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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. DELITO DE OMISIÓN DE AUXILIO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL PLANTEAMIENTO CONSISTENTE EN LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD Y DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, EN RELACIÓN CON LAS EXPRESIONES QUE COMPLEMENTAN LA CONDUCTA DELICTIVA, A SABER: "DESAMPARADO", "PELIGRO MANIFIESTO" Y "CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS PUDIERE HACERLO SIN RIESGO PROPIO NI DE TERCEROS". V. DELITO DE DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL PLANTEAMIENTO CONSISTENTE EN LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 104/2021. · Registro digital (IUS): 33749
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-11-14
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.277.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 104/2021. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 10 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JOSÉ ALBERTO MOSQUEDA VELÁZQUEZ.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 10 de febrero de 2025, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 104/2021, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro, reformados mediante decreto publicado el 2 de junio de 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El 2 de julio de 2021, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, CNDH), promovió acción de inconstitucionalidad en la que hizo valer la invalidez de los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro, reformados mediante Ley publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 2 de junio de 2021.

2. Estimó que los artículos señalados vulneran el derecho fundamental a la seguridad jurídica y al principio de legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad, además de transgredir el principio de mínima intervención del derecho penal.

3. Concepto de invalidez. En su demanda, la CNDH argumentó en un único concepto de invalidez, lo siguiente:

Los artículos 143 y 186 del Código Penal para el Estado de Querétaro, que sancionan los delitos de omisión de auxilio, así como de desobediencia y resistencia de particulares, respectivamente, vulneran el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y de mínima intervención del derecho penal (ultima ratio), por las razones siguientes:

a) La conducta descrita en el artículo 143 tiene una redacción imprecisa y ambigua que no permite conocer con suficiente claridad las conductas efectivamente prohibidas, por lo que no genera certeza a las personas respecto de cuáles actuaciones o comportamientos pueden realizar sin incurrir en los delitos.

b) Ambas disposiciones tipifican conductas que no deberían de ser sancionadas por el derecho penal, toda vez que existen medidas menos lesivas para lograr el mismo objetivo que persiguen los preceptos combatidos. Por tanto, la forma en la que el legislativo queretano configuró las disposiciones impugnadas deviene inconstitucional por trasgredir derechos humanos reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional vigente en nuestro país.

c) La demandante retoma diversos criterios constitucionales sobre el derecho humano de seguridad jurídica, del principio de legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad, así como del principio de mínima intervención.

d) Particularmente sobre el artículo 143, la demandante hace un desglose de los elementos del tipo penal de omisión de auxilio, ahí contenido. De ahí afirma que, de la literalidad de la norma impugnada y su análisis, no resulta clara en cuanto a las conductas que sanciona, pues los alcances de las porciones normativas “desamparado”, “peligro manifiesto” y “conforme a las circunstancias pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros” no se encuentran adecuadamente precisadas. Se trata de un tipo penal amplio y abierto que genera incertidumbre jurídica para las personas a las que se dirige.

e) La tipificación de dicho delito es tan amplia que permite un cúmulo de conductas e interpretaciones que, en su aplicación, dan pauta a que sean las operadoras jurídicas las encargadas de determinar cuándo una persona se encuentra en una situación desamparada o cuándo se está ante una situación de peligro manifiesto, incluso determinarán cuáles son las circunstancias que permiten prestar auxilio sin riesgo propio o de terceros.

f) Lo anterior evidencia que el delito combatido tiene varios elementos de apreciación subjetiva que no cuentan con la posibilidad de una interpretación clara y única y, por lo tanto, colocan a las personas destinatarias de la norma en un estado de incertidumbre.

g) Aunado a lo anterior, el legislativo estableció una agravante consistente en que, si la persona “desamparada” es mayor de 60 años o un menor o una persona que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, o está sujeto a tutela, custodia o guarda, la sanción se aumentará hasta en una mitad.

h) La norma establece una carga desproporcionada para las personas en tanto dispone la obligación de prestar auxilio o de dar avisos a las autoridades o a las personas que pueden prestar auxilio en todo caso. Esto implica imponer a las personas una responsabilidad excesiva, bajo pena de ser sancionadas.

i) Así, al existir una posibilidad tan amplia de interpretación, la norma permite que sea la persona juzgadora quien, en última instancia, determine en qué casos se realizó la conducta que amerita la sanción penal sin que ello pudiera ser previsto de manera cierta por la destinataria de las disposiciones.

j) La promovente estima que las conductas tipificadas en los artículos 143 y 286 del código penal local queretano trasgreden el principio de mínima intervención del derecho penal (ultima ratio).

k) El artículo 143 contraviene el principio señalado toda vez que de éste se desprende que todas las personas queretanas están obligadas en todo momento y bajo cualquier supuesto a prestar auxilio o dar aviso a la autoridad competente cuando una persona se encuentre desamparada y en peligro manifiesto. En ese sentido, se entiende que el legislativo buscó tutelar la vida, integridad y salud personal; sin embargo, al hacerlo por la vía penal, establece una carga desproporcionada como obligación a todas las personas de prestar auxilio, solicitarlo o dar aviso a una autoridad, cuando existen medios menos lesivos para garantizar los bienes jurídicos aquí tutelados como lo son las sanciones administrativas.

l) Además, el delito de omisión de auxilio no requiere que quien omite prestarlo, solicitarlo o dar aviso a la autoridad competente -sujeto activo- sea quien puso en situación de desamparado y en peligro manifiesto al sujeto pasivo. Por tanto, se sanciona el simple hecho de no “apoyar” o “ayudar” a las personas que por cualquier situación se encuentren en ese estado. La obligación dirigida a todas las personas a prestar auxilio constituye una carga desproporcionada.

m) La norma incumple con el subprincipio de fragmentariedad de la ultima ratio, pues si bien, hay ciertos ataques que pueden catalogarse como graves y llegar a producir un daño importante a las personas desamparadas y en peligro manifiesto, ello no implica que el tipo penal -por la forma en la que está redactado- únicamente sancione conductas donde se advierta de forma clara y precisa que se actualizan esas consecuencias perjudiciales gravosas. La norma también trasgrede el subprincipio de subsidiariedad, pues el legislativo local se podría apoyar en sanciones administrativas como la multa o arresto hasta por 36 horas, cuya finalidad sería la misma -salvaguardar la vida, salud e integridad de la persona desamparada y en peligro manifiesto-, sin que se sancione penalmente a las personas por prestar auxilio, solicitarlo o dar aviso a la autoridad.

n) El artículo 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro, que sanciona la desobediencia de un mandato legítimo de una autoridad, así como la conducta de rehusarse a prestar un servicio al que la ley obligue, es contrario al principio de mínima intervención dado que existen medidas menos lesivas para proteger el servicio público, como lo son las sanciones administrativas, menos gravosas a la ley penal, cuyo objetivo es el mismo -respetar y acatar los mandamientos emitidos por las autoridades públicas-, sin restringir los derechos de las personas de forma abusiva. Además, la demandante señala que el derecho penal no debe ser utilizado como primer y única medida para obtener los resultados que se buscan.

o) La Ley General de Salud ya contempla diversas sanciones de carácter administrativo que pueden aplicarse para garantizar la observancia de las determinaciones de la autoridad respecto de mecanismos de protección sanitaria para tutelar la salud individual y pública.

4. Artículos constitucionales y convencionales que se estiman violados. Los artículos constitucionales que la promovente señala como violados son los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General, 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los diversos 2, 9 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. Admisión y trámite. El 7 de julio de 2021, el entonces Presidente de esta Suprema Corte tuvo por recibida la demanda y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 104/2021, así como su turno al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para instruir el procedimiento correspondiente.

6. El ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Tuvo como autoridades emisoras de la norma a los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Querétaro y ordenó dar vista para que, dentro del plazo de 15 días, rindieran los informes correspondientes. También dio vista al Procurador General de la República para la formulación del pedimento correspondiente. Requirió al congreso local la remisión de los antecedentes legislativos de los decretos reclamados.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. El Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro, Jorge Herrera Martínez, rindió su informe en el que sostiene la constitucionalidad de los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. El Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, rindió el informe requerido, en el que aceptó como cierto que el poder ejecutivo de la entidad ordenó la promulgación y publicación de la “Ley que reforma diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro”, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 2 de junio de 2021.

9. Adicionalmente, advirtió que la CNDH ya reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro en la acción de inconstitucionalidad 5/2021 y su acumulada 6/2021, por lo que solicita que la presente acción de inconstitucional sea acumulada a las señaladas.

10. En su informe, señala que las normas impugnadas fueron reformadas por decreto publicado el 18 de diciembre del 2020 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro y, posteriormente fueron reformadas nuevamente por decreto publicado el 2 de junio de 2021. Si bien considera que ésta última reforma consistió en un cambio material, por lo que, en efecto se trata de un nuevo acto legislativo; al tratarse de forma separada en la acción de inconstitucionalidad 5/2021 y su acumulada 6/2021, se corre el riesgo de emitir sentencias contradictorias. Luego, respecto del único concepto de invalidez sostenido por la promovente, el Ejecutivo sostiene la constitucionalidad de los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro.

11. Opinión de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República no formuló pedimento en el asunto.

12. Cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y artículo 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se planteó la posible contradicción entre los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro y la Constitución.

III. OPORTUNIDAD

14. Conforme al artículo 60, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. También, para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que, si el último día del plazo es inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(1)

15. El decreto por el que se reformaron los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 2 de junio de 2021. Así, el plazo de treinta días naturales transcurrió del 3 de junio al 2 de julio de 2021. Dado que la presidenta de la CNDH presentó la demanda el 2 de julio de 2021, ésta debe considerarse oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

16. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada. La demanda fue presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano facultado para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y las emitidas por las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución.(2) La CNDH impugnó un precepto del Código Penal para el Estado de Querétaro, legislación estatal que, en su opinión, trasgrede una serie de derechos humanos con reconocimiento constitucional y convencional.

17. Conforme al artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 18 de su reglamento interno, corresponde a su presidente la representación legal. La demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo, por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

18. Lo referente a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades responsables.

19. El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro advirtió que los argumentos planteados por la CNDH en su demanda están plasmados también en la acción de inconstitucionalidad 5/2021 y su acumulada 6/2021, en las que se combate el contenido de los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro, mismos que se impugnan en la presente. Por esta razón, solicitó que la presente sea acumulada a la referida acción de inconstitucionalidad 5/2021 y su acumulada 6/2021.

20. Este Tribunal Pleno determina que esta no es razón suficiente por la cual deba ser declarada improcedente la presente acción de inconstitucionalidad. Si bien, los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro también fueron impugnados en la diversa acción de inconstitucionalidad 5/2021 y su acumulada 6/2021, el decreto que se impugnó en dicha ocasión es el publicado el 18 de diciembre del 2020 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro. Posterior a este, las normas fueron reformadas nuevamente por decreto publicado el 2 de junio de 2021 –éste último es el decreto que aquí se impugna.

21. Para este Tribunal Pleno, el decreto publicado el 2 de junio de 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa constituye un nuevo acto legislativo y, por tanto, da lugar a la procedencia del presente estudio de constitucionalidad.

22. El Pleno de este Alto Tribunal ya ha determinado(3) que para impugnar vía acción de inconstitucionalidad una norma general modificada, dicha norma debe constituir un nuevo acto legislativo, lo que implica un cambio en el sentido normativo. Es decir, no cualquier modificación da oportunidad a su impugnación, sino que deben reunirse los siguientes requisitos: a) que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) que la modificación normativa sea sustancial o material.

23. Debe entenderse que la modificación se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen el sentido normativo del precepto. Por tanto, una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.

24. Una modificación de este tipo no se daría, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas. Igualmente, no basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada.

25. En otras palabras, esta modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.

26. Así, conforme a este entendimiento de un nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa en las que, por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos o, en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo.

27. Lo que este Tribunal Pleno pretende con este entendimiento sobre nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia del supuesto normativo que se relacione con el cambio al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del poder legislativo.

28. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis de Jurisprudencia P./J. 25/2016 (10ª.) emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de rubro y texto siguiente:(4)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.

29. Ahora, para verificar lo anterior en el caso en análisis, se reproduce el contenido del artículo antes y después de la reforma de 2 de junio de 2021, que dio lugar a su impugnación:

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30. Del cuadro comparativo que precede se advierte que la modificación elaborada por virtud del decreto publicado en el periódico oficial del Estado el 2 de junio de 2021, a los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro, efectivamente implicó un cambio en el sentido normativo en lo referente a las sanciones previstas para ambos tipos penales.

31. Previo a la modificación aquí impugnada, el artículo 143 contenía una pena de prisión o trabajo en favor de la comunidad por un periodo de uno a cinco años. Mientras que ahora, el artículo vigente por virtud del decreto de reforma de 2 de junio de 2021 modificó la pena de prisión o trabajo en favor de la comunidad a un periodo de seis meses a un año -es decir, disminuyó la sanción prevista.

32. En cuanto al artículo 286 del citado ordenamiento previo a la reforma, éste preveía una pena de prisión de tres a cinco años y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Mientras que el artículo vigente por virtud del decreto de reforma de 2 de junio de 2021 modificó la pena de prisión a un periodo de seis meses a dos años y la multa a hasta cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización -es decir, disminuyó la sanción prevista.

33. En ese contexto, la reforma de la que fueron objeto los artículos transcritos efectivamente constituye un nuevo acto legislativo, en los términos sostenidos por este Tribunal Pleno. La modificación de las sanciones establecidas para ambos tipos penales implica un cambio en el sentido normativo sustancial en la configuración de los tipos penales referidos.

34. Por tanto, al catalogar la reforma que aquí se controvierte como un nuevo acto legislativo, ésta debe ser estudiada de manera separada de la acción de inconstitucionalidad 5/2021 y su acumulada 6/2021, en las que se impugnó el texto previo a la reforma del 2 de junio de 2021.

35. Así, este Tribunal Pleno determina que procede la impugnación de los artículos reformados al día siguiente de su publicación, incluyendo la porción relativa a la descripción del delito, porque si bien este aspecto no fue modificado en razón del decreto impugnado, sí se encuentra vinculado para la nueva configuración del tipo penal en los términos apuntados.

36. Bajo este razonamiento se resolvió la acción de inconstitucionalidad 155/2017 y su acumulada 156/2017,(5) en la que este Tribunal Pleno sostuvo que por virtud del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 11 de noviembre de 2017, el artículo 295 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco fue modificado de manera sustancial, en lo referente a la configuración del tipo penal, al suprimir como conducta delictiva que las personas ocasionen alguno de los hechos punibles lesivos al ambiente descritos en ese Código Penal local. Además, se modificó la pena de inhabilitación para contratar con la administración pública que preveía hasta por el lapso de seis años, para luego establecerla únicamente como inhabilitación definitiva para realizar tal contratación.

37. En dicha ocasión, este Tribunal Pleno sostuvo que las modificaciones fueron elementos sustanciales y por ello procedía su impugnación, incluyendo lo relativo a la multa (materia de impugnación de ese precedente), porque si bien no fue modificada debido al decreto, sí se encontraba vinculada por la nueva configuración del tipo penal.

38. Finalmente, al no haberse hecho valer otra causa de improcedencia o de sobreseimiento por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Querétaro, ni esta Suprema Corte de Justicia advierte de oficio que se actualice alguna, lo procedente es estudiar los conceptos de invalidez formulados por la Comisión promovente.

VI. NORMAS IMPUGNADAS

39. El texto impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice lo siguiente:

Código Penal Querétaro

Artículo 143.

Al que omita prestar el auxilio necesario a quien se encuentre desamparado y en peligro manifiesto en su persona, cuando conforme a las circunstancias pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, o al que no estando en condiciones de prestarlo no diere aviso inmediato a la autoridad o no solicitare auxilio a quienes pudieren prestarlo, se le impondrá prisión de seis meses a un año o trabajo en favor de la comunidad hasta por el mismo tiempo.

Si la conducta se realiza en agravio de una persona mayor de sesenta años, un menor o persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, sujeto a su tutela, custodia o guarda, se aumentará hasta en una mitad, la pena señalada en este artículo.

Artículo 286.

Al que sin causa legítima rehusare prestar un servicio al que la ley obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad se le impondrá prisión de seis meses a dos años y hasta cuarenta veces el valor diario de la UMA de multa.

Si la desobediencia fuera respecto de medidas de seguridad sanitaria o de protección civil que se hubiesen decretado por la autoridad competente, durante una emergencia sanitaria, se aplicará la misma sanción del párrafo anterior.

VII. ESTUDIO DE FONDO

40. En sus conceptos de invalidez, la promovente señala diversos argumentos encaminados a evidenciar la inconstitucionalidad de los artículos 143, que prevé y sanciona el delito de omisión de auxilio y 286, que prevé y sanciona el delito de desobediencia de particulares, del Código Penal para el Estado de Querétaro, reformados mediante decreto publicado el 2 de junio de 2021 en el Periódico Oficial de Gobierno de dicha entidad federativa.

41. Respecto del artículo 143 argumenta que, al tener una redacción imprecisa y ambigua, vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Además, señala que tanto el artículo 143 como el 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro transgreden el principio de mínima intervención del derecho penal toda vez que existen medidas menos lesivas para lograr el mismo objetivo que persiguen los preceptos combatidos.

42. Sobre el artículo 143 del Código Penal para el Estado de Querétaro, que contiene el delito de omisión de auxilio, en el proyecto original se proponía declarar su invalidez por ser violatorio del principio de legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad.

43. El proyecto original advertía que las porciones normativas que complementan la conducta delictiva “desamparado”, “peligro manifiesto” y “conforme a las circunstancias pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros” empleadas en el tipo penal contienen un alto grado de generalidad y de percepción subjetiva, lo que no permite identificar con la precisión suficiente su alcance.

44. Respecto del artículo 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro, que contiene el delito de desobediencia de particulares, el proyecto original proponía declarar su invalidez por ser violatorio del principio de mínima intervención.

45. El proyecto original proponía aplicar las consideraciones que la Primera Sala de esta Suprema Corte sostuvo al resolver el amparo en revisión 7787/2017, precedente en el que se analizó el delito de desobediencia de mandato. Con base en las consideraciones que la Primera Sala sostuvo en aquella ocasión, el proyecto original concluía que la medida legislativa impugnada no es necesaria para la protección del bien jurídico tutelado, sino por el contrario, implica una intervención innecesaria e injustificada en el ámbito de las libertades democráticas y en la esfera jurídica de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado.

46. Sin embargo, en sesión de 10 de febrero de 2025, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los preceptos referidos, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIII. DECISIÓN

47. Por lo antes expuesto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 143 y 286 del Código Penal para el Estado de Querétaro, reformados mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de junio de dos mil veintiuno.

SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, gírense los oficios correspondientes y devuélvanse los autos relativos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33749-e8913047/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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