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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LEGITIMACIÓN PASIVA AL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL ENCARGADO DE APLICAR LAS NORMAS IMPUGNADAS (ARTÍCULOS 9 DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA Y 17 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULOS 9 DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA Y 17 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA). III. ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. NO SON COMPETENTES TRATÁNDOSE DE ACTOS DE CUALQUIER NATURALEZA PROVENIENTES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NI DE ASUNTOS ELECTORALES NI JURISDICCIONALES (INVALIDEZ DE LAS RECOMENDACIONES 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015 Y 20/2015, EMITIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA). IV. MECANISMO NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. LAS EXCEPCIONES A SU TUTELA PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO INCLUYEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES (INVALIDEZ DE LAS RECOMENDACIONES 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015 Y 20/2015, EMITIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA). V. MECANISMO NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. LA MODIFICACIÓN DE SU ÁMBITO DE TUTELA, ASÍ COMO DE SUS EXCEPCIONES, CORRESPONDE DE MANERA EXCLUSIVA AL CONSTITUYENTE PERMANENTE (INVALIDEZ DE LAS RECOMENDACIONES 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015 Y 20/2015, EMITIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA). VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. PUEDEN REALIZAR FUNCIONES JURISDICCIONALES PROPIAMENTE HABLANDO Y FUNCIONES MATERIALMENTE ADMINISTRATIVAS. VII. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA LABOR JURISDICCIONAL PROPIAMENTE DICHA NO SE INCLUYE DENTRO DE LOS ACTOS QUE SON SUSCEPTIBLES DE DAR LUGAR A AQUÉLLA. VIII. FUNCIÓN JURISDICCIONAL. SU DEFINICIÓN SE IDENTIFICA APROXIMATIVAMENTE A PARTIR DE CIERTAS PROPIEDADES CONSTITUCIONALES RELEVANTES. IX. FUNCIÓN JURISDICCIONAL. LOS ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, INMERSOS EN LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS SOMETIDAS A SU POTESTAD, DEBEN ENCUADRARSE DENTRO DE AQUÉLLA PARA TODOS LOS EFECTOS (INVALIDEZ DE LAS RECOMENDACIONES 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015 Y 20/2015, EMITIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA). X. FUNCIÓN JURISDICCIONAL. EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALES PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN ES UNA CUESTIÓN QUE PERTENECE AL EJERCICIO NORMAL DE AQUÉLLA, POR LO QUE NO INTEGRA EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (INVALIDEZ DE LAS RECOMENDACIONES 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015 Y 20/2015, EMITIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA). XI. MECANISMO NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA, AL EXCEDER LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DE LAS RECOMENDACIONES 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015 Y 20/2015, EMITIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2015. · Registro digital (IUS): 29246
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-01-17
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Pág. 688.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2015. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA. 26 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Gutiérrez Rodríguez, en su carácter de Magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Sonora, promovió controversia constitucional, en la que reclama la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

Entidad, poder u órgano demandado:

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora.

Norma general o acto cuya invalidez se demanda:

"a) Las recomendaciones número 017/2015, 016/2015, 018/2015, 019/2015 y 020/2015 derivadas de los expedientes CEDH/VII/10/01/1524/2014, CEDH/VII/10/01/1523/2014, CEDH/V/16/01/0018/2015, CEDH/V/16/01/0019/2015, y CEDH/V/16/01/0089/2015, respectivamente, suscritas con fechas 16 de julio de 2015, que fueron comunicadas a mi representada mediante los oficios PCEDH/118/2015, PCEDH/115/2015, PCEDH/123/2015, PCEDH/121/2015 y PCEDH/125/2015, emitidos con fecha 16 de julio de 2015, suscrito por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora y recibidos en la oficina de la presidencia del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con fechas 26 de agosto de 2015, 21 de agosto de 2015 y 01 de septiembre de 2015, respectivamente.

"b) El artículo 9 de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado con fecha 08 de octubre de 1992 con sus respectivas reformas 28 de diciembre de 1998, 15 de diciembre del 2003, que sirvió de sustento para la emisión de los actos reclamados.

"c) El artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 24 de diciembre de 1992 y reformado mediante publicación en dicho órgano informativo oficial con fecha 03 de junio de 2010, que sirvió de sustento para la emisión de los actos reclamados."

SEGUNDO.—Artículos constitucionales señalados como violados. En el escrito de demanda, la parte actora precisó que las normas constitucionales violadas son las contenidas en los artículos 14, 16, 17, 102, apartado B, párrafo tercero, 116, fracción III y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

1. El ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos establecidos por el aparatado B, del artículo 102 de la Constitución Federal.

2. El veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora; el tres de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la última reforma al Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora.

3. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora realizó las recomendaciones 016/2015, 017/2015, 018/2015, 019/2015 y 020/2015 derivadas de los expedientes CEDH/VII/10/01/1523/2014, CEDH/VII/10/01/1524/2014, CEDH/V/16/01/0018/2015, CEDH/V/16/01/0019/2015 y CEDH/V/16/01/0089/2015 , que fueron comunicadas mediante los oficios PCEDH/118/2015, PCEDH/115/2015, PCEDH/123/2015, PCEDH/121/2015 y PCEDH/125/2015, respectivamente, suscritos por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora y recibidos en la Oficina de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora los días veintiuno y veintiséis de agosto y uno de septiembre del dos mil quince. En todas ellas, la comisión determina que el Poder Judicial Local ha violado derechos humanos dentro de la tramitación de procesos penales.

CUARTO.—Conceptos de invalidez.

1. Los actos impugnados son violatorios del régimen de competencia y división de poderes previstos por el artículo 102, apartado B, párrafo tercero, en correlación con los diversos 17 y 116, fracción III de la Constitución Federal.

El numeral 116, fracción III, de la Constitución Federal prevé el principio de división de poderes. Al respecto, este Alto Tribunal ha interpretado que el principio de división de poderes en relación con los Poderes Judiciales de los Estados se viola cuando se incurre en la intromisión de un poder al ámbito de facultades de otro.

Por otra parte, la actora precisa que las Comisiones Estatales de Derechos Humanos no pueden conocer sobre quejas relacionadas con temas jurisdiccionales porque existe prohibición constitucional, ya que el artículo 102, apartado B, constitucional establece que "[e]stos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales".

Sobre la competencia y facultad prevista en el apartado B del artículo 102 constitucional, en lo que respecta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el actor destaca que en la revista jurídica "Boletín Jurídico de Derecho Comparado" publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en su edición número 76, capítulo de Estudios Legislativos, se aborda el tema "México, las Reformas Constitucionales de 1992", en el que se destaca el contenido del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal. Así, del contenido de lo expuesto en la revista se dice que dicho artículo se ha encargado de preservar el equilibrio y respeto de las esferas jurídicas e instituciones que contiene la Constitución Federal, respecto a la no intromisión ni dependencia entre los poderes públicos de las entidades federativas.

De conformidad con el artículo 9, de la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la citada comisión sólo puede admitir y conocer quejas contra actos u omisiones de autoridades judiciales estatales de carácter administrativo, es decir, nunca con motivo de cuestiones jurisdiccionales.

En ese sentido, si la legislación establece expresamente que las comisiones de derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos jurisdiccionales y la legislación estatal prevé que las quejas ante la comisión únicamente se admitirán cuando se trate de actos u omisiones de autoridades judiciales estatales de carácter administrativo –insiste– no debe ser materia de una queja ante la comisión de temas jurisdiccionales.

El artículo 17 del reglamento interno de la comisión es contrario al artículo 102, inciso b), de la Constitución Federal y el 7 de la ley que creó la comisión, pues define restrictivamente a los actos jurisdiccionales, definiendo residualmente la categoría de actos administrativos del Poder Judicial Local, lo que permite a la comisión tener intromisión o invasión a cuestiones jurisdiccionales; así, toda vez que el artículo 17 de su reglamento interno autoriza a admitir quejas en las que se reclama la omisión de pronunciar sentencias de apelación en determinado plazo o término, debe declararse inconstitucional.

De conformidad con la parte actora, las cuestiones jurisdiccionales –las cuales se encuentran excluidas de las facultades de los organismos locales de protección de derechos humanos– abarcan la tramitación de toda causa judicial, lo que incluye tanto cuestiones de fondo (autos y sentencias), como cuestiones esencialmente procedimentales (términos o plazos para la emisión de decisiones jurisdiccionales o realización de actos a cargo de las partes, remisión de oficios, simples proveídos, etcétera).

Los organismos defensores de derechos humanos no pueden invadir atribuciones reservadas al Poder Judicial del Estado, pues no son asuntos de carácter administrativo como erróneamente dispone la autoridad demandada, –se insiste– las quejas que originaron las recomendaciones obedecen a cuestiones jurisdiccionales y no de carácter administrativo, ya que se vincula con la omisión de resolver diversos tocas de apelación.

El juicio de carácter penal seguido en contra de María Elena Soto Ávila se encuentre en trámite de segunda instancia (lo cual fue materia de una recomendación) y fue ingresado el ocho de julio del dos mil quince; en referencia a los juicios penales de los ciudadanos Keyla Adali Arellanes Arellanes, María Elena Soto Ávila, María Celina Lara Zavala, Ruth Vanessa Romero Bustillos y Julio Quintana Lerma, por tratarse de un delito ya existente en el expediente y por el hecho de ser varios los procesados existió una acumulación de autos por existir diversos expedientes que versan sobre los mismos hechos y cuyo asunto está en trámite para dictar sentencia definitiva conforme a derecho en segunda instancia (pendiente de resolución el toca respectivo).

Así, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora se excede en el ejercicio de su competencia por tratarse de cuestiones jurisdiccionales y no de asuntos de índole administrativo.

2. Las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora violan el apartado B del artículo 102 de la Constitución Federal, en detrimento de la esfera de competencias y atribuciones del Poder Judicial previstas en los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal.

Argumenta que los actos emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (recomendaciones) vulneran los derechos humanos y garantías de legalidad, seguridad jurídica, acceso a una tutela judicial efectiva y supremacía constitucional, previstos en los artículos 14, 16, 17, 116, fracción III y 133 constitucionales, toda vez que carecen de fundamentación y motivación, ya que la actuación de la autoridad demandada no se ajusta a las normas constitucionales que le otorgan competencia.

En apoyo cita la jurisprudencia de este Tribunal Pleno, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.". «publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 891»

3. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora no cuenta con facultades para emitir el acto que ahora se impugna (recomendaciones), no obstante que pretenda fundamentar su actuación en el artículo 9 de la Ley que Crea a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en relación con el artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, pues una disposición de índole reglamentaria no puede estar por encima del artículo 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución Federal y del diverso 8, fracción II, de la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos (ámbito de aplicación de la comisión que se encuentra delimitada, en relación con los artículos 16 de la Constitución Federal y 2 de la Constitución Local Sonorense, por tanto, actuar fuera de esos límites infringe los citados dispositivos).

Atendiendo a un régimen de facultades expresas, como el que opera en nuestro sistema jurídico, las autoridades sólo pueden realizar aquellos actos que la ley les autoriza, de lo contrario se violarían los principios de seguridad jurídica y de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que ordena que todos los actos dictados por las autoridades del país se emitan dentro de los catálogos de atribuciones o facultades expresadas en los ordenamientos respectivos.

Las autoridades de todos los niveles de gobierno, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, solamente pueden hacer lo que expresamente les está permitido, por tanto, si un acto fue dictado fuera de las atribuciones previamente otorgadas, su actuar y contenido se encuentra viciado en cuanto a la competencia.

4. El acto cuya invalidez se reclama es inconstitucional al ser contrario al artículo 133 de la Constitución Federal, ya que la Comisión Estatal de Derechos Humanos al emitirla dejó de observar lo dispuesto en los artículos 102, apartado B y 116, fracción III, de la Constitución Federal, ya que fue producido por un servidor público que carecía de competencia constitucional, motivo por el cual no pueden engendrar derechos ni producir consecuencias jurídicas.

Luego, si el acto emitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos es contrario a los preceptos constitucionales, debe predominar la Constitución Federal y no el acto de autoridad basado en leyes ordinarias o reglamentos inferiores; es decir, no se debe desconocer el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la Constitución Federal.

QUINTO.—Registro, admisión y trámite de la controversia. Por acuerdo de uno de octubre de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 57/2015 y determinó turnar el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(1)

Mediante proveído de uno de octubre de dos mil quince,(2) el Ministro instructor de la controversia constitucional admitió a trámite la demanda, se tuvo por señalado a los delegados y su domicilio, así como las pruebas aportadas de la parte actora, se tuvieron como autoridades demandadas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, así como los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora; se ordenó emplazar a las autoridades para el efecto de que rindieran sus respectivos informes dentro del plazo de treinta días; asimismo, se requirió a las autoridades para que subsanaran diversos requerimientos y se ordenó dar vista a la procuradora general de la República. Finalmente se ordenó formar el incidente respectivo.(3)

SEXTO.—Contestaciones de la demanda.

• La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, por conducto de su presidente, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, argumentó en síntesis lo siguiente:

En primer lugar, la demandada señaló como cierto el hecho número uno, consistente en la publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, referente a la Ley Número 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en cumplimiento a la reforma del artículo 102 de la Constitución Federal. Señaló como cierto el hecho número dos, consistente en el reglamento publicado de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, el cual fue abrogado en virtud de la publicación de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, por el cual se emitió el nuevo Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Señaló como cierto en una parte y negó por otra el hecho número tres, consistente en la emisión de las recomendaciones números 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015 y 20/2015, pues precisó que no era cierto que se quiera o pretenda invadir esferas competenciales, pues la parte actora realiza una incorrecta interpretación del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal.

Señaló como cierto en una parte y negó por otra el hecho número cuatro, consistente en la inconstitucionalidad del numeral 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, ya que lo cierto es que los organismos locales de protección de derechos humanos pueden evaluar si los actos administrativos de los Poderes Judiciales Locales violan o no derechos humanos.

Finalmente, negó el hecho número cinco, pues no le asiste la razón a la parte actora la interpretación respecto del artículo 102, apartado V, de la Constitución Federal.

A continuación, la parte demandada contesta los conceptos de invalidez y alega que resulta competente para conocer sobre los actos que dieron pie a las recomendaciones impugnadas, con fundamento en los artículos 1o. y 102, apartado B, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 9 de la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues los hechos denunciados versan sobre actos estrictamente de carácter administrativo, al tratarse de una omisión en dictar la resolución o sentencia en los tocas de apelación.

Con la emisión de las recomendaciones –estima– no se examinan cuestiones jurisdiccionales de fondo, sino la violación a los siguientes derechos: a) derecho de acceso a la justicia, b) derecho a ser juzgado de manera pronta y expedita, c) derecho a contar con garantías para la protección de los derechos humanos, d) presunción de inocencia, e) principio pro personae; y f) respeto a la autonomía de los organismos constitucionales autónomos.

Las quejas presentadas ante los organismos locales de protección de derechos humanos y a las cuales recayeron las recomendaciones impugnadas, no versan sobre cuestiones jurisdiccionales, sino cuestiones de carácter administrativo, toda vez que los hechos denunciados son la omisión de resolver los tocas de apelación respectivas por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, respetando en todo momento el sentido en que se resuelva, pretendiendo únicamente evitar que se siga postergando de manera indefinida la resolución de la apelación y no le sea vulnerado el derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional.

Es errónea la apreciación realizada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, al estimar que la comisión basa su competencia en el artículo 17 del reglamento que rige a ese organismo autónomo, sino que, contrariamente a lo estimado, la recomendación está fundamentada en una ley debidamente aprobada por el Congreso del Estado y publicado por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

El hecho de excluir de la competencia del Organismo Estatal de Protección de Derechos Humanos la facultad para conocer de todo tipo de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorias de los Derechos Humanos provenientes de servidores públicos del Poder Judicial del Estado es contrario al espíritu del Constituyente.

La parte demandada argumenta que el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal faculta a los organismos protectores de derechos humanos nacional y estatales para conocer de todo acto administrativo que vulnere derechos fundamentales provenientes de cualquier autoridad, salvo los del Poder Judicial de la Federación, y en ninguna parte del texto se advierte que la regla pueda ser aplicada de manera análoga en los Estados de la República, por tanto, debe concluirse que las Constituciones Locales no pueden excluir a sus respectivos Poderes Judiciales del ámbito de competencia de los organismos protectores de derechos humanos por no estar expresamente en el aludido precepto como se hizo con el Poder Judicial de la Federación (en la reforma constitucional de mil novecientos noventa y dos, se establecieron los organismos protectores de derechos humanos).

Existe reticencia del Poder Judicial del Estado de Sonora a atender los requerimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, negándose a dar contestación a los informes de autoridad por posibles violaciones a derechos humanos de carácter administrativo y no jurisdiccional, lo cual se aparta del espíritu y contenido del artículo 102, apartado B, párrafo primero, de la Constitución Federal.

El Poder Judicial del Estado de Sonora viola el principio de legalidad así como la plena autonomía, previstas en el artículo 1o. de la Constitución Federal, dispositivo que establece la obligación para todas las autoridades del país de respetar, promover, garantizar los derechos humanos en el ámbito de su competencia.

Es incorrecta la manifestación del poder actor, en el sentido de que la comisión viola el principio de división de poderes en los Estados, previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal, pues sus facultades derivan directamente de la Constitución Federal y la legislación secundaria.

Dentro del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos consistentes en las comisiones tanto nacional como las equivalentes en las entidades federativas, la Constitución Federal distribuye las competencias entre los organismos, pues la comisión nacional por disposición expresa conoce de quejas en contra de los servidores públicos de la federación; asimismo, los Estados conocerán de las quejas entre los servidores públicos de las respectivas entidades federativas, así como de los Municipios, sin soslayar la facultad de atracción que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene para conocer de cualquier servidor público a excepción del Poder Judicial de la Federación.

De conformidad con la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que las Comisiones de Derechos Humanos pueden conocer de quejas contra autoridades judiciales solamente de los Estados, más no así del Poder Judicial de la Federación, por lo que no se invadieron esferas competenciales ni se violó el principio de división de poderes que rige en un Estado de derecho democrático, por tanto, los actos impugnados se encuentran apegados a la legalidad al estar debidamente fundados y motivados; además de que el organismo demandado goza de competencia para emitir las recomendaciones, pues a través de ellas no se analizó cuestión de fondo alguna de las resoluciones del Poder Judicial.

Contrariamente a lo manifestado por la parte actora, no es inconstitucional el artículo 17 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, pues se emitió en observancia a la Ley Número 123 que Crea la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, lo cual en nada contradice la ley ni la Constitución Federal, porque no invade la esfera de competencias, solamente establece las causas por las cuales se deberían considerar cuestiones jurisdiccionales para efectos de la incompetencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Reitera que la queja que se atiende no versa sobre cuestiones jurisdiccionales, sino de carácter administrativo, toda vez que el hecho denunciado es la omisión de resolver el toca de apelación por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, respetando en todo momento el sentido en que se resuelva, con la finalidad de evitar que se siga postergando de manera indefinida la resolución de apelación y no sea violado el derecho humano constitucional previsto en el artículo 17 constitucional.

No se invade la esfera competencial del Poder Judicial, pues no se pretende inducir u ordenar que resuelva en determinado sentido, sino que exclusivamente administre justicia de forma rápida y expedita, jamás se pretende influir en el ánimo del juzgador o revocar alguna decisión jurisdiccional, pues resulta ajeno al interés de la comisión la forma en cómo se resolverá la apelación, sino –solamente– le atañe el hecho de que se brinde la celeridad debida y la certeza jurídica al quejoso, para que en su caso interponga los recursos legales a que tenga derecho y no se vea estancado en el proceso penal de forma indefinida.

Las personas víctimas de una violación de Derechos Humanos que hayan interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que derive una recomendación, se enfrentan a la posibilidad de que no tenga consecuencia alguna ante la negativa del Poder Judicial del Estado de Sonora, de atender o rendir los correspondientes informes de autoridad, por lo que las víctimas se quedan sin un medio de defensa efectivo, contra actos que afectaron los derechos fundamentales y sin acceso a la justicia.

• Lina Acosta Cid, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora, manifestó lo siguiente:

Causales de improcedencia y sobreseimiento:

Debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia establecida en la fracción VII del artículo 19 y 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, pues la demanda en contra del acto de este Poder Legislativo no se presentó dentro del término de treinta días a partir de su publicación y, como puede apreciarse del escrito de demanda, el artículo 9, de la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos no se impugnó como primer acto de aplicación o por vicios propios en su creación.

La parte actora no reclama ningún acto concreto de aplicación del artículo 9, de la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que el término para reclamar la norma general comenzó al momento de la entrada en vigor de la misma previo a su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Aun así, tomando en cuenta la última reforma realizada a la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de tres de junio de dos mil diez, debe concluirse que el término para su impugnación transcurrió en exceso.

La Legislatura Local considera que debe declararse improcedente los actos atribuidos al Congreso del Estado de Sonora, aun cuando señala como acto reclamado el artículo 9, de la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, pues la actora no esbozó argumento en contra de ese artículo, ni demuestra porque considera que el artículo invade la competencia del Poder Judicial Local.

La parte actora no manifiesta inconformidad alguna en contra del artículo 9, de la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, sino contra diversas normas reglamentarias cuya aprobación es atribuible completamente a la comisión y no al Poder Legislativo Local.

Ahora bien, la Legislatura Local alega que la actora no formula argumento alguno en contra del artículo 9, de la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, sino que se limita a cuestionar el acto propio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, bajo el argumento de que su acto no se encuentra debidamente fundado y motivado.

La demanda afirma que, de la lectura del concepto de invalidez en el cual se señala que no se cuenta con las facultades para realizar las recomendaciones impugnadas y que el artículo 17 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal es contrario a lo dispuesto en el artículo 102, apartado V, párrafo tercero y 133 de la Constitución Federal y del diverso artículo 8, fracción II, de la Ley Número 123 que Crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora, se observa que nada dice sobre el referido artículo 9.

En suma, al no impugnarse el acto legislativo de creación de la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no señalarse las razones jurídicas por las cuales el actor considera inconstitucional el artículo 9 de la ley citada, ni haberse impugnado algún vicio propio, debe permanecer en sus términos y declararse improcedente la demanda en contra del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

• Nydia Melina Rodríguez Palomares, directora de amparo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, dio contestación a la demanda en los siguientes términos:

Contestación de los hechos.

El hecho marcado con el número uno se afirmó, en cuanto a que el ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, la Ley Número 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El hecho marcado con el número dos se afirmó, en cuanto a que el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.

Respecto al hecho marcado con el número tres, cuatro y cinco, estimó que no son propios del Gobierno del Estado de Sonora, por lo que ni se afirman ni se niegan.

Razones y fundamentos jurídicos que sostienen la validez del acto impugnado:

Del escrito inicial de demanda no se advierte que se atribuya algún acto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por lo que el llamado a juicio del Poder Ejecutivo por la promulgación de la ley, de la que derivaron las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se traduce estrictamente en actos realizados por la citada comisión.

El Poder Ejecutivo del Estado de Sonora promulgó la Ley Número 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora, con fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos, con sus respectivas reformas de veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y quince de diciembre de dos mil tres, dispositivo que sirvió de sustento para la emisión de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Reiteró que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora no tuvo participación alguna en el proceso legislativo hasta la etapa de publicación de las normas reclamadas, pues la iniciativa de ley fue presentada por el Poder Legislativo.

El Congreso del Estado de Sonora remitió al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora la Ley Número 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como los decretos por los que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la ley, pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29246-9d2ecd50/i-controversia-constitucional-debe-reconocerse-legitimacion-pasiva-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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