I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA IMPUGNACIÓN DERIVADO DE UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN (ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA REPRESENTAR AL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN II Y 82 BIS FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LEGITIMACIÓN PASIVA AL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL ENCARGADO DE APLICAR LAS NORMAS IMPUGNADAS (ARTÍCULO 102, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. NO SON COMPETENTES TRATÁNDOSE DE ACTOS DE CUALQUIER NATURALEZA PROVENIENTES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NI DE ASUNTOS ELECTORALES NI JURISDICCIONALES (INVALIDEZ PARCIAL DE LA RECOMENDACIÓN 29/2014, EMITIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE EN EL EXPEDIENTE CEDH/III/22/01/0020/2014, ÚNICAMENTE EN LOS PUNTOS PRIMERO Y TERCERO QUE SE REFIEREN AL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA). V. GARANTÍA NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. LAS EXCEPCIONES A SU TUTELA PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO INCLUYEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES (INVALIDEZ PARCIAL DE LA RECOMENDACIÓN 29/2014, EMITIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE EN EL EXPEDIENTE CEDH/III/22/01/0020/2014, ÚNICAMENTE EN LOS PUNTOS PRIMERO Y TERCERO QUE SE REFIEREN AL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA). VI. GARANTÍA NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. LA MODIFICACIÓN DE SU ÁMBITO DE TUTELA, ASÍ COMO DE SUS EXCEPCIONES, CORRESPONDE DE MANERA EXCLUSIVA AL CONSTITUYENTE PERMANENTE (INVALIDEZ PARCIAL DE LA RECOMENDACIÓN 29/2014, EMITIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE EN EL EXPEDIENTE CEDH/III/22/01/0020/2014, ÚNICAMENTE EN LOS PUNTOS PRIMERO Y TERCERO QUE SE REFIEREN AL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA). VII. PODERES JUDICIALES LOCALES. REALIZAN FUNCIONES FORMALMENTE JURISDICCIONALES E INCLUSO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVAS. VIII. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LOS ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES NO LA GENERAN. IX. FUNCIÓN JURISDICCIONAL. SE IDENTIFICA COMO AQUELLA POR LA CUAL LOS ÓRGANOS FORMALMENTE JUDICIALES ADMINISTRAN JUSTICIA, LO QUE ABARCA TANTO EL TRÁMITE COMO LA RESOLUCIÓN DE UN ASUNTO. X. FUNCIÓN JURISDICCIONAL AJENA AL ÁMBITO DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ORGANISMOS PROTECTORES DE DERECHOS HUMANOS. LOS ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, INMERSOS EN LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS SOMETIDAS A SU POTESTAD, DEBEN ENCUADRARSE DENTRO DE AQUÉLLA PARA TODOS LOS EFECTOS (INVALIDEZ PARCIAL DE LA RECOMENDACIÓN 29/2014, EMITIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE EN EL EXPEDIENTE CEDH/III/22/01/0020/2014, ÚNICAMENTE EN LOS PUNTOS PRIMERO Y TERCERO QUE SE REFIEREN AL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. XI. FUNCIÓN JURISDICCIONAL AJENA AL ÁMBITO DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ORGANISMOS PROTECTORES DE DERECHOS HUMANOS. EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA NOTIFICAR A LAS PARTES ES UNA CUESTIÓN QUE PERTENECE AL EJERCICIO NORMAL DE AQUÉLLA, POR LO QUE NO INTEGRA EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE ESOS ORGANISMOS (INVALIDEZ PARCIAL DE LA RECOMENDACIÓN 29/2014, EMITIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE EN EL EXPEDIENTE CEDH/III/22/01/0020/2014, ÚNICAMENTE EN LOS PUNTOS PRIMERO Y TERCERO QUE SE REFIEREN AL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA). XII. FUNCIÓN JURISDICCIONAL AJENA AL ÁMBITO DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ORGANISMOS PROTECTORES DE DERECHOS HUMANOS. VALIDEZ DE LA RECOMENDACIÓN AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA DE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO CON HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO (INVALIDEZ PARCIAL DE LA RECOMENDACIÓN 29/2014, EMITIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SONORA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE EN EL EXPEDIENTE CEDH/III/22/01/0020/2014, ÚNICAMENTE EN LOS PUNTOS PRIMERO Y TERCERO QUE SE REFIEREN AL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/2015. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA. 30 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO DE FORMULAR VOTO PARTICULAR. LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, SE RESERVARON EL DERECHO DE FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del treinta de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Sebastián Sotomayor Tovar, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Sonora, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial de dicha entidad, en la que señaló como entes demandados y actos impugnados los siguientes:(1)
Órganos demandados
• Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora.
Actos cuya invalidez se demanda
• La recomendación 29/2014, derivada del expediente CEDH/III/22/01/0020/2014, de veinticinco de noviembre de dos mil catorce.
• El artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora.
2. Cabe destacar que en dicha recomendación, la comisión determinó que la autoridad judicial había violado diversos derechos humanos de un ciudadano debido al retardo excesivo en la notificación del auto de formal prisión dictado en su contra, por lo cual recomendó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad, girar instrucciones a quien correspondiera a efecto de fincar el debido procedimiento de responsabilidad administrativa al personal involucrado que obró de manera omisa en el ejercicio de sus funciones, dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito contra la procuración y administración de justicia, así como determinar lo procedente a efecto de otorgar capacitación al personal para el debido cumplimiento de los derechos humanos.
3. SEGUNDO.—Artículos constitucionales violados. Se estimaron vulnerados los artículos 14, 16, 17, 102, apartado B, párrafo tercero, 116, fracción III y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Poder Judicial del Estado de Sonora hizo valer en su demanda, los siguientes conceptos de invalidez:
• Primero. Adujo que los actos impugnados eran contrarios a los artículos 17, 102 apartado B, párrafo tercero, fracción III y 116 de la Constitución Federal, conforme a los cuales las Comisiones Locales de Derechos Humanos carecen de competencia para conocer de asuntos jurisdiccionales.
• Ello porque en la recomendación 29/2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos analizó una causa penal seguida ante el Juzgado Sexto de lo Penal de Primera Instancia en el Estado de Sonora, lo cual corresponde a una cuestión jurisdiccional y no administrativa, excediendo por tanto el ámbito de sus atribuciones.
• Destacó que en términos de los artículos 308, 309 y 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, las resoluciones dictadas en primera instancia y el trámite del recurso de apelación ante el tribunal de alzada son parte del procedimiento judicial, cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a los Tribunales del Estado, con lo cual la recomendación impugnada vulneró el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Sonora.
• Segundo. Sostuvo que la recomendación impugnada no se encontraba fundada ni motivada, pues la comisión local la emitió sin tener facultades para ello, al estar vedada su intervención en asuntos jurisdiccionales. Así, si los motivos o causas que tomó dicha comisión para emitir el acto, no se adecuan a las hipótesis normativas en que pretende apoyarse, es claro que se contravienen los artículos 16 de la Constitución Federal y 2o. de la Constitución Local.
• Alegó que con la emisión de la recomendación, la Comisión transgredió el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Sonora y se excedió en las facultades que el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal le confiere.
• En apoyo citó la jurisprudencia P./J. 109/2005 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."
• Tercero. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora no contaba con facultades para emitir el acto impugnado, sin que obste que se fundamentara en el artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, pues esa disposición de índole reglamentaria no podía estar por encima del artículo 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución Federal y del diverso artículo 8, fracción II, de la Ley número 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, disposiciones que delimitan su esfera de actuación.
• Adujo que el acto impugnado transgredía los principios de seguridad jurídica y de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo había dictado fuera de las atribuciones que le habían sido otorgadas, actualizándose un vicio competencial.
5. CUARTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil quince, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional, asignándole el número de expediente 5/2015 y ordenó turnarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.(2)
6. QUINTO.—Admisión. Por auto de treinta de enero de dos mil quince, el Ministro instructor admitió a trámite la presente controversia constitucional y tuvo como demandada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora, emplazándola para que produjeran su contestación. Asimismo, dio vista a la entonces Procuraduría General de la República para que antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera.(3)
7. SEXTO.—Contestación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil quince, el Ministro instructor hizo notar que había trascurrido el plazo concedido a la parte demandada para que produjera su contestación, sin que lo hubiese hecho, motivo por el cual fijó día y hora para la celebración de la audiencia.(4)
8. SÉPTIMO.—Pedimento de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República se abstuvo de desahogar la vista correspondiente, en términos de la fracción IV del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia.
9. OCTAVO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento, el trece de mayo de dos mil quince se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas y se abrió el periodo de alegatos, teniéndose por formulados los hechos valer por el Magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Sonora. Acto seguido se puso el expediente en estado de resolución.(5)
10. NOVENO.—Radicación en Sala. Como consecuencia del dictamen emitido por el Ministro ponente, por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el presidente de este Alto Tribunal ordenó la remisión del presente asunto a la Primera Sala, la cual se avocó a su conocimiento por proveído de cinco de diciembre siguiente.(6)
11. DÉCIMO.—Returno. En sesión de dos de mayo de dos mil dieciocho, la Primera Sala determinó desechar el proyecto propuesto por el Ministro ponente y ordenó su returno a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.(7)
12. DÉCIMO PRIMERO.—Remisión al Tribunal Pleno. En sesión de doce de septiembre de dos mil dieciocho, los Ministros integrantes de la Primera Sala determinaron remitir el presente asunto al Pleno de este Alto Tribunal, para que fuera éste órgano el que se encargara de emitir la resolución correspondiente.(8)
13. DÉCIMO SEGUNDO.—Avocamiento en el Tribunal Pleno. En atención a lo anterior, mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Tribunal Pleno se avocara al conocimiento del presente asunto, por lo que se ordenó su devolución a la Ministra ponente, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(9)
14. DÉCIMO TERCERO.—Retiro del Pleno y avocamiento en la Primera Sala. En atención al dictamen formulado por la Ministra ponente en el que solicitó remitir el asunto a la Sala de su adscripción, mediante proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de este Alto Tribunal determinó enviar nuevamente el expediente a la Primera Sala.(10) Finalmente, por acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, el presidente de la Primera Sala decretó el avocamiento de ésta al asunto y ordenó la remisión de los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto respectivo.(11)
CONSIDERANDO:
15. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Estado de Sonora, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
16. SEGUNDO.—Existencia de los actos impugnados. Como quedó señalado, en el presente asunto el Poder Judicial del Estado de Sonora actor, demandó la invalidez de:
1) La recomendación 29/2014, emitida el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.
2) El artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos; reformado el tres de junio de dos mil diez.
17. Al respecto debe decirse que la existencia de la recomendación 29/2014, quedó acreditada en autos, en los cuales consta el original de la misma suscrita por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.(12)
18. De igual manera, el artículo 17 del reglamento interior se debe tener por acreditado al constar en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, publicado el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos.(13)
19. TERCERO.—Precisión de la litis. En virtud de lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, se precisa que la materia de la presente controversia se centrará en analizar la validez del artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora, así como la recomendación 29/2014, emitida por dicha Comisión.
20. CUARTO.—Oportunidad. Con relación a la oportunidad de la presente controversia constitucional debe advertirse que el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece a la letra lo siguiente:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia; y,
"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."
• Oportunidad de la impugnación de la norma general
21. Respecto a la impugnación del artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora, se plantea su invalidez con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la recomendación 29/2014, notificada al accionante el veintiocho de noviembre de dos mil catorce.
22. No obstante, esta Primera Sala advierte que la referida recomendación no constituye el primer acto de aplicación de la porción normativa impugnada, pues de las constancias del presente expediente se desprende que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora ya había emitido en contra del Poder Judicial de dicha entidad, una diversa recomendación en la cual le fue aplicado el artículo 17 del reglamento interior de dicha comisión.
23. Se trata de la recomendación 24/2014 emitida el seis de octubre de dos mil catorce, dentro del expediente CEDH/II/22/01/0301/2014, seguido con motivo de una queja interpuesta en contra del Poder Judicial del Estado de Sonora, por la falta de resolución de un recurso de apelación promovido en contra de un auto de formal prisión dictado por el delito de homicidio.(14)
24. La referida recomendación se resolvió en el sentido de tener por acreditada una violación a la administración de justicia por la excesiva dilación en el dictado de la resolución respectiva, por lo cual se recomendó al Magistrado presidente del Supremo Tribunal del Estado de Sonora tomar las medidas administrativas necesarias para evitar la denegación de justicia. Cabe señalar que esta recomendación se apoyó en el artículo 17 del Reglamento Interior de dicha Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora.
25. En virtud de lo anterior y en atención a la jurisprudencia P/J. 121/2006, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.",(15) el plazo para impugnar el referido precepto reglamentario debe computarse a partir de la notificación de la diversa recomendación 24/2014, por constituir ésta su primer acto de aplicación.
26. En esa tesitura, de autos consta que la misma fue notificada al accionante el día diez de octubre de dos mil catorce y surtió efectos el trece siguiente. Por tanto, el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional corrió del catorce de octubre al veinticinco de noviembre de dos mil catorce, debiéndose descontar de dicho plazo los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de octubre, así como los días uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, diecisiete, veintidós y veintitrés de noviembre de la misma anualidad, al resultar inhábiles de conformidad con los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
27. Por tanto, si la demanda se presentó el veintinueve de enero de dos mil quince, es evidente que resultó extemporánea con relación a la impugnación del artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora.
28. En atención a ello, debe sobreseerse en la controversia constitucional en esta parte, con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(16)
• Oportunidad de la impugnación de la recomendación 29/2014
29. La recomendación 29/2014, fue notificada al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, surtiendo efectos al día hábil siguiente, esto es, el uno de diciembre de ese año. Por tanto, el plazo de treinta días para la promoción de la controversia transcurrió del dos de diciembre de dos mil catorce al veintinueve de enero de dos mil quince, debiéndose descontar de dicho plazo los días seis, siete, trece y catorce de diciembre de dos mil catorce; tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de enero de dos mil quince, todos ellos por ser sábados y domingos y, por tanto, días inhábiles, así como también los días del quince de diciembre de dos mil catorce al primero de enero de dos mil quince, por corresponder al periodo de receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, en atención a los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
30. Por tanto, si la demanda se presentó el veintinueve de enero de dos mil quince, es claro que resulta oportuna únicamente con relación a la impugnación de la recomendación 29/2014.
31. QUINTO.—Legitimación. De conformidad con los artículos 10 y 11 de la ley reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y en su caso el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. Dichos preceptos establecen literalmente lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;
"III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y
"IV. El procurador general de la República."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario ..."
32. En función de lo anterior, se procede a analizar la legitimación de las partes en el presente juicio.
I) Legitimación activa
33. Esta Primera Sala advierte que la presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Judicial del Estado de Sonora, el cual se encuentra reconocido como uno de los sujetos legitimados para promover controversias constitucionales, tal y como se desprende del artículo 105, fracción I, inciso h, de la Constitución Federal, precepto que a la letra establece:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"h) Dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. ..."
34. Ahora bien, al proceso comparece Juan Sebastián Sotomayor Tovar en su calidad de Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y del Consejo del Poder Judicial de dicha entidad, personalidad que acredita con la copia certificada del acta 12/2012, relativa a la sesión de veinticuatro de octubre de dos mil doce, en la que fue designado para ese cargo por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.(17)
35. En ese sentido, los artículos 13, fracción II, y 82 Bis fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora establecen:
"Artículo 13. Son atribuciones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia:
"...
"II. Representar al Poder Judicial ante toda clase de autoridades y en los actos oficiales; igualmente, representar al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a sus Salas y a sus comisiones, ante todo tipo de autoridades, incluyendo las de amparo, e interponer toda clase de recursos."
"Artículo 82 Bis. Son atribuciones del presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado:
"I. Representar al consejo ante toda clase de autoridades y en los actos oficiales, incluyendo las autoridades de amparo e interponer toda clase de recursos. ..."
36. Por tanto, debe concluirse que el promovente tiene legitimación activa en la presente controversia, en tanto que en autos se encuentra acreditado su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, funcionario a quien la Ley Orgánica en mención otorga la representación del Poder Judicial de dicha entidad, el cuál además es uno de los sujetos legitimados para promover este tipo de mecanismos de regularidad constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General.
II) Legitimación pasiva
37. Como parte demandada comparece la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora, el cual es un órgano constitucional autónomo, en términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución General.
38. Debe advertirse que el Tribunal Pleno al resolver las controversias constitucionales 265/2017(18) y 29/2018,(19) reconoció que dichos organismos cuentan con legitimación pasiva para comparecer en este tipo de procedimientos constitucionales.
39. En esa tesitura, en el caso si bien la referida comisión no contestó la demanda instaurada en su contra, lo cierto es que con posterioridad sí compareció al procedimiento a través de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, quien se ostentó como presidente de la misma, cargo que acreditó con copia certificada del nombramiento realizado en sesión ordinaria celebrada por la honorable LX Legislatura Constitucional del Estado de Sonora, el catorce de diciembre de dos mil trece.(20)
40. Así, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Número 123 que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 21 y 21 Bis del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,(21) corresponde al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ejercer la representación de la citada comisión, así como contestar las demandas y reconvenciones que se entablen en contra de la misma, por lo que se concluye que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora se encuentra legitimado para comparecer en representación de la parte demandada.
41. SEXTO.—Causas de improcedencia. Dado que las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia distinta a la advertida en el apartado de oportunidad en torno a la extemporaneidad de la controversia constitucional respecto del artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora y al no advertirse tampoco de oficio la actualización de una diversa, se procede a estudiar el fondo del asunto.
42. SÉPTIMO.—Precisión de la materia de estudio. De la lectura integral del escrito inicial de demanda resulta que la causa de pedir del promovente se centra en combatir la recomendación 29/2014, únicamente en la parte dirigida al Poder Judicial del Estado de Sonora, en tanto se estima que con relación a ella la Comisión Estatal de Derechos Humanos excedió su ámbito de atribuciones e invadió la esfera competencial del promovente, al analizar una causa penal seguida ante el Juzgado Sexto de lo Penal de Primera Instancia en el Estado de Sonora, lo cual corresponde a una cuestión jurisdiccional y no administrativa.
43. Es por esta razón que esta Primera Sala enfatiza que la impugnación realizada en la presente controversia y su correspondiente análisis se centrará exclusivamente en aquello que atañe al Poder Judicial del Estado de Sonora, dejando intocada la parte referida a la Defensoría de Oficio.
44. Lo anterior, tomando en cuenta que con relación a la Defensoría Pública el artículo 106 de la Constitución Política del Estado de Sonora establece lo siguiente:
"Sección V.
"Defensoría de oficio.
"Artículo 106. Habrá en el Estado una institución que se denominará Defensoría de Oficio. Su misión será defender a los reos en asuntos penales y patrocinar a quienes lo soliciten, en materia civil y administrativa, en los casos establecidos por la ley orgánica correspondiente."
45. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicha entidad federativa indica lo siguiente:
"Artículo 22. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes dependencias:
"...
"XIII. Secretaría de la Consejería Jurídica."
"Artículo 23 Bis 1. La Secretaría de la Consejería Jurídica estará integrada por cuando menos cinco Subsecretarías, por la Defensoría Pública y por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del nuevo sistema de justicia penal; y demás unidades y personal necesarios para el debido cumplimiento de sus facultades. ..."
46. De dicha reglamentación se deriva que la Defensoría Pública es dependiente de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, lo que implica que su configuración orgánica corresponde al ámbito administrativo toda vez que se encuentra inserta en la estructura del Poder Ejecutivo Local.
47. Por tanto, si a la presente controversia constitucional acude el Poder Judicial del Estado de Sonora alegando la invasión a su esfera de competencias por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora al haber emitido una recomendación sobre temas que no corresponden a la materia administrativa sino a la materia jurisdiccional, es claro que dicho motivo de impugnación no atañe a la Defensoría Pública.
48. Es por estas razones que se reitera, el estudio de la presente controversia constitucional se centrará en la validez o invalidez de la recomendación 29/2014, únicamente en lo que se refiere al Poder Judicial del Estado, dejando intocado todo lo demás.
49. OCTAVO.—Estudio. Para mayor claridad en la exposición de las razones que rigen la decisión del presente asunto, se estima conveniente dividir el presente considerando en los siguientes apartados:
A) Contenido de la recomendación 29/2014.
50. De la recomendación impugnada se advierten los siguientes puntos relevantes: a) antecedentes; b) evidencias; c) situación jurídica; d) causas de violación; y, e) recomendación.
51. En el apartado de situación jurídica, la comisión precisó que en el caso se habían violentado los derechos de debido proceso y acceso a una defensa adecuada, al permanecer el afectado incomunicado por un lapso de siete días sin conocer su situación jurídica. Ello porque la resolución del auto de formal prisión en su contra dictada el treinta de diciembre de dos mil trece, le fue notificada hasta el siete de enero de dos mil catorce.
52. En el rubro causas de violación, la comisión aclaró que era respetuosa de la función jurisdiccional de los tribunales del orden común y que no realizaría un análisis de la litis de fondo del expediente penal sobre el cual había solicitado y obtenido informes, absteniéndose además de valorar la función jurisdiccional de esas instancias.
53. No obstante, refirió que ello no era obstáculo para analizar los actos y omisiones de carácter administrativo ocurridos en la tramitación del juicio en términos de los artículos 9 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 17 de la Constitución Federal, enfatizando que su actuar no pretendía intervenir, ni limitar la función jurisdiccional, sino que derivaba de la preocupación en torno a que dentro del ejercicio de ésta, se violentasen los derechos humanos.
54. A continuación, advirtió la existencia de una obstaculización a la garantía del debido proceso, así como la transgresión a los derechos de legalidad y seguridad jurídica del quejoso por parte de la autoridad judicial, al no ordenarse la notificación inmediata del auto de formal prisión, lo que impidió que el afectado tuviera acceso a la justicia y pudiera argumentar lo que a su derecho correspondiera respecto a su situación jurídica, configurándose así una dilación injustificada en perjuicio del quejoso y dejándolo en estado de indefensión.
55. Sostuvo que los servidores públicos involucrados se apartaron de los principios de legalidad y eficiencia que debían observar en el desempeño de sus funciones, con lo cual se pudo haber incurrido en responsabilidad administrativa conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora.
56. Por otro lado, analizó el actuar del defensor de oficio adscrito al órgano judicial que retrasó la notificación del auto de formal prisión, concluyendo que a causa de su falta de acciones legales, se había transgredido el derecho del quejoso a una defensa legal adecuada.
57. Ello porque el defensor de oficio se notificó veintidós días después de la resolución dictada, por lo que durante todo ese tiempo el quejoso había quedado sin asesoría y defensa, desconociendo el estado que guardaba su proceso y el tiempo en que debía permanecer recluido, aunado a que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29551-11200b3c/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-extemporaneidad-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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