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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, AL ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA, DEBERÁ ANALIZARSE SI LA IMPUGNACIÓN DE AQUÉLLAS SE HACE CON MOTIVO DE SU PUBLICACIÓN O DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 23-B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN LA PORCIÓN NORMATIVA "...CON EXCEPCIÓN DE LOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO..." REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO CIENTO CUARENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN L, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA, LOS DOS PRIMEROS AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO Y EL ÚLTIMO AL HABER EMITIDO EL OFICIO OBJETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA, SIENDO REPRESENTADOS CADA UNO DE ELLOS POR LAS PERSONAS FACULTADAS PARA TALES EFECTOS. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO, EN TANTO QUE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS SÍ ALEGA UNA VIOLACIÓN DIRECTA A SU ESFERA COMPETENCIAL (OFICIO PRESIDENCIA/LJGO/426/2023 SUSCRITO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS). IX. ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, SON COMPETENTES PARA CONOCER DE QUEJAS EN CONTRA DE ACTOS U OMISIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA PROVENIENTES DE CUALQUIER AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO. X. ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, NO SON COMPETENTES TRATÁNDOSE DE: 1) ACTOS DE CUALQUIER NATURALEZA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; 2) DE ASUNTOS DE NATURALEZA ELECTORAL Y 3) DE ASUNTOS DEL ÁMBITO JURISDICCIONAL EN CUALQUIER ÁMBITO DE GOBIERNO, SIENDO LAS CONSTITUCIONES LOCALES LAS QUE ESTABLECERÁN Y GARANTIZARÁN LA AUTONOMÍA DE DICHOS ORGANISMOS. XI. ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, LAS EXCEPCIONES AHÍ SEÑALADAS, NO IMPIDEN QUE CONOZCAN DE LOS ACTOS U OMISIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA QUE PROVENGAN DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. XII. MECANISMO NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA FACULTAD DE MODIFICAR SU ÁMBITO DE TUTELA, ASÍ COMO DE ESTABLECER LOS ACTOS U OMISIONES QUE DEBEN EXCLUIRSE DE AQUÉL, CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL CONSTITUYENTE PERMANENTE. XIII. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. EL OFICIO EMITIDO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE NIEGA LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON MOTIVO DE UNA QUEJA LABORAL, RESTRINGE LAS FACULTADES DE ÉSTA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, TODA VEZ QUE NO SE TRATA DE UN ASUNTO JURISDICCIONAL, SINO DE UNO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y/O LABORAL POR LA POSIBLE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS (INVALIDEZ DEL OFICIO PRESIDENCIA/LJGO/426/2023 SUSCRITO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE ENTREGUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DE MANERA COMPLETA Y SIN NEGAR LAS FACULTADES QUE ÉSTA TIENE PARA ELLO (INVALIDEZ DEL OFICIO PRESIDENCIA/LJGO/426/2023 SUSC

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 531/2023. · Registro digital (IUS): 32858
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-22
Promovente: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.495.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 531/2023. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 7 DE AGOSTO DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: BRUNO ALEJANDRO ACEVEDO NUEVO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 531/2023, promovida por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en contra de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, todos de esa entidad federativa, en la que se demanda la invalidez del Decreto número ciento cuarenta, por el que se adiciona, reforma y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y el oficio número PRESIDENCIA/LJGO/426/2023, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El seis de diciembre de dos mil veintitrés, la Comisión Estatal, por conducto de su Presidente, promovió una controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado.

2. A los Poderes Ejecutivo y Legislativo les atribuye la aprobación y publicación del "DECRETO NÚMERO CIENTO CUARENTA.- Por el que se adiciona, reforma y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en su edición número 4513, de fecha veintiuno de febrero de dos mil siete (en adelante, "Decreto impugnado"). En específico, la porción normativa del artículo 23-B que señala: "...con excepción de los del Poder Judicial del Estado..."

3. Al Poder Judicial del Estado le atribuye el acto de aplicación de la porción normativa del artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante, "Constitución local"), realizado a través del oficio número PRESIDENCIA/LJGO/426/2023 de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, mediante el cual negó que la Comisión estatal pueda conocer de quejas de naturaleza administrativa y/o laboral provenientes de actos u omisiones de servidores públicos adscritos a ese Tribunal.

4. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, expuso medularmente lo siguiente:

4.1 El Decreto impugnado viola el artículo 102, apartado B, primer párrafo de la Constitución Federal. La Comisión argumenta que la disposición constitucional establece la naturaleza, competencia y atribuciones de esa Comisión estatal, así como los únicos supuestos de exclusión de su ámbito de competencia, a saber: 1) los actos y omisiones de cualquier naturaleza del Poder Judicial de la Federación; 2) los asuntos de naturaleza jurisdiccional, y 3) los asuntos de naturaleza electoral. El Decreto impugnado viola esa disposición, pues sustrae de su conocimiento los actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Morelos, supuesto que no está previsto en la Constitución Federal.

4.2 En ese tenor, le está vedado al Congreso local reducir el ámbito de tutela de protección de derechos humanos, pues esto corresponde de manera exclusiva al Poder Reformador de la Constitución Federal, tal y como determinó esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 30/2013.

4.3 De igual manera, el presidente del Tribunal Superior de Justicia viola la esfera competencial de esa Comisión al hacer valer la restricción que contiene el artículo 23-B de la Constitución local, al negar que esa Comisión pueda conocer de quejas de naturaleza administrativa y/o laboral provenientes de actos u omisiones de servidores públicos adscritos a ese Tribunal.

5. Radicación y turno. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente expediente con el número 531/2023 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en su carácter de Ministro Instructor.

6. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro Instructor admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como demandados a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado de Morelos y ordenó su emplazamiento. Posteriormente, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y ordenó formar el cuaderno incidental para la suspensión solicitada.

7. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda y manifestó lo siguiente:

7.1 Causas de improcedencia. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 19, concatenado con el artículo 21, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a la extemporaneidad de su presentación.

7.2 El Decreto impugnado fue publicado el veintiuno de febrero de dos mil siete, por lo que el plazo para su impugnación transcurrió del veintidós de febrero al cinco de abril de dos mil siete. Si la demanda fue presentada el siete de diciembre de dos mil veintitrés, se presentó de manera extemporánea, por lo que debe sobreseerse.

7.3 También resulta extemporánea si se considera su primer acto de aplicación, pues la Comisión estatal aplica constante y permanentemente el artículo 23-B de la Constitución local, el cual prevé su existencia y facultades.

7.4 El Poder Ejecutivo local actúa dentro de sus facultades. Si bien la Comisión estatal reclama la invalidez del Decreto, no presenta conceptos de invalidez por vicios respecto de los actos de promulgación y publicación que podrían ser atribuidos al Poder Ejecutivo, por lo que estos actos son válidos.

7.5 Además, argumenta que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos cuenta con las facultades para promulgar y hacer cumplir las Leyes o Decretos del Congreso del Estado, lo cual no afecta el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas en favor de la Comisión estatal. Por lo tanto, considera que la impugnación que formula resulta notoriamente improcedente e infundada.

8. Contestación del Poder Judicial del Estado de Morelos. El cinco de marzo de dos mil veintitrés, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos dio contestación a la demanda y argumentó lo siguiente:

8.1 La Constitución local restringe la esfera competencial de la actora. El oficio PRESIDENCIA/LJGO/426/2023, acto reclamado en la presente controversia, se emitió de conformidad con el texto constitucional local y federal.

8.2 El artículo 23-B de la Constitución local, restringe la facultad de la Comisión estatal para conocer de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa del personal que integra el Poder Judicial local. Por ende, el actuar de la Comisión estatal contraviene la Constitución local y conlleva a la violación al debido proceso en perjuicio del Titular del Poder Judicial local, pues esta no puede tener injerencia en el Poder Judicial de esa entidad federativa.

8.3 Lo anterior, aunado a que no resulta aplicable, en perjuicio de los integrantes de ese Poder, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

8.4 Causas de improcedencia. En primer lugar, refiere que el acto impugnado no es el primer acto de aplicación de la norma impugnada. Ya que el pasado doce de julio de dos mil veintitrés dio respuesta al oficio V1/419/2023, relativo al expediente CDHM/1S.1/089/2023-V1, en el cual indicó que, conforme al artículo 23-B de la Constitución local, la Comisión estatal tiene una restricción para conocer de quejas por violación a derechos humanos cometidos por servidores públicos del Poder Judicial Local. Por lo tanto, es falso que el primer acto de aplicación de la norma haya sido el diecinueve de octubre del año dos mil veintitrés", a través del oficio PRESIDENCIAL/LJGO/426/2023.

8.5 En ese sentido, señaló que el plazo para cuestionar la constitucionalidad de la norma feneció el trece de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que, si el escrito de demanda fue presentado el seis de diciembre de dos mil veintitrés, resulta evidente que la acción es extemporánea.

8.6 En segundo lugar, argumentó que la Comisión estatal carece de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional dado que no hace valer una afectación a su ámbito competencial o a una facultad reconocida en la Constitución Federal.

9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El seis de marzo de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda y señaló lo siguiente:

9.1 Causa de improcedencia. Argumentó que la presente controversia constitucional es improcedente, en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con la fracción I, inciso h) del propio artículo 105 constitucional, pues el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones de la Comisión estatal, por tanto, esta carece de interés legítimo para promover el presente medio de control.

9.2 El Estado de Morelos tiene libertad configurativa para delimitar el ámbito de actuación de la Comisión Estatal. El Poder legislativo local argumentó que, en términos del artículo 40 de la Constitución local, es su facultad emitir las leyes necesarias para regular la conducta de los particulares y de los poderes públicos dentro del Estado. Por lo que, si bien es verdad que la ley ha de producirse de una manera acorde a la Constitución, lo cierto es que el legislador actúa con plena libertad de configuración.

10. Vistas. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron manifestaciones en el presente asunto.

11. Alegatos. El veinticuatro de abril y el seis de mayo de dos mil veinticuatro, la Comisión estatal y Poder Judicial local rindieron sus respectivos alegatos.

12. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento, el dos de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro Instructor cerró la instrucción del presente asunto para la elaboración de la resolución correspondiente.

13. Radicación en Primera Sala. Previa petición del Ministro ponente, mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, se determinó radicar la controversia constitucional en la Primera Sala de este Alto Tribunal.

14. Cumplimiento de requerimiento. El veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, el Poder Judicial local remitió copia certificada de su designación en el cargo.

I. COMPETENCIA

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución General;(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 11, fracción VIII(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto segundo, fracción I del Acuerdo General 1/2023,(4) porque se plantea un conflicto entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y el Poder Judicial de dicha entidad federativa, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno al plantearse el sobreseimiento de la norma general impugnada.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

16. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(5) deben fijarse los actos, normas generales u omisiones impugnados objeto de la controversia.

17. En su escrito de demanda, la Comisión estatal impugna el Decreto número ciento cuarenta por el que se adiciona, reforma y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintiuno de febrero de dos mil siete, en específico la porción normativa "...con excepción de los del Poder Judicial del Estado...", del artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; disposición que a la letra señala:

"Artículo 23-B. Se crea el organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, que violen estos derechos. Contará con personalidad jurídica, patrimonio propios (sic), autonomía de gestión y presupuestaria.

[...]"

18. Asimismo, reclama como primer acto de aplicación de dicha norma, el oficio número PRESIDENCIA/LJGO/426/2023, de fecha diecisiete de octubre del año dos mil veintitrés, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, mediante el cual niega que la Comisión estatal pueda conocer de quejas de naturaleza administrativa y/o laboral provenientes de los actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Judicial local.

III. OPORTUNIDAD

19. En primer lugar, se analizará la oportunidad de la demanda respecto de la impugnación de normas generales.

20. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece en su fracción II,(6) que el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional para la impugnación de normas generales se hará de la siguiente forma:(7)

a) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia; o

b) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

21. Para analizar la oportunidad de la impugnación de las normas generales a partir de su primer acto de aplicación es pertinente aclarar, en primer lugar, qué constituye un acto de aplicación conforme al criterio de este Tribunal Pleno.

22. Un acto constituye la aplicación de una norma general, siempre y cuando tenga su fundamento en la misma y, además, se encuentre previsto el caso concreto que se identifica en los supuestos de dicha norma; o bien, cuando, aunque en el acto no se haya citado expresamente la norma general, en ésta se encuentre previsto el caso concreto que se identifica o se contiene en el acto señalado como el de su aplicación (aplicación implícita o indirecta).(8)

23. En este caso, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia fundó su respuesta en el artículo 23-B de la Constitución local impugnado y negó que la Comisión estatal pueda conocer de quejas de naturaleza administrativa y/o laboral provenientes de actos u omisiones de servidores públicos de ese Tribunal.

24. En la parte que interesa, la norma impugnada(9) establece que la Comisión estatal puede conocer de quejas en contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de aquellos pertenecientes al poder judicial de esa entidad.

25. Por lo tanto, se cumplen ambos supuestos, pues la norma es señalada como fundamento y se aplica la hipótesis normativa concreta.

26. Ahora bien, aun cuando el oficio impugnado constituye un acto de aplicación de la norma general que la Comisión estatal estima inconstitucional, esta Primera Sala advierte que el referido oficio no constituye el primer acto de aplicación, sino uno ulterior.

27. Tal como afirma el Poder Judicial local, el primer acto de aplicación que resintió esa Comisión estatal lo constituye la respuesta emitida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa con oficio del doce de julio de dos mil veintitrés,(10) en atención al oficio V1/419/2023, deducido del expediente CDHM/1S.1/089/2023-V1.

28. En aquel oficio, el Poder Judicial demandado sostuvo que la Comisión estatal no es la autoridad competente para conocer de quejas en contra de sus servidores públicos, con fundamento en los artículos 102 de la Constitución Federal y 23-B de la Constitución local. Por lo que negó la información y requirió a la Comisión, en lo sucesivo, abstenerse de realizar ese tipo de solicitudes.

29. Como se advierte, en ambos oficios el Tribunal local hace mención expresa del artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su porción normativa "con excepción de los del Poder Judicial del Estado", y lo aplica para negar la competencia de la Comisión estatal para conocer de actos u omisiones de carácter administrativos provenientes de servidores públicos de ese Tribunal.

30. En este sentido, el oficio aquí impugnado no constituye el primer acto de aplicación de la norma impugnada, sino uno ulterior, por lo que resulta improcedente la demanda de controversia constitucional en contra de dicho precepto normativo. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 121/2006,(11) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA".

31. No obstante, en atención a la doble oportunidad con la que cuentan los órganos legitimados para cuestionar la constitucionalidad de normas de carácter general, es necesario estudiar si el referido artículo fue controvertido dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente de su publicación, a lo que se refiere la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia.

32. De la consulta del ordenamiento legal que contiene la norma impugnada, se advierte que la reforma que se realizó a la Constitución local, respecto de la disposición reclamada, fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el veintiuno de febrero de dos mil siete. Por lo que, el plazo de treinta días para impugnar la norma transcurrió en exceso a la fecha de presentación de la demanda, esto es, al seis de diciembre de dos mil veintitrés.

33. En consecuencia, la impugnación de la norma general no resulta oportuna y, por lo tanto, lo procedente es sobreseer la controversia respecto del artículo 23-B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fundamento en el artículo 19, fracción VII,(12) y 21, fracción II,(13) de la Ley Reglamentaria de la materia.

34. En segundo lugar, se analiza la oportunidad para la impugnación del acto reclamado.

35. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II(14) que el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional para la impugnación de actos se hará de la siguiente forma:

a) A partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) A partir del día siguiente al que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o

c) A partir del día siguiente al que el actor se ostente sabedor de los mismos.

36. De esta manera, el cómputo para la presentación de la demanda debe realizarse tomando en cuenta el día en que la Comisión estatal se ostentó sabedora de los actos impugnados, esto es, el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés.

37. Tomando esas fechas como referente, el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia concluyó el seis de diciembre del dos mil veintitrés.(15) Por lo que, si la demanda se presentó el seis de diciembre de dos mil veintitrés a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, debe concluirse que la controversia constitucional es oportuna. IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

38. De conformidad con los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(16) el carácter de parte actora lo tiene el poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas respectivas, estén facultados para representarla.

39. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos es un organismo constitucional autónomo, en términos de los artículos 102, apartado B, párrafo cuarto, de la Constitución Federal(17) y 23-B, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.(18)

40. La Comisión compareció por conducto de su Presidente;(19) funcionario que está facultado para promover la presente controversia constitucional en términos del artículo 16, fracción I,(20) de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

41. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

42. Se reconoce como autoridades demandadas a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, en términos de los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la Materia.(21)

43. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos es representado por la Consejera Jurídica de esa entidad federativa, lo que se acreditó con copia certificada del nombramiento como Titular de la Consejería Jurídica. La funcionaria tiene la facultad para representar al Poder Ejecutivo estatal en esta controversia, en términos del artículo 36, fracciones II y III de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(22) así como 10, fracción XXI del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica de dicho Estado.(23)

44. El Poder Legislativo del Estado de Morelos comparece a través del Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, lo que acreditó mediante el acta de la Sesión Ordinaria del primero de septiembre de dos mil veintitrés; funcionario que, en términos del artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(24) cuenta con la facultad para representar al poder legislativo local.

45. El Poder Judicial del Estado de Morelos comparece a través del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, lo que acreditó con copia certificada de la sesión plenaria de ese Tribunal en la que se le designó en el cargo. Este funcionario, en términos del artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(25) tiene la facultad de representar al Poder Judicial local.

46. En consecuencia, queda cubierto el presupuesto procesal de legitimación pasiva de las autoridades demandadas en la presente controversia constitucional.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

47. En este apartado se analizan las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que pueda advertir de oficio este Tribunal.

VI.1. Extemporaneidad de la controversia constitucional

48. Esta Primera Sala considera innecesario pronunciarse nuevamente sobre la extemporaneidad de la demanda que hacen valer los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos respecto de la impugnación del artículo 23-B de la Constitución local, considerando lo resuelto en el apartado de oportunidad.

VI.2. Falta de interés legítimo

49. Por otra parte, los poderes Judicial y Legislativo del Estado de Morelos argumentan que la Comisión estatal carece de interés legítimo para promover la controversia al considerar que no existe una afectación al ámbito de atribuciones de la Comisión, pues los conceptos de invalidez no se encuentran vinculados con una atribución originaria reconocida en la Constitución Federal.

50. Al respecto, esta Primera Sala estima que existe un principio de agravio suficiente para considerar que la Comisión estatal cuenta con interés legítimo para promover la controversia constitucional, por lo que la causal de improcedencia debe desestimarse.

51. En el presente asunto, la Comisión estatal aduce una violación a su esfera competencial prevista por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, respecto de su atribución para conocer de actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violenten derechos humanos, incluyendo los actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes de servidores públicos del Poder Judicial local.

52. Como se advierte, la Comisión estatal sí alega una violación directa a la esfera competencial que tiene prevista en la Constitución Federal, por lo que corresponderá al tema de fondo resolver o no la existencia de dicha invasión competencial.

53. Sirve a lo anterior la jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO".(26)

VII. ESTUDIO DE FONDO

54. De acuerdo con lo precisado en los apartados anteriores y en virtud del sobreseimiento decretado, esta Primera Sala, atendiendo a la causa de pedir de la Comisión estatal,(27) considera que la litis del presente asunto se circunscribe a analizar la existencia o no de una afectación en la esfera competencial de la Comisión estatal con motivo de la respuesta que dio el Poder Judicial demandado a su requerimiento de información.

55. En su demanda, la Comisión estatal argumentó que la aplicación del artículo 23-B de la Constitución local, para negar que pueda conocer de quejas de naturaleza administrativa y/o laboral provenientes de los actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Judicial local, violó su esfera de competencias prevista directamente en el artículo 102, apartado B constitucional.(28)

56. Por su parte, el Poder Judicial local sostuvo, en síntesis, que la esfera competencial de la Comisión estatal se encuentra limitada por el artículo 23-B de la Constitución de esa entidad federativa. Asimismo, que dicha limitación es acorde con las restricciones previstas para estos organismos en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal. Por ende, si al momento de dar contestación negó que la Comisión estatal pueda conocer de quejas de naturaleza administrativa y/o laboral respecto de actos u omisiones de sus servidores públicos, es claro que su respuesta se ajustó al marco constitucional local y federal.

57. Con base en los planteamientos de las partes, la pregunta constitucional que esta Primera Sala debe resolver es: ¿puede la Comisión estatal conocer de quejas en contra de actos u omisiones de carácter administrativos y/o laborales atribuibles a miembros del Poder Judicial local?

58. La respuesta a esta interrogante es afirmativa, dado que el artículo 102, apartado B, de Constitución Federal, no excepciona esas materias del ámbito de tutela no jurisdiccional de la Comisión estatal, tal como se explica a continuación.

59. El artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal establece lo siguiente:

"Artículo 102.

A. [...]

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

[...]."

(énfasis añadido)

Ver artículo 102, apartado B con énfasis

60. Este Tribunal Pleno ya ha tenido la oportunidad de interpretar el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal al analizar el diseño normativo de estos organismos en las entidades federativas en las que se establecen las bases de organización de las comisiones estatales protectoras de derechos humanos.

61. De manera relevante, en la acción de inconstitucionalidad 30/2013,(29) citada por la Comisión estatal en su requerimiento de información y en su demanda, este Alto Tribunal analizó una disposición de la Constitución del Estado de Sinaloa en la que el legislador local restringió de manera absoluta la posibilidad de que la comisión protectora de derechos human

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32858-e122857b/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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