I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADO DEL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/VI/061/063/2018). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN CONTEXTOS EQUIVALENTES A LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN UN CONTEXTO EQUIVALENTE A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUANDO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS LA PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ENTIDAD CON MOTIVO DE LA RECOMENDACIÓN QUE EMITIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE CONTROVIERTEN SUS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DICTADO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/VI/061/063/2018, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DICTADO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/VI/061/063/2018, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DICTADO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/VI/061/063/2018, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 8 DE MARZO DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE EL MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA ADJUNTA: ANETTE CHARA TANUS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno dictado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en el expediente *****, formado con motivo de una queja, mediante el cual se tuvo por rechazada en su totalidad la recomendación formulada a la Fiscalía General del Estado de Morelos el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 11/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1.Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:
• Acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tiene por rechazada en su totalidad la recomendación de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.
• Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.
2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:
A. Mediante oficio *****, le fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo de tres de abril de dos mil dieciocho, por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos admitió la queja formulada por una ciudadana y la formó con el número de expediente *****. Asimismo, solicitó a la Fiscalía un informe con relación a los hechos objeto de la queja.
B. El trece de octubre de dos mil veintiuno le fue notificada a la Fiscalía la Recomendación emitida el veintiuno de septiembre de dicho año, mediante la cual se le hicieron las siguientes recomendaciones:
" (...)
VIII. RECOMENDACIÓN
AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PRIMERA. Realice las gestiones necesarias para que se conmine por escrito a todo el personal que participó en estos hechos para que se abstengan de realizar conductas que no encuentren fundamentación y motivación, lo anterior a efecto de evitar la repetición de hechos similares que conculquen derechos humanos; debiendo informar a este Organismo sobre el cumplimiento de este punto en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la notificación de la presente resolución.
SEGUNDA. Como garantía de no repetición, realice las acciones necesarias a efecto de que se implementen cursos de capacitación en materia de derechos humanos, con especial énfasis en temas relacionados con derechos de las personas detenidas, derecho a la legalidad y seguridad jurídica, los cuales deberán estar dirigidos a los agentes de la Policía de Investigación Criminal. Debiendo remitir las constancias que acreditan dicha capacitación, un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la notificación de la presente recomendación.
TERCERA. Dé vista por escrito al Visitador General de la Fiscalía del Estado, para que en términos del artículo 104 fracción III de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, inicie procedimiento de sanción a los agentes que participaron en los hechos ocurridos el 31 de marzo del 2018, por las razones expuestas en el apartado de observaciones de la presente resolución, debiendo informar respecto al inicio, integración y conclusión de dichas investigaciones en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la notificación de la presente recomendación.
CUARTA. En términos de la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, instruya a quien corresponda para que, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado, se realice la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas directas en términos de la presente resolución, debiendo inscribirlas en el Registro Estatal de Víctimas. Informando lo correspondiente en plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación de la presente resolución.
QUINTA. Gire amables instrucciones al Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General en el Estado para que ofrezca una disculpa pública a favor de los quejosos, en la que deberá reconocer las violaciones cometidas en su agravio, admitiendo que los hechos ocurridos motivo de la presente queja, atentaron contra sus derechos naturales, a través de los medios de comunicación oficiales de la institución, lo cual deberá contener la manifestación expresa de que la misma se realiza en cumplimiento de la presente recomendación, así como su compromiso en lo futuro de evitar actos u omisiones que vulneren los derechos de las víctimas, debiendo remitir constancia de ello a este Organismo en un plazo de 60 días naturales.
(...)
(...) Se solicita a las autoridades antes señaladas, tengan a bien pronunciarse ante este Organismo, sobre la aceptación o rechazo de la presente RECOMENDACIÓN (...) en el entendido que dicha aceptación sólo puede ser total (...)
(...).".
C. Mediante oficio ***** de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Recomendación, en los términos siguientes:
"a) Respecto a la primera recomendación, solicito se tenga por ACEPTADA Y SATISFECHA, por las siguientes razones:
Esta Dirección de Derechos Humanos adscrita a la Coordinación General Jurídica giró atento oficio al titular de la Agencia de Investigación Criminal, a efecto de informarle el contenido de la presente recomendación, requiriéndole que manifestara lo que a su derecho corresponda.
Derivado de lo anterior, se recibió oficio número ***** signado por el Encargado de la Secretaría Técnica, Jurídica y Administrativa, través del cual, informa que se ha conminado por escrito a todo el personal de la Dirección Regional Metropolitana, a efecto de que se abstengan de realizar conductas que no encuentren fundamentación y motivación, y así evitar conculcar derechos humanos.
b) Por cuanto a la segunda recomendación, solicito se tenga por ACEPTADA y ATENDIDA, en la inteligencia de que esta Institución se encuentra comprometida en establecer y coordinar un sistema de capacitación integral constante, con la finalidad de que los servidores públicos se desempeñen de una manera ejemplar ante la sociedad, al ser ellos el ejemplo del deber ser; precisando que los cursos que se imparten son con la plena intención de crear una conciencia social y progresiva, que permite el actuar de los servidores públicos de esta institución de procuración de justicia.
En ese sentido, esta Dirección remitió oficio al Director General del Instituto de Procuración de Justicia, a efecto de hacer de su conocimiento la recomendación que nos ocupa, y solicitarle que informara lo conducente.
Fue así, que en respuesta se recibió el oficio ***** signado por el Director General del Instituto de Procuración de Justicia, quien refiere que es procedente aceptar el punto que nos ocupa; informando que durante el periodo comprendido del 14 al 29 de junio de 2021, elementos de la Policía de Investigación Criminal participaron en el curso de Derechos Humanos. Adjuntando copia simple de las constancias del personal que concluyó satisfactoriamente el curso, para mejor proveer.
De igual forma, hace del conocimiento que para el siguiente ejercicio fiscal 2022, se continuará capacitando a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal en el tema de derechos humanos.
c) Por lo que respecta a la tercera recomendación, solicito se tenga por ACEPTADA y SATISFECHA, por el siguiente motivo:
Esta Dirección de Derechos Humanos adscrita a la Coordinación General Jurídica giró atento oficio al Visitador General y de Asuntos Internos, con el objetivo de solicitar que informara si era procedente iniciar investigación administrativa en contra de los agentes que participaron en la detención de los multicitados impetrantes, toda vez que es dicha autoridad la competente para iniciar el procedimiento de mérito.
Es así que, a través del oficio *****, la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, informó que en atención a la Recomendación emitida a favor de ***** e *****de apellidos *****, ha instruido dar inicio a la investigación administrativa correspondiente, quedando radicada bajo el número *****.
d) Respecto a la cuarta recomendación realizada al Fiscal General, se tiene por RECHAZADA, por las siguientes razones:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Víctimas, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;
II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;
III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;
IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;
V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;
VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;
VII. La Comisión Ejecutiva Estatal, y
VIII. El Ministerio Público.
En ese sentido, tal como se desprende del numeral 30 de la presente Recomendación, esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya le otorgó la calidad de víctima a *****, *****e *****. Por consiguiente, dicho reconocimiento tiene como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia.
Ahora bien, por lo que respecta a la Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, resulta imperante mencionar que, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Víctimas, corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (en adelante Comisión ejecutiva) garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de dicho ordenamiento, el Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico a cargo de la unidad administrativa correspondiente de la Comisión Ejecutiva, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral; en consecuencia, atendiendo al principio de legalidad, es a dicha Comisión a quien le compete llevar a cabo la inscripción correspondiente, no así a esta Fiscalía General.
En ese tenor, se estima conveniente citar la siguiente tesis aislada de la Décima Época, con número registro 2005766, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2239, que a la letra establece:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.
(...)
Aunado a lo anterior, de los preceptos que integran la Ley de Víctimas, no se desprende que sea requisito el relativo a que las autoridades responsables de la violación de derechos humanos deban realizar un acompañamiento para que las víctimas puedan acudir a la inscripción, sino que, basta la solicitud que estas presenten para que la Comisión Ejecutiva Estatal otorgue el trámite correspondiente.
e) Respecto a la quinta recomendación, solicito se tenga por ACEPTADA, en los siguientes términos:
Toda vez que se ha iniciado una investigación administrativa en contra de los elementos que participaron en la detención de los ahora quejosos, debe destacarse que uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador.
En ese orden de ideas, por resultar aplicable al presente caso, se estima conveniente citar la siguiente jurisprudencia de la Décima Época, con número registro 2006590, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 41, que a la letra establece:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.
(...)
De modo que, de realizarse en este momento la disculpa pública solicitada, estaríamos violentando el derecho fundamental antes enunciado, pues dicha disculpa va encaminada a admitir que los hechos ocurridos con motivo de la presente recomendación, atentaron contra los derechos humanos de los quejosos. Situación que no ha sido debidamente investigada por la Visitaduría General y de Asuntos Internos; por ende, hasta en tanto esa unidad administrativa cuente con los elementos de prueba suficientes que determinen si efectivamente personal de esta institución violentó derechos humanos en perjuicio de los ahora impetrantes, se estará en condiciones de dar cumplimiento al punto que nos ocupa
(...).".
D. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía del Estado el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por "RECHAZADA" en su totalidad la Recomendación realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, toda vez que la aceptación parcial de la recomendación "no garantiza la restitución del derecho humano violentado". Además, se le concedió un plazo de diez días naturales para que fundara, motivara e hiciera pública la negativa de aceptar la recomendación.
E. Mediante oficio ***** de uno de diciembre de dos mil veintiuno, la Fiscalía General del Estado reiteró que no se rechazó la totalidad de la Recomendación, toda vez que aceptó los puntos recomendatorios que a su juicio sí resultan ser de su competencia.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que los acuerdos impugnados vulneran en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente:
• Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.
• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.
• No obstante ello, ni de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se desprende la facultad de la Comisión demandada para sostener que la aprobación o rechazo de una recomendación sólo procede sobre su contenido íntegro, así como tampoco para inadmitir su aceptación parcial. De la misma manera, no existe atribución alguna conferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pudiera resultar análoga a la ejercida y orientadora para la Comisión estatal.
• Por lo anterior y al no existir ninguna facultad que le permita pronunciarse en los términos realizados, resulta evidente que la autoridad demandada excede sus facultades y realiza una interpretación equívoca de los artículos en los que pretende fundar su actuar.
• Incluso deja de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.
• El acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno debe ser declarado inválido, pues por haber tenido por rechazada en su totalidad la recomendación formulada pretende que la Fiscalía realice actos fuera de su ámbito competencial, así como un pronunciamiento público que no representa la aceptación parcial realizada, lo que agravia a dicho organismo pues quedaría de manifiesto la falsa idea de que no se encuentra comprometido con la promoción y respeto a los derechos humanos, lo que redunda en su agravio pues se vulnera su facultad de aceptar o rechazar una recomendación por cuestiones competenciales.
• Asimismo, en el acuerdo impugnado, la Comisión realiza un estudio inexacto y equívoco de sus facultades y atribuciones, haciendo interpretaciones directas a los textos normativos que fundamentan su actuar, sin contar con atribuciones para ello y lo cual evidencia una violación al principio de no subordinación, ya que no sólo implica que la Fiscalía no pueda tomar autónomamente decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.
• Ello, pues acotar que la aceptación o rechazo sólo procede sobre el contenido íntegro de las recomendaciones, obliga a la Fiscalía a pronunciarse en uno u otro sentido sin que sea tomado en cuenta su ámbito de competencia, vulnerando con ello su autonomía para poder pronunciarse libre y particularmente respecto de cada punto recomendado.
• Resulta relevante la incongruencia derivada del hecho de que se exija un pronunciamiento íntegro respecto de una determinación que se construye y emite de forma fragmentada a través de puntos recomendatorios, lo que redunda en un agravio directo al ámbito competencial de la Fiscalía. • Además, respecto a la indebida interpretación sistemática que realiza la Comisión a diversos ordenamientos para atribuirle sentido a su determinación de considerar a la Recomendación como un todo indivisible y que para la reparación integral del daño se deben de cumplir la totalidad de los puntos recomendatorios, soslayando la competencia de las autoridades recomendadas, se trae a cuenta que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a una reparación integral del daño sufrido, la cual debe concretarse mediante medidas individuales tendentes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
• De ahí que la Comisión tiene una apreciación incorrecta respecto de las medidas que deben recomendarse a fin de restituir de manera efectiva los derechos de las víctimas, las cuales deben ser individualizadas y dirigidas a las autoridades que sean competentes para poder desplegar las acciones necesarias para restituirlas en el goce de sus derechos.
• En el caso, al emitir el acuerdo impugnado, la Comisión demandada parte de una premisa equivocada e inexacta, pues ninguno de los preceptos con los cuales pretende fundamentar su actuar le confieren la facultad para apercibir o limitar a la Fiscalía General del Estado en el sentido de que si acepta parcialmente la recomendación ésta se tendría rechazada en su totalidad y, por otra parte, para transformar o variar la aceptación o rechazo que se realice.
• Por otro lado, el acuerdo impugnado puede ser válidamente considerado como acto de molestia o privativo, por lo que es necesario, para cumplir con la garantía de fundamentación, que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio así como los ordenamientos que le otorguen la atribución ejercida.
• Por último, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones jurisdiccionales, lo cierto es que dicho medio sí procede contra dichas resoluciones siempre que se examinen cuestiones competenciales.
4. Trámite. Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 11/2022 y lo turnó por conexidad al Ministro Luis María Aguilar Morales.(1)
5. Desechamiento. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós el Ministro instructor desechó la controversia constitucional, al estimar actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, relativa a la falta de interés legítimo del promovente.
6. Recurso de reclamación. Inconforme con tal determinación, la Fiscalía General del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 63/2022-CA y resuelto por la Primera Sala en sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós,(2) en el sentido de revocar el auto recurrido, por no advertirse la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
7. Admisión. En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ordenó su emplazamiento y la requirió para que remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
8. No contestación de demanda. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós dictado por el Ministro instructor, se hizo constar que la autoridad demandada no dio contestación a la demanda en el plazo otorgado para ello.
9. Alegatos. Mediante escrito enviado el nueve de diciembre de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fiscal General del Estado de Morelos formuló alegatos.
10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, una vez celebrada la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, el Ministro instructor dictó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
11. Radicación en la Segunda Sala. Previa solicitud del Ministro ponente, el Presidente de este Alto Tribunal mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, ordenó enviar el presente asunto a la Segunda Sala para su resolución. En consecuencia, por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, su Presidente determinó que ésta se avocaría a su conocimiento, por lo que ordenó la remisión de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los Puntos Segundo, fracción I,(5) y Tercero,(6) del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2013, toda vez que se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos del Estado de Morelos, sin que se haya impugnado una norma general.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf y Presidente Alberto Pérez Dayán. Ausente el Ministro Javier Laynez Potisek.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
14. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) deben fijarse las normas generales y actos que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional.
15. De la lectura integral de la demanda presentada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, se advierte que impugna los siguientes actos atribuidos a la Comisión de Derechos Humanos de dicho Estado:
a. Acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tiene por rechazada en su totalidad la recomendación de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, y;
b. Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.
16. Sin embargo, en relación con los actos señalados en el inciso b., esta Segunda Sala estima que debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 19, fracción IX,(8) en relación con los artículos 22, fracción IV y VII,(9) y 20, fracción II,(10) todos de la Ley Reglamentaria de la materia, pues esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos que no se impugnaron específicamente, de conformidad con la tesis P./J. 64/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(11)
17. Por lo anterior, la litis en el presente asunto se conforma por el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos dentro del expediente *****.
18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf y Presidente Alberto Pérez Dayán. Ausente el Ministro Javier Laynez Potisek.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
19. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.
20. En el caso, se tiene por acreditada la existencia del acuerdo impugnado al haber sido acompañado por la Fiscalía General del Estado en su escrito de demanda.
21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf y Presidente Alberto Pérez Dayán. Ausente el Ministro Javier Laynez Potisek.
IV. OPORTUNIDAD
22. Conforme al artículo 21, fracción I, en relación con el diverso numeral 3, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, el plazo para promover controversia constitucional, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de éstos.(12)
23. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna.
24. El acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno le fue notificado a la Fiscalía General del Estado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que el cómputo del plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno al veinticuatro de enero de dos mil veintidós.(13)
25. En esas condiciones, si la demanda fue enviada el veinticuatro de enero de dos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200868-cbc3ab82/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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