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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA SU CUMPLIMIENTO DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. VII. IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL. SU ANÁLISIS DEBE PARTIR DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, AL SER UN TRIBUTO DE NATURALEZA REAL, CUYA BASE DE CÁLCULO DEBE SER EL VALOR UNITARIO DE LOS PREDIOS Y DE LAS CONSTRUCCIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. VIII. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. IX. IMPUESTOS SOBRE PREDIOS SUJETOS AL RÉGIMEN EJIDAL O COMUNAL. LA NORMA QUE ESTABLECE LA CUOTA CON BASE EN SU PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SILVÍCOLA NO RECAE SOBRE UNA MANIFESTACIÓN OBJETIVA DE RIQUEZA Y, POR ENDE, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). X. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE SANCIONA A LAS PERSONAS POR NO USAR CUBREBOCAS O NO CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS "GEL ANTIBACTERIAL, SANITIZANTE, TERMÓMETRO", SIN QUE SE CONDICIONE A LA EXISTENCIA DE UNA DECLARATORIA PREVIA EMITIDA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE SALUD, PERMITE LA ARBITRARIEDAD DE LA AUTORIDAD PARA SANCIONAR A LAS PERSONAS, POR LO QUE RESULTA VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA [INVALIDEZ DE LOS INCISOS T), U) Y X) DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 36 Y 165, FRACCIÓN XVI, INCISOS T), U) Y X), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO]. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE, EN LO FUTURO, NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 36 Y 165, FRACCIÓN XVI, INCISOS T), U) Y X), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 119/2024. · Registro digital (IUS): 33421
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-01
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.22.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 119/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, por el que se emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 119/2024, promovida por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca respecto de los artículos 36 y 165 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, para el ejercicio de dos mil veinticuatro, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por escrito recibido el treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los siguientes preceptos:

• Artículo 36, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el de Oaxaca el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, que prevé que, tratándose de predios sujetos al régimen ejidal o comunal, el pago del impuesto predial podrá hacerse con base en la producción agropecuaria y silvícola de los predios.

• Artículos 165, fracción XVI, incisos t), u) y x), de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, que establece multas por “rebasar la capacidad máxima de personas dentro de un establecimiento comercial derivado de los acuerdos de la pandemia”; “no utilizar el cubrebocas en lugares públicos mientras exista riesgo de contagio durante la pandemia o cualquier otra enfermedad que cause un grave peligro a la población” y “carecer los establecimientos comerciales de los instrumentos necesarios (gel antibacterial, sanitizante, termómetro) para evitar el contagio durante la pandemia o cualquier otra enfermedad que cause un grave peligro a la población”, violan los principios de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca.

3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El Poder Ejecutivo accionante estima violados los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica expresó, en esencia, lo siguiente:

• PRIMERO. El artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, impugnado establece que, tratándose de predios sujetos al régimen ejidal o comunal, el pago podrá hacerse con base en la producción agropecuaria y silvícola, lo que vulnera los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Refiere que el precepto impugnado viola el principio de equidad, ya que propicia que los poseedores o propietarios de predios ejidales o comunales que no estén en producción, no tengan que pagar el tributo, por ausencia de la base gravable.

Manifiesta que, en el caso, el artículo 36 impugnado es contrario a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, al establecer como caso para determinar el impuesto objeto de examen la producción agropecuaria y silvícola de los predios.

Aduce, que con ello se otorga un trato desigual a quienes se encuentren en situaciones jurídicas iguales, al ser factible que quienes tengan predios similares, de igual calidad y medidas, paguen cantidades diferentes, por la única circunstancia de que los obligados produzcan o siembren productos diferentes, incluso, es posible que algunos propietarios de los predios ejidales o comunales queden exentos del pago del impuesto predial al no estar en el supuesto de producción.

Refiere que la falta de cobro a algunos de los causantes del impuesto, sólo pone de manifiesto la falta de equidad del gravamen, pues la más elemental de las normas de justicia tributaria pretende que el impacto del impuesto se distribuya entre los obligados que se encuentren en situaciones jurídicas semejantes y no se exonere a algunos de ellos en perjuicio del resto de los contribuyentes. Cita de apoyo la tesis de rubro: “AGRARIO. IMPUESTO PREDIAL A EJIDATARIOS. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II, INCISO A), Y 70 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADOS POR DECRETOS 122 Y 281, QUE LO ESTABLECEN”.

Señala, que de conformidad con el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona dicho precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza real, cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones, lo que resulta contrario al precepto impugnado al establecer como base de cálculo para el impuesto predial, la producción agropecuaria o silvícola de los predios. Aduce que tal como lo resolvió esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: “PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES”.

• SEGUNDO. El artículo 165 del Decreto impugnado que establece multas por “rebasar la capacidad máxima de personas dentro de un establecimiento comercial derivado de los acuerdos de la pandemia”; “no utilizar el cubrebocas en lugares públicos mientras exista riesgo de contagio durante la pandemia o cualquier otra enfermedad que cause un grave peligro a la población” y “carecer los establecimientos comerciales de los instrumentos necesarios (gel antibacterial, sanitizante, termómetro) para evitar el contagio durante la pandemia o cualquier otra enfermedad que cause un grave peligro a la población”, violan los principios de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aduce que el precepto controvertido vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lejos de brindar certeza jurídica, permite que la autoridad municipal pueda determinar discrecionalmente cuando sancionar por rebasar la capacidad máxima de personas dentro de un establecimiento comercial; no utilizar el cubrebocas en lugares públicos y carecer de los establecimientos comerciales de los instrumentos necesarios para evitar el contagio durante la pandemia o cualquier otra enfermedad, independientemente de si se declaró la existencia de una pandemia o si se está en el contexto del combate a enfermedades contagiosas.

Manifiesta que la disposición impugnada permite un margen de aplicación muy amplio e injustificado que permite a la autoridad municipal actuar con arbitrariedad, en la medida que pueden establecer sanciones de acuerdo con el contenido de la norma impugnada, sin que se condicione a la existencia de una declaratoria previa emitida por autoridades competentes en materia de salud.

Asegura que, en ese sentido, el individuo a quien se encuentra dirigida la norma impugnada, no tiene la certeza de que con su conducta puede o no actualizar la acción que conforma la falta o infracción; lo anterior es así, debido a que no se específica el periodo ni las condiciones necesarias para estimar actualizada la conducta infractora, es decir, no se hace referencia a la existencia de la declaratoria general de emergencia sanitaria, de forma que será la autoridad administrativa municipal la que decidiría, de forma arbitraria, cuándo será necesario el uso de las medidas sanitarias y la época en que podrá sancionar a las personas, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Refiere que en el caso que nos ocupa, el artículo 165 del Decreto impugnado, no contiene parámetros para que la sociedad pueda conocer cuándo la conducta descrita es susceptible de ser sancionada y para que las autoridades municipales determinen el periodo o las situaciones en las cuales se justifica imponer la sanción establecida.

Señala que las porciones normativas impugnadas permiten que la autoridad municipal, pueda imponer multas de manera arbitraria, aun cuando su uso no sea obligatorio, por no haberse previsto como una medida sanitaria necesaria para la prevención y combate de enfermedades transferibles a través de las vías respiratorias, e incluso para decretar, discrecionalmente, multas en contextos de enfermedades que no se contagien por vía aérea, lo cual transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Manifiesta que, adicionalmente, el siete de octubre de dos mil veintidós, la Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos para la Continuidad Saludable de las Actividades Económicas ante el COVID-19, que contenían las recomendaciones para la población sobre el uso de cubrebocas en espacios públicos en los que fuera difícil mantener la sana distancia y que, posteriormente, el viernes cinco de mayo de dos mil veintitrés, la Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia sanitaria internacional por la pandemia de COVID-19, que estaba declarada desde el treinta de enero de dos mil veinte, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global, con lo que se volvía a la normalidad que imperaba hasta antes de la pandemia, toda vez que erradicó el estado de emergencia sanitaria que prevalecía.

Refiere que, en ese sentido, no hay lugar a mantener vigente la obligatoriedad de permanecer con las medidas sanitarias, originadas por la pandemia o cualquier otra enfermedad que cause grave peligro a la población, tal y como lo establece la disposición que en esta vía se impugna, mucho menos si no existe una declaratoria previa emitida por las autoridades competentes en materia de salud.

5. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de Presidencia de catorce de junio de dos mil veinticuatro, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad con el número 119/2024 y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente.

6. Admisión y trámite. Por auto de catorce de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite este asunto, ordenó dar vista a las autoridades que emitieron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes; de igual forma, dio vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante escrito depositado en la oficina de correos de Oaxaca, el quince de julio de dos mil veinticuatro, recibido el veinticuatro siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Geovany Vásquez Sagrero, en su carácter de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, compareció a nombre del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a rendir el informe solicitado. En el mismo hace valer:

En cuanto a la procedencia:

• Plantea que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria del procedimiento de control constitucional, en relación con el 65, párrafo primero, del ordenamiento legal en comento, consistente en que no aduce ni existe violación los artículos 14, 16 y 31 fracción IV, establecidos en la Constitución Federal, de conformidad con las siguientes consideraciones.

• Refiere que la promulgación de la Ley de Ingresos, atendió a la facultad potestativa y su contenido no excede ni transgrede algún artículo o principio amparado en nuestra Constitución, lo anterior es así, ya que la imposición del pago de derechos, contribuciones o multas, derivan de la potestad que inviste al Estado para que por un lado, cubrir el gasto público, y por el otro, sancionar actos derivados del incumplimiento de deberes u obligaciones jurídicas, sin que esto transgreda el derecho a la seguridad jurídica, igualdad o los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria.

En cuanto al fondo:

• Afirma que su representado sí promulgó y publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el Decreto impugnado, lo cual no resulta inconstitucional pues se ejercieron las facultades previstas en los artículos 52, 53 y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

• Manifiesta que las alegaciones vertidas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal carecen de respaldo jurídico.

• Manifiesta que por lo que hace al planteamiento respecto del artículo 36 de la Ley impugnada, la interpretación realizada por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal parte de una premisa errónea, ya que este Alto Tribunal ha determinado que los principios de proporcionalidad y equidad tributaria son acordes a la fracción IV del artículo 31 constitucional, siempre que dicho tributo sea coincidente con la capacidad económica de cada contribuyente, lo cual debe ponderarse en proporción a los ingresos obtenidos por las personas contribuyentes.

• Sostiene que toda vez que el contenido del artículo 36 impugnado cuya invalidez se reclama, cuenta con la misma redacción que el diverso 12 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca resulta patente que el mismo se encuentra apegado a los principios de principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

• Asegura que, al basar el impuesto en la producción de los predios, el artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, asegura que aquellos que tienen mayor producción y, por ende, mayor capacidad económica, paguen más, mientras que aquellos con menor producción pague menos, cumplimiento de esta manera con la proporcionalidad y equidad tributaria.

• Manifiesta, que toda vez que el Estado de Oaxaca es una de las entidades con mayor índice personas en situación de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con los informes realizados por el CONEVAL, es que el contenido del artículo 36 de la Ley de Ingreso del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, resulta acorde al artículo 1° constitucional, pues el Congreso local en el ámbito de su competencia, se encuentra garantizando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad al ponderar la capacidad económica de los contribuyentes, ello, en el entendido de que los ejidos y las comunidades agrarias en México tienen características socioeconómicas particulares, por lo que la producción agropecuaria y silvícola es una de las principales fuentes de ingresos para estas comunidades, luego entonces, al establecer el impuesto en función de esta producción pueda considerarse una forma de alinear mejor la carga tributaria con la realidad económica de los contribuyentes, sin importar una carga desproporcionada sobre quienes no tienen ingresos fijos.

• Refiere que es dable afirmar que la interpretación realizado por la promovente es errónea, y por tanto el concepto de invalidez invocado carece fundamento alguno, esto se debe a que, el Congreso del Estado de Oaxaca en ejercicio de sus facultades constitucionales y legalmente previstas, se encuentra estableciendo las condiciones necesarias para que las personas contribuyentes sean capaces de cubrir el impuesto tributario bajo los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, por lo que no se contraviene precepto constitucional alguno.

• Sostiene que por lo que hace al artículo 165 del Decreto impugnado como primer punto es necesario referirnos al numeral 4° de la Constitución Federal, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como la obligación del Estado de garantizar a las personas un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

• Aduce que, asimismo, la Primera Sala en la Tesis 1ª. XV/2021 (10a.) determinó que, en aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad.

• Señala que, de acuerdo con ello, todos los Estados tienen la obligación de garantizar la protección y la satisfacción del derecho a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad.

• Manifiesta que, en contraste con lo afirmado con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, las porciones normativas señaladas como inconstitucionales no otorgan discrecionalidad a la autoridad municipal, ya que los supuestos son claros y precisos, pues se está ante una falta administrativa en la que se pondera el derecho a la salud de las personas a través de acciones preventivas. Por lo tanto, la porción normativa cuya invalidez se reclama resulta constitucional, pues cumple con los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no existe en modo alguno previsión excesiva o irrazonable, en un grado de indeterminación tal que genere confusión o incertidumbre de los destinatarios sobre cómo actuar ante tal norma jurídica. De ahí que resulte infundado que las normas generen incertidumbre en los gobernados.

• Afirma que las medidas tomadas en las porciones normativas objeto de control, son con el motivo de velar por la salud de los gobernados, pues el COVID sigue siendo un problema de salud, por lo tanto, es que se está priorizando el derecho de la mayoría de los gobernados, ya que la trasmisión de dicho virus aumenta cuando existen aglomeraciones de personas y esto ocurre principalmente en lugares públicos o en centros de comercio, toda vez que se dificulta mantener una sana distancia entre las personas.

• Además, refiere que el contenido de los apartados normativos del artículo 165 del decreto impugnado se ajustan a las circunstancias de riesgo que enfrenta la sociedad. Por ello -aduce- la redacción es adecuada al establecer que dichas medidas deben ser aplicadas tanto durante la pandemia como en cualquier otra situación en la que exista peligro para la población.

• Concluye, que es constitucionalmente válido el contenido de las porciones normativas referidas en el presente apartado pues se encuentra de por medio del derecho humano a la salud.

8. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Mediante escrito depositado en la Oficina de Correos de Oaxaca, el dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, recibido el uno de agosto siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal Sergio López Sánchez, en su calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Legislativo de la entidad, rindió el informe correspondiente. En el cual expresa lo siguiente: • Afirma que es cierto que su representado expidió el decreto impugnado.

• Refiere que contrario a lo que sostiene la actora, los actos legislativos que culminaron con la expedición de los artículos impugnados están debidamente fundados y motivados, ya que el Congreso actúo dentro de los límites a las atribuciones que la Constitución local y Federal le confiere, resultando ser autoridad competente para legislar sobre los ramos que sean competencia del Estado.

• Sostiene que las multas impugnadas no resultan inconstitucionales, toda vez que tienen una finalidad objetiva, la cual no puede ser considerada excesiva porque, no buscan la satisfacción de necesidades privadas o individuales, sino la regulación de acciones sociales, además de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica municipal, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y puedan satisfacer con mayor facilidad las necesidades de la población, en consecuencia los conceptos de invalidez señalados por la parte actora son infundados, toda vez que los artículos impugnados de la Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, se ciñen a los principios constitucionales y de ellos se desprende el principio de vinculación al gasto público, mismo que constituye una obligación para el Estado, de destinar las contribuciones a la satisfacción de los gastos públicos, y de manera conceptual tiene un sentido social y una alcance de interés colectivo, por lo que en el caso que nos ocupa el gasto público está completamente justificado.

• Argumenta que el hecho de que decida como organizarse y como llevar su gasto público es parte de su autonomía, en consecuencia no resulta un acto de inconstitucionalidad.

• Manifiesta que es interés supremo de la sociedad el que existan finanzas públicas sanas de los municipios del Estado, también se protege, cuidando que estén perfectamente definidos los impuestos, derechos, productos aprovechamientos, mejoras, participaciones, fondo de aportaciones, convenios y demás fuentes de financiamiento de la hacienda pública municipal, propósito que se logra con la ley impugnada y que le permitirá al ayuntamiento elaborar un sólido presupuesto de egresos para el año dos mil veinticuatro.

• Además, adujo que el Congreso actúo dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución local y Federal le confieren, resultando ser autoridad competente para legislar sobre los ramos que sean competencia del Estado, de modo de que el monto se encuentra ajustado en relación al salario mínimo vigente.

• Así concluye, que las disposiciones impugnadas por la actora cumplen plenamente con los principios de legalidad tributaria y proporcionalidad, toda vez que se establecen los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución como son los sujetos obligados, el hecho o circunstancia gravado, la base del tributo, la tasa o tarifa que debe aplicarse, la cual genera certidumbre a los contribuyentes, pues conocen con certeza la forma y términos en que están obligados a contribuir para los gastos públicos municipales.

9. Pedimento del Fiscal General de la República. El citado funcionario no formuló pedimento.

10. Alegatos. Por auto de dos de septiembre de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los oficios presentados el veintitrés de agosto y dos de septiembre de ese mismo año, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del buzón judicial, por los cuales la delegada del Poder Ejecutivo Federal, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca y el Congreso del Estado de Oaxaca, cuya personalidad tienen reconocida en autos, formularon alegatos, con fundamento en el artículo 11, párrafos primero y segundo, en relación con los diversos 59 y 67, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veinticuatro, se decretó el cierre de la instrucción.

I. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés; toda vez que en ella el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejera Jurídica plantea la posible contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de la diversas leyes de ingresos de los municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinticuatro.

II. OPORTUNIDAD

13. De acuerdo con lo previsto en el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

14. Como se precisó en el considerando anterior, en la presente acción de inconstitucionalidad 119/2024 se impugnan diversos preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro.

15. Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción de inconstitucionalidad inició el cinco de mayo de dos mil veinticuatro y concluyó el lunes tres de junio de ese mismo año.

16. Consecuentemente, como la demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estimarse que resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

17. A continuación, se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

18. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejería Jurídica, es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional; por otra parte, el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello y, por su parte, el párrafo segundo del referido precepto, señala que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el Secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.

19. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal acude por conducto de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, quien acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento y presenta la demanda en contra de diversos preceptos contenidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro; de manera que cuenta con legitimación para impugnarlos.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

20. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, de forma que se procede al análisis de las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que se adviertan de oficio.

a) Primera causa de improcedencia.

21. El Poder Ejecutivo local expuso que la promulgación de la ley impugnada se realizó en ejercicio de las facultades que le confieren las disposiciones aplicables, de ahí que, no resultan inconstitucionales.

22. Tal argumento debe desestimarse porque no constituye una causa de improcedencia de las previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, aunado a que el Poder Ejecutivo local, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que, debe responder por la validez de sus actos.(1)

b) Segunda causa de improcedencia.

23. El Poder Ejecutivo local señala que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a que no existen las violaciones a la Constitución Federal que impugna la accionante.

24. Dicha causal resulta infundada ya que el análisis de la actualización de las violaciones a derechos humanos que aducen los accionantes en su demanda involucra el estudio de fondo del asunto.(2)

25. Al no existir otro motivo de improcedencia planteado en la acción de inconstitucionalidad ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.

V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

26. Las normas impugnadas por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, en la demanda son:

• Artículo 36, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el cuatro de ma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33421-02ad3c6e/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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