Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD PERMITE EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN DEBE SER PROPORCIONADA AL SOLICITANTE SIN COSTO ALGUNO CUANDO IMPLIQUE ENTREGAR NO MÁS DE VEINTE HOJAS SIMPLES. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR DE MANERA OBJETIVA Y RAZONABLE, QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADAS, ES DECIR, SE REQUIERE DE UNA MOTIVACIÓN. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS TARIFAS O CUOTAS ESTABLECIDAS POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, NO CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVESTIGAR SI SON ACORDES A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN. X. SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LA NORMA QUE ESTABLECE UNA CUOTA POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS CONFORME AL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), NO GUARDA UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO Y, POR ENDE, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIONES VI Y XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES; 35, FRACCIÓN V, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA U OFICIO, POR CADA 10 HOJAS 1.00", "POR PROPORCIONAR DISCO, POR CADA UNO 0.22" Y "POR PROPORCIONAR UNIDAD USB, POR CADA UNIDAD 2.00", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN; 35, FRACCIÓN V, NUMERALES 3, 4, 7 A 10 Y 17, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA; 35, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "IMPRESIÓN DIGITAL DE ARCHIVO EN IMAGEN A COLOR, POR CADA HOJA 0.15", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS; 37, FRACCIÓN V, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "FOTOCOPIA CERTIFICADA CARTA U OFICIO, POR CADA HOJA 0.09", "IMPRESIÓN DIGITAL DE ARCHIVO EN IMAGEN A COLOR, POR CADA HOJA 0.19", "PROPORCIONAR DISCO COMPACTO, POR CADA DISCO 0.15", "PROPORCIONAR DISCO COMPACTO FORMATO DVD, POR CADA DISCO 0.18", "DIGITALIZACIÓN DE HOJAS CARTA U OFICIO, POR CADA HOJA 0.01", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO Y 35, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, TODOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO). XI. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SINO EN FUNCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. XII. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. EL COBRO POR ESTE SERVICIO NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL ESTADO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO. XIII. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. XIV. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. XV. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LOS ARCHIVOS M

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2024 Y SU ACUMULADA 48/2024. · Registro digital (IUS): 33781
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-12-12
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Diciembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.372.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2024 Y SU ACUMULADA 48/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y JUAN MANUEL ANGULO LEYVA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas impugnadas: Disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el veintisiete y veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 40/2024 y su acumulada 48/2024 promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRAMITE

1. El veintisiete y veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro diversos decretos mediante los cuales se expidieron las leyes de ingresos de los municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, todos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.(1)

2. El veintiséis y veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, presentaron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las siguientes disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, emitidas y promulgadas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro:

CONSEJERIA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

Cobros por Búsqueda de información y expedición de copias certificadas

• Artículo 33, fracción I, numeral 2, del Municipio de Cadereyta de Montes.

• Artículo 24, fracción X, numeral 1 y 27, fracción I, del Municipio de Arroyo Seco.

• Artículo 25, fracción XVI, numeral 1, del Municipio de Colón.

• Artículo 24, fracción X, numeral 1, del Municipio Amealco de Bonfil.

• Artículo 27, fracción I, del Municipio de Tolimán.

• Artículo 27, fracción I, del Municipio de Jalpan de Serra.

• Artículo 27, fracción I, del Municipio de Tequisquiapan.

• Artículo 35, fracción I, numeral 2 y 37, fracción XI, del Municipio de Pedro Escobedo.

Imposición de multas

• Artículo 40, fracción I, numeral 1, inciso b, subinciso b.1, del Municipio de Colón.

Cobros por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil

• Artículo 27, fracción I, del Municipio de Amealco de Bonfil.

• Artículo 27, fracción I, del Municipio de Ezequiel Montes.

• Artículo 27, fracción I, del Municipio de San Juan del Río.

Cobro de derechos por alumbrado

• Artículo 26, fracción IV, del Municipio de Ezequiel Montes.

• Artículo 26, fracción IV, del Municipio de Jalpan de Serra.

• Artículo 26, fracción IV, del Municipio de San Joaquín.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

a) Cobros por reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información pública

• Artículos 27, fracción I, y 33, fracción X, del Municipio de Ezequiel Montes.

• Artículos 27, fracción I, y 33, fracciones II y VII, del Municipio de Huimilpan.

• Artículos 27, fracción I, y 33, del Municipio de Jalpan de Serra.

• Artículo 27, fracción I, y 33, fracción IV, del Municipio de Landa de Matamoros.

• Artículos 29, fracción I, 35, fracción I, numeral 2, y 37, fracción XI, del Municipio de Pedro Escobedo.

• Artículo 27, fracción I, del Municipio de Peñamiller.

b) Cobros por acceso a la información pública

• Artículo 35, fracciones VI y XI, del Municipio de Ezequiel Montes.

• Artículo 35, fracción V, del Municipio de Huimilpan.

• Artículo 35, fracción V, numerales 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 17, del Municipio de Jalpan de Serra.

• Artículo 35, fracción V, del Municipio de Landa de Matamoros.

• Artículo 37, fracción V, del Municipio de Pedro Escobedo.

• Artículo 35, fracción V, del Municipio de Peñamiller.

3. El Poder Ejecutivo Federal señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 6, apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como preceptos constitucionales violan los artículos, 1, 6, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

4. Asimismo, en sus conceptos de invalidez los promoventes plantearon que las disposiciones anteriores vulneran los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad en las contribuciones, así como acceso a la información pública y gratuidad en el acceso a la información pública. Además, argumentaron lo siguiente:

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL.

• Primer concepto de invalidez. En el inciso a) señaló que los artículos impugnados(2) establecen un pago de derechos por concepto de búsqueda de información que se lleva a cabo en los archivos de diversos municipios del Estado de Querétaro contravienen el artículo 6° de la Constitución Política del país, en específico el principio de gratuidad en materia de acceso a la información al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar su modalidad de entrega. Dicha tarifa restringe de forma injustificada el ejercicio del derecho a la información, ya que no puede imponer mayores requisitos de los previstos en la Constitución Política del país y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, representa un elemento discriminatorio a quienes no cuentan con recursos para cubrir las tarifas establecidas.

En su inciso b) precisó que los preceptos referidos establecen un pago con motivo de copias simples, certificaciones y búsqueda de información que poseen los municipios violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los municipios. En ese sentido, las normas impugnadas condicionan de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información pública al establecer una taifa por búsqueda de información. Por otro lado, el legislador local no justificó los elementos que sirvieron de base para determinar por la expedición de copias certificadas, por lo que no es posible determinar si las cuotas corresponde al costo real de los materiales. Asimismo, de conformidad con el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la entrega de información deberá ser sin costo cuando implique la entrega de no más de veinte hojas.

• Segundo concepto de invalidez. El artículo 40, fracción I, numeral 1, inciso b, subinciso b.1, relativo a la imposición de multas previstas en la ley de ingresos del municipio de Colón, vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política del país, ya que dichas infracciones son ambiguas, abiertas e imprecisas y serán aplicadas por las autoridades administrativas de manera discrecional y subjetiva. Además, no permiten a los gobernados conocer con certeza y anticipación a los hechos, las posibles conductas tipificadas como infracciones. Resultan aplicables las acciones de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada 49/2019, así como la diversa 94/2020.

• Tercer concepto de invalidez. En el inciso a) precisa que los artículos 27, fracción I, de Amealco de Bonfil, 27, fracción I, de Ezequiel Montes y 27, fracción I, de San Juan del Río, que establecen cobros por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil, vulneran los principios de interdependencia e indivisibilidad contenidos en el artículos 1 de la Constitución Política del país al incumplir la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la identidad. Dicho derecho se encuentra relacionado con el artículo 4 de la Constitución Política del país que establece que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia del acta de registro de nacimiento, por lo que el cobro impugnado afecta de la misma manera los derechos de las personas que serán reconocidas por primera vez en el registro civil y se verán obligadas a pagar su primera acta de nacimiento que por mandato constitucional debe ser gratuita.

En su inciso b) precisa la violación al derecho a la identidad por cobros en el registro de reconocimiento de hijos, lo que constituyen un factor de exclusión y discriminación para las personas, que afecta en mayor medida a las niñas y niños que pertenezcan a una población más marginada, y contraviene lo dispuesto en el artículo 24 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además precisa que la violación del derecho a la identidad implica un obstáculo para que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, lo que dificulta el pleno ejercicio sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en contravención a lo dispuesto por los artículos 24 del PIDCP, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Finalmente afirma que el cobro de derechos por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil ha quedado proscrito en México y ninguna ley estatal puede fijar costos por el primer asentamiento que se realice ante el registro civil. Al respecto apunta que concadenado con lo anterior se vulneran los artículos 3 y 18 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

• Cuarto concepto de invalidez. Los artículos 26, fracción IV de Ezequiel Montes, 26, fracción IV, de Jalpan de Serra y 26, fracción IV, de San Joaquín que establecen el cobro de derechos por alumbrado público, vulneran los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad establecidos en los artículos 16 y 31 de la Constitución Política del país, ya que establecen un cobro excesivo que no encuentra justificación, pues de ninguna forma se puede comprobar que ese sea el costo real que representa el servicio, ya que no se cuenta con las cantidades que erogó el municipio para arribar a la tarifa establecida por el legislador local.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

• Primer concepto de invalidez. Los artículos señalados en el inciso a) de la demanda, prevén cobros por la digitalización y búsqueda de documentos, así como por la expedición de copias simples y certificadas (no relacionadas con el derecho de acceso a la información pública) que no atienden a los costos reales del servicio prestado por el ente estatal por lo que se vulneran los principios de justicia tributaria reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

No es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos, y la digitalización de información pues dichas actividades no implican un gasto por la utilización de materiales u otros insumos, menos aun si las personas proporciona el medio de almacenamiento.

Las cuotas previstas por copias simples y certificadas son irrazonables porque el congreso local no justificó las cuotas establecida en relación con el costo de los materiales utilizados conforme a su valor comercial. Asimismo, respecto de las certificación de documentos si bien implica la certificación de la persona funcionaria pública, no puede existir lucro o ganancia. Además, se establecen cobros diferenciados por la emisión de copias certificadas cuyo precio varía de acuerdo al número de fojas a entregar, lo cual no resulta razonable ni equitativo.

• Segundo concepto de invalidez. Los artículos señalados en el inciso b) de su demanda, prevén cuotas injustificadas por la reproducción de documentos en diferentes modalidades, por tanto vulneran el derecho de acceso a la información asi como el principio de gratuidad, reconocido en los artículos 6°apartado A, fracción III de la Constitución Política del país, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Algunos preceptos prevén una tarifa idéntica tanto por una copia simple como por la mera digitalización de documentos, con independencia del dispositivo magnético en el que se entregue, incluso precisa que la tarifa es en razón de cada hoja. Otros dispositivos establecen cobros por la expedición de copias certificadas, por cada hoja, que oscilan entre los $9.77 a los $135.71 pesos mexicanos, mientras que en el Municipio de Huimilpan fija la cantidad de $108.57 pesos por cada diez hojas certificadas. Algunas disposiciones establecen importes por la impresión de la información tanto en blanco y negro como a color ya sea imagen o texto cuyos montos van del $1.08 a $16.28 pesos. Asimismo se prevén tarifas por la entrega de la información en medios magnéticos tales como CD, DVD y USB; además puntualizan hasta cuántas páginas podrían ser por cada unidad.

Por lo que se debe establecer si dichas tarifas se encuentran justificadas y parten de una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y sus costos. Máxime que los materiales que adquieran los municipios para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información pública deben hacerse a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras.

Por otro lado, los preceptos controvertidos tienen un impacto desproporcional sobre un sector de la población, el gremio periodístico, pues al realizar cobros por la entrega de información, unos de los sujetos destinatarios de las normas podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas terminan teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.

5. El treinta y treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentadas las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ordenó formar los expedientes y los registró con los números 40/2024 y 48/2024, respectivamente y los turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

6. El nueve de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad y le dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes.

7. El seis y veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, el Congreso del Estado de Querétaro y el Poder Ejecutivo local rindieron sus respectivos informes, en donde adujeron la validez formal de las normas por haber sido aprobadas por el Congreso local y emitidas por el Poder Ejecutivo local, y adujeron su validez material en los términos siguientes:

Congreso del Estado de Querétaro:

• El primer concepto de invalidez de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal confunde el contexto de los derechos por servicios que prestan las distintas dependencias municipales con los servicios que prestan las Unidades de Transparencia Municipal, por lo que no se vulnera el derecho de acceso a la información público. Por otro lado, los costos de las tarifas atienden a las circunstancias propias y realidades geográficas y demográficas de cada municipio por lo que tampoco se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria. Además, resulta impráctico e inviable que cada ajuste que presenta la ley deba ser justificado.

• Respecto del segundo concepto de invalidez señala que la naturaleza de la ley de ingresos no es hacer casuística la multa, sino remitir a la leyes y reglamentos que si lo regulan por lo que el principio de legalidad no es vulnerado ya que se describe con suficiente precisión que conductas están prohibidas y las sanciones que se les impondrán, preservándose los principio de certeza jurídica e imparcialidad en la aplicación de la norma.

• En cuanto al tercer concepto de invalidez, refiere que realiza interpretaciones deficientes entre los conceptos de actas de nacimientos y reconocimiento de hijos ya que de lo dispuesto en el Código Civil del Estado de Querétaro, se puede apreciar claramente la diferencia entre uno y otro. Incluso para levantar un acta de reconocimiento de hijos es requisito indispensable que tenga registrado su nacimiento.

• Conforme a los razonamientos expuestos en el cuarto concepto de invalidez, señala que la variación de los montos establecidos por los municipios deviene de circunstancias propias de cada uno de ellos, como la extensión, el consumo, entre otras y que para transparentar dichos elementos se publican en las gacetas municipales el monto anual del servicio.

• Con relación al primer concepto de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el trata de hacer una interpretación extensiva del derecho de acceso a la información aplicada a cualquier servicio que presten las distintas dependencias de los municipios. Maxime que resulta inviable que cada uno de los servicios que prestan los municipios sea integrado el estudio del costo que representa brindar el servicio.

• Respecto del segundo concepto de invalidez señala que en el supuesto de la digitalización de documentos se cobra por los medios implementados para ser escaneados, mismos que no son notoriamente desproporcionales y que contrario a lo señalado no se cobra por la simple búsqueda de documentos.

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro:

• Las disposiciones previstas por los accionantes no violan el principio de gratuidad en materia de acceso a la información, porque no se desprende que estén vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública.

• No se vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque los accionantes no señalan en relación o en comparación con qué resultan excesivos, ni tampoco cuales son los parámetros que están considerando para sostener su afirmación de que sean excesivos en relación al costo de los materiales, transporte, para trasladar los materiales necesarios a cada lugar, horas de trabajo de personal, etcétera.

El acto de certificar un documento, incluye los materiales utilizados para su reproducción, pero también los necesarios para la compulsa, el cotejo y la certificación propiamente, el uso de instrumentos y materiales que son necesarios para hacer evidente la compulsa y el cotejo (uso de sistemas para impresión de folios o marcas, sellos, etc.), y esto incluye también la responsabilidad del funcionario público que en el acto de certificar, con el uso de la fe pública, dota al documento de seguridad y certeza jurídica, y el trasladar los materiales a cada municipio tampoco cuesta lo mismo, ya que algunos lugares son de difícil acceso y el costo de traslado resulta mayor.

Respecto del cobro por la búsqueda de documentos, atiende adiversas circunstancias para lograr la ubicación de los documentos solicitados, pues tratándose de archivos antiguos, puede ser el caso que los archivos se encuentren en ubicación diversa a la del lugar en el que se solicitó el documento, el funcionario encargado de su búsqueda tiene que trasladarse a ese lugar, utilizar recursos materiales y humanos para lograr la localización, atendiendo a las condiciones de los documentos, incluso podría requerir equipamiento especial para no dañar los documentos o para no correr riesgo en su salud, cuestiones todas ellas que generan un costo, el cual se traslada a la persona que solicita el servicio y que es independiente del costo que genera la reproducción del documento. En cuanto al cobro aun cuando el solicitante proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información, no se refiere a cuando el solicitante proporcione el medio magnético o el mecanismo necesario para reproducir la información, sino que se refiere al costo del medio magnético, ya sea disco compacto en formato CD o DVD, o bien, memoria USB, en la que la autoridad municipal proporcione la información, por lo que por el contrario, justamente se cobra el medio magnético utilizado.

• Respecto de los cobros por actos relacionados al Registro Civil de las personas, la Constitución es clara al establecer que la expedición de la primer acta certificada del acta de registro de nacimiento es gratuita, de ahí que el cobro por el asentamiento del reconocimiento de hijo resulta constitucional, porque no se trata del acta de nacimiento, sino del reconocimiento de una persona que ya cuenta con acta de nacimiento. Además, el costo de los materiales para la realización de dichas certificaciones, son más elevados que los utilizados para cualquier otro documento, pues para expedir las certificaciones de las actas de nacimiento y de los demás documentos expedidos por el registro civil, para realizarlas se emplean hojas especiales que cuentan con sistemas de seguridad para evitar su falsificación.

• Con relación a las disposiciones que se refieren al cobro del Derecho de alumbrado Público, los artículos cuestionados no son inconstitucionales, porque no prevén el cobro del servicio de alumbrado público con base en una cuota establecida directamente sobre el consumo de energía eléctrica de cada usuario, sino en el costo que le genera al Municipio correspondiente prestar el servicio, lo que tiene que ver con el costo de las luminarias, repuestos, servicios de mantenimiento y reparación, materiales y suministros y pago de personal, por lo que, resultan constitucionales, al considerar en sus descripciones, únicamente el costo que le representa al Municipio, prestar el servicio.

8. El trece y dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron sus alegatos, respectivamente.

9. Por acuerdo de veinte de junio de dos mil veinticuatro se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política del país,(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) así como en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General número 1/2023.(5)

II. PRECISIÓN DE LAS DISPOSICIONES RECLAMADAS

11. Del escrito inicial de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se tienen como impugnadas las disposiciones siguientes:

Ver disposiciones

III. OPORTUNIDAD

12. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) el plazo para promover la acción de inconstitucional es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que una norma general se publique en el medio oficial correspondiente, con la excepción de materia electoral, asimismo, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

13. En el caso los decretos impugnados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal se publicaron los días veintisiete y veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial Estado de Querétaro, y en el caso del decreto impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se publicó el veintiocho de diciembre de la referida anualidad, en el citado Periódico Oficial.

14. Por tal motivo, el plazo para presentar su acción de inconstitucionalidad trascurrió del veintiocho de diciembre de ese año al veintiséis de enero de dos mil veinticuatro y del veintinueve de diciembre del año anterior al veintisiete de enero de dos mil veinticuatro (día inhábil), respectivamente.

15. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el último día de ese plazo, esto es, el veintiséis y veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, respectivamente, por lo que resulta claro que se promovieron de forma oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

16. Los promoventes se encuentran legitimados para promover el presente medio de control de constitucionalidad en términos del artículo 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política del país,(7) en cuya demanda, el Poder Ejecutivo Federal señaló como preceptos constitucionales violados los artículos, 6, apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como preceptos constitucionales violados los artículos, 1, 6, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

17. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(8)

18. En el caso, la acción del Poder Ejecutivo Federal está signada por María Estela Ríos Gonzáles, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento expedido por este último, el dos de septiembre de dos mil veintiuno.

19. En términos de lo dispuesto en los artículos 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(9) y 10, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,(10) le corresponde representar al Presidente de la República en las acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o de las entidades federativas.

20. Por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la acción de inconstitucionalidad está signada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta mediante la copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República, por el período que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

21. Dicha servidora pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(11) así como en el diverso 18 de su reglamento interno,(12) ostenta la representación del organismo y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.

22. En consecuencia, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están legitimadas para promover la presente acción de inconstitucionalidad y quienes suscriben los escritos respectivos, son en quienes recae la representación legal.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

23. No se hicieron valer causas de improcedencia y al no advertirse alguna de oficio, se procede a examinar los conceptos de invalidez.

VI. ESTUDIO DE FONDO

24. Los accionantes en síntesis sostienen que las disposiciones de diversas leyes de ingresos de los municipios del Estado de Querétaro que establecen tarifas por los servicios de búsqueda, digitalización y reproducción de información vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, así como el derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad, ya que entre otras cosas no establecen las erogaciones que realmente representan la prestación del servicio o de los materiales empleados.

25. Adicionalmente la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal apunta que se imponen multas que vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que dichas infracciones son ambiguas, abiertas e imprecisas.

26. Por otro lado, el Poder Ejecutivo Federal también señala que se establecen cobros por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil que vulneran los principios de interdependencia e indivisibilidad y el derecho a la identidad al no establecerse de manera gratuita la primera copia del acta de dicho registro.

27. Por último el accionante aludido refiere que el cobro de derechos por alumbrado público vulnera los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad ya que establecen un cobro excesivo que no encuentra justificación.

28. Atento a esos planteamientos y con la finalidad de tener un panorama íntegro del problema que entraña el presente medio de control constitucional, este Tribunal Pleno analiza dichos supuestos en apartados distintos:

TEMA I. Búsqueda, digitalización y reproducción de in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33781-753e3a52/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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