo penal y sus elementos, 4. Análisis dogmático de los tipos penales controvertidos, y 5. Ausencia de elemento subjetivo específico en los tipos penales impugnados.

1. Tipos penales controvertidos

32. Las porciones normativas impugnadas son los incisos b), d), e) y f) del artículo 242 del Código Penal para el Estado de Jalisco, las cuales fueron reformadas por el Poder Legislativo de esta entidad federativa con la finalidad de suprimir de las conductas ahí descritas el elemento subjetivo del delito –conocimiento de que el acto deriva de abigeato o robo de animales–.(19)

33. Así, el cambio se pone en evidencia en el cuadro siguiente:

Ver cuadro

34. Como se indicó, la norma impugnada al no incluir –suprimir con motivo de la citada reforma– el elemento subjetivo específico requerido para este tipo de conductas, consistente en que el activo del delito tenga conocimiento de que el acto que realiza es producto de abigeato, vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución General y el numeral 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

35. Lo anterior, porque, como se desarrollará en el apartado siguiente, tal principio obliga al legislador a la elaboración de tipos penales taxativos en donde se deberá cuidar no sólo el uso de definiciones claras de las conductas consideradas como delictivas, sino también que tales tipos fijen los elementos objetivos y subjetivos del delito, de modo que permitan diferenciar al gobernado y al aplicador de la norma los comportamientos que deben ser sancionables de los que no lo son.

2. Doctrina constitucional y convencional sobre el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad

36. El principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de derechos para la ciudadanía que genéricamente pueden reconducirse a la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley. De acuerdo con dicho principio, sólo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión. La tipicidad es un presupuesto indisp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30187-a0cfd74e/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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