I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA. V. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA REMISIÓN AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, TRATÁNDOSE DE LAS CONDUCTAS DE DECOMISO, ASEGURAMIENTO, RESTITUCIÓN O EMBARGO DE BIENES, NO IMPLICA UNA INVASIÓN DE COMPETENCIAS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, YA QUE NO REITERA EL CONTENIDO NI ESTABLECE MAYORES CARACTERÍSTICAS QUE LAS ESTRICTAMENTE PREVISTAS EN DICHO CÓDIGO (ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, REFORMADO MEDIANTE LA LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VI. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE EL REPARTO DEL PRODUCTO DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN EL FUERO COMÚN, SERÁ EN LAS MISMAS PROPORCIONES QUE EN LAS INSTANCIAS EQUIVALENTES EXISTENTES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, NO TRANSGREDE LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN MATERIA PROCESAL PENAL, PUES SÓLO INTRODUCE CUESTIONES QUE PERMITEN HACER EFECTIVA LA ENTREGA DE BIENES A LAS INSTANCIAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EN LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE Y ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, REFORMADO MEDIANTE LA LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VII. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA PREVISIÓN LEGAL QUE OTORGA FACULTADES A LA FISCALÍA O A LA AUTORIDAD JUDICIAL LOCAL PARA DISPONER LA ENTREGA DE ANIMALES DOMÉSTICOS A LAS ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES PROTECTORAS DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS PARA SU CUIDADO Y ATENCIÓN, Y QUE EN CASO DE QUE TERCEROS ALEGUEN DERECHOS, PODRÁ REALIZARSE LA ENTREGA UNA VEZ QUE SE CUBRAN LOS GASTOS EROGADOS CORRESPONDIENTES, ES CONSTITUCIONAL, PUES CONSTITUYE UNA CUESTIÓN ORGÁNICA Y COMPLEMENTARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y PARA HACER EFECTIVAS SUS DISPOSICIONES (ARTÍCULO 61 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, REFORMADO MEDIANTE LA LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. DELITO DE AMENAZAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE PENA DE PRISIÓN Y TRABAJOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD A QUIEN CAUSE ALTERACIÓN PSICOLÓGICA O EMOCIONAL QUE AFECTE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE UNA PERSONA POR MANIFESTACIONES QUE PUEDAN PRODUCIR CUALQUIER DAÑO A SU PERSONA, BIENES, FAMILIA O CON QUIEN TENGA VÍNCULO DE AMISTAD, AMOR U OTRA RELACIÓN DE AFECTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, PUES GENERA UN CATÁLOGO ABIERTO DE CONDUCTAS INFRACTORAS INDETERMINADAS QUE NO LE PERMITE AL GOBERNADO PROGRAMAR SU COMPORTAMIENTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 155, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, REFORMADO MEDIANTE LA LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. DELITOS DE DESMANTELAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN, ENAJENACIÓN, POSESIÓN, CUSTODIA O TRASLADO DE VEHÍCULOS ROBADOS O SU USO EN LA COMISIÓN DE OTROS ILÍCITOS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE LOS PREVÉ NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, AUN CUANDO EN SU DESCRIPCIÓN SE HAYA ELIMINADO EL ELEMENTO SUBJETIVO, "A SABIENDAS DE QUE UN VEHÍCULO ES ROBADO", YA QUE DICHO ELEMENTO SE ENCUENTRA INMERSO EN CADA UNA DE LAS CONDUCTAS QUE DESCRIBEN EL TIPO PENAL (ARTÍCULO 183 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, REFORMADO MEDIANTE LA LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ POR VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 155, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, REFORMADO MEDIANTE LA LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY IMPUGNADA CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 155, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 88/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ÉRIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 88/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 60, 61 Bis, párrafo segundo, 155 y 183 Bis, del Código Penal para el Estado de Querétaro, reformado mediante Ley publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el veintisiete de mayo de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES
2. Presentación de la demanda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, “CNDH”) promovió acción de inconstitucionalidad en la que cuestionó los artículos 60, 61 Bis, párrafo segundo, 155 y 183 Bis, del Código Penal para el Estado de Querétaro, reformado mediante Ley publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el veintisiete de mayo de dos mil veintidós.
3. Las disposiciones impugnadas establecen lo siguiente:
ARTÍCULO 60. El decomiso, aseguramiento, restitución o embargo se sujetarán a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales y los bienes serán entregados a las instancias de la entidad, en la proporción equivalente y establecida en el ordenamiento antes mencionado.
ARTÍCULO 61 BIS. En caso de que el objeto de aseguramiento o decomiso sean animales vivos, se canalizarán a lugares adecuados para su debido cuidado; se dará aviso a las autoridades correspondientes y serán trasladados a zoológicos, santuarios o unidades de control animal que cubran las necesidades totales del animal, durante el procedimiento y después del mismo.
En cualquier momento la Fiscalía General del Estado de Querétaro o la autoridad judicial podrán disponer la entrega de animales domésticos para su cuidado y atención, privilegiando el mejor destino en los términos de la ley, a las asociaciones u organizaciones protectoras debidamente constituidas; en caso de que terceros aleguen derechos, podrá realizarse la entrega una vez que se cubran los gastos erogados correspondientes.
ARTÍCULO 155. Al que cause una alteración psicológica o emocional que afecte las actividades cotidianas de una persona por manifestaciones que puedan producir cualquier daño a su persona, bienes, familia o con quien tenga vínculo de amistad, amor u otra relación de afecto, se le impondrá prisión de 1 a 3 años, trabajos a favor de la comunidad hasta por 6 meses, 100 a 300 días multa.
Al que persista en sus amenazas cuando la autoridad investigadora o judicial ya tenga conocimiento de los hechos, o se violen de cualquier modo medidas de protección o cautelares dispuestas en favor de las personas señaladas en el párrafo primero, la sanción se incrementará hasta en una mitad.
Si se cumple con la manifestación señalada en el párrafo primero, la sanción será de 3 a 5 años, además de las que correspondan por el o los delitos cometidos.
Este delito se perseguirá a petición del ofendido, excepto cuando la persona ofendida fuere un menor de edad o mayor de sesenta años o persona con discapacidad mental, intelectual, física o sensorial.
ARTÍCULO 183 BIS. Se sancionará con pena de 4 a 10 años de prisión, de 500 a 1000 días multa con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos al que:
I.- Sin consentimiento del que tenga derecho a otorgarlo, desmantele alguno o varios vehículos o comercialice conjunta o separadamente sus autopartes;
II.- Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados y no acredite su posesión de buena fe o legítima procedencia.
III.- Detente, posea o custodie un vehículo robado, y no acredite su posesión de buena fe o legítima procedencia o acredite la propiedad o identificación del mismo, con documentos alterados o apócrifos.
IV.- Traslade el o los vehículos robados fuera del territorio del estado, y no acredite su posesión de buena fe o legítima procedencia.
V.- Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.
Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo igual a la pena de prisión impuesta.
4. Conceptos de invalidez. La accionante argumenta en esencia lo siguiente:
PRIMERO. Los artículos 60 y 61 Bis, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Querétaro trasgreden el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad por establecer cuestiones relacionadas con el aseguramiento y decomiso de bienes producto del delito, toda vez que se trata de una materia reservada al Congreso de la Unión.
• En principio, la accionante endereza una serie de consideraciones relacionadas con el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Sostiene que todas las autoridades deben actuar de conformidad a la Constitución Federal, lo que significa que deben ajustar su actuación al ámbito de sus atribuciones. En el caso de la autoridad legislativa dicho mandato se traduce fundamentalmente en que legisle sobre aspectos en los que se encuentra constitucionalmente facultada.
• El artículo 60 del Código Penal local establece que el decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, así como la entrega de los bienes, se sujetarán a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, resulta innecesaria dicha remisión, pues en la aplicación de la norma los operadores jurídicos, en términos del numeral 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, están obligados a observar las reglas ahí previstas desde el inicio de la investigación hasta el establecimiento de la sanción correspondiente. Máxime que el Tribunal constitucional ha manifestado que no es constitucionalmente válido ni siquiera reiterar cuestiones ya previstas en el citado Código Nacional.
• El párrafo segundo del artículo 61 bis, del mismo ordenamiento local, crea una nueva regla respecto del aseguramiento o decomiso de animales domésticos al determinar que la Fiscalía General de la entidad podrá disponer su entrega para su cuidado y atención privilegiando el mejor destino en los términos de la ley, a las asociaciones y organizaciones protectoras debidamente constituidas; y en caso de que terceros aleguen derechos, podrá realizarse la entrega una vez que se cubran los gastos correspondientes.
• Aunque el Código Nacional no prevé un supuesto especifico que regule el aseguramiento o decomiso de dichos bienes semovientes, lo cierto es que la legislatura local no está habilitada para regular esa materia, pues conforme al marco constitucional, únicamente el Congreso de la Unión es la autoridad que cuenta con la facultad constitucional para establecer las reglas que habrán de observarse en todo lo relacionado en el procedimiento penal, como lo son las técnicas de investigación, específicamente en cuanto al aseguramiento y decomiso de bienes relacionados con la probable comisión del delito.
• Ante la regulación de las figuras de aseguramiento y decomiso en el ordenamiento nacional, el Congreso de la Unión únicamente dejó a los Congresos locales la facultad que se acota a legislar en su ordenamiento local, disposiciones orgánicas complementarias y aquellas que resulten necesarias para la implementación de la referida codificación nacional adjetiva penal.
• Las disposiciones impugnadas no pueden ser consideradas como alguna disposición que resulte necesaria para la implementación del Código Nacional, ya que, por una parte únicamente remite a lo previsto en la referida codificación sin que sea necesario, y por otro, regula cuestiones propias de la materia, como es un atribución a la Fiscalía General de la entidad para poner a disposición los animales domésticos que estén relacionados con algún delito, a las asociaciones y organizaciones correspondientes para su cuidado.
• Los artículos 60 y 61 Bis, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Querétaro, establecen cuestiones que son objeto de regulación expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que, además, no se constituyen como cuestiones orgánicas o disposiciones necesarias para su implementación, por lo que resultan invalidas al vulnerar el derecho humano a la seguridad jurídica de las personas y su correlativo principio de legalidad.
SEGUNDO. Los artículos 155 y 183 Bis, del Código Penal para el Estado de Querétaro vulneran el derecho a la seguridad jurídica, así como el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, en virtud de que establecen delitos configurados de forma ambigua, amplia e imprecisa que causa incertidumbre a los destinatarios de las normas.
La accionante señala una serie de consideraciones relacionadas con el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal.
• Sostiene que la redacción del artículo 155 del Código Penal para el Estado de Querétaro deviene indeterminada e imprecisa, por lo que transgrede el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad por lo siguiente:
• Denomina el delito como “amenazas”, pero del análisis normativo de los elementos que integran el tipo penal se desprende que lo efectivamente sancionado es una conducta distinta a la de amenazar, pues no castiga la acción de intimidar a otro con el anuncio de que se le causará un daño en su persona o sus bienes jurídicos o en los de un tercero con quien se encuentre ligado sentimentalmente, lo cual puede generar confusión tanto para la víctima como para el sujeto activo de que la conducta que creían configura el delito no es tal o viceversa que aquella que cometieron pareciera que no es la de proferir amenazas, y pese a ello, su conducta es objeto de reproche penal por encuadrar en la descripción típica.
• El medio comisivo es un extremo amplio, genérico y ambiguo, pues sin importar el contenido o la intención con la cual se externó, se puede configurar el delito, debido a que la norma sólo menciona que dicha “manifestación pueda” producir cualquier daño a su persona, bienes, familia o con quien tenga vínculo de amistad, amor u otra relación de afecto, sin que los destinatarios de la norma puedan saber con seguridad qué es lo que tienen prohibido realizar.
• La norma carece del elemento subjetivo específico de que el sujeto activo tenga el ánimo o desee causar un daño emocional a la víctima, ya que ello no se puede desprender del tipo, y dado que el medio comisivo es demasiado amplio, se estima que cualquier persona puede configurar la conducta punible sin querer producirla y sin siquiera saber que ya la actualizó.
• Varios elementos del tipo penal entrañan una valoración eminentemente subjetiva, cómo el tipo de expresiones que pudieran considerarse como potencialmente dañinas. También pudiera ser complicado que el sujeto activo sepa que ya causó un daño emocional a otro o que puede anticiparse sobre el tipo de manifestaciones que le pudieron haber producido ese perjuicio a la víctima, pues esos efectos no suelen ser perceptibles a simple vista y en su caso ameritarían una valoración médica o psicológica, aunado a que cada persona le afecta en diferentes medidas las acciones y palabras de los demás, acordé con sus experiencias personales.
Por lo anterior, la norma es vaga, imprecisa y ambigua, toda vez que no contiene la descripción adecuada de la conducta con que se buscó criminalizar, con la finalidad de evitar que su aplicación resultase arbitraria, lo que tiene como consecuencia que el precepto impugnado no genere el consentimiento anticipado del comportamiento sancionable, es decir, la conducta objeto de prohibición no es “previsible”, ya que no está redactada con la suficiente inteligibilidad que permita a toda persona conducir su conducta lícitamente.
• Por otra parte, sostiene que las fracciones I, II, III y IV del artículo 183 Bis del Código penal para el Estado de Querétaro, transgreden el derecho de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad.
• La accionante refiere que pese a que las fracciones I y V, no sufrieron cambios formales, lo cierto es que los cambios impactan en la configuración de las conductas ahí prohibidas, por lo que se debe considerar todo el artículo como un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación.
• La accionante somete a escrutinio constitucional las conductas previstas en las fracciones I, II, III y IV, del artículo mencionado, al considerar que derivado de la supresión de la porción normativa “a sabiendas de que el vehículo es robado”, permite sancionar penalmente a aquellas personas que no hayan tenido conocimiento de que él o los vehículos de que se trate son robados, ni que hayan tenido la intención de contravenir el orden legal, cuestión que se estima era fundamental para poder conocer que los verbos rectores ahí previstos, están siendo llevados a cabo con una intención y con conocimiento del hecho previo.
• Las conductas tienen como denominador común para que sean sancionables que el objeto material sea uno o varios vehículos que hayan sido objeto de un ilícito anterior, es decir del delito de robo, por lo que para qué se actualicen las conductas materia de prohibición es necesariamente se configure ese delito.
• Las disposiciones señaladas permiten que una persona sea sancionada por desmantelar, comercializar, enajenar, poseer, custodiar o trasladar vehículos, siempre qué tales conductas recaigan en esos objetos que fueron producto de robo, pero sin que tenga conocimiento de este hecho, por lo que independientemente de ello serán sancionados pese a no tener el ánimo de querer efectuar una conducta antijurídica.
• En los tipos penales no se cumple con el mandato de taxatividad por la ausencia del elemento subjetivo específico a sabiendas de que los objetos provienen del delito de robo impide que los destinatarios de la norma tengan clara cuál es la conducta prohibida, así como el radio de prohibición del tipo penal. En consecuencia, al carecer los tipos penales de la expresión del conocimiento que el sujeto activo debe de tener de que se cometió el delito de robo, lleva considerar que la simple adquisición de productos señalados en las hipótesis normativas analizadas constituiría el ilícito, lo que evidentemente es una violación al principio enunciado.
5. Admisión de la demanda. El entonces Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida y designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que actuara como instructora en el procedimiento.(1) La Ministra instructora admitió a trámite la acción, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro para que rindieran sus respectivos informes y dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación conviniera.(2)
6. Informes. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro rindieron informes defendiendo la constitucionalidad de la norma impugnada. La Ministra instructora tuvo por presentados los informes y concedió a las partes el plazo legal a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.(3)
7. Cierre de Instrucción. Se tuvieron por formulados los alegatos y, al haber trascurrido el plazo legal para formularlos, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción.(4)
8. Returno. Mediante acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, se returno el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en atención a lo determinado por el Pleno de este Máximo Tribunal, en la cual se eligió como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.(5)
9. Mediante acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintitrés, se ordenó returnar el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek, para que continúe actuando como instructor en la acción de inconstitucionalidad.(6)
I. COMPETENCIA
10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) toda vez que se plantea la posible contradicción entre el Código Penal para el Estado de Querétaro y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
II. OPORTUNIDAD
12. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Ley Reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; y b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo es inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(9)
13. En el caso, la norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro el veintisiete de mayo de dos mi veintidós, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el veintiocho mayo y terminó el veintiséis de junio del mismo año.
14. Si el escrito de demanda relativo fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete de junio de dos mil veintidós,(10) es decir un día después del primer día hábil del último día del plazo, se concluye que su presentación fue oportuna.
15. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
III. LEGITIMACIÓN
16. De conformidad con el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(11) en relación con el diverso 59 del mismo ordenamiento, la peticionaria debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.
17. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta María del Rosario Piedra Ibarra, quien actúa en representación de la CNDH, y acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Senado de la República.(12) El artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional dispone que la CNDH podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales, que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
18. Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien en virtud de su carácter de Presidenta se encuentra legitimada para interponerla en representación de la CNDH,(13) y además cuestiona la violación a diversos derechos humanos, este Alto Tribunal concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.
19. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández. La señora Ministra Batres Guadarrama votó en contra.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
20. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Querétaro, al rendir su respectivo informe, en esencia, manifestaron que no se realizaron adecuaciones o ajustes a la fracción I del artículo 183 BIS del Código Penal para el Estado de Querétaro, por lo que todo lo referente a dicha porción normativa deberá declararse “inoperante” al no tener materia que sustente la legitimidad de su acción.
21. Sin embargo, la norma es de naturaleza penal y sufrió un cambio en la conducta reprochable y en la sanción que impone, al suprimirse el elemento normativo “al que a sabiendas de que un vehículo es robado y” y aumentarse la pena de un “uno a cinco años de prisión” a “4 a 10 años de prisión”, al que sin consentimiento del que tenga derecho a otorgarlo, desmantele alguno o varios vehículos o comercialice conjunta o separadamente sus autopartes, por lo que, en ese sentido, se cumplen los lineamientos aceptados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para estimar que se constituyó un nuevo acto legislativo.
22. En efecto, este Tribunal Pleno ha determinado que, para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación en una acción de inconstitucionalidad, deben reunirse, al menos, dos aspectos:
1) Formal, que implica el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación.
2) Material, que se traduce en que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, esto es, cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores de técnica legislativa (variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, ajuste en la ubicación de los textos, cambios de nombres de entes, dependencias y organismos, una nueva publicación de la norma o la reproducción íntegra de la norma general).(14)
23. En el caso del artículo impugnado, se advierte que, por cuanto hace al aspecto formal, fue objeto de reforma que derivó de un proceso legislativo que tuvo su origen en el análisis de cinco iniciativas, las cuales fueron turnadas a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Legislatura estatal, cuyo dictamen fue aprobado por los integrantes de la citada Comisión el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mismo que fue objeto de discusión y aprobación por parte del Congreso local en sesión de uno de abril siguiente, del que derivó el Decreto posteriormente promulgado por el Gobernador del Estado y publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Por lo anterior, puede concluirse que el artículo impugnado por la Comisión actora satisface el criterio formal para estimarlo como nuevo acto legislativo.
24. Por lo que respecta al segundo aspecto, esto es, que la modificación se haya traducido en un cambio al sentido normativo de las disposiciones reformadas, este se satisface puesto que, si bien la reforma al artículo 183 Bis del Código Penal para el Estado de Querétaro, dejó intacta la descripción de la conducta típica contenida en la fracción I del referido precepto, lo cierto es que modificó elementos sustanciales, esto es, el concerniente a la consecuencia jurídica del injusto al eliminar el elemento “al que a sabiendas de que un vehículo es robado y” aumentar la pena “uno a cinco años de prisión” a “4 a 10 años de prisión”.
25. Cambio normativo que permite a este Tribunal Pleno realizar el análisis del contenido de dicha fracción por la estrecha relación que guardan entre si con el párrafo primero del precepto mencionado, esto conforme con el criterio sustentado por este Alto Tribunal, en el sentido de que es jurídicamente viable la impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad de toda la descripción de la conducta típica contenida en un precepto legal, si existe, cuando menos, la modificación de uno de sus elementos sustanciales, como el concerniente a la consecuencia jurídica del injusto al aumentar el mínimo y máximo de la pena privativa de libertad, y eliminar el elemento de la conducta referente a el conocimiento previo de que un vehículo es robado, lo cual constituye un cambio material sustantivo de la norma, pues se modifica su trascendencia, contenido y alcance.(15)
26. En suma, considerando que ha sido criterio de este Tribunal Pleno que un cambio material en una norma se produce cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, se concluye que la reforma controvertida satisface el criterio de modificación material para considerarlos un nuevo acto legislativo.
27. La misma suerte corre la fracción V del citado artículo, en atención a que el precepto impugnado por la Comisión actora satisface el criterio formal para estimarlo como nuevo acto legislativo al haber sido objeto de reforma y en cuanto al aspecto material, si bien la reforma al artículo 183 Bis del Código Penal para el Estado de Querétaro, dejó intacta la descripción de la conducta típica contenida en la fracción V del referido numeral, lo cierto es que modificó elementos sustanciales, esto es, el concerniente a la consecuencia jurídica del injusto al eliminar el elemento “al que a sabiendas de que un vehículo es robado y” aumentar la pena “uno a cinco años de prisión” a “4 a 10 años de prisión”, cuyo supuesto también acontece a la agravante contenida en el último párrafo del citado artículo.
28. Sin que esta conclusión implique un juicio adelantado sobre su constitucionalidad, ya que sólo se determina que la norma impugnada contiene un cambio normativo. En consecuencia, la causa de improcedencia alegada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Querétaro resulta infundada.
29. Al no haberse alegado otra causa de improcedencia por las partes y no advertirse otra de oficio por este Alto Tribunal, lo procedente es entrar al estudio de fondo de las disposiciones impugnadas.
30. Estas consideraciones son vinculantes, al haber sido aprobadas por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán. Las señoras Ministras Esquivel Mossa y Presidenta Piña Hernández y el señor Ministro Pardo Rebolledo, apartándose del criterio del cambio de sentido normativo.
V. FIJACIÓN DE LITIS
31. De acuerdo con el contenido del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria,(16) las sentencias en este medio de control constitucional deben de contener la fijación breve y precisa de las normas, y conforme al diverso 39 de dicho ordenamiento(17) se deben de analizar conjuntamente los razonamientos de las partes para resolver la cuestión efectivamente planteada.
32. Así, debe destacarse que la accionante señala como impugnados los artículos 60, 61 Bis, párrafo segundo, 155 y 183 Bis del Código Penal para el Estado de Querétaro, reformado mediante Ley publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Esto porque, por una parte, a su juicio los dos primeros preceptos vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, dado que el Congreso local carece de competencia para legislar cuestiones relacionadas con el aseguramiento y decomiso de bienes producto del delito.
33. Por otra parte, sostiene que los artículos 155 y 183 Bis del Código Penal para el Estado de Querétaro, vulneran el derecho a la seguridad jurídica, así como el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, en virtud de que establecen delitos configurados de forma ambigua, amplia e imprecisa que causa incertidumbre a los destinatarios de las normas.
34. Al respecto, por lo que se refiere a la impugnación del artículo 155 del Código Penal para el Estado de Querétaro, este Tribunal Pleno solo tendrá por impugnado el párrafo primero del referido precepto. Este artículo establece:
ARTÍCULO 155.- Al que cause una alteración psicológica o emocional que afecte las actividades cotidianas de una persona por manifestaciones que puedan producir cualquier daño a su persona, bienes, familia o con quien tenga vínculo de amistad, amor u otra relación de afecto, se le impondrá prisión de 1 a 3 años, trabajos a favor de la comunidad hasta por 6 meses, 100 a 300 días multa.
Al que persista en sus amenazas cuando la autoridad investigadora o judicial ya tenga conocimiento de los hechos, o se violen de cualquier modo medidas de protección o cautelares dispuestas en favor de las personas señaladas en el párrafo primero, la sanción se incrementará hasta en una mitad.
Si se cumple con la manifestación señalada en el párrafo primero, la sanción será de 3 a 5 años, además de las que correspondan por el o los delitos cometidos.
Este delito se perseguirá a petición del ofendido, excepto cuando la persona ofendida fuere un menor de edad o mayor de sesenta años o persona con discapacidad mental, intelectual, física o sensorial.
35. De un análisis detenido de la demanda y su causa de pedir se advierte que la actora impugna la constitucionalidad del párrafo primero del artículo 155 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en lo concerniente al derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad. En virtud de dicho planteamiento, y para delimitar el objeto de estudio, únicamente se debe tener por impugnado el párrafo señalado.
36. En este sentido, se tiene por impugnados los artículos 60, 61 Bis, párrafo segundo, 155, párrafo primero y 183 Bis del Código Penal para el Estado de Querétaro, reformado mediante Ley publicada en el Periódic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33828-5deec3d6/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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