I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE IMPUGNACIÓN (LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADO DEL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN CONTEXTOS EQUIVALENTES A LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN UN CONTEXTO EQUIVALENTE A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUANDO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS LA PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ENTIDAD CON MOTIVO DE LA RECOMENDACIÓN QUE EMITIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE CONTROVIERTEN SUS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL EXPEDIENTE CHDM/SE/V4/061/243/2020, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL EXPEDIENTE CHDM/SE/V4/061/243/2020, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL EXPEDIENTE CHDM/SE/V4/061/243/2020, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 116/2022. ACTOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEMANDADO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en el expediente *****, mediante el cual tuvo por rechazada la recomendación de treinta de abril de dos mil veintidós, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 116/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el siete de julio de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:
• Acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tiene por rechazada la recomendación de treinta de abril de dos mil veintidós, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.
• Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.
2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:
A. Mediante oficio *****, le fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos inició de oficio una queja radicada con el número de expediente ***** y mediante el cual se le solicitó un informe en relación con los hechos objeto de la queja.
B. El seis de mayo de dos mil veintidós le fue notificada a la Fiscalía la Recomendación emitida el treinta de abril de dos mil veintidós, mediante la cual se le hicieron las siguientes recomendaciones:
“ (…)
VIII. RECOMENDACIÓN
AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PRIMERA. Realice las acciones necesarias para que la persona servidora pública a cargo de la carpeta de investigación SC01/11942/2020 dicte las medidas precautorias idóneas a favor de los infantes de iniciales *****., *****., *****. y *****, entre las que deberán considerarse:
I. Su ingreso o resguardo en un centro de asistencia social estatal:
II. La designación de un tutor o representante legal; y
III. La atención médica y psicológica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud.
Lo anterior con el objeto de garantizar su integridad física y psicológica, para que continúen con su pleno desarrollo y vida, concediéndole un plazo de 20 días naturales para remitir las pruebas de su cumplimiento correspondientes hasta evidenciar que las víctimas se encuentran seguras y fuera de cualquier peligro que atente contra su integridad.
SEGUNDA. Ejecute las acciones correspondientes para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea debidamente integrada y resuelta la carpeta número *****, realizando de manera diligente las investigaciones y actuaciones necesarias, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez, hasta emitirse la resolución que conforme a derecho corresponda.
Sobre el particular, deberá remitir evidencia de su cumplimiento de manera mensual hasta su total conclusión.
TERCERA. Como medida de satisfacción solicite al área competente inicie las investigaciones de responsabilidades administrativas que correspondan, en contra de la Lic *****, Coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales y a la Lic. *****, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Sexuales, así como al Comandante de la Agencia de la Policía de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía de Delitos Sexuales, que omitió dar cumplimiento a la orden de investigación de fecha *****y de las demás personas servidoras públicas que resulten involucradas en el asunto; debiendo informar a este Organismo sobre su inicio en un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la aceptación de esta resolución y posteriormente informar de manera mensual su desarrollo hasta su total conclusión.
CUARTA. En colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, realice las acciones necesarias para inscribir los infantes (sic) de iniciales *****, *****, *****y *****, en el Registro Estatal de Víctimas a efecto de que puedan acceder a la reparación integral del daño en los términos planteados en la presente resolución. Debiendo hacer llegar a este Organismo las evidencias de ello en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la aceptación de la presente resolución.
QUINTA. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, realice las acciones necesarias para reparar de manera integral el daño a las víctimas, en los términos de la presente resolución y de conformidad con lo establecido en la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, para lo cual, deberá hacer llegar a este Organismo las evidencias de ello en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la aceptación de la presente resolución.
SEXTA. Realice las acciones correspondientes para que la Licenciada *****, y *****, en su carácter de Coordinadora y Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales, así como el Comandante de la Agencia de la Policía de Investigación Criminal de la misma Fiscalía, asistan a cursos de capacitaciones en materia de derechos humanos, derechos de la niñez, derechos de las víctimas y del principio del interés superior de la niñez; debiendo remitir a este organismo en un plazo no mayor a 60 días naturales las constancias respectivas, las cuales deberán ser con fecha posterior a la presente resolución.
SÉPTIMA. Como garantía de no repetición, realice las acciones necesarias para emitir una circular en la que se conmine a todo el personal a su cargo, para que en todos los asuntos que involucren a niñas, niños y adolescentes se garantice el interés superior de la niñez, debiendo remitir evidencias de cumplimiento en un plazo no mayor a 30 días naturales.
(…)
No se omite mencionar que la aceptación o rechazo procede sobre el contenido íntegro de la presente resolución, por lo que no se admitirá la aceptación parcial de la misma
(…)”.
C. Mediante oficio *****de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Recomendación, en los términos siguientes:
“a) Respecto a los puntos recomendatorios primero y segundo, pido se tengan por ACEPTADOS, en los siguientes términos:
Esta Dirección de Derechos Humanos adscrita a la Coordinación General Jurídica giró atento oficio a la Dirección de Investigación y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a efecto de informarle el contenido de la presente Recomendación, y requerir que realizara lo que en derecho correspondiera, al ser dicho servidor público, superior jerárquico inmediato de la Coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales, así como del agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación *****
Derivado de lo anterior, el 16 de mayo de 2022, se recibió el oficio número *****a través del cual la autoridad requerida informó que tiene por aceptados los puntos solicitados; de manera que, con posterioridad, se informarán periódicamente, los avances que vayan surgiendo en la integración de la indagatoria que nos ocupa.
Es importante resaltar que, conforme a los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio oral, es exclusivamente competencia de la institución del Ministerio Público, y tiene por objeto que dicha autoridad reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, es decir, será el agente a cargo de la investigación quien, respetando los principios rectores del proceso penal acusatorio previstos en el citado Código Nacional y la Constitución Federal, resolverá la multicitada indagatoria, conforme a derecho proceda, en ejercicio de su autonomía.
b) En atención al tercer punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO, bajo los siguientes términos:
Esta Dirección de Derechos Humanos adscrita a la Coordinación General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Morelos giró atento oficio a la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, con el objetivo de solicitar que informara si era procedente iniciar investigación administrativa en contra de las servidoras públicos que participaron dentro de la carpeta de investigación que nos ocupa, toda vez que es dicha autoridad la competente para iniciar el procedimiento de mérito.
Es así que, a través del oficio *****, la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos informó que en atención a la Recomendación emitida a favor de los infantes mencionados en líneas anteriores, ha instruido dar inicio a la investigación administrativa correspondiente, quedando radicada bajo el número *****.
c) Con relación al cuarto punto recomendatorio, se tiene por RECHAZADO, por los siguientes motivos:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Víctimas, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;
II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;
III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;
IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;
V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;
VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;
VII. La Comisión Ejecutiva Estatal, y
VIII. El Ministerio Público.
En ese sentido, tal como se desprende del numeral 58 de la presente Recomendación, esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya le otorgó la calidad de víctima a los infantes *****., *****., *****. y ***** *****Por tanto, dicho reconocimiento tiene como efecto que las mencionadas víctimas directas e indirectas puedan acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral del daño, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia.
Ahora bien, resulta imperante mencionar que, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Víctimas, corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (en adelante Comisión Ejecutiva Estatal) garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de dicho ordenamiento, el Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico a cargo de la unidad administrativa correspondiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral; en consecuencia, atendiendo al principio de legalidad, es a dicha Comisión, a quien le compete llevar a cabo la inscripción correspondiente, no así a esta Fiscalía General; destacando que, la materia del punto recomendatorio que nos ocupa, y su rechazo por esta autoridad, no produce afectación a la quejosa, pues se le ha reconocido el carácter de víctima por parte de ese organismo garante de derechos humanos, con lo cual podrá realizar los trámites necesarios ante la Comisión Ejecutiva Estatal.
En ese tenor, por resultar aplicable al presente caso, se estima conveniente citar la siguiente tesis aislada de la Décima Época, con número registro 2005766, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2239, que a la letra establece:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.
(…)
Aunado a lo anterior, de los preceptos que integran la Ley de Víctimas, no se desprende que sea requisito, el relativo a que las autoridades responsables de la violación de derechos humanos deban realizar un acompañamiento para que las víctimas puedan acudir a la inscripción, sino que, basta la solicitud que estas presenten para que la Comisión Ejecutiva Estatal realice el trámite correspondiente.
d) Respecto al quinto punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO, tomando en consideración el ámbito de competencia que corresponde a esta Fiscalía General, en términos de la normativa aplicable, conforme se explica enseguida, y pueda otorgar la calidad de víctima a quien lo solicite, máxime teniendo en cuenta el reconocimiento que ya ha realizado ese organismo protector de los derechos humanos.
Esta Fiscalía General se encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con la Comisión Ejecutiva Estatal para realizar la reparación integral del daño ocasionado a los infantes, para lo cual se desplegarán las acciones que en su ámbito de competencia correspondan a esta autoridad.
En ese orden de ideas, no debe perderse de vista que en términos de lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Ley de Víctimas, éstas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Precisando que la reparación integral comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Asimismo, el último de los referidos preceptos legales establece que dichas medidas tendentes a la reparación integral podrán ser cubiertas con cargo al Fondo de la Comisión Ejecutiva Federal o estatal, según corresponda.
Así pues, con relación a las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, se estima que la Fiscalía General, dentro del ámbito de su respectiva competencia, se encuentra cumpliendo con su obligación de lograr la reparación integral, toda vez que el haber aceptado los puntos recomendatorios primero, segundo, tercero, sexto y séptimo, como más adelante se continuará exponiendo, emitidos en el asunto que nos ocupa, implica lo siguiente; con relación a precisamente el logro de esa reparación integral que se busca; a saber:
a. Se instruirá a quien corresponda, a efecto de que realice las acciones necesarias para que se dicten las medidas precautorias necesarias a los infantes, dentro de las carpeta de investigación *****
b. Se desahogarán las diligencias pertinentes para que se integre y resuelva la indagatoria de mérito, conforme a derecho corresponda.
c. Por otra parte, por conducto de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, se investigará el actuar de los servidores públicos involucrados en la integración de la multicitada indagatoria, para que, en caso de ser procedente, se finquen las responsabilidades correspondientes a dichas servidoras públicas;
d. De igual forma, por conducto de la Dirección General del Instituto de Procuración
de Justicia, se proporcionarán cursos de capacitación en materia de derechos humanos, derechos de la niñez, derechos de las víctimas y del principio del interés superior de la niñez, para diversos servidores públicos de esta institución;
e. Finalmente, por conducto de la Secretaría Ejecutiva se conminará a todo el personal de esta Fiscalía, para que en todos los asuntos que involucren a niños, niñas y adolescentes se garantice el interés superior de la niñez.
Acciones que, de acuerdo a la Ley de la materia, comprenden parte de la reparación integral.
Ahora bien, con relación a las medidas de compensación que comprenden todos los perjuicios y sufrimientos ocasionados a las víctimas, que en el asunto en particular se refieren a los daños causados a la vida, dignidad e integridad física y psicológica de los niños relacionados con el presente asunto y como bien se plasma en la Recomendación que se atiende, se deberá conformar un fideicomiso a favor de los infantes, que se encuentre destinado a su educación superior, mismo que podrá ser cobrado una vez que alcancen la mayoría de edad. Precisando que el monto deberá ser establecido por la Comisión Ejecutiva Estatal y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; en consecuencia, respecto a este punto, no debe perderse de vista que la Comisión Ejecutiva Estatal cuenta con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.
Dicho Fondo tiene por objeto brindar los recursos de ayuda y de reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el estado de Morelos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.
Asimismo, conforme al artículo 138 de la citada Ley, se tiene que para ser beneficiario del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto establece la Ley General de Víctimas, la misma Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro Estatal de Víctimas a efecto de que la Comisión Ejecutiva Estatal realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.
Por su parte, el artículo 139 del ordenamiento en cita, establece de manera detallada los recursos con los que se conformará el Fondo, destacando que el Congreso del Estado de Morelos anualmente otorga un porcentaje no inferior al 0.14% del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, para que los mismos puedan ser destinados a la compensación a que tienen derecho las víctimas de violaciones a derechos humanos en el estado de Morelos. Es decir, el Poder Legislativo anualmente destina recursos públicos que se etiquetan de manera específica para dicho Fondo, los que una vez desahogado el procedimiento correspondiente en la normativa, pueden ser otorgados a las víctimas del delito.
De ahí que, se estime que conforme a la normativa aplicable, la medida de compensación deberá llevarse a cabo por la Comisión de Víctimas, por ser la autoridad competente, para en su caso, crear un fideicomiso a favor de los infantes. Por tanto, solicito tenga a esta autoridad informando de su aceptación respecto del punto que nos ocupa, esto es su colaboración con autoridad diversa para lograr la reparación integral del daño y, específicamente, se tomen en consideración las acciones que sí se encuentran dentro de su ámbito de competencia con relación al punto que se atiende, enfatizando que esta autoridad remitirá las evidencias del cumplimiento respecto de los actos que recaen en su esfera competencial. Asimismo, es menester precisar que respecto a este último punto –medidas de compensación- no se deja en estado de vulneración a los infantes, pues incluso esa Comisión Estatal ha estimado procedente la emisión de una Solicitud a la Comisionada Estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con la finalidad de que sea dicha autoridad la que lleve a cabo las acciones necesarias para lograr la reparación integral del daño, por lo que si bien el punto que nos ocupa se realizó a esta autoridad incompetente, lo cierto es también que en apartado diverso de la Recomendación que se atiende, se hizo petición expresa a la autoridad que sí resulta competente para atenderlo.
e) Por lo que respecta al sexto punto, solicito se tenga por ACEPTADO y ATENDIDO, en la inteligencia de que esta Institución se encuentra comprometida en establecer y coordinar un sistema de capacitación integral constante, con la finalidad de que los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado se desempeñen de una manera ejemplar ante la sociedad, al ser ellos el ejemplo del deber ser; precisando que los cursos que se imparten son con la plena intención de crear una conciencia social y progresiva, que permee en el actuar de los servidores públicos de esta institución de procuración de justicia.
En ese sentido, esta Dirección remitió oficio a la Directora General del Instituto de Procuración de Justicia, a efecto de hacer de su conocimiento la recomendación que nos ocupa, y solicitarle que informara lo conducente, atendiendo a las atribuciones que tiene conferidas.
Fue así, que en respuesta al oficio en comento, se recibió el oficio *****, firmado por la autoridad requerida, quien refiere que es procedente aceptar el punto que nos ocupa, haciendo del conocimiento que se tiene contemplado un evento académico denominado “Curso de Derechos Humanos y Garantías Individuales en el Sistema Penal Acusatorio” tentativamente proyectado a realizarse del 20 de junio al 01 de julio del año en curso. Asimismo, no se omite mencionar que se solicitará a quien imparta el curso, inserte el capítulo con los rubros referentes a los derechos de la niñez, derecho de las víctimas y del principio del interés superior de los niños. Curso que se estará notificando a las servidoras publicas probablemente responsables del asunto que nos ocupa, para que asistan y tomen el mismo.
f) Por cuanto al séptimo punto recomendatorio, éste se tiene por ACEPTADO, por tal motivo se emitirá una circular en la que se precisará que esta deriva del cumplimiento otorgado a la Recomendación que se contesta, y se hará hincapié en el compromiso que adquiere esta autoridad en evitar los actos u omisiones que vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes, misma que se notificará a todo el personal de la institución.”
D. El seis de junio de dos mil veintidós, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía General del Estado el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por RECHAZADA la Recomendación realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, toda vez que la aceptación parcial de la recomendación no garantiza la reparación integral del derecho vulnerado. Además, se le concedió un plazo de diez días naturales para que fundara, motivara e hiciera pública la negativa de aceptar la recomendación.
E. Mediante oficio ***** de dieciséis de junio de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado reiteró que no se rechazó la totalidad de la Recomendación, toda vez que aceptó los puntos recomendatorios que a su juicio sí resultan ser de su competencia.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que los acuerdos impugnados vulneran en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente:
• La Comisión demandada de manera indebida tuvo por rechazada en su totalidad la Recomendación de treinta de abril de dos mil veintidós, sin que la Fiscalía hubiese emitido un pronunciamiento en ese sentido, pues sólo se hizo de su conocimiento que se aceptaron los puntos recomendatorios que sí resultan ser de su competencia y sobre los cuales se remitieron las evidencias que constatan el inicio del cumplimiento a las acciones tendentes a garantizar la reparación integral a la quejosa, precisándose que el punto cuarto recomendatorio no podía atenderse por una cuestión competencial.
• Lejos de realizar un pronunciamiento bajo una lógica jurídica y clara, la Comisión se limitó a señalar que no existe precepto legal que permita a las autoridades aceptar de manera parcial las recomendaciones o solicitudes que le sean formuladas y lo que, bajo su lógica, puede interpretarse en el sentido de que si bien no lo autoriza, tampoco lo prohíbe; máxime cuando la aceptación parcial encuentra sustento en una cuestión competencial.
• Además, lo que garantiza una mejor reparación del daño a la quejosa es que la Comisión dirija sus recomendaciones a las autoridades que cuenten con la competencia para dar efectivo cumplimiento a sus resoluciones, pues de lo contrario se deja en estado de indefensión a la persona víctima de violación a sus derechos humanos.
• Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.
• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.
• En el caso, al no haberse rechazado en su totalidad la Recomendación de treinta de abril de dos mil veintidós, se estima que no procede hacerse pública una negativa en los términos que refiere la Comisión demandada.
• Además, de ningún precepto legal de los que se han transcrito en la demanda, se desprende la facultad de la Comisión para calificar como “rechazo” una imposibilidad de una autoridad para pronunciarse sobre sus resoluciones, ante una prohibición legal.
• Si no existe la facultad expresa que le permita actuar en los términos indicados, es evidente que la autoridad demandada se excedió en sus facultades para calificar la aceptación o rechazo a sus resoluciones, incluso evidenciando que eludió su obligación de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.
• Además, pese a que las recomendaciones emitidas no son vinculantes, lo cierto es que en términos del artículo 23-B de la Constitución local, cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas, el órgano legislativo está facultado para llamar a comparecer a las autoridades responsables, lo que cobra relevancia en el caso, pues la determinación de la Comisión demandada de tener por rechazada en su totalidad sus recomendaciones y, por tanto, su solicitud de hacer pública tal negativa, pondría en tela de juicio el compromiso de la Fiscalía con los derechos humanos y comprometería su función pública, pues su titular podría ser llamado y cuestionado respecto del acatamiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión por parte del Congreso del Estado, quien en última instancia está facultado para removerlo y lo cual deja a su titular en una posición de vulnerabilidad y cuestionamiento público.
• Si bien la Comisión demandada se encuentra facultada para emitir recomendaciones o solicitudes a las autoridades que a su consideración vulneraron derechos humanos, lo cierto es que tales recomendaciones o solicitudes, en caso de ser aceptadas, deben atenderse en forma que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal.
• El acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós debe ser declarado inválido, toda vez que la Comisión elude su obligación de fundar, motivar y adecuar su actuar conforme a la Constitución y las leyes. Ello, pues a pesar de que la Fiscalía manifestó carecer de competencia para aceptar el punto recomendatorio cuarto, la Comisión elude su obligación de estudiar con exhaustividad los argumentos planteados, los cuales justifican tal rechazo.
• Por lo anterior, el pretender que se realice un pronunciamiento públi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200855-d95cf6e5/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-impugnacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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