I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. SALUBRIDAD GENERAL. FACULTAD CONCURRENTE ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LEGISLAR EN LA MATERIA. V. SALUBRIDAD GENERAL. PARA PUNTUALIZAR CUÁLES SERÁN LOS SERVICIOS QUE SERÁN ORGANIZADOS Y OPERADOS POR LA FEDERACIÓN Y CUÁLES POR LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 13 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. VI. SALUBRIDAD GENERAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN COMPETENCIA EN LA MATERIA EN FUNCIÓN DE LO QUE DETERMINEN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN SU LEGISLACIÓN. VII. SALUBRIDAD GENERAL. DEBE ENTENDERSE QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES PUEDEN REGULAR EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY GENERAL CONCEDE A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES. VIII. SALUBRIDAD GENERAL. LA FEDERACIÓN TIENE FACULTADES PARA ESTABLECER NORMAS TÉCNICAS VINCULANTES PARA TODAS AQUELLAS ENTIDADES FEDERALES O LOCALES QUE INTEGREN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. IX. SALUBRIDAD GENERAL. PARA DETERMINAR SI SE ACTUALIZA UNA INVASIÓN COMPETENCIAL EN LA MATERIA, ES NECESARIO DEFINIR PRIMERO, SI LA REGULACIÓN EN CUESTIÓN ENCUADRA DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE LA LEY GENERAL DE SALUD HA ENUNCIADO COMO PARTE DE LA SALUBRIDAD GENERAL Y, POSTERIORMENTE, VERIFICAR A QUÉ ORDEN CORRESPONDE, EN QUÉ MEDIDA Y SI NO EXISTEN MODULACIONES COMPETENCIALES EN ESE SUPUESTO. X. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. SE CLASIFICA COMO PARTE DE LA SALUBRIDAD GENERAL. XI. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE REFIERAN A ELLO, CORRESPONDE A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. EN EL CASO DE QUE UNA ENFERMEDAD TRANSMISIBLE ADQUIERA CARACTERÍSTICAS EPIDÉMICAS GRAVES A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, LAS AUTORIDADES CIVILES, LAS MILITARES Y LOS PARTICULARES ESTÁN OBLIGADOS A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN LA LUCHA CONTRA DICHAS ENFERMEDADES. XIII. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. ASPECTOS QUE COMPRENDE EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA MATERIA. XIV. SALUBRIDAD GENERAL. LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA CONFIERE FACULTADES ADMINISTRATIVAS EXCEPCIONALES PARA ATENDER SITUACIONES EXTRAORDINARIAS QUE AFECTEN LA SALUBRIDAD DE LA NACIÓN Y DISPONE LA EXISTENCIA DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO. XV. CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. LA LEY GENERAL DE SALUD LO CATALOGA COMO AUTORIDAD SANITARIA Y PREVÉ UNA REGULACIÓN MÍNIMA DE ÉSTE. XVI. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. LA MERA INCLUSIÓN DEL USO DE CUBREBOCAS DENTRO DEL LISTADO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, NO CONTRAVIENE LAS FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULO 119 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD DE NUEVO LEÓN). XVII. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. FACULTAD DE LA AUTORIDAD SANITARIA ESTATAL PARA DECLARAR COMO OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBOCAS BAJO LA PERMANENCIA DE UNA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y PROVOCADA POR UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA (ARTÍCULO 129 BIS, PRIMER PÁRRAFO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, PROVOCADA POR UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA" Y "PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE LA MISMA AUTORIDAD DECLARE OFICIALMENTE SU CONCLUSIÓN", DE LA LEY ESTATAL DE NUEVO LEÓN). XVIII. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SUSTITUCIÓN DE LOS MODELOS DE PRESCINDENCIA Y MÉDICO-REHABILITADOR, POR EL MODELO SOCIAL DE INCLUSIÓN, DONDE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ES IDENTIFICADA COMO UN SUJETO Y ACTOR DE DERECHOS CON PLENA AUTONOMÍA Y DIGNIDAD HUMANA. XIX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL HECHO DE QUE EL PROCURADOR ESTATAL DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN HAYA ESTADO PRESENTE EN LA MESA DE TRABAJO DEL DICTAMEN DE LA NORMA IMPUGNADA, NO RESULTA SUFICIENTE PARA SATISFACER EL REQUISITO DE CONSULTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 129 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL", DE LA LEY ESTATAL DE SALUD DE NUEVO LEÓN). XX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 48/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE FEBRERO DE 2022. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: DANIELA CARRASCO BERGE.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de febrero de dos mil veintidós, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 48/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del Decreto 443, por el que se reformó la Ley Estatal de Salud, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el diez de febrero de dos mil veintiuno.
I. TRÁMITE
1. Presentación del escrito. La acción de inconstitucionalidad fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el doce de marzo de dos mil veintiuno, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, "CNDH").
2. Autoridades emisora y promulgadora. Las autoridades respectivas son el Congreso del Estado de Nuevo León y el Gobernador Constitucional de dicha entidad federativa.
3. Norma general cuya invalidez se demanda. Se impugna el Decreto Número 443, por el que se reforman la fracción X del artículo 119 y el artículo 132 y se adicionan la fracción XI recorriéndose la actual fracción XI para ser la nueva fracción XII del artículo 119; y el artículo 129 Bis de la Ley Estatal de Salud (en adelante, "Decreto 443").
4. Conceptos de invalidez. En la demanda, la CNDH esgrime un único concepto de invalidez en contra del Decreto 443. Como preceptos constitucionales y convencionales que estima violados señala los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El órgano de protección de derechos humanos divide su demanda en tres partes y, en síntesis, argumenta lo siguiente:
4.1. En el primer apartado arguye que los derechos de seguridad jurídica y el principio de legalidad (artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y 9 de la Convención Americana) son prerrogativas para proteger a las personas frente a la autoridad estatal. Asevera que esto implica que el actuar de las autoridades debe estar perfectamente acotado mediante ley y para ello, las normas deben de ser claras y precisas para otorgar certeza a los ciudadanos y a las ciudadanas; señala, además, que la actividad legislativa sin sustento constitucional es arbitraria. En congruencia, continúa, los actos estatales deben estar rodeados de un conjunto de garantías encaminadas a asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas.
4.2. En ese tenor, cierra la primera sección con un resumen de situaciones que estima son contrarias al derecho a la seguridad jurídica: (a) cuando la actuación por parte de cualquier autoridad estatal no está debidamente acotada conforme a la Constitución o sus leyes derivadas, (b) cuando la autoridad actúa conforme a disposiciones legales que contradicen la Norma Fundamental y (c) cuando la autoridad afecta la esfera jurídica de un ciudadano sin sustento.
4.3. En el segundo apartado, expone el parámetro competencial en referencia con la salubridad general. Éste comienza con un análisis del artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Federal. La CNDH recupera las razones del Constituyente para justificar el dominio de la autoridad sanitaria sobre la salubridad, destacando la efectividad para hacer frente a contingencias.
4.4. Señala que la atribución anterior se fortaleció mediante la reforma al artículo 4o. constitucional, pues el precepto mandata a que sea una ley reglamentaria la que establezca las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades en materia de salubridad general. Como la Ley General de Salud se emitió en consecuencia, la CNDH estima que también forma parte del parámetro de regularidad aplicable.
4.5. En ese sentido, con apoyo en lo resuelto en la controversia constitucional 54/2009,(1) el órgano garante de derechos humanos enuncia cuáles son los distintos tipos de concurrencia, a saber, la normativa, la operativa y la de planeación. Sostiene que en materia de salubridad general existe una concurrencia operativa entre la Federación y las entidades federativas.(2)
4.6. Posteriormente, explica que, de la controversia constitucional antes citada, se extrae que pueden identificarse tres modalidades materialmente legislativas que orientan esta concurrencia en materia de salubridad: (a) la salubridad general que se reserva tanto legislativa como operativamente a la Federación, (b) la salubridad general cuya operación corresponde a las entidades, y (c) la salubridad local, operada y regida de conformidad con la legislación expedida por las entidades. Arguye que las materias de salubridad general son aquellas que se encuentran en el artículo 3o. de la Ley General de Salud, y que las que éste no comprende son parte de la salubridad local.
4.7. Ahora bien, retoma el artículo 13 de la Ley General de Salud para profundizar sobre la distribución competencial. Si bien asevera que ambos apartados pueden ser regulados por la Federación, destaca que el apartado B es aquel que pueden operar las entidades federativas.(3) También resalta que el Ejecutivo Federal puede emitir normas técnicas comunes a la salubridad general para asegurar la uniformidad en esta materia.
4.8. En el tercer apartado, señala que las normas son inconstitucionales ya que el legislador las emitió sin estar facultado para ello. Establece que, conforme al parámetro que expuso, las entidades federativas están inhabilitadas para legislar en materia de salubridad general, dentro de la cual se engloba la prevención y control de enfermedades transmisibles. Arguye que el hecho de que se haya establecido el uso de cubrebocas como una medida de seguridad sanitaria, que puede ser decretada como obligatoria por parte de la autoridad y sujeta a sanción por su incumplimiento, vulnera la facultad exclusiva de la Federación para legislar en la materia.
4.9. La CNDH señala que lo anterior se corrobora con la lectura sistemática del artículo 13, apartado B, de la Ley General de Salud. Si bien las entidades federativas pueden organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salubridad general, no pueden reglamentarla. Además, argumenta que la legislación local obvia que la declaración de emergencias sanitarias es una situación que se vincula con lo que la Ley General de Salud denomina acción extraordinaria en materia de salubridad general. Resalta que la legislación general prevé que la acción extraordinaria en materia de salud incluye la actuación en caso de peligro de invasión de enfermedades transmisibles y será ejercida por la Secretaría de Salud a reserva de que las medidas que dicte sean sancionadas por el presidente de la República.
4.10. Así, sostiene que el Congreso Local está inhabilitado para establecer medidas de seguridad que deban observarse durante una emergencia sanitaria provocada por una enfermedad contagiosa. En otras palabras, estima que el hecho de que el legislador local haya establecido el uso obligatorio de cubrebocas como medida sanitaria implica regular cómo deben prevenirse o controlarse enfermedades transmisibles y ésta es una atribución exclusiva de la autoridad federal.
4.11. En conclusión, arguye que el sistema estatal creado por el Decreto 443, que prescribe el uso de cubrebocas en emergencias sanitarias, es inconstitucional, por escapar a la esfera de regulación de la autoridad y vulnerar los derechos de seguridad jurídica y legalidad. Lo anterior, a pesar del reconocimiento que externa al legislador local por su afán de proteger la salud pública en un contexto de emergencia sanitaria.
5. Auto de registro y turno. Mediante acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el registro de la acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el número 48/2021, y turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que fungiera como instructor.
6. Auto de admisión. Mediante acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Nuevo León, para que rindieran su informe; además, a la Fiscalía General de la República, para que formulara el pedimento que, en su caso, correspondiere y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, de considerarlo pertinente, formulara manifestaciones.
7. Informe del Poder Ejecutivo Local.(4) En su informe, se señala que la intervención del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León se limitó a promulgar el Decreto 443 y como en la demanda de la CNDH no se expone cuestionamiento alguno en su contra, no se pronunciará sobre los argumentos de invalidez.
8. Informe del Congreso del Estado.(5) En su informe, el Congreso del Estado de Nuevo León argumenta que el Decreto 443 es válido. Luego de resumir la impugnación de la CNDH,(6) esgrime los siguientes argumentos:
8.1. En primer lugar, argumenta que el Congreso del Estado de Nuevo León actuó dentro de la esfera competencial que le corresponde, y emitió leyes que se refieren a relaciones sociales que reclamaban ser jurídicamente reguladas. Además, sostiene que en el proceso legislativo se respetaron todos los lineamientos para garantizar la deliberación democrática, según han sido definidos por este Alto Tribunal.
8.2. En segundo lugar, señala que el uso de cubrebocas contribuye a la reducción del riesgo de contagio del SARS-CoV-2 (en adelante, "COVID-19"). Arguye que la reforma a la Ley Estatal de Salud estaba dirigida a tal fin, por ser de interés social y de orden público preservar la salud y la vida de la población de esa entidad.
8.3. En tercer lugar, señala que en términos de la Ley General de Salud, la prevención, control y combate de las enfermedades transmisibles forma parte de la salubridad general, por lo que corresponden realizarlas tanto a la Federación como a las entidades federativas. En efecto, continúa, la Constitución Federal señala una concurrencia legislativa entre ambos órdenes de gobierno, y no sólo una concurrencia administrativa. En apoyo, cita la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL LEGISLADOR LOCAL TIENE COMPETENCIA PARA EMITIRLA."(7)
8.4. Agrega que el Consejo de Salubridad General, mediante acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinte, calificó como grave y de atención prioritaria la epidemia causada por la COVID-19.
8.5. Finalmente, resalta que la Organización Mundial de la Salud (en adelante, "OMS") ha establecido que "el uso de mascarillas forma parte de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por el virus, en particular, la COVID-19".(8) Por tanto, las medidas que tomó Nuevo León son en beneficio de su sociedad y para proteger su interés en el derecho a la salud y a la vida.
9. Auto por el que se tienen rendidos los informes. En auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados y otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos.
10. Alegatos. Mediante escrito presentado el primero de julio de dos mil veintiuno, la CNDH formuló alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.
11. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento alguno.
12. Manifestaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El consejero jurídico del Gobierno Federal no formuló opinión alguna.
13. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el once de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(10) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 de este Tribunal Pleno.(11) Ello es así, toda vez que la CNDH controvierte un decreto emitido por el Congreso de una entidad federativa y lo estima violatorio de los derechos de seguridad jurídica y legalidad, previstos tanto en la Constitución Federal como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
III. OPORTUNIDAD
15. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado, en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnado.(12)
16. El Decreto 443 fue publicado el diez de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, el plazo para su impugnación transcurrió del once de febrero al doce de marzo, ambos de dos mil veintiuno.
17. En el caso, la demanda se recibió el doce de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. Por tanto, cabe concluir que resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
18. A continuación, se analiza la legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para la acción.
19. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la CNDH a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y de las entidades federativas, así como tratados internacionales, por vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que México es Parte.(13)
20. Dado que en la demanda la CNDH impugnó el Decreto 443 por vulnerar los derechos de seguridad jurídica y legalidad, debe concluirse que cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.
21. Ahora bien, el artículo 11, en relación con el 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(14) establece que el promovente debe acudir al procedimiento a través de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, están facultados para representarlos. Asimismo, establece que se presumirá que la persona que acude goza de la representación legal, salvo prueba en contrario.
22. Suscribe la demanda de la acción de inconstitucionalidad María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la CNDH, el cual acredita con copia certificada del acuerdo de su designación emitido por el Senado de la República.
23. El artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a su presidenta a promover las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.(15) Así, debe concluirse que esta funcionaria cuenta con la representación del órgano legitimado para presentar la demanda.
V. PRECISIÓN DE LA LITIS
24. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(16) en relación con el diverso 73 del mismo ordenamiento,(17) se precisa que, partiendo de una lectura integral de la demanda, la accionante cuestiona efectivamente la constitucionalidad del sistema que regula el uso de cubrebocas, integrado por los artículos 119, fracción XI, 129 Bis, 132 y segundo transitorio, adicionados a la Ley Estatal de Salud del Estado de Nuevo León, contenidos en el Decreto 443, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el diez de febrero de dos mil veintiuno.
25. Lo anterior, dado que si bien en ciertas partes de su argumentación, pareciera plantearse una impugnación genérica al Decreto Número 443, lo cierto es que, en su único concepto de invalidez cuestiona la regularidad constitucional de las disposiciones que prevén el uso obligatorio del cubrebocas como medida de seguridad sanitaria.
26. En consecuencia, no se considera que la CNDH cuestione la constitucionalidad de las reformas realizadas en el mismo Decreto a las fracciones X y XII del artículo 119, siendo que, en particular, la última de ellas sólo tuvo un cambio de numeración.(18) Asimismo, no se considera que se cuestione el artículo primero transitorio que únicamente dispone la entrada en vigor del decreto, pues no guarda relación específica con el sistema que regula la medida sanitaria cuestionada.(19)
27. Para mayor claridad se transcriben los preceptos que se tienen por impugnados:
"Artículo 119. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:
"...
"XI. El uso de cubreboca."
"Artículo 129 Bis. Durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria declarada por la autoridad competente, provocada por una enfermedad contagiosa, la autoridad sanitaria podrá declarar obligatorio el uso del cubreboca para todas las personas, excepto para los menores de 2 años, y permanecerá vigente hasta que la misma autoridad declare oficialmente su conclusión.
"Las personas de 2 a 18 años de edad y con discapacidad intelectual no serán sujetos de sanción, pero la falta de uso del cubreboca será responsabilidad de los padres de familia, tutores, representantes legales o de quienes tengan a su cargo su guarda, custodia o cuidado.
"El uso del cubreboca será obligatorio en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos ya sean de comercio, industria o servicios, centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales, así como para usuarios, operadores y conductores de los servicios de transporte público o privado de pasajeros o de carga, previa determinación y aprobación de los respectivos lineamientos por parte de la secretaría.
"La violación a los preceptos de este artículo previo apercibimiento, será sancionada administrativamente por la autoridad sanitaria del Estado con auxilio o por medio de la fuerza pública y por los Municipios en forma concurrente en términos de esta ley y los reglamentos municipales.
"Las autoridades del Estado y de los Municipios se coordinarán a efecto de hacer cumplir las determinaciones de este artículo y demás que establece esta ley y en su caso sancionar su infracción y la correspondiente establecida en los reglamentos municipales."
"Artículo 132. Se sancionará con multa equivalente de hasta 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 36, 37, 51, 59, 61, 101, 105 y 109 de esta ley. En el caso del artículo 129 BIS la sanción de multa será de hasta 5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual se podrá conmutar por arresto administrativo hasta por 36 horas o por trabajo en favor de la comunidad hasta por 8 horas."
"Transitorios
"Segundo: Los Ayuntamientos tendrán un plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto, para que establezcan en sus Reglamentos de Policía y Buen Gobierno o de Justicia Cívica, según el caso, el uso obligatorio del cubreboca por parte de la población cuando así lo determine la autoridad sanitaria estatal, como la correspondiente sanción por la respectiva infracción a dicho precepto, en términos de lo establecido en el mismo."
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
28. Del informe del Ejecutivo Local, se desprende que éste señala que la CNDH no formuló cuestionamientos que se refirieran a la promulgación de la norma impugnada. Además, se resalta que ésa fue la única intervención que el gobernador del Estado de Nuevo León tuvo en relación con el Decreto 443, por lo que no hizo pronunciamientos sobre los argumentos de fondo.(20) Si bien lo anterior no se esgrime claramente como motivo de improcedencia, se da respuesta a sus manifestaciones. 29. La aseveración del Ejecutivo Local no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en la ley reglamentaria de la materia, pues al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.(21)
30. Por lo anterior, al no haberse planteado algún motivo de invalidez adicional, ni advertirse alguno de oficio por parte de esta Suprema Corte, procede estudiar la cuestión planteada.
VII. ESTUDIO DE FONDO
31. De la demanda se advierte que la CNDH impugna ciertos artículos contenidos en el Decreto 443 aduciendo que éstos, al prescribir el uso de cubrebocas en el caso de emergencias sanitarias, vulnera los derechos de seguridad jurídica y legalidad.(22) Sostiene que la alegada contravención deriva de una invasión competencial de las facultades exclusivas de la Federación para legislar en materia de salubridad general; y en particular, en lo relativo a la prevención y control de enfermedades transmisibles y a la regulación de éstas en caso de emergencia.
32. Para dar respuesta a los planteamientos del promovente, en primer lugar (A), se desarrollará el parámetro aplicable en torno a la competencia para regular la materia de salubridad general (A.1) y la prevención y control de enfermedades transmisibles (A.2). En segundo lugar (B), se analizarán los artículos impugnados del Decreto 443 a la luz de dicho parámetro.
A. Parámetro normativo en relación con la salubridad general, la prevención y control de enfermedades transmisibles y la atención de emergencias sanitarias.
33. En este apartado se fijará el parámetro relativo a la distribución de competencias en materia de salubridad general, en los términos de la Constitución Federal, la Ley General de Salud y los precedentes de este Alto Tribunal (A.1). Posteriormente, se abordarán las disposiciones constitucionales y legales que atañen a la prevención y contagio de enfermedades transmisibles (A.2).
A.1. Distribución competencial en materia de salubridad general
34. A nivel constitucional, existen dos preceptos que disponen sobre la competencia para legislar en materia de salubridad. En primer lugar, el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Federal señala que el Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre salubridad general de la República.
35. En segundo lugar, mediante reforma de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se adicionó un cuarto párrafo al artículo 4o. constitucional para establecer que la ley definirá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme al diverso 73, fracción XVI. Como ha destacado este Alto Tribunal,(23) la reforma constitucional antes citada tenía un objetivo claro: contrarrestar la centralización en la materia.
36. En efecto, del proceso legislativo que dio lugar a la actual disposición constitucional, se desprende lo siguiente (énfasis añadido):
"La iniciativa que presentamos a esta honorable Cámara responde al propósito de revertir el proceso centralizador que desde principios de siglo se iniciara en materia de salud y que ha llevado a que la Federación tome responsabilidades que pertenecen por su naturaleza a las jurisdicciones local y municipal. La Ley Sanitaria ha desvirtuado el ámbito de la salubridad general, que concibió el Constituyente de Querétaro, y con los convenios de servicios coordinados de salud pública tradicionales, prácticamente se ha liquidado el carácter concurrente de la materia sanitaria.
"Por esas consideraciones, en la adición se previene que la ley distribuirá entre la Federación y las entidades federativas las responsabilidades que en cuanto a la salubridad tocan a cada uno de los niveles de gobierno, sin menoscabo de que cada Estado, conforme a sus respectivas legislaciones y potencialidades, convenga con los Municipios que éstos participen activa y gradualmente en las actividades de salud ..."(24)
37. En ese sentido, de una lectura conjunta de ambos preceptos, es plausible concluir que nuestra Norma Fundamental prescribe que la facultad para legislar en materia de salubridad general será concurrente entre la Federación y las entidades federativas, y que esta concurrencia deberá ser delineada mediante una ley secundaria.
38. Las disposiciones constitucionales antes mencionadas fueron reglamentadas a través de la Ley General de Salud. Del procedimiento legislativo que dio origen a este ordenamiento, se destaca que el fin primordial era dar cumplimiento al mandato del artículo 4o. constitucional, relativo a la repartición de competencias sanitarias entre la Federación y las entidades federativas.(25) En efecto, lograr la participación de las entidades federativas en la materia de salud representó un objetivo central del proceso. Incluso, en el dictamen de la Cámara de Origen se estableció que "para que dicha iniciativa tenga la eficacia legal correspondiente, será necesario que las Legislaturas Locales expidan leyes estatales que complementen, en las materias que les competan, las previsiones contenidas en la iniciativa que se dictamina."(26)
39. Así, en el artículo 1o. de la Ley General de Salud, se explicita que su objeto incluye el establecimiento de la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.(27) En congruencia con ello, la descentralización se vuelve un eje transversal que permea en el ordenamiento. Ejemplificativamente, es posible desprenderlo de la articulación del Sistema Nacional de Salud,(28) cuya coordinación debe impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud.(29) También, se refleja en la inclusión de los gobiernos de las entidades federativas como autoridades sanitarias.(30)
40. Ahora bien, como ha sido señalado en precedentes de este Alto Tribunal,(31) en el mismo procedimiento legislativo que dio origen a la Ley General de Salud se precisaron los distintos órdenes competenciales en relación con la salubridad, y a tenor literal, se asentó lo siguiente:
"... [S]e aprecia que en nuestro régimen jurídico existen tres modalidades normativas que deban formar parte de un todo sistemático: la salubridad general que se reserva la Federación y la salubridad general que corresponde, de manera coordinada con aquélla a las entidades federativas, y la salubridad local; esta última regida por la legislación que se expida en las entidades federativas y que abarcará la esfera municipal, según lo prevengan la propia legislación local y los bandos de policía y buen gobierno."(32)
41. En la ley, la distribución citada se ve definida a partir de una lectura sistemática de sus artículos 3o. y 13. Por un lado, en el artículo 3o. se enuncian las materias que comprenden la salubridad general. Ilustrativamente, forman parte de ésta la atención médica, la atención materno-infantil, la salud visual, la salud auditiva, la asistencia social y la prevención y control de enfermedades transmisibles, entre otras.(33)
42. Por el otro, el artículo 13 concreta la división competencial en materia de salubridad general entre la Federación y las entidades federativas. En el apartado A se señalan las atribuciones del Ejecutivo Federal, mientras en el B se detallan aquellas que corresponden a las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.
43. En ese tenor, el artículo 13 remite expresamente al diverso 3o. para puntualizar qué servicios de salubridad general serán organizados y operados por la Federación, y cuáles otros corresponden a los gobiernos de las entidades federativas como autoridades sanitarias y, por tanto, serán organizados, operados, supervisados y evaluados por ellas.(34)
44. El artículo 13 deja ver la pretensión de participación de los dos órdenes de gobierno, pues reitera que la Federación debe promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas.(35) Además, refleja la corresponsabilidad de ambos, ya que les confiere facultades de vigilancia en relación con el cumplimiento del ordenamiento general.(36) Finalmente, dispone que la salubridad local es una materia que corresponde a las entidades federativas.(37)
45. Este Alto Tribunal, tanto en Pleno como en Salas, ha tenido diversas oportunidades para precisar el alcance de la distribución competencial de la Ley General de Salud, por ejemplo:
45.1. En las controversias constitucionales 38/2005,(38) 40/2006(39) y 143/2008,(40) se discutieron conflictos entre los Municipios y las entidades federativas, así como entre éstos y la Federación, en relación con la participación de los Municipios en materia de salubridad general. Es destacable que, tanto en la controversia constitucional 38/2005 como en la 40/2006, se señaló la importancia de que diversos niveles de gobierno atendieran la salubridad general, aunque se reconoció que, en esta materia, los Municipios tienen competencia en función de lo que determinen las entidades federativas en su legislación,(41) o en los convenios que éstas celebren con los Municipios.(42)
45.2. En la acción de inconstitucionalidad 119/2008, este Tribunal Pleno se pronunció sobre medidas de protección de la salud de los no fumadores. En ese asunto, se estimó que como la organización, operación, supervisión y evaluación para prevenir, orientar, controlar y vigilar las enfermedades atribuibles al tabaquismo correspondía a los gobiernos de las entidades federativas, ent
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31013-4fb4796d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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