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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE IMPUGNACIÓN (LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADO DEL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN CONTEXTOS EQUIVALENTES A LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN UN CONTEXTO EQUIVALENTE A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUANDO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS LA PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ENTIDAD CON MOTIVO DE LA RECOMENDACIÓN QUE EMITIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE CONTROVIERTEN SUS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CHDM/SE/V3/061/055/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CHDM/SE/V3/061/055/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CHDM/SE/V3/061/055/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2022. · Registro digital (IUS): 200856
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 25 DE OCTUBRE DE 2021. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES SECRETARIA ADJUNTA: ANETTE CHARA TANUS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno dictado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en el expediente *****, formado con motivo de una queja, mediante el cual se tuvo por rechazada la Solicitud formulada a la Fiscalía General del Estado de Morelos el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 67/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el treinta de marzo de dos mil veintidós, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:

• Acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tiene por rechazada la Solicitud de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, realizada al Fiscal General del Estado.

• Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.

2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:

A. Mediante oficio *****, le fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos radicó la queja formulada por una ciudadana, en la cual si bien no se señaló a dicha fiscalía como autoridad responsable, para su mejor integración, en vía de colaboración, se le solicitó tarjeta informativa de la carpeta de investigación relacionada con la queja *****

B. El seis de septiembre de dos mil veintiuno le fue notificada a la Fiscalía General la Recomendación y Solicitud de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual se le realizó la siguiente solicitud:

" (...)

IX. SOLICITUD.

No obstante que las siguientes autoridades no son las señaladas como responsables de las violaciones cometidas en agravio de la quejosa, se emite la presente solicitud en términos del artículo 50 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y 72 de su Reglamento Interno, a efecto de que sean implementadas las medidas necesarias para la protección y el aseguramiento de sus derechos:

(...)

A la Fiscalía General del Estado

Única. Gire amables instrucciones para que en breve término se integre y resuelva la carpeta de investigación *****, debiendo informar a este Organismo en un plazo de 10 días naturales contados a partir de la notificación de la presente resolución las acciones implementadas para dar cumplimiento a lo solicitado.

(...)

Por lo anterior, se solicita a las autoridades antes señaladas, tengan a bien pronunciarse a este Organismo, sobre la aceptación o rechazo de la presente RECOMENDACIÓN o SOLICITUD, en el entendido que dicha aceptación sólo puede ser total (...)

(...). ".

C. Mediante oficio *****de quince de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Solicitud que le fue dirigida, en los términos siguientes:

"(...) En ese orden de ideas, una vez analizado el contenido de la SOLICITUD de mérito, se procede a dar respuesta en los términos siguientes:

Esta Dirección de Derechos Humanos giró atento oficio al Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Sur Poniente, a efecto de hacer de su conocimiento la Solicitud que nos ocupa, y solicitar que realizara lo que en derecho corresponda.

Derivado de lo anterior, se recibió el oficio sin número, suscrito por la licenciada *****, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y Delitos Sexuales, a través del cual, manifiesta que derivado de las diligencias practicadas dentro de la indagatoria *****, se desprende que los imputados son servidores públicos del H. Ayuntamiento de *****, Morelos, por ende, el 21 de septiembre de 2021, dicha Fiscalía remitió la carpeta de investigación en comento, a la Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, toda vez que es considerada la Fiscalía idónea para continuar con la integración y perfeccionamiento de la misma, adjuntando copia simple del oficio en comento, para mejor proveer.

En ese tenor, resulta importante precisar que, de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con autonomía técnica constitucional y de gestión, en el trámite y atención de los asuntos que conforme al marco normativo aplicable son de su conocimiento, es decir, todos los actos de investigación llevados a cabo por el personal que se encuentra adscrito a ésta, son de estricta responsabilidad de esa Fiscalía.

Así, las disposiciones legales de referencia, establecen lo siguiente:

‘Artículo 29. Para los fines del presente artículo y conforme a lo previsto por el artículo 79-B, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la Fiscalía Anticorrupción, la cual pertenece a la Fiscalía General, con autonomía técnica constitucional y de gestión en términos de esta Ley, a fin de salvaguardar toda imparcialidad en el desempeño de sus actividades, así como las disposiciones presupuestales asignadas para ello, como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción.’

‘Artículo 30. La autonomía técnica de la Fiscalía Anticorrupción debe ser entendida como la facultad que le ha sido otorgada constitucionalmente para expedir sus propias disposiciones normativas, con excepción de las disposiciones legales que le competan al Fiscal General, a efecto de llevar a cabo su propia administración, dirección, organización, disposición, distribución y suministro de recursos materiales, humanos, tecnológicas y otros similares, con el propósito de regular las acciones que desarrolla en el ámbito de su competencia, delimitar las atribuciones que ejerce y regir su actuación, bajo las políticas permanente de especialización técnica, profesionalización y rendición de cuentas, debiendo respetar en todo momento, la Constitución Federal la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, los Códigos y Leyes Nacionales, Generales y Federales que rijan su actuar procesal, la Constitución Local y, en general, toda disposición jurídica aplicable.’

‘Artículo 31. La Fiscalía Anticorrupción cuenta con autonomía de gestión por medio de la cual goza de la administración, dirección, organización, disposición, distribución y suministro de recursos humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad de decidir responsablemente sobre la adquisición de productos y servicios, en los términos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, el ejercicio de sus recursos propios, su estructura administrativa, así como proponer los niveles remunerativos para el personal que la integra, de conformidad con el presupuesto autorizado para ello y en términos de lo dispuesto por la legislación Federal y Estatal que resulte aplicable.

Cuenta con su propio Comité de Adquisiciones el cual se rige por su Reglamento, así como en los acuerdos, circulares y demás instrumentos que emita el Fiscal Anticorrupción."

De igual forma, reforzando lo mencionado con antelación, el artículo 5, fracción IV, del ordenamiento jurídico prevé que:

‘Artículo 5. El Fiscal General para el ejercicio de la autonomía constitucional a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, contará con las siguientes atribuciones:

[...]

IV. Dictar órdenes directamente al personal de la Fiscalía General, con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; [...]’

Por ende, tomando en consideración que la carpeta de investigación *****, actualmente se encuentra radicada en la Fiscalía de Anticorrupción, se puede concluir de manera inequívoca que la facultad para ACEPTAR O RECHAZAR la Solicitud en comento, le compete única y exclusivamente a dicha Fiscalía, puesto que escapa del ámbito competencial de esta Fiscalía General el emitir cualquier pronunciamiento al respecto, toda vez que existe prohibición legal para el titular de esta institución de procuración de justicia de dictar órdenes al personal que se encuentra adscrito a la Fiscalía Anticorrupción.

Prohibición que estableció el legislador, con el objeto de que en las investigaciones que se siguen en dicha Fiscalía, no haya injerencia o presiones externas que pudieran afectar las mismas.

No obstante, se comunica a esa Comisión que existe plena disposición de colaborar con dicha autoridad a efecto de allegar los elementos que resulten necesarios en su investigación; empero, de conformidad con lo dispuesto por lo señalado en el artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita a esa Comisión proceda a reformular la presente solicitud y la dirija a la autoridad correspondiente, por ser procedente conforme a derecho.

Finalmente, se reitera que esta Fiscalía General, así como todo el personal que integra este órgano autónomo, se encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con la firme intención de respetar y salvaguardar los derechos humanos de todos los habitantes de esta entidad federativa.

D. El quince de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía del Estado el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por "RECHAZADA la Recomendación realizada a dicha autoridad" por lo que se le solicitó hiciera pública su negativa en términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal y 23-B de la Constitución del Estado de Morelos. Lo anterior, se argumentó de la siguiente manera:

"(...) Si bien la Directora de Derechos Humanos de la Coordinación General Jurídica de la Fiscalía General del Estado, no manifiesta textualmente la aceptación o rechazo, sino más bien argumenta cuestiones inherentes a la incompetencia existente de poder pronunciarse sobre ello, pues dicha incompetencia deriva del hecho de que los imputados son servidores públicos y por lo cual, debe de conocer sobre la misma, el Órgano descentralizado Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos; situación que tras el análisis de dichas manifestaciones, este organismo observa un incorrecto actuar de la Fiscalía General del Estado, ello en razón de que una vez que se emitió dicha Solicitud en fecha diecisiete de agosto del año de dos mil veintiuno y le fue notificada a la Fiscalía General del Estado en fecha seis de septiembre de la misma anualidad y, posteriormente en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, la carpeta de investigación número *****fue remitida a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, oponiéndose ahora la incompetencia (...).".

E. Mediante oficio *****de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado manifestó que en ningún momento rechazo la Solicitud citada sino que fundamentó y motivó la razón por la cual tal institución está imposibilitada para emitir algún pronunciamiento al respecto, pues de haberla aceptado se estaría invadiendo el ámbito competencial de la Fiscalía Anticorrupción. Por ello, estimó "no procedente hacer del conocimiento a la ciudadanía la no aceptación de la recomendación en comento".

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que el acuerdo impugnado vulnera en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente:

• En el caso, la Comisión demandada de manera indebida tuvo por rechazada la Solicitud de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, sin que la Fiscalía hubiese emitido un pronunciamiento en ese sentido, pues sólo se hizo de su conocimiento que la carpeta de investigación que se solicitó integrar y resolver fue remitida a la Fiscalía Anticorrupción, por lo que no podría emitirse pronunciamiento alguno al respecto sin vulnerar la autonomía de dicha Fiscalía.

• Lejos de realizar un pronunciamiento bajo una lógica jurídica y clara, la Comisión se limitó a poner de manifiesto un incorrecto actuar por parte de la Fiscalía General, cuando en realidad, lo que garantiza una mejor reparación del daño a la quejosa es reformular la solicitud a la autoridad competente que fue referida, a fin de no crear un estado de indefensión.

• Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.

• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.

• Además, de ningún precepto legal de los que se han transcrito en la demanda, se desprende la facultad de la Comisión para calificar como "rechazo" una imposibilidad de una autoridad para pronunciarse sobre sus resoluciones, ante una prohibición legal.

• Si no existe la facultad expresa que le permita actuar en los términos indicados, es evidente que la autoridad demandada se excedió en sus facultades para calificar la aceptación o rechazo a sus resoluciones, incluso evidenciando que eludió su obligación de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.

• Si bien la Comisión demandada se encuentra facultada para emitir recomendaciones o solicitudes a las autoridades que a su consideración vulneraron derechos humanos, lo cierto es que tales recomendaciones o solicitudes, en caso de ser aceptadas, deben atenderse en forma que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal.

• El acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno debe ser declarado inválido, toda vez que la Comisión elude su obligación de fundar, motivar y adecuar su actuar conforme a la Constitución y las leyes. Ello, pues a pesar de que la Fiscalía manifestó carecer de competencia para pronunciarse respecto de la aceptación o rechazo de la solicitud aludida, la Comisión se limita a hacer manifestaciones relacionadas con la temporalidad en la que fue remitida la carpeta de investigación, sin atender efectivamente el núcleo de tal imposibilidad.

• Por lo anterior, el pretender que se realice un pronunciamiento público en los términos precisados por la Comisión, se genera un agravio a la Fiscalía, pues quedaría de manifiesto que tal Institución no se encuentra comprometida con la promoción y respeto a los derechos humanos, lo que redunda en su perjuicio pues se vulnera su facultad de aceptar o rechazar una solicitud con base en razones que atienden a cuestiones competenciales.

• Lo anterior no sólo implica que la Fiscalía no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad de la Comisión, al obligársele a pronunciarse respecto de la aceptación o rechazo a una de sus determinaciones sin que sea tomado en cuenta su ámbito de competencia.

• Por otro lado, si bien la Fiscalía no es un gobernado frente a la Comisión, lo cierto es que, dados los términos en que fue dictado el acto cuya invalidez se reclama, parecería que subyace una relación de supra-subordinación entre dichos órganos, en el que los actos o resoluciones de la Comisión sí pueden ser considerados como actos de molestia o privativos, en agravio de la Fiscalía, máxime cuando se dictan en violación al principio de división de poderes.

• Por último, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones jurisdiccionales, lo cierto es que dicho medio sí procede contra dichas resoluciones siempre que se examinen cuestiones competenciales.

4. Trámite. Mediante proveído de seis de abril de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 67/2022 y lo turnó por conexidad al Ministro Luis María Aguilar Morales.(1)

5. Admisión. Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el Ministro instructor, y en atención al criterio sostenido por la Primera Sala en el recurso de reclamación 14/2022-CA, derivado de la controversia constitucional 197/2021, admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ordenó su emplazamiento y la requirió para que remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

6. No contestación de demanda. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós dictado por el Ministro instructor, se hizo constar que la autoridad demandada no dio contestación a la demanda en el plazo otorgado para ello.

7. Alegatos. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós y recibido el veintinueve de septiembre siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del sistema electrónico, el Fiscal General del Estado de Morelos formuló alegatos.

8. Cierre de instrucción. Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, una vez celebrada la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, el Ministro instructor dictó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 9. Radicación en la Segunda Sala. Previa solicitud del Ministro ponente, el Presidente de este Alto Tribunal mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, ordenó enviar el presente asunto a la Segunda Sala para su resolución. En consecuencia, por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, su Presidenta determinó que ésta se avocaría a su conocimiento, por lo que ordenó la remisión de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los Puntos Segundo, fracción I,(4) y Tercero,(5) del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2013, toda vez que se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos del Estado de Morelos, sin que se haya impugnado una norma general.

11. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

12. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) deben fijarse las normas generales y actos que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional.

13. De la lectura integral de la demanda presentada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, se advierte que impugna los siguientes actos atribuidos a la Comisión de Derechos Humanos de dicho Estado:

a. Acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tiene por rechazada la Solicitud de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, y;

b. Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.

14. Sin embargo, en relación con los actos señalados en el inciso b., esta Segunda Sala estima que debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 19, fracción IX,(7) en relación con los artículos 22, fracción IV y VII,(8) y 20, fracción II,(9) todos de la Ley Reglamentaria de la materia, pues esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos que no se impugnaron específicamente, de conformidad con la tesis P./J. 64/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(10)

15. Por lo anterior, la litis en el presente asunto se conforma por el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos dentro del expediente *****.

16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf y Presidente Alberto Pérez Dayán. El Ministro Javier Laynez Potisek se separó del presente considerando.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

17. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.

18. En el caso, se tiene por acreditada la existencia del acuerdo impugnado, al haber sido acompañado por la Fiscalía General del Estado en su escrito de demanda.

19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. OPORTUNIDAD

20. Conforme al artículo 21, fracción I, en relación con el diverso numeral 3, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, el plazo para promover controversia constitucional, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de éstos.(11)

21. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna.

22. El acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno le fue notificado a la Fiscalía General del Estado el quince de febrero de dos mil veintidós, por lo que el cómputo del plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del dieciséis de febrero al treinta de marzo de dos mil veintidós.(12)

23. En esas condiciones, si la demanda fue presentada el treinta de marzo de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.

24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

25. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) otorga legitimación a los órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa para promover una controversia constitucional en contra de las normas generales, actos u omisiones atribuidas a otro órgano de tal naturaleza del mismo Estado.

26. Por su parte, la Ley Reglamentaria de la materia prevé que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que los representen, en términos de las normas que resulten aplicables.(14)

27. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Uriel Carmona Gándara, en su carácter de titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, lo cual acredita con la copia certificada del nombramiento de quince de febrero de dos mil dieciocho emitido por la entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, así como con el Decreto Número Dos Mil Quinientos Noventa y Nueve por el que se designa al Fiscal General del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

28. Además, de los artículos 79-A, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos(15) y 22, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos,(16) se desprende que la Fiscalía General del Estado de Morelos es un órgano constitucional autónomo, cuya representación le corresponde a su titular.

29. Por lo anterior, se le reconoce legitimación activa a la Fiscalía General del Estado de Morelos.

30. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

31. En el caso, como se mencionó, la Constitución Federal reconoce la posibilidad de que un órgano constitucional autónomo promueva una controversia en contra de un órgano de la misma naturaleza y de la misma entidad federativa.

32. En ese sentido, y toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, órgano constitucional autónomo de la entidad en términos del artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,(17) fue quien emitió el acuerdo que por este medio de control constitucional se combaten, esta Segunda Sala considera que sí tiene legitimación pasiva en la presente controversia constitucional.

33. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que la citada Comisión demandada no haya dado contestación a la demanda, pues la única consecuencia que se prevé en la Ley Reglamentaria de la materia ante la falta de cumplimiento de dicha carga procesal, es que deberán presumirse como ciertos los hechos que se le imputan, salvo prueba en contrario.(18)

34. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

35. Esta Segunda Sala considera que debe sobreseerse en la presente controversia constitucional con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(19) en relación con los artículos 19, fracción IX, de dicho ordenamiento,(20) y 105, fracción I, de la Constitución Federal.(21)

36. A efecto de realizar el examen que corresponde, debe exponerse que el acuerdo impugnado de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, tiene como antecedente la Recomendación y Solicitud que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, con motivo de un escrito de queja.

37. Del contenido de dicha Recomendación y Solicitud, se advierte, para lo que interesa destacar, que ésta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200856-a550f3ec/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-impugnacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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