I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADO DEL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/VRO/061/030/2021). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN CONTEXTOS EQUIVALENTES A LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN UN CONTEXTO EQUIVALENTE A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUANDO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS LA PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ENTIDAD CON MOTIVO DE LA RECOMENDACIÓN QUE EMITIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE CONTROVIERTEN SUS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/VRO/061/030/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/VRO/061/030/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/VRO/061/030/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 88/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 25 DE ENERO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ANETTE CHARA TANUS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós dictado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en el expediente *****, formado con motivo de una queja, mediante el cual se tuvo por rechazada en su totalidad la Solicitud formulada a la Fiscalía General del Estado de Morelos el siete de marzo de dos mil veintidós.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de enero de dos mil veintitrés emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 88/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:
• Acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tiene por rechazada la solicitud de siete de marzo de dos mil veintidós, realizada al Fiscal General del Estado.
• Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.
2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:
A. El ocho de marzo de dos mil veintidós le fue notificada a la Fiscalía General la Solicitud de siete de marzo de dos mil veintidós, emitida en el expediente *****, mediante la cual se le realizó la siguiente solicitud:
"(...)
IX. SOLICITUD.
No obstante que las siguientes autoridades no son las señaladas como responsables, se emite la siguiente solicitud en términos del artículo 77 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
PRIMERA. Instruya por escrito y supervise que la Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación número *****, lleve a cabo de manera pronta y expedita, cada una de las diligencias necesarias para su debida integración y resolución; debiendo remitir a este organismo evidencias de cumplimento de manera periódica hasta su conclusión.
SEGUNDA. Brinde puntual seguimiento al procedimiento de responsabilidad administrativa *****, iniciado ante el Órgano Interno de Control de la FGE, por las irregularidades señaladas en la presente resolución, debiendo remitir evidencias de cumplimiento en un plazo no mayor de 30 días naturales.
TERCERA. Realice las acciones necesarias para iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del Perito en Criminalística de Campo, *****, por las claras omisiones en las que incurrió durante el ejercicio de su encargo, señaladas en el párrafo 51.1 de la presente resolución. Debiendo remitir a este Organismo evidencias del expediente en mención de manera periódica hasta su total conclusión.
(...)
No se omite mencionar que la aceptación o rechazo procede sobre el contenido íntegro de la presente resolución, por lo que no se admitirá la aceptación parcial de la misma.
(...). ".
B. Mediante oficio *****de siete de abril de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Solicitud que le fue dirigida, en los términos siguientes:
"(...)
a) Respecto a la primera solicitud, solicito se tenga por ACEPTADA, por las siguientes razones:
Esta Dirección de Derechos Humanos giró atento oficio a la Directora General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Oriente, a efecto de hacer de su conocimiento la Solicitud que nos ocupa, y requerir que realizara lo que en derecho correspondiera, al ser dicha servidora pública, quien cuenta con la atribución de coordinar las acciones del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación *****, con motivo de la investigación del delito relacionado con el asunto que nos ocupa.
Derivado de lo anterior, el 23 de marzo de 2022, se recibió el oficio número *****, signado por la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, a través del cual refiere que considera viable la aceptación del punto que nos ocupa, por lo que giró atento oficio a la licenciada *****, agente del Ministerio Público titular de la indagatoria *****, para efecto de instruirle lleve a cabo de manera pronta y expedita cada una de las diligencias necesarias para integrar y resolver la indagatoria de mérito; de manera que, con posterioridad, se informarán mensualmente los avances que vayan surgiendo en la misma.
Es importante resaltar que, conforme a los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio oral, es exclusivamente competencia de la institución del Ministerio Público, y tiene por objeto que dicha autoridad reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos constitutivos de un acto delictivo y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, es decir, será el agente a cargo de la investigación que para el caso se inicie quien, respetando los principios rectores del proceso penal acusatorio previstos en el citado Código Nacional y la Constitución Federal, resolverá la multicitada indagatoria, conforme a derecho proceda, en ejercicio de su autonomía.
b) Respecto a la segunda solicitud, la misma se debe tener por RECHAZADA, por los motivos que a continuación se exponen:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23-C, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 20 Bis, párrafo tercero y 118 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Órgano Interno de Control es el órgano fiscalizador de esta institución de procuración de justicia, y que conforme al marco normativo aplicable, cuenta con autonomía técnica y de gestión para el desempeño de sus funciones.
Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en el artículo 130, establece las atribuciones y obligaciones de dicho organismo, reiterándose su autonomía y garantizando su posición como institución fuerte y eficaz en materia de responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos que integran a este órgano constitucional autónomo, a través de medidas concretas que le permiten realizar mayores acciones en verdadero beneficio de la sociedad para la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas.
En consecuencia, se puede concluir de manera inequívoca que el seguimiento a dicho procedimiento que para el caso se inicie para indagar respecto a la determinación y financiamiento de responsabilidades administrativas a cargo del personal de esta institución de procuración de justicia, escapa al ámbito competencial del titular de la Fiscalía General, dado que, como se ha mencionado, el aludido órgano está dotado de autonomía por disposición constitucional, legal y reglamentaria y, por consiguiente, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas le competen exclusivamente a esa unidad administrativa, sobre la cual no existe ni puede existir injerencia y menos aún de la persona titular de la Fiscalía General; destacando incluso que el titular de dicho órgano se trata de un servidor público que no es nombrado por el Fiscal General del Estado de Morelos, sino por el Pleno del Congreso Local, por lo que no existe subordinación del titular del Órgano Interno de Control con el titular de la Fiscalía General.
Al respecto, debe destacarse que dicho diseño institucional, establecido por el legislador local en la Constitución Política del Estado de Morelos y el cual se implementó para todos los organismos centralizados autónomos de esta entidad federativa, obedece a la necesidad de garantizar que las acciones de los organismos en comento, se realicen de manera imparcial y que sus titulares no estén sometidos a presiones que puedan perjudicar su labor como órganos fiscalizadores.
No obstante, es menester precisar que esa Comisión Estatal ha estimado procedente la emisión de una Solicitud al Órgano Interno de Control de este organismo autónomo, con la finalidad de que sea tal autoridad quien lleve a cabo las acciones necesarias para integrar y resolver de manera pronta el procedimiento de responsabilidad administrativa *****,*****por ende, se comunica a esa Comisión que existe plena disposición de colaborar con dicha autoridad fiscalizadora a efecto de allegar los elementos que le resulten necesarios en su investigación o procedimiento; empero, de conformidad con lo dispuesto por lo señalado en el artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita de la manera más atenta, desvincule a esta autoridad del presente punto solicitado, por ser procedente conforme a derecho y, sobre todo, atendiendo a la competencia y autonomía constitucional de la que goza la referida autoridad.
c) Respecto a la tercera solicitud, la misma se debe tener por ACEPTADA en los términos formulados por esa Comisión, debido a los motivos jurídicos que a continuación se exponen:
Esta Dirección tuvo a bien girar atento oficio al titular de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, con el objetivo de solicitar que informara si era procedente iniciar una investigación administrativa en contra del perito en criminalística de campo, *****, toda vez que es dicha autoridad la competente para radicar el procedimiento de mérito.
Es así que, a través del oficio ***** la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos informó que en atención a la Recomendación que nos ocupa, se dio inicio a la investigación administrativa correspondiente, mismo (sic) que quedó registrada bajo el número *****; por lo que se informará periódicamente los avances del procedimiento en comento, hasta su conclusión.
C. El veintiuno de abril de dos mil veintidós, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía del Estado el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por "RECHAZADA la Solicitud emitida a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS" por lo que se le solicitó hiciera pública su negativa en términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal y 23-B de la Constitución del Estado de Morelos. Ello, al estimar que la aceptación parcial no garantiza la reparación integral del derecho vulnerado.
D. Mediante oficio ***** de veintiocho de abril de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado manifestó que en ningún momento rechazó la totalidad de la Solicitud formulada, sino que fundamentó y motivó la razón por la cual no se aceptó la segunda solicitud ya que, en caso de hacerlo, se estaría invadiendo el ámbito competencial del Órgano Interno de Control. Por ello, estimó "no procedente hacer del conocimiento a la ciudadanía la no aceptación de la recomendación en comento".
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que el acuerdo impugnado vulnera en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente:
• En el caso, la Comisión demandada de manera indebida tuvo por rechazada la Solicitud de siete de marzo de dos mil veintidós, sin que la Fiscalía hubiese emitido un pronunciamiento en ese sentido, pues sólo se hizo de su conocimiento que el Órgano Interno de Control es el órgano fiscalizador de dicha Institución, el cual cuenta con autonomía técnica y de gestión para el desempeño de sus funciones, por lo que aceptar en sus términos la solicitud planteada implicaría una invasión a sus facultades.
• Lejos de realizar un pronunciamiento bajo una lógica jurídica y clara, la Comisión se limitó a señalar que no existe precepto legal que permita a las autoridades aceptar de manera parcial las recomendaciones o solicitudes que le sean formuladas y lo que, bajo su lógica, puede interpretarse en el sentido de que si bien no lo autoriza, tampoco lo prohíbe; máxime cuando la aceptación parcial encuentra sustento en una cuestión competencial.
• Además, lo que garantiza una mejor reparación del daño a la quejosa es reformular la Solicitud de siete de marzo de dos mil veintidós a la autoridad competente referida, a fin de no dejar en estado de indefensión a la persona víctima de una violación a sus derechos humanos.
• Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.
• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.
• En el caso, al no haberse rechazado la Solicitud de siete de marzo de dos mil veintidós, se estima que no procede hacerse pública una negativa que resulta inexistente.
• Además, de ningún precepto legal de los que se han transcrito en la demanda, se desprende la facultad de la Comisión para calificar como "rechazo" una imposibilidad de una autoridad para pronunciarse sobre sus resoluciones, ante una prohibición legal.
• Si no existe la facultad expresa que le permita actuar en los términos indicados, es evidente que la autoridad demandada se excedió en sus facultades para calificar la aceptación o rechazo a sus resoluciones, incluso evidenciando que eludió su obligación de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.
• Además, pese a que las recomendaciones emitidas no son vinculantes, lo cierto es que en términos del artículo 23-B de la Constitución local, cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas, el órgano legislativo está facultado para llamar a comparecer a las autoridades responsables, lo que cobra relevancia en el caso, pues la determinación de la Comisión demandada de tener por rechazada en su totalidad sus recomendaciones y, por tanto, su solicitud de hacer pública tal negativa, pondría en tela de juicio el compromiso de la Fiscalía con los derechos humanos y comprometería su función pública, pues su titular podría ser llamado y cuestionado respecto del acatamiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión por parte del Congreso del Estado, quien en última instancia está facultado para removerlo y lo cual deja a su titular en una posición de vulnerabilidad y cuestionamiento público.
• Si bien la Comisión demandada se encuentra facultada para emitir recomendaciones o solicitudes a las autoridades que a su consideración vulneraron derechos humanos, lo cierto es que tales recomendaciones o solicitudes, en caso de ser aceptadas, deben atenderse en forma que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal.
• El acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós debe ser declarado inválido, toda vez que la Comisión elude su obligación de fundar, motivar y adecuar su actuar conforme a la Constitución y las leyes. Ello, pues a pesar de que la Fiscalía manifestó carecer de competencia para aceptar la solicitud aludida, la Comisión elude su obligación de estudiar con exhaustividad los argumentos planteados, los cuales justifican el rechazo al segundo punto solicitado.
• Por lo anterior, el pretender que se realice un pronunciamiento público en los términos precisados por la Comisión, se genera un agravio a la Fiscalía, pues quedaría de manifiesto que tal Institución no se encuentra comprometida con la promoción y respeto a los derechos humanos, lo que redunda en su perjuicio pues se vulnera su facultad de aceptar o rechazar una solicitud con base en razones que atienden a cuestiones competenciales.
• Lo anterior no sólo implica que la Fiscalía no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad de la Comisión, al obligársele a pronunciarse respecto de la aceptación o rechazo a una de sus determinaciones sin que sea tomado en cuenta su ámbito de competencia.
• Por otro lado, si bien la Fiscalía no es un gobernado frente a la Comisión, lo cierto es que, dados los términos en que fue dictado el acto cuya invalidez se reclama, parecería que subyace una relación de supra-subordinación entre dichos órganos, en el que los actos o resoluciones de la Comisión sí pueden ser considerados como actos de molestia o privativos, en agravio de la Fiscalía, máxime cuando se dictan en violación al principio de división de poderes.
• Por último, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones jurisdiccionales, lo cierto es que dicho medio sí procede contra dichas resoluciones siempre que se examinen cuestiones competenciales.
4. Trámite. Mediante proveído de seis de junio de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 88/2022 y lo turnó por conexidad al Ministro Luis María Aguilar Morales.(1)
5. Admisión. Por acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, el Ministro instructor, y en atención al criterio sostenido por la Primera Sala en el recurso de reclamación 14/2022-CA, derivado de la diversa controversia constitucional 197/2021, admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ordenó su emplazamiento y la requirió para que remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. 6. No contestación de demanda. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós dictado por el Ministro instructor, se hizo constar que la autoridad demandada no dio contestación a la demanda en el plazo otorgado para ello.
7. Alegatos. Mediante escrito enviado el catorce de octubre de dos mil veintidós a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal, el Fiscal General del Estado de Morelos formuló alegatos.
8. Cierre de instrucción. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, una vez celebrada la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, el Ministro instructor dictó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
9. Radicación en la Segunda Sala. Previa solicitud del Ministro ponente, el Presidente de este Alto Tribunal mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, ordenó enviar el presente asunto a la Segunda Sala para su resolución. En consecuencia, por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, su Presidenta determinó que ésta se avocaría a su conocimiento, por lo que ordenó la remisión de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los Puntos Segundo, fracción I,(4) y Tercero,(5) del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2013, toda vez que se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos del Estado de Morelos, sin que se haya impugnado una norma general.
11. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
12. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) deben fijarse las normas generales y actos que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional.
13. De la lectura integral de la demanda presentada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, se advierte que impugna los siguientes actos atribuidos a la Comisión de Derechos Humanos de dicho Estado:
a. Acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se tiene por rechazada la Solicitud de siete de marzo de dos mil veintidós, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, y;
b. Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.
14. Sin embargo, en relación con los actos señalados en el inciso b., esta Segunda Sala estima que debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 19, fracción IX,(7) en relación con los artículos 22, fracción IV y VII,(8) y 20, fracción II,(9) todos de la Ley Reglamentaria de la materia, pues esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos que no se impugnaron específicamente, de conformidad con la tesis P./J. 64/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(10)
15. Por lo anterior, la litis en el presente asunto se conforma por el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos dentro del expediente *****.
16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf y Presidente Alberto Pérez Dayán. El Ministro Javier Laynez Potisek se separó del presente considerando.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
17. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.
18. En el caso, se tiene por acreditada la existencia del acuerdo impugnado, al haber sido acompañado por la Fiscalía General del Estado en su escrito de demanda.
19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
IV. OPORTUNIDAD
20. Conforme al artículo 21, fracción I, en relación con el diverso numeral 3, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, el plazo para promover controversia constitucional, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de éstos.(11)
21. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna.
22. El acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós le fue notificado a la Fiscalía General del Estado el veintiuno de abril de dos mil veintidós, por lo que el cómputo del plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del veintidós de abril al tres de junio de dos mil veintidós.(12)
23. En esas condiciones, si la demanda fue presentada el veintitrés de mayo de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.
24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
25. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) otorga legitimación a los órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa para promover una controversia constitucional en contra de las normas generales, actos u omisiones atribuidas a otro órgano de tal naturaleza del mismo Estado.
26. Por su parte, la Ley Reglamentaria de la materia prevé que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que los representen, en términos de las normas que resulten aplicables.(14)
27. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Uriel Carmona Gándara, en su carácter de titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, lo cual acredita con la copia certificada del nombramiento de quince de febrero de dos mil dieciocho emitido por la entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, así como con el Decreto Número Dos Mil Quinientos Noventa y Nueve por el que se designa al Fiscal General del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.
28. Además, de los artículos 79-A, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos(15) y 22, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos,(16) se desprende que la Fiscalía General del Estado de Morelos es un órgano constitucional autónomo, cuya representación le corresponde a su titular.
29. Por lo anterior, se le reconoce legitimación activa a la Fiscalía General del Estado de Morelos.
30. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
31. En el caso, como se mencionó, la Constitución Federal reconoce la posibilidad de que un órgano constitucional autónomo promueva una controversia en contra de un órgano de la misma naturaleza y de la misma entidad federativa.
32. En ese sentido, y toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, órgano constitucional autónomo de la entidad en términos del artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,(17) fue quien emitió el acuerdo que por este medio de control constitucional se combate, esta Segunda Sala considera que sí tiene legitimación pasiva en la presente controversia constitucional.
33. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que la citada Comisión demandada no haya dado contestación a la demanda, pues la única consecuencia que se prevé en la Ley Reglamentaria de la materia ante la falta de cumplimiento de dicha carga procesal, es que deberán presumirse como ciertos los hechos que se le imputan, salvo prueba en contrario.(18)
34. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
35. Esta Segunda Sala considera que debe sobrese
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200865-d1dee4b2/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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