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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. III. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. LA DISTINCIÓN ENTRE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS A EFECTO DE DETERMINAR LA RAPIDEZ Y LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, NO RESTRINGE EL ACCESO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES NO GRAVES A LA REPARACIÓN (ARTÍCULOS 12, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DETERMINARÁ LA NECESIDAD DE ASISTIR A LA VÍCTIMA", Y 56, FRACCIONES IV Y V, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "GRAVES", DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). IV. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. LA DISTINCIÓN ENTRE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS A EFECTO DE DETERMINAR LA RAPIDEZ Y LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES NO CONSTITUYE UNA MEDIDA DISCRIMINATORIA (ARTÍCULO 56, FRACCIONES IV Y V, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "GRAVES", DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). V. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. LA PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA LOS CASOS DE VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS ES INCOMPATIBLE CON LOS PARÁMETROS NACIONALES E INTERNACIONALES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 46, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "AMBOS CONSIDERADOS COMO GRAVES", 48, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "GRAVES", Y 114, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "GRAVES", DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). VI. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. SU ATENCIÓN CONDICIONADA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE VULNERA LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "BAJO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL", DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). VII. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. SU ATENCIÓN CONDICIONADA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE VIOLA LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "BAJO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL", DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). VIII. INTERPRETACIÓN CONFORME. CONSTITUYE UN MECANISMO PARA APLICAR SUBSIDIARIAMENTE EL ORDENAMIENTO INTERNACIONAL CON EL OBJETO DE SOLVENTAR VACÍOS LEGALES Y ALCANZAR LA MÁXIMA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. IX. PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SE ENTIENDE COMO EL ASPECTO DE QUE ÉSTOS CORRESPONDEN A TODAS LAS PERSONAS, SIN DISTINCIÓN ALGUNA. X. PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. CONSISTE EN QUE CADA UNO DE ÉSTOS SE ENCUENTRAN VINCULADOS ENTRE SÍ, AL GRADO DE QUE EL RECONOCIMIENTO DE CUALQUIERA, ASÍ COMO SU EJERCICIO, IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE RESPETEN Y PROTEJAN TODOS LOS QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS A ÉL. XI. PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CONSISTE EN QUE ÉSTOS EN SÍ MISMOS NO PUEDEN FRAGMENTARSE, CON INDEPENDENCIA DE SI SU NATURALEZA ES CIVIL, CULTURAL, ECONÓMICA, POLÍTICA O SOCIAL. XII. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CONSISTE EN LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE PROCURAR, MEDIANTE TODOS LOS MEDIOS POSIBLES, LA SATISFACCIÓN DE ÉSTOS EN CADA MOMENTO HISTÓRICO, ASÍ COMO LA PROHIBICIÓN DE CUALQUIER RETROCESO EN SU PROTECCIÓN Y GARANTÍA. XIII. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO Y ALCANCE. XIV. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. NO ES DE CARÁCTER ABSOLUTO EN SU VERTIENTE DE PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD. XV. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EL ESTADO MEXICANO PUEDE EXCEPCIONALMENTE INCURRIR EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS REGRESIVAS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS TENGAN COMO FINALIDAD ESENCIAL INCREMENTAR EL GRADO DE TUTELA DE UN DERECHO HUMANO Y GENERAR UN EQUILIBRIO RAZONABLE ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN JUEGO, SIN AFECTAR DE MANERA DESMEDIDA LA EFICACIA DE ALGUNO DE ELLOS. XVI. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. LA DISTINCIÓN ENTRE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS A EFECTO DE DETERMINAR LA RAPIDEZ Y LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES NO CONSTITUYE UNA MEDIDA REGRESIVA DE DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULOS 12, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DETERMINARÁ LA NECESIDAD DE ASISTIR A LA VÍCTIMA" Y 56, FRACCIONES IV Y V, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "GRAVES", DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). XVII. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. DEFINICIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD (DESESTIMAC

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 130/2017. · Registro digital (IUS): 30005
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-06
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 1240.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 130/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE ENERO DE 2020. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN M. MENDIZABAL FERREYRO.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de enero de dos mil veinte.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"II. Los órganos legislativos y ejecutivos que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

"A. Órgano legislativo: Congreso del Estado de Coahuila.

"B. Órgano ejecutivo: Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila.

"III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó:

"Artículos 10, fracción III, párrafo cuarto, en la porción normativa ‘bajo la disponibilidad presupuestal’; 12, párrafo segundo, en la porción normativa ‘determinará la necesidad de asistir a la víctima’; 46, en la porción normativa ‘ambos considerados como graves’; 48, párrafo primero y párrafo segundo, en las porciones normativas ‘graves’; 56, fracciones IV y V, en las porciones normativas ‘graves’; 67, párrafo tercero; y 114, párrafo primero, en la porción normativa ‘graves’, todos de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

"Publicados el día veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, en el número 69 del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante Decreto Número 922 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas posiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza."

SEGUNDO.—La parte actora estimó infringidas las disposiciones contenidas en los artículos 1o., 4o., 14, 16, 17 y 20, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 126 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para lo cual formuló los conceptos de invalidez siguientes.

ÚNICO.—Los artículos 10, fracción III, último párrafo, en la porción normativa "bajo la disponibilidad presupuestal"; 12, párrafo segundo, en la porción normativa "determinará la necesidad de asistir a la víctima"; 46, en la porción normativa "ambos considerados como graves"; 48, párrafo primero y párrafo segundo, en las porciones normativas "graves"; 56, fracciones IV y V, en las porciones normativas "graves"; 67, párrafo tercero; y 114, párrafo primero, en la porción normativa "graves", todos de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vulneran los derechos humanos de igualdad y no discriminación, de acceso a la justicia, de seguridad jurídica, así como los derechos de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas. Además contravienen el principio de progresividad.

Lo anterior, ya que los artículos impugnados condicionan el acceso de una víctima a ser reparado, dependiendo de la gravedad del daño sufrido, limitando su acceso exclusivamente cuando se traten de delitos graves o violaciones graves a derechos humanos.

Asimismo, la transgresión al derecho de reparación integral del daño causado a las víctimas, implica un incumplimiento de la obligación del Estado.

De igual manera se transgrede el principio de proporcionalidad, debido a que previo a las modificaciones impugnadas, la norma brindaba una protección más amplia y garantizaba el acceso a una reparación a un sector más amplio que al que actualmente se protege.

En ese sentido, el artículo 67 de la ley impugnada establece una definición cerrada y deficiente del concepto de violaciones graves a derechos humanos, pues no atiende a la evolución progresista de dicho concepto, además de que limita un análisis casuístico de cada asunto para determinar la existencia de violaciones graves, lo que configura una violación al derecho de seguridad jurídica de las víctimas.

La Ley General de Víctimas se creó acorde con el nuevo paradigma constitucional y en favor de la reforma de derechos humanos, dicha ley garantiza los derechos de todas las víctimas, sin realizar distinción alguna, situación que no ocurre con la ley impugnada, pues ésta restringe el acceso a los derechos de las víctimas cuando aquéllas sean por delitos o violaciones graves.

Asimismo, si bien es cierto que la ley general establece el carácter de prioritario que tienen las víctimas de violaciones o delitos graves a derechos humanos en función del grado de afectación que han sufrido, ello no implica que se restrinja o limite el acceso a los derechos de las víctimas.

A. Las porciones normativas impugnadas constituyen un trato discriminatorio.

Los artículos impugnados realizan una diferenciación injustificada entre las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos graves frente a las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos no graves, distinción que impacta en el acceso a la asistencia en la prestación de servicios de atención y tratamiento, así como a la compensación prevista en la norma para efecto de garantizar la reparación integral del daño a la víctima; pues tales derechos dependen de la gravedad de afectación sufrida.

Lo anterior constituye una diferenciación de trato carente de razonabilidad y objetividad, pues el artículo 12 de la ley impugnada establece que será la gravedad del daño sufrido por la víctima lo que determinará la necesidad de asistir a aquélla en la prestación de servicios y en la implementación de acciones para brindarles atención y tratamiento, es decir, si no existe la gravedad en la afectación que demuestre la necesidad de otorgar tales medidas, éstas pueden no ser prestadas.

Ahora, si bien no toda diferenciación es discriminatoria, en el caso concreto, se hace la distinción entre personas que están en la misma situación jurídica, ya que aquéllas fueron víctimas de algún delito o violación a derechos humanos, que independientemente de la gravedad de su afectación deben ser tratadas igualmente, estableciéndose condiciones para que las víctimas puedan acceder en igualdad de condiciones a los mismos derechos.

Bajo esa línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que es irrelevante si el legislador tuvo la intención de discriminar o no, aunado a que la discriminación de la norma puede ser por su resultado, pues aparentemente pueden ser neutras; sin embargo, el resultado o la aplicación de su contenido puede constituir un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja.

Asimismo, los artículos cuestionados limitan la atención a las víctimas a la disponibilidad presupuestal, es decir, si existe una partida contemplada en las arcas públicas para otorgar dicha atención ésta se otorgará; sin embargo, si no existe un apartado destinado para tal objeto, las víctimas no podrán ser atendidas bajo el pretexto de carencia presupuestal.

B. Las normas impugnadas constituyen una transgresión al principio de proporcionalidad que rige los derechos humanos.

Los artículos impugnados son una regresión a la protección de derechos humanos, toda vez que anterior a su reforma, la ley brindaba una protección más amplia a diferencia de la protección brindada ahora.

Ello, ya que anterior a la reforma, la ley no preveía que el acceso a los derechos estaría condicionado a la disponibilidad presupuestal, ni tampoco que la violación a derechos humanos o la afectación sufrida por la víctima debía ser "grave" para acceder a los derechos de la víctima; situación que implica su incompatibilidad con el marco constitucional de derechos humanos.

C. El artículo 10, fracción III, último párrafo, en la porción normativa "bajo la disponibilidad presupuestal", condiciona el otorgamiento de atención a víctimas con base en el presupuesto disponible.

El numeral impugnado condiciona la atención médica a las víctimas en las instituciones privadas dependiendo de la disponibilidad presupuestal con que cuenta la institución, lo que constituye una exclusión, al no garantizar el Estado un acceso de igualdad de condiciones para todas las personas a los servicios de salud.

Es así, dado que el ordenamiento impugnado señala que las víctimas tienen derecho a medidas de atención y asistencia, las cuales serán proporcionadas por instituciones públicas de la entidad, determinando como salvedad que en caso urgente o de extrema necesidad se podrá recurrir a las instituciones privadas bajo la disponibilidad presupuestal.

Dicha disponibilidad presupuestal constituye una condición indispensable para que en caso urgente se recurra a servicios proporcionados por instituciones privadas, lo que evidencia un límite del Estado para efecto de cumplir sus obligaciones, lo que viola los derechos humanos, pues dicha atención no puede verse restringida por una situación económica.

Aunado a lo anterior, el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral garantiza la disponibilidad presupuestal necesaria para brindar los servicios que la víctima requiera y, a su vez, dicho fondo, se encuentra en posibilidad de resarcir los gastos erogados con cargo a los responsables del delito o la violación a derechos humanos, por lo que no es una excusa válida la falta de disponibilidad presupuestal.

Además, de manera implícita se da la permisión de negar la atención en clínicas y hospitales privados, así como impedir los servicios legales privados a las víctimas, alegando que no hay presupuesto disponible para ello, con lo que se viola el artículo 1o. constitucional.

Es decir, los artículos combatidos generan supuestos de discriminación por motivos económicos, en tanto que se trata de una distinción que tiene como efecto obstaculizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, en este caso, el de protección a la salud en clínicas y hospitales, así como instituciones de asesoría de carácter privado.

D. El artículo 67 establece una definición única del concepto de violaciones graves no prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El legislador del Estado de Coahuila estableció su propio concepto de violaciones a derechos humanos, en el cual, si bien pretendió recoger las consideraciones señaladas por la Corte Interamericana, lo cierto es que omitió tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido sus propios criterios en esta materia, los cuales se desarrollan, principalmente en ejercicio de la facultad de investigación que se le otorgó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En ese sentido, la Comisión tiene la facultad constitucional para determinar cuando existen violaciones graves a los derechos humanos atendiendo a cada caso concreto.

Así, se advierte que existen parámetros tanto internacionales como nacionales para determinar la existencia de violaciones graves a derechos humanos, pues dicha calificación no puede supeditarse a un criterio único y general que determine su existencia, ya que se debe realizar un análisis profundo de cada caso en particular.

En tal virtud, el concepto contenido en el artículo 67, no es congruente con la evolución progresista que se ha dado en la realidad, aunado a que dicho concepto impacta en la aplicación de los demás artículos impugnados. Además de que al no existir un concepto único que defina las violaciones graves, se trastoca la seguridad jurídica de los particulares.

En conclusión, los artículos impugnados acotan la procedencia de las medidas de rehabilitación, indemnización compensatoria y garantías de no repetición, exclusivamente a aquellos casos en los que se configure una violación grave a derechos humanos, situación que no es compatible con los parámetros nacionales e internacionales, pues la reparación integral a las víctimas debe darse sin cuestionar el nivel de gravedad ocasionado.

TERCERO.—Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 130/2017 y, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor en la acción de inconstitucionalidad referida.

CUARTO.—El dos de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la acción, ordenó dar vista al Órgano Legislativo que emitió las disposiciones impugnadas y al Poder Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.

QUINTO.—Al rendir su informe, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza manifestó en síntesis lo siguiente.

La reforma impugnada se dio con motivo de un mandato impuesto en una ley de jerarquía superior, la razón toral de ella, fue armonizar la ley local con la Ley General de Víctimas.

La calificativa de violación a derechos grave o distinción de gravedad no fue introducida de forma innovadora por el Congreso de Coahuila, sino que tiene su antecedente en la ley general, en su artículo 88 Bis, en su fracción II.

Es decir, la propia ley general reconoce que existe la posibilidad de calificar una violación a los derechos humanos como grave, aunado a que no existe disposición en la Constitución Federal u algún otro ordenamiento que impida calificar una violación a los derechos humanos.

En tal virtud, la norma que se impugna da orden y fija preceptos claros para que las víctimas de violaciones graves puedan acceder a determinados beneficios, además de que, dicha distinción no es discriminación, sino se fijó sobre bases legales, con casos y supuestos contenidos en la norma.

Todo derecho humano puede limitarse en su ejercicio, siempre y cuando se atienda a un fin válido, lo que acontece en este caso, pues la ley local señala las medidas y beneficios de una víctima atendiendo a la gravedad del daño, ello debidamente motivado.

El Congreso Local tiene libertad configurativa para determinar cuáles son los casos de violaciones graves en su ley local como lo previene el artículo 67, para que en vía de consecuencia y atendiendo al impacto que tiene la afectación en las víctimas, se puedan establecer medidas y beneficios concretos.

Asimismo, se optimizan los recursos públicos, puesto que son dirigidos en función de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, pues se asegura que las víctimas que se encuentren en dicha situación, reciban una atención prioritaria.

En ese sentido, la clasificación de violaciones graves a los derechos humanos no es una innovación legislativa de dicho Congreso, sino que responde a la ley general, así como a precedentes jurisdiccionales que validan la existencia de tales clasificaciones, pues éstos permiten normar y regular los efectos de aquéllos.

SEXTO.—Por su parte, el director de Asuntos Contenciosos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en representación del gobernador de dicha entidad federativa, al rendir su informe, manifestó lo siguiente.

La reforma de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, obedece a la necesidad de una armonización legislativa derivada de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el año de dos mil once, así como el mandato contenido en el transitorio noveno de la reforma a la Ley General de Víctimas, el cual impuso la obligación a las entidades federativas de realizar modificaciones a sus respectivas legislaciones sobre dicha materia; reforma que protege los derechos humanos de una manera más eficaz, como se desprende de la exposición de motivos y dictamen de aquélla.

SÉPTIMO.—La Procuraduría General de la República formuló pedimento, el cual se encuentra agregado en el toca del expediente.

OCTAVO.—Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor cerró instrucción a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que se plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Constitución Federal.

SEGUNDO.—En primer lugar se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, para lo cual resulta necesario precisar que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente ..."

Ahora bien, la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza que contiene los preceptos impugnados fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el martes veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover esta acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del miércoles treinta de agosto al veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Ver plazo

De este modo, según consta del sello que obra al reverso de la página cincuenta y cuatro del escrito de la acción correspondiente, ésta se presentó el jueves veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual, es inconcuso que su presentación fue oportuna.

TERCERO.—En cuanto a la legitimación de la parte promovente, se tiene por acredita en virtud de lo siguiente.

Los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, son del tenor siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."

En ese sentido, la acción de inconstitucionalidad fue promovida por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el fundamento para ello se encuentra en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, con base en el cual ese organismo puede ejercer ese medio de control de constitucionalidad en contra leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

Asimismo, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el diverso 59,(1) la accionante debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla. En el caso, en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparece su presidente Luis Raúl González Pérez, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de fecha trece de noviembre de dos mil catorce.(2)

De igual forma, ese funcionario cuenta con facultades para representar a ese órgano constitucional autónomo, de conformidad con la fracción I del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tiene la atribución para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con la fracción XI de esa disposición; así como del diverso numeral 18 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(3)

Por lo tanto, dicho funcionario cuenta con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad y para actuar en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.

Además, se está impugnando la validez de diversos artículos de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por ser contrarios a la Constitución Federal; por ende, se acreditan todos los supuestos de legitimación que exige la ley.

CUARTO.—Previo al estudio del fondo del asunto, se analizarán las causas de improcedencia que las partes hubiesen hecho valer o que de oficio advierta este Alto Tribunal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo último, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo Local adujo que es improcedente la acción de inconstitucionalidad dado que no se le atribuyeron de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de las disposiciones impugnadas.

Añadió que si bien es cierto fue promulgada y publicada la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza en el Periódico Oficial, también lo es que lo hizo en atención a que es un deber del Ejecutivo previsto en la Constitución Estatal.

Así, el alegato del Poder Ejecutivo Local consiste en que su actuación se ciñó al cumplimiento de las facultades que tiene de promulgar y publicar la legislación impugnada; argumento que se debe desestimar porque al tener injerencia en el proceso legislativo de las disposiciones generales para otorgarles validez y eficacia, el Ejecutivo Local está invariablemente implicado en su emisión, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a lo establecido en la Constitución Federal.

Lo anterior en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2010,(4) cuyos rubro y texto son del tenor siguiente.

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el párrafo 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República."

Así, al resultar infundada la causa de improcedencia aludida y al no advertir alguna otra de oficio por parte de este Alto Tribunal, se procede al estudio de fondo.

QUINTO.—Estudio de fondo. Los problemas que se abordan en el proyecto son los siguientes.

Ver temas

Tema 1. Trato discriminatorio al clasificar las violaciones de derechos humanos como graves para poder tener acceso a los derechos de las víctimas.

La Comisión promovente impugna los artículos 12, párrafo segundo, en la porción normativa "determinará la necesidad de asistir a la víctima; 46, en la porción normativa "ambos considerados como graves"; 48, párrafos primero y segundo, en las porciones normativas "graves"; 56, fracciones IV y V, en las porciones normativas "graves"; y 114, párrafo primero, en la porción normativa "graves", de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Lo anterior, ya que, a su juicio, dichos preceptos condicionan el acceso de una víctima a ser reparado, dependiendo de la gravedad del daño sufrido, limitando su acceso exclusivamente cuando se traten de delitos graves o violaciones graves a derechos humanos, lo que implica la transgresión al derecho de reparación integral del daño causado a las víctimas, es decir, sostiene que ello denota un incumplimiento de la obligación del Estado.

Refiere que los artículos impugnados realizan una diferenciación injustificada entre las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos graves frente a las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos no graves, distinción que impacta en el acceso a la asistencia en la prestación de servicios de atención y tratamiento, así como a la compensación prevista en la norma para efecto de garantizar la reparación integral del daño a la víctima; pues tales derechos dependen de la gravedad de afectación sufrida.

En ese sentido, aduce que dicha diferenciación de trato es carente de razonabilidad y objetividad, pues el artículo 12 de la ley impugnada establece que será la gravedad del daño sufrido por la víctima lo que determinará la necesidad de asistir a aquélla en la prestación de servicios y en la implementación de acciones para brindarles atención y tratamiento; es decir, si no existe la gravedad en la afectación que demuestre la necesidad de otorgar tales medidas, éstas pueden no ser prestadas.

Asimismo, manifiesta que si bien es cierto que la Ley General de Víctimas establece el carácter de prioritario que tienen las víctimas de violaciones o delitos graves a derechos humanos en función del grado de afectación que han sufrido, ello no implica que se restrinja o limite el acceso a los derechos de las víctimas.

A fin de estar en posibilidad de atender los planteamientos realizados, conviene traer a colación el texto de los artículos impugnados.

Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza

"...

"Artículo 12. La atención inmediata es aquella brindada a una persona con la finalidad de preservar el mínimo estado de bienestar físico, psíquico, jurídico, familiar, y cualquier otro que afecte su esfera personal, y cuya ausencia al momento de ser solicitada pone en riesgo cualquiera de los estados de bienestar señalados en este párrafo.

"La gravedad del daño sufrido por las víctimas determinará la necesidad de asistir a la víctima en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.

"Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, niñas, niños, adultos mayores y población indígena."

"Artículo 46. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos o la comisión de delitos, ambos considerados como graves, en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta ley y el reglamento."

"Artículo 48. Todas las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:

"I. Un órgano jurisdiccional nacional;

"II. Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los tratados internacionales ratificados por México;

"III. Un organismo público de protección de los derech

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30005-0f18c22b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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