I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 10, FRACCIÓN XIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGE DESCRIBIR CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS. VII. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. SE CLASIFICA COMO PARTE DE LA SALUBRIDAD GENERAL. VIII. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE EL USO DE CUBREBOCAS OBLIGATORIO, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL NO ESPECIFICAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CONDUCTA INFRACTORA, TALES COMO EL LUGAR, PERIODO Y EXISTENCIA DE UNA DECLARACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO POR PANDEMIA O POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 156, FRACCIÓN I, INCISO DD) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, TUXTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023]. IX. MULTAS POR INSULTOS U OFENSAS A AUTORIDADES Y A LA SOCIEDAD. LAS NORMAS QUE SANCIONAN CON MULTA A QUIENES SE EXPRESEN CON PALABRAS OBSCENAS O HAGAN SEÑAS O GESTOS OBSCENOS O INDECOROSOS EN LUGARES PÚBLICOS, REALICEN ACTOS QUE CAUSEN OFENSAS, FALTEN AL RESPETO O REALICEN ACTOS QUE CAUSEN OFENSA A UNA O MÁS PERSONAS, Y AGREDAN VERBALMENTE O COMETAN FALTAS A UN OFICIAL, VULNERAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES LA CALIFICACIÓN QUE HAGA LA AUTORIDAD NO RESPONDERÁ A CRITERIOS OBJETIVOS, SINO QUE SE CIRCUNSCRIBE A UN ÁMBITO ESTRICTAMENTE PERSONAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 99, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, DISTRITO DE JUQUILA, 55, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "INSULTOS A LA AUTORIDAD 1,000.00", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, DISTITRO DE JAMILTEPEC, 144, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, 73, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, 48, INCISO M), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, DISTRITO DE CHOÁPAM, 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO, DISTRITO DE TLAXIACO, 63, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO, DISTRITO DE CUICATLAN, 53, FRACCIONES VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y VERBAL" Y VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, 55, FRACCIONES VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y VERBAL", Y VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS DE TAMAZULAPAN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, 64, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO, DISTRITO DE TLAXIACO, Y 54, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALIHUALÁ, DISTRITO DE SILACAYOÁPAM, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023]. X. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE MULTAS CONSISTENTES EN QUE ACTORES, JUGADORES, MÚSICOS O AUXILIARES INJURIEN CON PALABRAS, ACTITUDES O GESTOS A PERSONAS QUE ASISTAN A UN ESPECTÁCULO O DIVERSIÓN, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA [ARTÍCULO 199, FRACCIÓN I, INCISOS O), NUMERAL 3 Y AA), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, DISTRITO DE ZIMATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023]. XI. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE ESTABLECE COMO FALTA ADMINISTRATIVA "ENCONTRAR PERSONAS DEAMBULANDO POR LA POBLACIÓN DE MANERA SOSPECHOSA", CONTRAVIENE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, DISTRITO DE COIXTLAHUACA, DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 76/2023 Y SUS ACUMULADAS 80/2023 Y 83/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE DICIEMBRE DE 2023. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 76/2023 y sus acumuladas 80/2023 y 83/2023, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, en contra de diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos de distintos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de las demandas. El diez, veintidós y veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad impugnando porciones normativas, contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicadas el once, dieciocho y veinticinco de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente.(1)
2. Conceptos de invalidez. En dichos escritos se expusieron los siguientes razonamientos.
Poder Ejecutivo Federal AI 76/2023.
"PRIMERO. Las porciones normativas previstas en las Leyes de Ingresos impugnadas violan seguridad jurídica en su vertiente de taxatividad. Las normas combatidas constituyen infracciones abiertas que dejan a las autoridades administrativas, de manera discrecional y subjetiva determinar las conductas infractoras, lo cual no permite a los gobernados conocer con certeza y anticipación las posibles conductas tipificadas como infracción.
"Resultan imprecisas las normas impugnadas ya que permiten un margen de aplicación muy amplió e injustificado que autoriza bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto de expresión sea susceptible de una sanción administrativa.
"Relativo a la calificación de escándalo no responde a criterios objetivos ya que no se determina la acción y se permite que se sancione de manera discrecional a las personas que realicen un acto que resulta impreciso y que pudiera no considerarse lo suficientemente grave como para ser reprochable.
"Referente a la conducta de personas deambulado. No se define que debe entenderse por deambular de manera sospechosa en la población, este tipo de actos tiene amplió margen de apreciación, lo que genera incertidumbre jurídica.
"Con relación a la conducta de músicos o cancioneros por cantar canciones que contengan palabras altisonantes o que atenten contra la moral y las buenas costumbres, argumenta que contiene diversos conceptos indefinidos ya que no tiene los elementos que integran la infracción en forma clara y precisa, pues depende de la perspectiva social y la apreciación subjetiva del operador de la norma, por lo que su determinación no puede ser valorada. Además, que para actualizar dicha infracción es necesario determinar lo que debe entenderse por "moral" o buenas costumbres, ya que no puede interpretarse por el operador jurídico de la norma al corresponder a un aspecto subjetivo ético, que genera incertidumbre para los gobernados pues la calificación que haga la autoridad no responderá a criterios objetivos, sino que responden a un ámbito estrictamente personal.
"Y relativo a no portar cubrebocas o no portarlo correctamente, tampoco contiene elementos que integran la infracción de forma clara y precisa ya que no especifica si el cubrebocas debe ser usado en lugares públicos abiertos o cerrados, el legislador debió precisar donde debe portarse el cubrebocas.
"SEGUNDO. Cobro de derechos por el servicio de alumbrado público.
"Las disposiciones que establecen un cobro por la prestación del servicio de alumbrado público son contrarias a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, porque el legislador atendió a circunstancias que nada tienen que ver con el costo que implica para el Estado prestar dicho servicio, en tanto que se toma como base el consumo de energía eléctrica de cada usuario.
"Por último, la accionante manifiesta que las normas vulneran el principio de equidad tributaria porque el legislador estableció tarifas diferenciadas respecto del servicio de alumbrado público, aun cuando se trata del mismo servicio para todos los usuarios.
"TERCERO. Cobros por búsqueda de documentos y copias de documentos en los archivos municipales por hoja.
"Las normas impugnadas que prevén el cobro por búsqueda de información pública vulneran el principio de gratuidad en materia de acceso a la información, toda vez que de conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de los materiales utilizados para la reproducción y entrega de los documentos, pero no se podrá cobrar la búsqueda.
"Asimismo, la accionante sostiene que las normas son contrarias a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias porque no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporciona el Estado. Ello, pues el legislador no justificó el cobro de búsqueda de información a partir de una base objetiva y razonable atendiendo a los materiales utilizados.
"Al respecto, señaló que los costos o tarifas impuestas no pueden constituir barreras desproporcionales al derecho de acceso a la información. De tal manera que, si el solicitante proporciona el medio magnético o electrónico para el almacenamiento de la información, ésta debe ser entregada sin ningún costo."
Comisión Nacional de los Derechos Humanos AI 80/2023.
"PRIMERO. Cobros por búsqueda de documentos y copias de documentos en los archivos municipales.
"Los artículos que imponen cobros por la búsqueda de información en los archivos municipales, así como por la reproducción de documentos en copias simples y certificadas, establecen tarifas que no atienden al costo que le representó al Estado prestar el servicio, por tanto, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria.
"En específico, señala que los cobros por la simple búsqueda de información son desproporcionales porque la prestación de ese servicio no implica un gasto por la utilización de materiales u otros insumos, pues es suficiente que el servidor público encargado realice la búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado.
"En cuanto a los cobros por certificaciones alega que también son desproporcionales, porque si bien este servicio consiste en la reproducción de un documento y su certificación por parte de un funcionario público, ello no implica que pueda existir un lucro para este servidor público, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio.
"Adicionalmente, menciona que la búsqueda de información se trata de una actividad concreta en la cual el servidor público encuentra un documento o información solicitada existente en los archivos correspondientes, se considera que no es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos, pues la actividad necesaria para realizar dicha acción no implica necesariamente un gastos por la utilización de materiales u otros insumos que impliquen un gasto para el municipio que justifique el monto establecido por el legislador local, sobre todo si se tiene presente que no puede existir un lucro o ganancia por la referida búsqueda.
"SEGUNDO. Multas imprecisas. Las normas impugnadas en el inciso b), vulneran el derecho a la seguridad jurídica, a la libertad de expresión, así como los principios de legalidad y taxatividad, porque imponen diversas multas por la comisión de hechos que se consideran infracciones administrativas, las cuales resultan imprecisas e implican una indeterminación en las conductas sancionadas, lo que propicia la arbitrariedad en la aplicación de esas normas.
"Refiere que el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad implican que las normas deben definir de manera suficiente y precisa las conductas que se sancionarán, de manera que las autoridades no incurran en arbitrariedades o discrecionalidad en su aplicación y permitan que los gobernados tengan plena certeza de qué tipo de conductas son las que se consideran reprochables por la ley.
"Explica que el principio de taxatividad en materia penal es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, con las modulaciones conducentes, en tanto que en ambos se ejerce el castigo derivado del Estado, como facultad con la que cuenta para imponer penas, sanciones o medidas de seguridad ante la comisión de actitudes contrarias a derecho.
"Destaca además que el mandato de taxatividad supone la exigencia de que la conducta típica sea tal, que lo que sea objeto de la prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma; de ahí que, la descripción típica de una conducta no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación.
"Señala que el artículo 6o. de la norma fundamental consagra el derecho que tiene toda persona a expresar libremente sus pensamientos, opiniones e ideas de toda índole, el cual se traduce en un requisito para la existencia de una sociedad democrática; prerrogativa reconocida además en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Manifiesta que, en relación con las infracciones sancionables como insultos, ultrajes, ofensas y agresiones a la autoridad de tránsito o cualquier miembro de la sociedad, la norma no permite que las personas tengan conocimiento suficiente de las conductas que en su caso podrían ser objeto de sanción.
"Es decir, la norma permite un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza, bajo categorías ambiguas y subjetivas, que cualquier acto de expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa, si es calificado como ofensivo contra cualquier persona a la que se infieran.
"La promovente considera que las disposiciones normativas no se encuentran acotadas, pues permiten que se sancione de manera discrecional a las personas que realicen una expresión dirigida a las autoridades o a algún particular, que pudiera no considerarse lo suficientemente grave para ser reprochable, en tanto que la valoración de la ofensa y el ultraje depende de manera exclusiva de la apreciación subjetiva de los individuos, en la medida que consideren que las acciones les causaron un daño, siendo que es la autoridad la que, de manera arbitraria, determinará cuándo un sujeto expresa una ofensa, agresión verbal, insulto, ultraje hacia la autoridad o algún particular, que lo haga acreedor a la imposición de una sanción.
"TERCERO. Multas Fijas. Los artículos precisados en el apartado III inciso c), establecen multas fijas como consecuencia de la comisión de diversas faltas administrativas, tales preceptos se erigen como una sanción desproporcionada, absoluta e inflexible que no atiende a la gravedad de la falta cometida y el daño causado, por lo que no permite un margen de apreciación para que la autoridad pueda individualizarla, por lo tanto, vulnera el principio de proporcionalidad en las sanciones, así como la prohibición de multas excesivas, previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal.
"Explica que las normas impugnadas no establecen parámetros mínimo y máximo para su imposición, lo cual impide que la autoridad administrativa individualice la sanción mediante la adecuada valoración de las circunstancias que ocurran en cada caso.
"Señala que la mayoría de las conductas se relacionan con cuestiones ambientales en las cuales existe un sistema normativo específico que lleva a la autoridad competente a realizar diversos actos de inspección y verificación que le permitan concluir que existen elementos para determinar si un sujeto es acreedor a una sanción pecuniaria.
"En otras palabras, argumenta que se trata de conductas que ameritan la realización de un procedimiento en el que se le atribuya a la persona infractora hechos subjetivos y se constate su actualización a fin de imponer la sanción correspondiente, o bien, que requieren diversos elementos para individualizar la sanción conducente, razón por la cual la ausencia de esa graduación resulta inconstitucional.
"Relativo a las conductas de dañar el patrimonio municipal o provocar accidentes automovilísticos, estima que se trata de actos que, para sancionar ejemplarmente, se debe tomar en consideración diversos elementos, como los daños causados, el grado de afectación y de culpabilidad, entre otros, dado que se trata de faltas que permiten un rango de aplicación identificable en mínimos y máximos.
"Concluye que las multas previstas en los artículos impugnados no permiten que la autoridad operadora pueda individualizar la sanción de manera adecuada, es decir, que pueda realizar una ponderación con base en el principio de proporcionalidad, tomando en consideración diversos factores, por tanto, vulnera directamente el principio consagrado en el artículo 22 constitucional.
"CUARTO. Vulneración a la libertad de expresión y reunión.
"El artículo 58, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Apóstol, Distrito de Ocotlán, que sanciona el cierre de vías sin permiso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que las marchas, plantones, procesiones, peregrinaciones y manifestaciones derivados de expresiones sociales se realizan en vías públicas y generalmente suelen generar cierres de ellas, por tanto, dado la amplitud de la norma, la infracción puede interferir con el ejercicio de libertades de expresión y reunión derechos humanos reconocidos constitucionalmente al admitir que se imponga una sanción.
"Agrega que no es posible que el ejercicio de la libertad de reunión en el espacio público se condicione o restrinja a una autorización previa por parte del Estado como regla general, ya que ello conduciría a que el disfrute de ese derecho por medio de bienes de uso de dominio público dependa enteramente de la decisión de las autoridades, limitación que no encuentra ningún tipo de respaldo en el artículo 9 de la Constitución Federal, ni del resto de las disposiciones convencionales en la materia.
"Además, que debe estimarse que, si la libertad de reunión en el espacio público no puede ser limitada a la existencia de una autorización previa por parte del Estado, por mayoría de razón tampoco es posible imponer sanciones ante la falta de dicha permisión, pues dicha restricción carecería de respaldo constitucional o convencional."
Comisión Nacional de los Derechos Humanos AI 83/2023.
"PRIMERO. Cobro de derechos por el servicio de alumbrado público.
"Las normas prevén un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público pero, en realidad, imponen un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, cuyo gravamen corresponde al Congreso de la Unión, pues se toma como base el consumo de energía eléctrica de cada usuario.
"Lo anterior, vulnera el derecho de seguridad jurídica y los principios tributarios, porque la base gravable está relacionada con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del Estado por concepto del servicio de alumbrado público, a saber, el consumo de energía eléctrica. Esto es, no se paga por la prestación del servicio otorgado, sino por el consumo de energía eléctrica: a mayor consumo de dicha energía la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo.
"Al respecto, precisa que si bien las disposiciones impugnadas presentan variaciones en su redacción, lo cierto es que todas contienen el mismo vicio de inconstitucionalidad al gravar el consumo de energía eléctrica. De manera ejemplificativa cita los supuestos siguientes: i) normas que remiten a lo previsto en el Capítulo I del Título Tercero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca; y, ii) aquellas que señalan expresamente como base del servicio el consumo de energía eléctrica.
"Si bien el artículo 115 de la Constitución Política del país prevé que el municipio tendrá a su cargo el servicio de alumbrado público, ello no implica una habilitación para cobrar impuestos por el consumo de energía eléctrica.
"Aunado a que, el hecho de que el legislador considerara como elemento determinante para el cálculo del derecho, además del consumo de energía, el tipo de tarifa o servicio suministrado por la Comisión Federal de Electricidad evidencia la vulneración al principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que el derecho no atiende al costo real del servicio proporcionado sino a la capacidad económica del contribuyente.
"Finalmente, señala que al tomarse en cuenta elementos ajenos al costo real del servicio de alumbrado público implica que el monto a pagar no sea igual para todos los sujetos obligados, sino que cambie dependiendo de la tasa aplicable correspondiente al tipo de tarifa por el servicio que suministre la Comisión Federal de Electricidad.
"SEGUNDO. Cobros por búsqueda de documentos y copias de documentos en los archivos municipales.
"Los artículos que imponen cobros por la búsqueda y reproducción de información en copias simples y certificadas son contrarios al principio de proporcionalidad tributaria, pues las cuotas que prevén no atienden al costo de los servicios que presta el Estado.
"En específico, señala que los cobros por la simple búsqueda de información son desproporcionales porque la prestación de ese servicio no implica un gasto por la utilización de materiales u otros insumos, pues es suficiente que el servidor público encargado realice la búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado.
"En cuanto a los cobros por certificaciones alega que también son desproporcionales, porque si bien este servicio consiste en la reproducción de un documento y su certificación por parte de un funcionario público, ello no implica que pueda existir un lucro para este servidor público, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio.
"TERCERO. Multas imprecisas. Las normas impugnadas en el inciso c), vulneran el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y taxatividad, porque imponen diversas multas por la comisión de hechos que se consideran infracciones administrativas, las cuales resultan imprecisas e implican una indeterminación en las conductas sancionadas, lo que propicia la arbitrariedad en la aplicación de esas normas.
"Refiere que el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad implican que las normas deben definir de manera suficiente y precisa las conductas que se sancionarán, de manera que las autoridades no incurran en arbitrariedades o discrecionalidad en su aplicación y permitan que los gobernados tengan plena certeza de qué tipo de conductas son las que se consideran reprochables por la ley.
"Explica que el principio de taxatividad en materia penal es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, con las modulaciones conducentes, en tanto que en ambos se ejerce el castigo derivado del Estado, como facultad con la que cuenta para imponer penas, sanciones o medidas de seguridad ante la comisión de actitudes contrarias a derecho.
"Destaca, además, que el mandato de taxatividad supone la exigencia de que la conducta típica sea tal, que lo que sea objeto de la prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma; de ahí que, la descripción típica de una conducta no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación.
"Señala que el artículo 6o. de la Norma Fundamental consagra el derecho que tiene toda persona a expresar libremente sus pensamientos, opiniones e ideas de toda índole, el cual se traduce en un requisito para la existencia de una sociedad democrática; prerrogativa reconocida además en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. "Manifiesta que, en relación con las infracciones sancionables como insultos, ultrajes, ofensas y agresiones a la autoridad de tránsito o cualquier miembro de la sociedad, la norma no permite que las personas tengan conocimiento suficiente de las conductas que en su caso podrían ser objeto de sanción.
"Es decir, la norma permite un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza, bajo categorías ambiguas y subjetivas, que cualquier acto de expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa, si es calificado como ofensivo contra cualquier persona a la que se infieran.
"La promovente considera que las disposiciones normativas no se encuentran acotadas, pues permiten que se sancione de manera discrecional a las personas que realicen una expresión dirigida a las autoridades o a algún particular, que pudiera no considerarse lo suficientemente grave para ser reprochable, en tanto que la valoración de la ofensa y el ultraje depende de manera exclusiva de la apreciación subjetiva de los individuos, en la medida que consideren que las acciones les causaron un daño, siendo que es la autoridad la que, de manera arbitraria, determinará cuándo un sujeto expresa una ofensa, agresión verbal, insulto, ultraje hacia la autoridad o algún particular, que lo haga acreedor a la imposición de una sanción."
3. Admisión y trámite. Por acuerdos de treinta de marzo y tres de abril de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dio cuenta de las demandas presentadas por el Poder Ejecutivo Federal y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asignándoles los números de expediente 76/2023, 80/2023 y 83/2023, respectivamente, (acumulando las segundas a la primera) y designando como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.(2)
4. Mediante acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, el Ministro instructor dio cuenta de las demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca como las entidades que emitieron y publicaron las reformas impugnadas; asimismo, entre otros aspectos, solicitó el informe a dichas autoridades y le dio vista del asunto al Fiscal General de la República para que, hasta antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.(3)
5. Informe del Poder Legislativo Estatal. El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, rindió informes en los que expresó medularmente lo siguiente:
Estudio de fondo.
Las disposiciones impugnadas no vulneran los principios de proporcionalidad y legalidad tributarias porque establecen con claridad los elementos para realizar el cálculo de la contribución, los sujetos obligados, el hecho o circunstancia gravado, la base del tributo, la tasa o tarifa aplicable. En otras palabras, argumenta que las normas no generan incertidumbre a los contribuyentes pues conocen con certeza la forma y términos en que están obligados a contribuir a los gastos públicos.
6. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, rindió informes en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa exponiendo esencialmente lo siguiente:
Causal de improcedencia.
Invoca la causa de improcedencia establecida por el artículo 19, fracción VIII, en relación con el numeral 65, párrafo primero, ambos de la Ley Reglamentaria, porque la promulgación de las leyes impugnadas atendió a la facultad potestativa y su contenido no excede ni transgrede algún numeral o principio amparado en la Constitución Federal, aunado a que, dentro de los conceptos de invalidez que hace valer la promovente, no se advierte la existencia de dichas vulneraciones. Con lo anterior, señala que debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad de conformidad con el diverso 20, fracciones II y III, de la citada Ley Reglamentaria.
En cuanto al fondo.
Las normas prevén proteger el artículo 6o. constitucional, el cual establece que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de ataque a la moral, la vida privada o derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. En ese sentido, es obligación de los ciudadanos el respeto a ese bien general que les permite vivir en el ejercicio de sus libertades y derechos.
De las palabras utilizadas por el legislador no es posible observar algún grado excesivo de confusión e imprecisión sobre los actos que serán motivo de la imposición de alguna sanción, es así que lo mencionado por la oferente es infundado, porque no analiza las distintas circunstancias y el contexto de las diferentes leyes.
En cuanto a los cobros por el servicio de alumbrado público, el Estado a través del Poder Legislativo es el único facultado para crear, modificar o suprimir tributos, lo cual deriva de que el Estado realiza numerosos gastos para cumplir con sus atribuciones. El propósito de las contribuciones es sufragar esos gastos públicos y prestar los servicios públicos que demanda la sociedad. Bajo esta línea, los derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. Así, se estima que la interpretación de la promovente es errónea, porque el Congreso local ejerció sus facultades constitucionales y legales para establecer las contribuciones necesarias y cubrir el presupuesto.
No se transgrede el derecho a la seguridad jurídica ni los principios de legalidad y reserva de ley, porque no se puede establecer un monto o tarifa sin antes saber cuánto fue el consumo de la energía eléctrica, porque si no, se estaría violentando el derecho del consumidor. No debe pasar inadvertido que las tarifas previstas se fijaron en función del consumo de energía eléctrica.
El hecho de que los preceptos prevean tarifas para distintos sujetos, las cuales aumentan o disminuyen en función del consumo de kilovatio hora, es para establecer tarifas progresivas, pues el legislador lo utilizó como elemento para establecer tarifas más altas para consumidores mayores y tarifas más bajas para consumidores menores, pero no para definir cuál sería el objeto (prestación del servicio de alumbrado público) y la base gravable (costo que le genera al Municipio prestar el servicio), los cuales sí guardan relación con la prestación del servicio público.
En relación con los cobros por reproducción de información no relacionados con acceso a la información, de igual forma se estima que el Congreso local ejerció sus facultades para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, por lo que no se contraviene precepto constitucional alguno, sino que en los Municipios en cuestión se está imponiendo el cobro de un derecho por la expedición de la búsqueda de un trámite. En ese orden, la legalización de un documento es cuando este se somete a requisitos formales requeridos para su validez; la constancia es el documento donde se acredita un hecho; las certificaciones dan fe de un hecho; y el permiso es el documento que se expide, previo cumplimiento de requisitos, con el fin de autorizar actos. Los actos descritos son solicitados por personas que se encuentran dentro del derecho privado, por lo que al imponer por la expedición de documentos cuyo contenido obra información de actos realizados por particulares no equivale a una transgresión al principio de proporcionalidad o equidad tributaria. El cobro por la expedición de copias simples y certificadas tampoco es una carga excedente para los contribuyentes, puesto que las normas solo representan un porcentaje que no rebasa en exceso el salario mínimo mensual vigente, por lo que están justificadas y no violan el principio de proporcionalidad.
En cuanto a los cobros por acceso a información pública, el concepto que formula la accionante es inoperante, porque no refiere el motivo por el que resulta desproporcionado el cobro y únicamente se limita a enunciar la desproporción.
Respecto al supuesto establecimiento de faltas imprecisas, la promovente no realiza un adecuado análisis de las palabras y/o conductas que le causan molestia, toda vez que se limita a justificar sus razonamientos sólo respecto de lo establecido en el texto legal, sin ampliar su panorama sobre la finalidad de dicha norma y sin realizar el estudio de los derechos y principios que busca proteger en el orden público; asimismo, debió realizar un estudio respecto del lugar, modo y tiempo en que se aplicarán las normas, ya que si solo se estudian esos extractos, quedaría en un bagaje.
Las normas cuestionadas buscan proteger el honor de la autoridad y de las personas. En su aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo lo que lastima el sentimiento de la propia dignidad; en tanto que, en el aspecto objetivo, el honor es afectado por todo aquello que lesiona la reputación de la persona, de modo que la reputación es el aspecto objetivo del derecho al honor y puede protegerse.
De las palabras utilizadas por el legislador no es posible observar algún grado excesivo de confusión e imprecisión sobre los actos que serán motivo de la imposición de alguna sanción, es así que lo mencionado por la oferente es infundado, pues no existe un grado de discrecionalidad, ya que estamos ante faltas administrativas en las que se pondera el bien público y el derecho al honor de las personas ante acciones, expresiones, agravios o palabras que atenten contra su dignidad.
7. Pedimento. El Fiscal General de la República no formuló pedimento ni manifestación alguna en el presente asunto.
8. Alegatos. Por oficios presentados el catorce, quince y veinte de septiembre de dos mil veintitrés, la Delegada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32591-78b96a09/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ART (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TABACO. EN LA REGULACIÓN PARA SU CONTROL Y VENTA EL EJECUTIVO INTERVIENE CON UNA FACULTAD REGLAMENTARIA PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO Y SI LA NORMATIVIDAD ATIENDE LA NECESIDAD DE (IV.1o.A.25 A (11a.))
- PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE ANTE LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA NO CONSTITUYEN PE (P./J. 23/2011)
- PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE ANTE LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA NO CONSTITUYEN PE (498)
- JURISPRUDENCIA QUE DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APLICARLA PARA DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINIST (I.1o.A.66 A )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis