I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES. II. MECANISMO NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA FACULTAD DE MODIFICAR SU ÁMBITO DE TUTELA, ASÍ COMO DE ESTABLECER LOS ACTOS U OMISIONES QUE DEBEN EXCLUIRSE DE AQUÉL, CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL CONSTITUYENTE PERMANENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 77 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA: "… CON EXCEPCIÓN DE LOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO …"). III. MECANISMO NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102, APARTADO B, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES MATERIA DE AQUÉL CONOCER DE LOS ACTOS U OMISIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA QUE PROVENGAN DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN XXXIV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA). IV. RECOMENDACIONES DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS. LA FACULTAD DE LOS PODERES LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS O DE LA FEDERACIÓN PARA LLAMAR A COMPARECER A LAS AUTORIDADES QUE SE NIEGAN A CUMPLIR AQUÉLLAS NO ES DE EJERCICIO OBLIGATORIO (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN XXXIV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA). V. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SINALOA. EL REQUISITO DE UN DICTAMEN DEL CONGRESO LOCAL, PREVIO A LA COMPARECENCIA DE UNA AUTORIDAD QUE SE NIEGA A CUMPLIR UNA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR AQUÉLLA, NO VULNERA SU AUTONOMÍA (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN XXXIV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 77 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA "… CON EXCEPCIÓN DE LOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO …").
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE JUNIO DE 2017. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de junio de dos mil diecisiete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.-Presentación del escrito de acción de inconstitucionalidad. Por escrito recibido el once de octubre de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 43, fracción XXXIV, segundo párrafo y 77 Bis, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, emitidos y promulgados por el Congreso y el gobernador de dicha entidad, contenidos en el Decreto Número 903, publicado en el Periódico Oficial Local el trece de septiembre de dos mil trece.
2. SEGUNDO.-Conceptos de invalidez. El promovente de esta acción de inconstitucionalidad, formuló, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
Respecto del artículo 77 Bis, párrafo primero.
a. Considera que dicho numeral es, por una parte, inconstitucional y, por otra, inconvencional, toda vez que excluye de las facultades del Organismo Estatal de Protección de Derechos Humanos, la de conocer de actos y omisiones de naturaleza administrativa, violatorios de derechos humanos, provenientes del Poder Judicial del Estado, lo que va en contra del artículo 102, apartado B, en relación con el 1o., ambos de la Constitución Federal.
b. Que el artículo 1o. constitucional establece el reconocimiento que debe darse a las personas el disfrute de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma Parte, así como de las garantías para su protección, mientras que el artículo 102, apartado B, dispone que el Congreso de la Unión y la Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos para la protección de los derechos humanos, los cuales estarán facultados para conocer de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como de asuntos jurisdiccionales y electorales.
c. Que el artículo 102, apartado B, constitucional, faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los organismos protectores de derechos humanos de las entidades federativas, para conocer de todo acto administrativo que vulnere derechos fundamentales, proveniente de cualquier autoridad, salvo los del Poder Judicial de la Federación, y que esta regla no puede ser aplicada de manera análoga en las entidades federativas, en el sentido de que las Constituciones Locales excluyan a sus respectivos Poderes Judiciales del ámbito de competencia de los organismos protectores; ello porque no se encuentra expresamente dispuesto por la Constitución Federal.
d. Que el Congreso de Sinaloa rebasó lo dispuesto en la referida norma constitucional, al excluir de la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos los actos provenientes del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
e. Que si la intención del Constituyente era excluir de la competencia de los organismos protectores de derechos humanos, los actos de los Poderes Judiciales de los Estados, así lo hubiera asentado en el Texto Constitucional, sin embargo, únicamente excluyó los actos del Poder judicial de la Federación, así como los asuntos electorales y jurisdiccionales, por lo que todo acto administrativo que no provenga de dicho Poder Federal, puede ser conocido por los organismos protectores.
f. Que durante el procedimiento legislativo de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y dos, a través de la cual se establecieron los organismos protectores de derechos humanos, así como la de mil novecientos noventa y nueve, cuando se les dotó de autonomía, se debatió acerca de los actos o asuntos que no debían conocer dichos organismos, y en ambos casos el objeto de la restricción eran los asuntos jurisdiccionales, con el fin de no vulnerar la seguridad jurídica y el principio de división de poderes.
g. Que tratándose de los organismos protectores de derechos humanos de las entidades federativas, sólo están excluidos de su competencia los asuntos jurisdiccionales, por lo que implícitamente está permitido que conozcan de los asuntos materialmente administrativos.
h. Que el mencionado artículo 77 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa es inconvencional, ya que vulnera los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en relación con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutelan el derecho de acceso a la justicia, pues al excluir de las facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la posibilidad de conocer de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de servidores públicos del Poder Judicial de la entidad, las víctimas quedan sin una vía idónea para la protección de sus derechos fundamentales.
i. Que a partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se creó un bloque de constitucionalidad y de convencionalidad conformado por la Constitución y los tratados internacionales, criterio que fue confirmado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, en la que se determinó que los derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del sistema jurídico.
j. Que en la mencionada reforma constitucional de dos mil once se incorporó el principio pro personae, como rector de la interpretación y aplicación de normas jurídicas, lo que fue desarrollado en la tesis de la Primera Sala 1a. XXVI/2012 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."
k. Que a partir de la referida reforma constitucional en materia de derechos humanos, es imperativo que las autoridades del país ejerzan ex officio, el control de convencionalidad para aplicar en sus respectivos ámbitos competenciales, además del derecho interno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados internacionales de los que México es Parte, así como la interpretación que de sus cláusulas ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD."
l. Que a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos debe privilegiarse el principio pro personae y el derecho de acceso a la justicia, reconocidos en los artículos 1o. y 17 constitucionales, conforme a los cuales, las disposiciones deben ser interpretadas de la manera más amplia y flexible, en aras de privilegiar los derechos de los gobernados.
Respecto de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo y 77 Bis, párrafo tercero:
m. Considera que limitan la autonomía e independencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y son contrarios al artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal.
n. Que el mencionado artículo 102, apartado B, constitucional establece la naturaleza de los organismos protectores de derechos humanos, señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, señalando que las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, deberán establecer y garantizar la autonomía de esos organismos protectores como base fundamental de su actuar.
o. Que la autonomía de los organismos protectores de derechos humanos implica la exclusión de injerencias por parte de otras autoridades del Estado que pudieran determinar su proceder y conminarlos a actuar de determinada manera, y que sin ella sus actos y recomendaciones no tendrían el impacto y la legitimidad con la que cuentan.
p. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la naturaleza de los organismos constitucionales autónomos en las tesis P./J. 12/2008 y P./J. 20/2007, de rubros: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS." y "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS."
q. Que son características principales de los organismos constitucionales autónomos que se encuentran establecidos directamente en la Constitución Federal; mantienen con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación y no de subordinación; deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, por último, deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas.
r. Que la característica principal de los organismos constitucionales autónomos, como es el caso de los organismos protectores de derechos humanos, es la autonomía en el desempeño de sus funciones, sin recibir instrucciones de ningún otro organismo del Estado.
s. Que en la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, en aras de robustecer la autonomía de los organismos protectores de derechos humanos, se dio relevancia a las consecuencias jurídicas de las recomendaciones, por lo que se estableció en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución, que cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, la Cámara de Senadores o las Legislaturas de las entidades federativas los llamarán a solicitud de dichos organismos para que comparezcan a efecto de explicar el motivo de su negativa.
t. Que en el presente caso, el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa no respetó el espíritu del artículo 102, apartado B, constitucional, pues en los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo y 77 Bis, párrafo tercero, de la Constitución Local, estableció la facultad del Congreso Local para que, una vez hecha la solicitud del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de citar a comparecer ante el propio Congreso a la autoridad o servidor público que se hubiere negado a aceptar o cumplir una de sus recomendaciones, se emita un dictamen de procedencia a través de las Comisiones de Derechos Humanos y de la relativa al cargo que desempeñen los servidores públicos de que se trate, el cual debe ser aprobado por el Pleno.
u. Que a través de este dictamen de procedencia, el Congreso del Estado de Sinaloa tiene la facultad de rechazar la solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para citar a comparecer a las autoridades o servidores públicos que se nieguen a aceptar o cumplir sus recomendaciones, a fin de que expliquen los motivos de su negativa.
v. Que la Constitución Federal no faculta a las Legislaturas Locales para dictaminar la procedencia de las solicitudes que hagan los presidentes de los organismos protectores de derechos humanos locales, pues ello implica calificar la actuación de dichos organismos, viola su autonomía y supedita sus decisiones al Poder Legislativo.
w. Que con esa disposición, las víctimas de violaciones de derechos humanos que interpongan quejas ante la Comisión Estatal, que deriven en una recomendación, se encuentran en la posibilidad de que el incumplimiento de la autoridad no tenga consecuencias, toda vez que el Congreso Local puede emitir una negativa a la solicitud de comparecencia de los servidores públicos responsables de la violación, lo que produce que las víctimas de violaciones a derechos humanos que interpongan quejas ante la Comisión Estatal, que deriven en una recomendación, se enfrenten a la posibilidad de que ésta no tenga consecuencia alguna y que, por tanto, queden sin un medio de defensa efectivo y sin acceso a la justicia, lo que implica una transgresión a los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Ley Fundamental.
x. Que lo anterior neutraliza la autonomía del organismo estatal de derechos humanos y deja sin efectos las recomendaciones que emite.
3. TERCERO.-Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El promovente invocó como violados los artículos 1o., 17 y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4. CUARTO.-Admisión y trámite. Mediante proveído de catorce de octubre de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 30/2013 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Luis María Aguilar Morales.
5. Por auto de quince de octubre siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista con la demanda a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República, para que formulara el pedimento correspondiente.
6. QUINTO.-Informe del Congreso del Estado de Sinaloa. Al rendir el informe que le fue solicitado, dicho órgano legislativo sostuvo, esencialmente, los siguientes argumentos:
a. Que contrario a lo sostenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el artículo 77 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa es constitucional, toda vez que las razones que existen para que la mencionada comisión no conozca de los actos emitidos por el Poder Judicial de la Federación, sean de naturaleza administrativa o jurisdiccional, son la independencia y autonomía que deben existir en la Judicatura, a través de las cuales se hace efectivo el principio de división de poderes, así como el derecho de tutela judicial contenido en el artículo 17 constitucional.
b. Que la independencia de la judicatura es indispensable para la eficacia del derecho a la tutela judicial, como se observa en los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, del veintiséis de agosto al seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, confirmados por su Asamblea General en las resoluciones 40/32 y 40/146, de veintinueve de noviembre y trece de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, respectivamente.
c. Que en virtud del primero de los principios señalados en el párrafo precedente, nuestro país se encuentra obligado a respetar la independencia de la judicatura, la cual se encuentra prevista tanto en la Constitución Federal como en la del Estado de Sinaloa, y que para garantizarla no se deben efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ya sean directas o indirectas, pues por disposición constitucional le corresponden exclusivamente al Poder Judicial todas las cuestiones de esa índole y cuenta con autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de su competencia.
d. Que a raíz del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgido con motivo del cumplimiento del Estado Mexicano a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco Vs. México, en el sentido de que todos los Jueces del país deben ejercer el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, el monopolio de control constitucional ya no pertenece exclusivamente a los Jueces federales, pues los juzgadores locales también son Jueces de constitucionalidad y convencionalidad.
e. Que dotar de atribuciones a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para tener injerencia en asuntos del Poder Judicial Local, significaría un contrasentido a la Constitución, ya que los juzgadores locales tienen funciones obligatorias de tutela y protección de los derechos humanos, lo que implicaría una superposición de competencias.
f. Que si los organismos protectores de derechos humanos conocieran de actos emitidos por la judicatura, se violaría el principio de autonomía e independencia judicial, pues implicaría una intromisión directa o indirecta de un órgano del Estado en las funciones constitucionales exclusivas del Poder Judicial, y que podría colocar a las judicaturas en subordinación de facto hacia los organismos protectores de derechos humanos que, al ejercer presión, podrían provocar un deficiente o incorrecto desempeño del Poder Judicial, lo que vulnera el principio de división de poderes. Para lo cual se apoya en las tesis P./J. 111/2009, P./J. 81/2004 y P. LXVII/2011 (9a.), de rubros: "DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA.", "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD."
g. Que si la Constitución Política del Estado de Sinaloa permitiera que la Comisión Estatal de Derechos Humanos conociera de actos y omisiones del Poder Judicial Local, se violaría el principio de progresividad de los derechos humanos, contenido en el artículo 1o. de la Constitución, ya que esa Constitución Local, desde que estableció la mencionada comisión, ha excluido de su competencia los actos y omisiones del Poder Judicial del Estado, ello con el fin de proteger la autonomía e independencia de la Judicatura, así como el derecho a la tutela judicial efectiva.
h. Que el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que regulan el funcionamiento de las Comisiones de los Derechos Humanos en sus respectivos ámbitos de competencia, han sido reformados en diversas ocasiones a partir de mil novecientos noventa y dos, sin embargo, siempre ha permanecido la exclusión de la competencia de dichas comisiones, de los actos u omisiones del Poder Judicial de la Federación, así como de los asuntos jurisdiccionales.
i. Que los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo y 77 Bis, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa son constitucionales, pues la facultad del Congreso Local para elaborar un dictamen de procedencia a cargo de las comisiones del Congreso Local, previo a citar a comparecer a la autoridad o servidor público que se hubiere negado a aceptar o cumplir una recomendación, a solicitud de la Comisión de los Derechos Humanos, tiene sustento en el propio artículo 102, apartado B, constitucional, cuyo texto no obliga a los Poderes Legislativos Locales a responder indistintamente en sentido afirmativo todas las solicitudes de este tipo; ello a fin de evitar que se sometan al Pleno del órgano legislativo solicitudes improcedentes que afectarían su trabajo, impidiendo el estudio de los asuntos sustanciales propios de la Legislatura.
j. Que el dictamen a que se refiere el artículo 43, fracción XXXIV, párrafo tercero, de la Constitución Local, obedece a la manera en que el Congreso de Sinaloa desahoga su trabajo en términos de lo establecido en su ley orgánica, según la cual, el trabajo parlamentario se lleva a cabo a través de comisiones, ya sea permanentes o especializadas, las cuales elaboran un estudio que se materializa mediante un dictamen, el cual sirve de criterio orientador al Pleno del Congreso para decidir en definitiva un asunto, o bien, como filtro para que no sea valorado; ello a fin de evitar la saturación del Poder Legislativo.
k. Que el dictamen previo no vulnera la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni implica que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos se queden sin un medio de defensa efectivo y sin acceso a la justicia, ya que algo parecido sucede en materia de amparo en el caso de las causas de improcedencia y el principio de definitividad, lo cual apoya en la tesis 2a./J. 125/2012 (10a.), de rubro: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA."
l. Que el mencionado artículo 43, fracción XXXIV, de la Constitución Local no viola el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que el recurso efectivo a que hace alusión este instrumento, es aquel que tenga fuerza vinculante, que en nuestro país lo constituye el juicio de amparo.
m. Que las normas cuya invalidez se reclama fueron emitidas en apego a la Constitución Federal, así como al artículo 43, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que establece la facultad soberana del Congreso Local de expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos de la administración pública del Estado, en ejercicio de su función legislativa y las facultades atribuidas en términos de los artículos 116 y 124 constitucionales, observando las normas relativas al proceso legislativo desarrolladas en la Ley Orgánica del Congreso de Sinaloa, por lo que han reunido todos los requisitos para su emisión y, por tanto, son constitucionales.
7. SEXTO.-Informe del gobernador del Estado de Sinaloa. Al rendir su informe, sostuvo lo siguiente:
a. Que son ciertos los actos que consisten en la orden de promulgación y publicación del Decreto Número 903 del Congreso del Estado que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de derechos humanos, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el trece de septiembre de dos mil trece.
b. Que el dos de julio de dos mil trece, el gobernador del Estado presentó ante el Congreso un proyecto de iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, pretendiendo armonizar la Constitución Estatal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a los puntos señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el presente asunto, los cuales benefician la tutela de los derechos humanos y las facultades de los órganos encargados de su protección.
c. Que se encuentra en total acuerdo y se adhiere a las pretensiones formuladas por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la presente acción de inconstitucionalidad.
8. SÉPTIMO.-Opinión de la Procuraduría General de la República. No se emitió opinión alguna.
9. OCTAVO.-Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de la parte actora, así como del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
10. NOVENO.-Returnos. Por auto de cinco de enero de dos mil quince el Ministro Luis María Aguilar Morales ordenó returnar la presente acción de inconstitucionalidad al Ministro Juan N. Silva Meza, por haber asumido su lugar en la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
11. Por acuerdo de la presidencia de este Alto Tribunal de cinco de enero de dos mil dieciséis, y en atención a que el Ministro Juan N. Silva Meza concluyó el periodo para el que fue designado, se ordenó el returno del presente asunto al Ministro Javier Laynez Potisek, para formular el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
12. PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 43, fracción XXXIV, segundo párrafo y 77 Bis, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
13. SEGUNDO.-Oportunidad. El artículo 60(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, en esencia, que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días contados a partir del siguiente a aquel en que se haya publicado la ley o tratado impugnados en el medio oficial correspondiente, y precisa que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
14. En el caso, las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el trece de septiembre de dos mil trece, como se desprende de las copias que de dicho medio de difusión obran agregadas en autos;(4) por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió del sábado catorce de septiembre al domingo trece de octubre de ese año. Ahora bien, tomando en cuenta que el último día del plazo fue inhábil, de conformidad con el artículo referido, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes catorce de octubre de dos mil trece.
15. En este orden, si el escrito de acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue recibida en este Alto Tribunal el once de octubre de dos mil trece, es indudable que su presentación resulta oportuna, al haberse efectuado dentro del plazo legal correspondiente.
16. TERCERO.-Legitimación. A efecto de analizar si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación procesal para iniciar esta acción de inconstitucionalidad, debe atenderse a lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso g),(5) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se advierte que dicho organismo podrá promoverla para impugnar leyes federales, estatales y del Distrito Federal -hoy Ciudad de México-, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en el propio Texto Fundamental y en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
17. De dicho numeral fundamental se advierte, entonces, que la legitimación de dicha Comisión Nacional para ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, como es el caso, está circunscrita a que tales ordenamientos "vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte", lo cual es acorde con la función primordial que tiene encomendada dicho organismo.
18. Al respecto, debe señalarse que este Tribunal Pleno, al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 22/2009(6) y 49/2009,(7) estableció que la legitimación de la citada comisión se surte cuando se hace valer una violación a derechos humanos. Es decir, para tener por satisfecho el requisito de legitimación, no es necesario que se realice un análisis preliminar sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, ni hacer un pronunciamiento sobre si ésta tutela o no derechos humanos, puesto que ésa es una cuestión que atañe al fondo del asunto; sino más bien, determinar si la impugnación que realiza en cada caso, está dirigida precisamente a la salvaguarda de esos derechos fundamentales, pues de no ser así -como pudiera ser el caso en que se alegara una invasión de ámbitos competenciales, desvinculada de la protección a derechos humanos-, se actualizaría su falta de legitimación para iniciar este medio de control, pues dicha comisión tiene una limitación constitucional en materia de legitimación que se verifica en atención al tipo de violación constitucional que pretende impugnar, al señalar específicamente el Texto Constitucional que sólo podrá interponer acción cuando se aleguen violaciones de leyes o tratados internacionales a derechos humanos y no de otro tipo.
19. En la especie, como se advierte a partir de una revisión del escrito inicial, así como de la síntesis visible en el resultando segundo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos efectivamente formuló conceptos de invalidez donde sostuvo que los artículos 43, fracción XXXIV, segundo párrafo y 77 Bis, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente lo dispuesto en los artículos 1o., 17 y 102, apartado B. Entre otras cuestiones, se aduce centralmente que se violan derechos fundamentales, porque la exclusión de los actos de naturaleza administrativa del Poder Judicial de la entidad del conocimiento de la garantía de protección no jurisdiccional de los derechos humanos; así como el procedimiento establecido para obtener la comparecencia ante la Legislatura Local de los funcionarios públicos que no acepten o se nieguen a cumplir con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, privan de efectividad a la citada garantía no jurisdiccional en detrimento de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el Estado de Sinaloa.
20. A partir de estos planteamientos centrales, se evidencia qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27586-da5a2c74/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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