I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FORMA PARTE DEL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL AL ESTAR RECONOCIDA EN LA CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUNQUE LA CONSTITUCIÓN GENERAL NO HAGA REFERENCIA EXPRESA A AQUÉLLA. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN REQUISITO INELUDIBLE EN LA LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES PARA ASEGURAR LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN REQUISITO PROCEDIMENTAL DE RANGO CONSTITUCIONAL, CUYA OMISIÓN CONSTITUYE UN VICIO FORMAL INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y, CONSECUENTEMENTE, DEL PRODUCTO LEGISLATIVO. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LOS CASOS DE LEYES QUE NO SON EXCLUSIVAS O ESPECÍFICAS EN REGULAR LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESTOS GRUPOS, LA FALTA DE CONSULTA PREVIA NO IMPLICA LA INVALIDEZ DE TODO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SINO ÚNICAMENTE DE LOS PRECEPTOS QUE DEBÍAN SER CONSULTADOS Y RESPECTO DE LOS CUALES EL LEGISLADOR FUE OMISO EN LLEVAR A CABO LA CONSULTA PREVIA, CONFORME A LOS ESTÁNDARES ADOPTADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 7, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON UN TIPO CONCRETO DE ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. X. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 12, APARTADO 1, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, TAMBIÉN TIENE APLICACIÓN EN LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE PUEDAN AFECTAR A MENORES CON DISCAPACIDAD, LO CUAL RESULTA RELEVANTE PORQUE EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ES CLARO EN ESTABLECER QUE LAS CONSULTAS DEBEN INCLUIR A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD, DE MANERA QUE EXCLUIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS MENORES EN EL PARLAMENTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN REALIDAD RESULTA CONTRARIO A ESE PRECEPTO CONVENCIONAL. XI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. TODAS LAS AUTORIDADES EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES –INCLUIDAS LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS– ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTAR A ESTOS GRUPOS VULNERABLES ANTES DE ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR SUS DERECHOS O INTERESES. XII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES A LA LEY PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A ESE GRUPO VULNERABLE POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE DICHA CONSULTA (INVALIDEZ DEL DECRETO 216 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE REALIZARLA CUANDO UNA LEGISLACIÓN LOCAL AFECTA DIRECTAMENTE A ESE GRUPO DE PERSONAS, VULNERA EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INVALIDEZ DEL DECRETO 216 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 60/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE ABRIL DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 60/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra el Decreto 216 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el veintidós de marzo de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.
1. PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como norma general impugnada y órganos emisores los siguientes:
• Norma general cuya invalidez se reclama:
- Decreto 216 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad, el veintidós de marzo de dos mil veintidós.
• Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
- Congreso del Estado de Quintana Roo.
- Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró violados los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3. TERCERO.—Concepto de invalidez. Para sustentar la violación de los derechos antes referidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aduce, en esencia, lo siguiente:
- El Decreto 216 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo vulnera el derecho a la consulta estrecha con la participación activa de las personas con discapacidad, previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues el Congreso local no llevó a cabo la consulta, previo a la expedición del Decreto impugnado.
- Aduce que el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre las políticas y programas, incluidos los que les afecten directamente; por ello, para la expedición o adopción de cualquier norma legislativa y política en materia de discapacidad deben celebrarse consultas estrechas, públicas y adecuadas, garantizando la plena participación e inclusión efectiva de las mismas.
- Agrega que los Estados deben contactar, consultar y colaborar de forma oportuna con las organizaciones de personas con discapacidad, por lo que debe dar acceso a toda la información pertinente, incluidos los sitios web, mediante formas digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como la interpretación de lengua de señas, textos en lectura fácil y lenguaje claro; además, deben de incluirse a los niños y niñas con discapacidad.
- Estima que las autoridades públicas deben considerar, las opiniones y perspectivas de las organizaciones de personas con discapacidad cuando examinen cuestiones relacionadas directamente con esas personas, informando de los resultados de los procesos proporcionando una explicación clara, en un formato comprensible, de las conclusiones, las consideraciones y los razonamientos de las decisiones sobre el modo en que se tuvieron en cuenta sus opiniones y razones.
- Menciona que el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás; pues la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.
- Agrega que la única manera de lograr que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos, es que las mismas sean escuchadas de manera previa a la adopción de medidas legislativas que les atañen, pues son ellas quienes tienen conocimiento de las necesidades y especificidades de su condición, que servirán para garantizar el pleno goce de sus derechos.
- Estima que la obligación de consultar a las personas con discapacidad no es optativa, sino obligatoria, pues constituye un requisito procedimental de rango constitucional, lo cual implica que su omisión se configura como un vicio formal con carácter invalidante del procedimiento parlamentario y, consecuentemente, del producto legislativo.
- Refiere que las disposiciones reformadas y adicionadas, introducen un sistema de participación exclusivo para las personas que viven con alguna discapacidad; por tanto, el Congreso Local tenía la obligación de celebrar una consulta previa, estrecha y con la colaboración activa de ellas; y al no haberse realizado el Decreto impugnado deviene inconstitucional.
- Afirma que el contenido del Decreto impugnado tiene como finalidad garantizar el derecho de participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad; por tanto, se debe reconocer la labor del Congreso Local por establecer disposiciones cuya finalidad es garantizar los derechos humanos de las personas que viven con alguna discapacidad; no obstante, en virtud de que las disposiciones atañen y afectan directamente el ejercicio de los derechos de las personas que viven con alguna discapacidad, era imperativa su participación en la elaboración del Decreto en estudio; sin embargo, la consulta no fue realizada, toda vez que del análisis al proceso legislativo se advierte que las personas con discapacidad no fueron consultadas respecto de las medidas legislativas adoptadas.
- Agrega que las personas con discapacidad son un sector de la sociedad históricamente excluido, marginado y discriminado, lo cual las coloca en una situación de vulnerabilidad, por lo que es necesario consultarlos para conocer si las medidas legislativas constituyen real y efectivamente, una medida que les beneficie. Así, aunque pudieran parecer medidas idóneas y adecuadas para el ejercicio de su derecho a expresarse, opinar y participar en asuntos públicos, lo cierto es que esa calificación corresponde exclusivamente a las personas con discapacidad, de ahí la importancia de la consulta; sin embargo, no hay constancia alguna que acredite que ese ejercicio participativo se haya llevado a cabo.
- Al no haberse celebrado una consulta a las personas interesadas a las organizaciones que las conforman, ni a las que las representan, el precepto impugnado debe declararse inválido.
- Finalmente, solicita que los efectos de la declaratoria de invalidez por falta de consulta a las personas con discapacidad se extiendan a todas aquellas normas que estén relacionadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 45, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. CUARTO.—Admisión y trámite. Mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, bajo el número 60/2022; y por razón de turno, designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que actuara como instructor en el procedimiento.
5. Por acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Quintana Roo, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; a la Fiscalía General de la República para que hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera; así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que de considerar que la materia del juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera, hasta antes del cierre de la instrucción.
6. QUINTO.—Certificación. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de quince días concedido a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Quintana Roo, para rendir sus informes respectivos, transcurriría del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil veintidós.
7. SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Mediante oficio depositado el ocho de junio de dos mil veintidós en la oficina de correros de esa localidad y recibido el catorce de junio siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de Quintana Roo, por conducto del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVI Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:
- Considera infundado el concepto de invalidez que hizo valer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo a la falta de consulta a las personas con discapacidad en el procedimiento legislativo, dado que si bien el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé la obligación de consultar a las personas con discapacidad, lo cierto es que no existen los requisitos que se deben cumplir para llevarlas a cabo.
- Menciona que el objetivo de la reforma a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, es que las personas con discapacidad participen activamente en el proceso legislativo a través "Del Parlamento para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo", mismo que es acorde con el "Manual para Parlamentarios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo", en su Capítulo Quinto denominado "La legislación nacional y la Convención."
- Agrega que el Decreto 216 también es acorde con el documento "El Parlamento y la democracia en el siglo veintiuno: una guía de buenas prácticas"(1) en el cual establecen los lineamientos para la ciudadanía en la labor legislativa, como es, contar con lo siguiente:
• un registro público de ONG y otros organismos, organizado por temas y alfabéticamente;
• un registro similar de expertos;
• publicidad efectiva a través de diversos medios de comunicación, anunciando el examen de proyectos de ley, investigaciones, audiciones públicas, etc.
• invitaciones a organizaciones y expertos, incluyendo según convenga representantes de los grupos marginados, para presentar testimonio o formular propuestas;
• procedimientos para presentar comentarios y propuestas individuales de ciudadanos;
• un manual y/o cursos de formación acerca de la presentación de comentarios, propuestas y testimonios ante órganos legislativos;
• un registro público disponible en línea de todas las peticiones y propuestas formuladas;
• audiciones públicas a nivel local, con resúmenes escritos de testimonios orales.
- Añade que de la Observación General número 7, sobre la participación de las personas con discapacidad, en el inciso "C. Alcance al artículo 4, párrafo 3, en su apartado: 1. Cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad" se advierte que se ha cumplido a cabalidad con cada uno de sus puntos relevantes con el Parlamento Abierto para las Personas con Discapacidad. De manera que, el Decreto 216 no conlleva a una afectación hacia las personas vulnerables. Por lo que las consultas no siempre se configuran, sino que atienden cuando hay una afectación de forma directa o indirecta a los derechos de las personas con discapacidad, o que podrían afectar la vida de este sector vulnerable.
- Que en el caso resulta aplicable, por analogía, la tesis aislada número 2a. XXVII/2016 (10a.) de rubro: "PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EN SU DERECHO A SER CONSULTADOS, EL ESTÁNDAR DE IMPACTO SIGNIFICATIVO CONSTITUYE ELEMENTO ESENCIAL PARA QUE PROCEDA."(2)
- Sostiene que el Decreto impugnado resulta constitucional, en apego a la Constitución Federal y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puesto que no contraviene ningún derecho de las personas con discapacidad, sino por el contrario, establece el espacio para mejorar la ley con base en opiniones, vivencias, argumentos, propuestas, experiencias, necesidades, que acontecen en torno a este sector vulnerable de la sociedad, por ende, en el Parlamento Abierto para las Personas con Discapacidad estará el espacio abierto para poder presentar iniciativas que puedan beneficiar la vida de ese sector poblacional, así como manifestar cada una de sus inconformidades y mejorar el marco jurídico de la materia, lo anterior, observando el principio de progresividad de los derechos humanos.
- Refiere que esta Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 109/2016, sostuvo que no se encuentra en forma expresa en la Constitución, ni en una ley o reglamento específico, la forma en que se deba realizar la consulta previa a las personas con discapacidad.
- Aduce que el Decreto 216 no tiene ninguna afectación directa o indirecta a las personas con discapacidad, ni mucho menos un efecto desproporcionado sobre éstas; en consecuencia; la medida legislativa impugnada no requiere del tratamiento señalado consistente en la celebración de una consulta estrecha, al no colmarse los requisitos referidos para tener la obligación de realizarla.
8. SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Mediante oficio depositado el diez de junio de dos mil veintidós en la oficina de correos de esa localidad y recibido el veinte de junio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, por conducto de Landy Beatriz Blanco Lizama, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:
- Manifestó que es cierto el acto consistente en la promulgación y publicación del Decreto Impugnado.
- Señala que la norma impugnada es legal y no contraviene los artículos 1 de la Carta Magna y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que fue realizada en cumplimiento a lo establecido en los numerales 69 y 91, fracciones I, II y XIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y 2o., párrafo segundo y 7o., fracción II, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, que facultan al Gobernador del Estado a promulgar en el Periódico Oficial del Estado los Decretos expedidos por la Legislatura local del Estado.
9. OCTAVO.—Alegatos. Mediante oficios presentados el diecinueve y veintisiete de julio de dos mil veintidós, respectivamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, formularon los alegatos que estimaron convenientes.
10. NOVENO.—Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimento en este asunto.
11. DÉCIMO.—Cierre de instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023(5) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve este medio de control constitucional contra normas generales de carácter estatal, al considerar que su contenido es violatorio de derechos humanos.
II. OPORTUNIDAD
13. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(6)
14. En este caso, el Decreto que contiene las normas impugnadas fue publicado el martes veintidós de marzo de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, por lo que el plazo legal para su impugnación transcurrió del miércoles veintitrés de marzo al jueves veintiuno de abril del mismo año.
15. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad es oportuna, pues el escrito de demanda se presentó el veintiuno de abril de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
III. LEGITIMACIÓN
16. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que estime violatorias de derechos humanos.
17. Además, conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
18. Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) confiere al Presidente de dicho órgano la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad.
19. En ese contexto, se advierte que la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación expedido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por el Senado de la República, suscrito por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho órgano legislativo.
20. Aunado a que impugna el Decreto 216 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, por estimarlo violatorio del derecho a la consulta de las personas con discapacidad. 21. Por tanto, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su debido representante y se plantea que las disposiciones impugnadas vulneran derechos humanos.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
22. Este Tribunal Pleno no advierte, de oficio, que se actualice alguna causal de improcedencia y dado que ni el Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Quintana Roo hicieron valer alguna que deba ser previamente analizada, lo procedente es estudiar el fondo.(9)
V. ESTUDIO DE FONDO
23. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona la validez del Decreto 216, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, por considerar que vulnera el derecho a la consulta estrecha y colaboración activa de las personas con discapacidad, reconocido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
24. Bajo esa lógica, para dar respuesta al concepto de invalidez hecho valer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el estudio se dividirá en tres apartados: en el "Apartado A" se hará referencia al sustento constitucional y convencional de la consulta previa a personas con discapacidad; en el "Apartado B" se hará referencia a la línea jurisprudencial que ha seguido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la consulta previa a personas con discapacidad; en el "Apartado C" se estudiará el caso concreto a fin de responder las interrogantes siguientes: C.1. ¿las normas impugnadas son susceptibles de afectar directamente a las personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo? —si la respuesta es positiva, la consulta previa sería necesaria— y de ser el caso, se deberá responder: C.2. ¿el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, llevó a cabo el procedimiento de consulta previa?
25. A. Sustento constitucional y convencional de la consulta previa a personas con discapacidad.
26. A raíz de la reforma constitucional del diez de junio de dos mil once, el párrafo primero del artículo 1o. constitucional señala lo siguiente:
"Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."
27. Como se advierte, a raíz de esa reforma se incorporaron al marco constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, de tal suerte que al resolverse la contradicción de tesis 293/2011, este Alto Tribunal arribó a la conclusión de que ambos, es decir, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.(10)
28. Ahora bien, entre los tratados internacionales que México ha suscrito y que por tanto han sido incorporados al bloque de constitucionalidad, se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
29. En el preámbulo de esa Convención se reconoció que la discriminación de cualquier persona por razón de discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano.
30. Además, se reconoció que la discapacidad tiene un origen social, pues ésta resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud de las demás personas y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones; por ello también se reconoció la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad, como parte de las estrategias pertinentes al desarrollo y la necesidad de que las personas con discapacidad participen activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre las políticas y programas que les afecten directamente.
31. Bajo esa lógica, en el artículo 4 de la Convención los Estados Parte asumieron diversas obligaciones para asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas con discapacidad, entre ellas, el adoptar las medidas legislativas que sean pertinentes para hacer efectivos sus derechos; y en concordancia con lo anterior, en el apartado 3 de ese numeral, expresamente se establece lo siguiente:
"Artículo 4.
Obligaciones generales.
[...]
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. [...]"
32. Así, aunque la Constitución, no haga referencia expresa al derecho a la consulta en la elaboración de leyes vinculadas a las personas con discapacidad, al estar reconocido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, forma parte del parámetro de regularidad constitucional; y, por tanto, constituye un derecho de las personas con discapacidad, es una obligación que se debe satisfacer por parte del legislador y un deber de la Suprema Corte el vigilar que sea respetado.
33. B. Línea jurisprudencial sobre la consulta previa a personas con discapacidad.
34. Esta no es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse en torno al derecho que tienen las personas con discapacidad a ser consultadas sobre la elaboración de las leyes que les atañen, pues ya ha hecho diversos pronunciamientos al respecto.
35. La primera ocasión que se pronunció sobre el tema fue al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(11) en ese asunto el Pleno determinó que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos esas personas.
36. En dicho precedente, este Alto Tribunal sostuvo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad involucra a la sociedad civil, en particular, a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de personas con discapacidad, además que colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.
37. En la acción de inconstitucionalidad 101/2016,(12) el Tribunal Pleno invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos al existir una ausencia absoluta de consulta a las personas con discapacidad. Así, se reconoció el deber convencional del derecho a la consulta de las personas con discapacidad.
38. En el citado asunto, se precisó que con anterioridad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció respecto de la necesidad de consultar a grupos representativos de las personas con discapacidad sobre decisiones que les conciernen.(13)
39. Después, al fallar la acción de inconstitucionalidad 68/2018,(14) este Alto Tribunal invalidó ciertos preceptos de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí al considerar que el órgano legislativo no consultó a las personas con discapacidad.
40. En ese precedente se destacaron algunas cuestiones del contexto en el que surge la obligación de consulta y su importancia en la lucha del movimiento de las personas con discapacidad por exigir sus derechos.
41. En primer lugar, se indicó que la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad —donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos de la ayuda que se les brinda— y, en cambio, se favorezca un modelo social en el que la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista.
42. En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad se encuentra estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención [artículo 3, inciso a], con su derecho de igualdad ante la ley [artículo 12] y a la participación [artículos 3, inciso c), y 29] que se plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin nosotros".
43. También se indicó que el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, debido a que el proceso de creación de ese tratado internacional fue justamente uno de participación genuina y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La Convención fue el resultado de todas las opiniones ahí vertidas, por lo que se aseguró la calidad de la Convención y su pertinencia para las personas co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32767-5f8e18e5/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO. NO CONSTITUYE UN MEDIO QUE EXCLUYA LA POSIBILIDAD D (XXX.4o. J/1 K (10a.))
- ACTOS FUNDADOS EN UNA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL CON EFECTOS GENERALES POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. PUEDEN IMPUGNARSE, A ELECCIÓN DEL AFECTADO, (P./J. 4/2023 (11a.))
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