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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PROMOVERLA EN TANTO NO SE EMITA LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS (ARTÍCULOS 75-A; 141, FRACCIONES IV Y V; Y, 107, FRACCIÓN VII, PÁRRAFO TERCERO, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IV. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. MARCO CONSTITUCIONAL QUE RIGE SU REGULACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). V. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SU ORIGEN Y PRINCIPALES REFORMAS CONSTITUCIONALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VI. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. DELITOS RESPECTO DE LOS QUE PROCEDE DECRETARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VII. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. CORRESPONDE AL JUEZ DECRETARLA CUANDO DETERMINE QUE EL DELITO IMPUTADO AL INDICIADO SE ENCUENTRA PREVISTO DE FORMA EXPRESA EN LOS ARTÍCULOS 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VIII. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IX. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). X. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. EL LEGISLADOR ORDINARIO FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA ESTABLECER LOS DELITOS QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO GRAVES, LOS CUALES SÓLO PUEDEN SER AQUELLOS QUE SE COMETAN CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y DE LA SALUD, LO CUAL SE REITERA EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XI. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA REGULACIÓN DE LOS SUPUESTOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES VULNERA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL SER ÉSTA UNA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XII. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA REGULACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO TIENE UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO NI RESULTA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIV. TIPICIDAD. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE DEL ACREDITAMIENTO DEL INJUSTO PENAL Y LA BASE FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN TODAS SUS DERIVACIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 141, FRACCIONES IV Y V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XV. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO PUEDE OBLIGAR AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 141, FRACCIONES IV Y V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XVI. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ELEMENTOS PARA ANALIZAR EL GRADO DE SUFICIENCIA EN LA CLARIDAD Y PRECISIÓN DE UNA NORMA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 141, FRACCIONES IV Y V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XVII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 141, FRACCIONES IV Y V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XVIII. ROBO EQUIPARADO. ANÁLISIS DOGMÁTICO DE SU TIPO PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 141, FRACCIONES IV Y V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIX. ROBO EQUIPARADO. LA OMISIÓN DE ESTABLECER EL ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DISTINTO AL DOLO GENÉRICO E

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 125/2017 Y SU ACUMULADA 127/2017. · Registro digital (IUS): 30188
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-29
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo I, Pág. 837.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 125/2017 Y SU ACUMULADA 127/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2 DE JUNIO DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ÉRIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente a dos de junio de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 125/2017 y su acumulada 127/2017, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).

I. Antecedentes

1. Presentación de las demandas. La CNDH y la PGR promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que cuestionaron diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, publicadas mediante el Decreto Número 127 en el Periódico Oficial del Estado de la entidad citada el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete.(1)

2. Conceptos de invalidez. Los promoventes hicieron valer los siguientes:

I. La CNDH:

i. Artículo 75-A, fracciones IV, XI y XII, del Código Penal para Estado de Aguascalientes

• La promovente refiere que esta disposición establece un catálogo de delitos para la procedencia de la prisión preventiva oficiosa distinto al contemplado en el artículo 19 de la Constitución Federal, lo cual vulnera los derechos humanos a la libertad personal, de tránsito, debido proceso legal, seguridad jurídica, y principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, al posibilitar la aplicación de la medida cautelar por delitos no previstos en la Norma Fundamental.

• Los delitos enunciados en las fracciones IV, XI y XII no encuadran en alguno de los supuestos establecidos dentro del listado limitativo contenido en la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, razón por la que deben tildarse de inconstitucionales, al transgredir el principio de excepcionalidad que debe regir la procedencia de la medida cautelar.

• Aunque el legislador ordinario tiene facultad de delimitar el catálogo de delitos graves en su normatividad penal, la prisión preventiva oficiosa debe atender a la excepcionalidad contenida en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, para aplicarla como última ratio y en la salvaguarda de derechos de terceros –como las víctimas de delitos–.(2)

• Al establecerse la restricción de la libertad en razón de la prisión preventiva oficiosa, ésta no debe ser excedida por los Estados dentro de su legislación.(3)

ii. Artículo 141, fracciones IV y V, del Código Penal para Estado de Aguascalientes

• La promovente afirma que estas hipótesis normativas vulneran los derechos a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia, así como los principios de legalidad –en su vertiente de taxatividad– y pro persona.

• Si bien se establece el tipo penal para sancionar una conducta, de la lectura a su contenido no se advierte que el legislador de Aguascalientes haya dispuesto de forma clara y exacta la descripción típica tratándose del elemento subjetivo, en el sentido de que se requiere el conocimiento del sujeto activo –de que los bienes que adquiera, comercialice o posea sean robados– para la configuración del ilícito.

• Este delito sólo se puede configurar mediante dolo, es decir "con conocimiento de causa". Dicho elemento integrador no puede obviarse, puesto que podrían existir infinidad de operaciones sobre objetos producto del delito sin el conocimiento de los adquirentes. En esta tesitura, se permite que cualquier persona que desee realizar un acto de adquisición o transferencia –incluso de buena fe– cometa el hecho delictivo.

• La promovente señala que las fracciones mencionadas violan el principio de presunción de inocencia, en tanto no atienden al elemento subjetivo de tener conocimiento del origen ilícito de los objetos y de ocultar dolosamente dicha información, tanto a los terceros a los que transfiera y adquieran –bajo cualquier modalidad de la propiedad– los bienes robados, así como a las autoridades respectivas.

• Las fracciones impugnadas no brindan seguridad jurídica a los destinatarios de la norma, pues al no establecerse la calidad específica en el sujeto activo, las personas no conocerán con certeza que la realización de sus conductas puede actualizar una hipótesis penal.(4)

• El legislador local no agotó todos los elementos suficientes para brindar tipos penales claros y precisos, y para encuadrar dentro del principio de exacta aplicación de la ley penal. Al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas sobre la conducta reprochable, así como la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito. Las fracciones impugnadas no cumplen con los requisitos que le son exigibles al legislador penal, debido a que las mismas omiten señalar de manera precisa y exacta el elemento subjetivo del tipo.(5)

• Como fue afirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la vulneración del principio de taxatividad pudiera traer aparejado la violación de algún otro derecho fundamental, como la libertad personal.(6)

• La norma impugnada es una grave restricción para el ejercicio pleno de los derechos humanos de libertad personal, libertad de tránsito, legalidad en su vertiente de taxatividad, debido proceso, principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica, y para los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

• Finalmente, la promovente solicita que, en caso de que las normas impugnadas sean tildadas de inconstitucionales, también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas, por cuestión de efectos, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. La PGR:

i. Violación a los artículos 1o. y 19 de la Constitución Federal

• El artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, al establecer un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, viola los artículos 1o. y 19 de la Constitución Federal, ya que regula una restricción a la libertad personal que es de orden constitucional.

• Refiere que la prisión preventiva oficiosa es una restricción válida al derecho humano a la libertad, puesto que se configura en el texto constitucional de manera directa. En este sentido, el artículo 19 constitucional distingue los delitos por los cuales procede la prisión preventiva oficiosa, sin que de alguna porción del mismo se desprenda que las Legislaturas Locales estén facultadas para determinar sus supuestos de procedencia.

• Todo asunto que verse sobre una restricción constitucional exige que su escrutinio se despliegue de la manera menos expansiva posible, en tanto constituye una excepción a la aplicabilidad del principio pro persona consagrado en el artículo 1o. constitucional. En consecuencia, el artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes vulnera el precepto constitucional mencionado en relación con el 19 de la Norma Suprema al regular los supuestos en que procede la prisión preventiva oficiosa.

ii. Invasión de esfera competencial al regular catálogo de prisión preventiva oficiosa

• La promovente aduce que, a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, la Federación y las Legislaturas de los Estados se encuentran impedidas para emitir disposiciones inherentes a la materia procedimental penal, por lo que es el Congreso Federal la única autoridad con facultad para emitir la legislación única en materia procedimental penal a fin de generar homogeneidad en el sistema.(7)

• En consecuencia, la promovente aduce que la alteración del catálogo de delitos por los cuales procede la prisión preventiva oficiosa constituye una violación a la competencia exclusiva del Congreso Federal para legislar en materia adjetiva.

iii. Violación del principio de seguridad jurídica

• Refiere que el artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes vulnera el principio de seguridad jurídica, al establecer los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, en virtud de que este catálogo es diferente del establecido por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que detalla los delitos que ameritan prisión preventiva.

• La promovente concluye que lo anterior se traduce en un estado de incertidumbre para el gobernado y para el operador, al no establecer los parámetros o supuestos exactos de los delitos graves que ameriten el dictado de la prisión preventiva oficiosa.

iv. El artículo 107, fracción VII, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado Aguascalientes vulnera el principio de proporcionalidad previsto en el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal

• La promovente aduce que el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 22 constitucional impone la necesidad de comparar la pena enjuiciada con otras penas asignadas a otros delitos, y que no resulta legítimo comparar las penas previstas para los delitos en contra de la libertad personal con las de los delitos contra la vida. La ilegitimidad proviene, por un lado, de que los bienes protegidos resultan inconmensurables y, por otro lado, de que una mayor penalidad puede explicarse por la intensidad en la afectación del bien jurídico o por razones de política criminal.

• En el caso concreto, la escala comparación con la que se debe contrastar la pena prevista por el delito de lesiones dolosas por razones de género lo constituyen las penalidades para los tipos calificados que atentan contra la integridad física.

• Entre el delito de lesiones dolosas calificadas que ponen en peligro la vida y el de lesiones por razones de género existe una marcada desproporción. Mientras el primero prevé una penalidad de 5 a 11.6 años,(8) el delito de lesiones dolosas por razones de género (el cual se cuestiona) prevé una penalidad de 40 a 60 años. Por tanto, es evidente una desproporción entre las penalidades fijadas para tipos penales con bienes jurídicos iguales.

• Aunque la intención del legislador es la protección de personas históricamente vulnerables, ello no es razón suficiente para inobservar los principios constitucionales por los que debe velar el legislador al momento de emitir su norma penal.

3. Admisión de las demandas. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el número 125/2017 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor en el procedimiento.(9) Posteriormente, se formó, registró y acumuló el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad hecha valer por la Procuraduría General de la República con el número 127/2017 por existir identidad respecto del decreto legislativo impugnado en la 125/2017.(10)

4. El Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Aguascalientes para que rindieran sus respectivos informes, y dar vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde antes del cierre de instrucción.(11)

5. Informes. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes y el secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes –en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad–, rindieron sus respectivos informes.(12) El presidente de la mesa directiva defendió la constitucionalidad de la norma que en esta acción se cuestiona, y el secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes defendió la constitucionalidad de los actos imputados al gobernador del Estado de Aguascalientes.

El Ministro instructor tuvo por presentados los informes rendidos y concedió a las partes el plazo legal respectivo a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.(13)

6. Cierre de instrucción. Se tuvieron por formulados los alegatos de la CNDH y de la PGR, y al haber trascurrido el plazo legal concedido a las partes para formularlos, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.(14) Mediante acuerdo posterior, se tuvieron por formulados oportunamente los alegatos del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes,(15) porque los depositó en la oficina de correos antes del cierre referido.

II. Competencia

7. El Tribunal Pleno es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Federal,(16) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(17) toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de diversos preceptos contenidos en el Decreto 127, por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

III. Oportunidad

8. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante, ley reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente, y c) cuando se trate de materia electoral, todos los días se considerarán hábiles.(18)

9. En atención a lo anterior, si el decreto impugnado se publicó el lunes veintiuno de agosto de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes,(19) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad inició el martes veintidós de agosto de ese año y concluyó el lunes veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.

10. Lo anterior debido a que nuestro Tribunal Pleno declaró inhábiles los días diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de septiembre de ese año, mediante circulares 1/2017-P y 2/2017-P, en el entendido de que no corrían términos, por causas de fuerza mayor de conocimiento público. Es así que al recorrerse el plazo correspondiente hasta el domingo veinticuatro del mismo mes y año, con fundamento en el artículo 60 de la ley reglamentaria,(20) el lunes veinticinco era el último día para la presentación del escrito correspondiente. Si los escritos de demanda fueron recibidos por este Alto Tribunal el lunes veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se concluye que su presentación resulta oportuna.

IV. Legitimación

11. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el artículo 59 del mismo ordenamiento legal, la peticionaria debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.

12. Por un lado, tratándose de la legitimación en la acción de inconstitucionalidad 125/2017, Luis Raúl González Pérez actúa en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad acreditada por copia certificada del acuerdo de designación de trece de noviembre de dos mil catorce, emitido por el Senado de la República.(21) El artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional dispone que dicha comisión podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales, que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.(22) Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por Luis Raúl González Pérez, quien en virtud de su carácter de presidente se encuentra legitimado para interponerla en representación de la CNDH,(23) y que además aduce la violación a distintos derechos humanos, este Alto Tribunal concluye que la acción de inconstitucionalidad 125/2017 fue interpuesta por parte legitimada.

13. Por otro lado, tratándose de la legitimación en la acción de inconstitucionalidad 127/2017, Raúl Cervantes Andrade actuó en su carácter de procurador general de la República, personalidad acreditada por copia certificada de la designación de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.(24) Al respecto, debe precisarse que el diez de febrero de dos mil catorce se reformó el artículo 105, fracción II, inciso c) y se adicionó el inciso i) para señalar que tiene legitimación el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones.

14. Al respecto, es necesario considerar que el artículo décimo sexto transitorio de la reforma constitucional mencionada establece que las adiciones y reformas al artículo 105, fracciones II, incisos c) e i), entrarán en vigor en la fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que expida la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Por lo anterior, al no haberse emitido la Ley relativa a la Fiscalía General de la República a la fecha de la presentación de la acción de inconstitucionalidad, es posible concluir que seguía en vigor el anterior inciso c) de la fracción II del artículo 105 constitucional.(25) Este artículo faculta al procurador general de la República para ejercer este medio de control constitucional contra leyes estatales, por lo cual este Alto Tribunal concluye que la acción de inconstitucionalidad 127/2017 fue interpuesta por parte legitimada.

V. Causales de improcedencia

15. Al no haber sido alegada alguna causal de improcedencia indudable y manifiesta,(26) ni advertirse por este Alto Tribunal, resulta procedente el estudio de los conceptos de invalidez.

16. No pasa desapercibido que, mediante decreto de nueve de julio de dos mil dieciocho, fue reformada la fracción XI del artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, y que el contenido la fracción XII de ese numeral fue trasferido a la fracción XVII después de agregar nuevos supuestos de prisión preventiva oficiosa mediante decreto de ocho de julio de dos mil diecinueve.

17. Sin embargo, esas porciones normativas conservan el mismo contenido que presentaban cuando fueron impugnadas en las acciones de inconstitucionalidad de este expediente.(27) Además, al tratarse de materia penal, no es necesario el análisis de su contenido material para determinar si opera alguna causal, pues la decisión de este Alto Tribunal pudiera tener efectos retroactivos. En ese orden de ideas, no se actualiza respecto de dichos cambios la cesación de efectos prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 65, ambos de la ley reglamentaria de la materia.(28)

18. Si bien el criterio general del Tribunal Pleno consiste en que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada,(29) este tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias que dicte en relación con normas de naturaleza penal en términos del artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia. Por tanto, no procede sobreseer aun cuando esas normas fueron reformadas, ya que la eventual declaratoria de invalidez podría surtir efectos.(30)

19. Por otra parte, tampoco se actualiza la causal de cesación de efectos señalada en el párrafo anterior en relación con el artículo 107, fracción VII, párrafo tercero, en cuanto a la porción normativa "En el caso de la Fracción VII, se aplicará al responsable de 40 a 60 años de prisión ...". Aun cuando dicha fracción y el enunciado citado fueron derogados por el decreto de once de junio de dos mil dieciocho, al tratarse de normas de naturaleza penal, las mismas pueden seguir surtiendo efectos respecto de los casos en los que el delito se hubiera cometido bajo su vigencia. Entonces, procede analizar dichas normas ya que una posible declaratoria de inconstitucionalidad puede llegar a tener impacto en los procesos penales en los que dicha norma haya sido aplicada durante su vigencia.(31)

20. Lo mismo sucede con el cambio del artículo 141, fracción V, del Código Penal del Estado de Aguascalientes que fue reformado con la publicación del Periódico Oficial de la entidad el tres de junio de dos mil diecinueve.(32)

VI. Estudio de fondo

1. Análisis del artículo 75-A en el que se establecen delitos de prisión preventiva oficiosa(33)

1.1 Conceptos de invalidez y porciones normativas controvertidas

21. En esencia, en las demandas se alega lo siguiente:

• El artículo 75- A del Código Penal del Estado de Aguascalientes establece un catálogo de delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa que son distintos a los establecidos en el artículo 19 constitucional.

• El legislador ordinario tiene facultad para delimitar el catálogo de delitos graves en su normativa penal, sin embargo, el establecimiento de esa medida cautelar es excepcional al tratarse de una restricción a la libertad.

• El Congreso de la Unión es el único facultado para emitir la legislación única en materia procedimental penal, por lo que la inclusión de nuevos delitos a los que les corresponda prisión preventiva oficiosa constituye una violación a esa competencia exclusiva.

22. Aun cuando la CNDH únicamente impugnó tres fracciones del artículo 75-A, debe considerarse impugnado todo el precepto, porque en la demanda de la PGR –ahora FGR– se atacó el contenido de la totalidad del numeral, cuyo contenido es el siguiente:

(Adicionado, P.O. 21 de agosto de 2017)

"Artículo 75-A. Hechos punibles de prisión preventiva oficiosa. Conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se considerarán delitos graves y por tanto se aplicará prisión preventiva oficiosa, a las siguientes figuras típicas:

"i. Homicidio doloso, previsto en los artículos 97 y 99;

"ii. Feminicidio, previsto en el artículo 97-A;

"iii. Homicidio doloso calificado previsto en el artículo 107;

"iv. Lesiones dolosas calificadas, previstas en el artículo 107, en relación con el artículo 104, fracciones V y VI;

"v. Atentados al pudor o atentados al pudor equiparado, previsto en el artículo 115, cuando la víctima sea menor de doce años de edad o que por cualquier causa no pueda resistir la conducta del sujeto activo;

"vi. Corrupción de menores e incapaces, prevista en el artículo 116;

"vii. Pornografía infantil o de incapaces, prevista en el artículo 117;

"viii. Violación, prevista en el artículo 119;

"ix. Violación equiparada, prevista en el artículo 120;

"x. Tráfico de menores, prevista en los párrafos primero y segundo del artículo 126;

"xi. Sustracción de menores e incapaces, prevista en el artículo 127, salvo que el inculpado sea familiar del menor o incapaz objeto de sustracción o retención; y,

"xii. Los supuestos establecidos en las leyes generales y federales correspondientes, que ameriten prisión preventiva oficiosa respecto a los hechos punibles que prevean tales ordenamientos ..."

1.2 Facultades para regular la prisión preventiva oficiosa

23. En el artículo 19 constitucional, vigente en el momento de la solución de este caso,(34) se expresa:

(Reformado, D.O.F. 18 de junio de 2008)

"Articulo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

"El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud ..."(35)

24. En el artículo 19 constitucional se especifica que el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosa para los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

25. Para tener claridad sobre el alcance y significado del precepto, es conveniente verificar su evolución a partir del procedimiento legislativo de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho en la que se modificó de manera relevante el sistema procesal penal en nuestro país, pasando de un sistema mixto a un sistema acusatorio y oral.

26. Con dicha reforma, el artículo 19 de la Constitución Federal fue modificado con el objeto de regular concretamente lo relativo al sistema de prisión preventiva oficiosa, como parte del sistema penal acusatorio, acorde con el principio de presunción de inocencia. El constituyente consideró adecuado establecer los principios de subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia de esa medida cautelar. En el dictamen de la Cámara de Origen, se refirió lo siguiente:

"Artículo 19

"Cambio de denominación: auto de vinculación

"En esta reforma se modifica el nombre del tradicional auto de sujeción a proceso para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso. La idea de sujeción denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos; en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el Juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Se continuará exigiendo, no obstante, acreditar el supuesto material.

"Estándar para el supuesto material

"Al igual que en el caso del artículo 16 constitucional, la nueva redacción del artículo 19 constitucional se prevé modificar el estándar probatorio para el libramiento del auto de vinculación a proceso. La razón de ello es fundamentalmente la misma que ya se expuso en su oportunidad al abordar el artículo 16. En este punto habría que agregar que el excesivo estándar probatorio que hasta ahora se utiliza, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria. Ello debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación, el cual todavía no ha sido sometido al control del contradictorio. La calidad de la información aportada por el Ministerio Público viene asegurada por el control horizontal que ejerce la defensa en el juicio, en tal sentido, no es adecuado que en el plazo de término constitucional se adelante el juicio.

"Medidas cautelares y prisión preventiva

"Para los efectos de evitar los excesos cometidos hasta ahora con la prisión preventiva, se acordó establecer el principio de subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia de este instituto. La aplicación de medidas cautelares, las cuales son auténticos actos de molestia, procederá únicamente cuando exista la necesidad de cautela del proceso o de protección de las víctimas. Esto quiere decir que sólo cuando exista necesidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; el desarrollo de la investigación; la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, procederá la aplicación de alguna medida cautelar de las que prevea la ley. La prisión preventiva sólo procederá cuando ninguna otra medida cautelar sea suficiente para el logro de los prop

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30188-3cbd323b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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