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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADO DEL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V2/061/144/2021). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN CONTEXTOS EQUIVALENTES A LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN UN CONTEXTO EQUIVALENTE A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUANDO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS LA PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ENTIDAD CON MOTIVO DE LA RECOMENDACIÓN QUE EMITIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE CONTROVIERTEN SUS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V2/061/144/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V2/061/144/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V2/061/144/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2022. · Registro digital (IUS): 200864
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 25 DE ENERO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA ADJUNTA: ANETTE CHARA TANUS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós dictado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en el expediente ***** formado con motivo de una queja, mediante el cual se tuvo por rechazada en su totalidad la Recomendación de once de febrero de dos mil veintidós realizada a la Fiscalía General del Estado.

Ver ínice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 80/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el veintisiete de abril de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:

• Acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tiene por rechazada en su totalidad la recomendación de once de febrero de dos mil veintidós, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.

• Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.

2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:

A. Mediante oficio *****, le fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos admitió la queja formulada por una ciudadana y la formó con el número de expediente *****. Asimismo, solicitó a la Fiscalía un informe con relación a los hechos objeto de la queja.

B. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós le fue notificada a la Fiscalía la Recomendación emitida el once de febrero de dicho año, mediante la cual se le hicieron las siguientes recomendaciones:

"(...)

VIII. RECOMENDACIÓN

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

PRIMERA. Realice las acciones necesarias para garantizar que la persona servidora pública que actualmente conoce de la carpeta de investigación número *****, de manera pronta y expedita, lleve a cabo todas las diligencias necesarias para integrarla y resolverla conforme a derecho; debiendo para tal efecto informar a este Organismo de manera mensual los avances hasta su total conclusión.

SEGUNDA. Como medida de satisfacción solicite al área pertinente que inicie la investigación administrativa que corresponda, en contra de los Agentes del Ministerio Público que estuvieron a cargo de la carpeta de investigación *****, cuyos nombres obran dentro de la misma; debiendo informar a este Organismo su inicio y desarrollo de manera periódica, hasta su total conclusión.

TERCERA. Se establezca comunicación directa con la C. *****, a efecto de que, si es su deseo, reciba la atención psicológica y tanatológica que requiera tanto ella como sus familiares, canalizándoles a la institución o establecimiento particular en donde se les brindará tan importante tratamiento. Debiendo informar sobre el particular a este organismo en un plazo no mayor a 30 días naturales.

CUARTA. Se sostenga comunicación con la C. *****, a efecto de saber si es su deseo residir en el Estado de Morelos, y en caso afirmativo, la autoridad deberá implementar las medidas y acciones necesarias para garantizarle a ella y a su familia un regreso digno y seguro. Otorgándole un plazo no mayor a 30 días naturales para que se pronuncie sobre el particular.

Ahora bien, en caso de actualizarse este supuesto, la autoridad deberá informar la atención y seguimiento a dichas medidas de forma mensual durante el periodo de un año.

QUINTA. En un plazo no mayor a 30 días naturales, coadyuve con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, para efectuar la inscripción de la quejosa en el Registro Estatal de Víctimas, con el objeto de iniciar los trámites correspondientes para que acceda a la reparación integral.

SEXTA. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, realice las acciones y trámites necesarios para efectuar la reparación integral del daño a favor de la C. *****, en términos de la presente resolución y de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos; debiendo remitir a este organismo evidencias del inicio del procedimiento hasta su conclusión de manera mensual.

SÉPTIMA. En un plazo no mayor a 30 días naturales, realice las acciones necesarias para que los Agentes del Ministerio Público, que estuvieron a cargo de la carpeta de investigación *****, reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos y derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial, debiendo remitir las constancias respectivas, las cuales deberán ser con fecha posterior a la presente resolución.

(...)

(...) No omitiendo mencionar que la aceptación o rechazo procede sobre el contenido íntegro de la presente resolución, por lo que no se admitirá la aceptación o rechazo parcial de la misma.

(...)".

D. Mediante oficio ***** de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Recomendación, en los términos siguientes:

"a) Respecto a la primera recomendación, solicito se tenga por ACEPTADA, por las siguientes razones:

Esta Dirección de Derechos Humanos giró atento oficio al Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a efecto de hacer de su conocimiento la Recomendación que nos ocupa, y solicitar que realizara lo que en derecho correspondiera, al ser dicho servidor público, superior jerárquico inmediato del agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación *****, relacionada con la *****.

Derivado de lo anterior, el 25 de febrero de 2022, se recibió el oficio número *****, signado por el Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a través del cual acepta dichos puntos y refiere que se ha instruido a la licenciada Martha Gloria Rojas Gil, agente del Ministerio Público encargada de la Fiscalía de Homicidios, para efecto de dar cumplimiento a los presentes puntos; de manera que, con posterioridad, se informarán mensualmente los avances que vayan surgiendo en la integración de la carpeta de investigación materia de la presente queja; adjuntando copia simple del oficio en comento, para mejor proveer.

Es importante resaltar que, conforme a los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio oral, es exclusivamente competencia de la institución del Ministerio Público, y tiene por objeto que dicha autoridad reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos constitutivos de un acto delictivo y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, es decir, será el agente a cargo de la investigación quien, respetando los principios rectores del proceso penal acusatorio previstos en el citado Código Nacional y la Constitución Federal, resolverá la multicitada indagatoria, conforme a derecho proceda, en ejercicio de su autonomía.

b) Respecto a la segunda recomendación, la misma se debe de tener por ACEPTADO en los términos formulados por esa Comisión, debido a los motivos jurídicos que a continuación se exponen:

Esta Dirección tuvo a bien girar atento oficio a la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, con el objetivo de solicitar que informara si era procedente iniciar una investigación administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público que integraron la indagatoria que nos ocupa, toda vez que es dicha autoridad la competente para iniciar el procedimiento de mérito.

Es así que, a través del oficio *****, la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos informó que en atención a la Recomendación que nos ocupa, se dio inicio a la investigación administrativa correspondiente, quedando radicada desde el 18 de febrero de 2022, bajo el número *****; por lo que se informará periódicamente los avances del procedimiento en comento, hasta su conclusión.

c) En atención al tercer punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO DE MANERA PARCIAL, bajo los siguientes términos:

Tomando en consideración que la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de esta Fiscalía General del Estado de Morelos, cuenta con la infraestructura y capacidad necesaria de servicio, respecto de la atención psicológica, se giró atento oficio a dicha Fiscalía Especializada, con la finalidad de hacer de su conocimiento la presente Recomendación, y solicitarle que realizara las gestiones pertinentes para que, de considerarlo procedente, brinde la atención psicológica a la ahora impetrante, así como a los familiares que lo requieran, con la intención de ayudarlos a superar las condiciones de necesidad que tengan con relación al hecho denunciado.

Como resultado, se recibió el oficio número *****, firmado por la Fiscal Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social, a través del cual emite pronunciamiento en sentido favorable, y señala las 13:00 horas del 17 de marzo de 2022, para que *****sea atendida por la psicóloga *****, debiendo acudir la ahora impetrante a las oficinas ubicadas en *****.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta que, por su conducto, notifique a la quejosa sobre la cita otorgada; asimismo, una vez que la mencionada quejosa haya quedado debidamente notificada, lo haga del conocimiento a esta Dirección, o en su defecto, informe lo conducente.

En otro orden de ideas, respecto a la atención tanatológica, se hace de su conocimiento que esta institución de procuración de justicia, no cuenta con dicho servicio, tal y como fuera informado por la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables, en su oficio *****de 25 de febrero de 2022; sin embargo, la Ley de Víctimas, en su numeral 10, párrafos penúltimo y último, prevé esta situación y establece que en caso de que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (en adelante Comisión Ejecutiva Estatal) podrá autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Inclusive, precisa que en caso de que esa Comisión Ejecutiva Estatal no cuente con el fondo correspondiente, podrá solicitar por escrito a la Comisión Ejecutiva Federal, para que esta última pueda cubrir la erogación necesaria para otorgar la atención requerida.

Es por esto que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita reformule el presente punto recomendatorio y lo dirija únicamente a la autoridad competente para llevar a cabo la atención tanatológica de la multicitada quejosa, por ser procedente conforme a derecho.

d) Con relación al cuarto punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO, considerando únicamente el ámbito de competencia de esta autoridad, en los términos siguientes:

Al respecto, se solicita a ese organismo protector de derechos humanos que se tenga por aceptado el punto con relación a aquellas acciones que sí se encuentran exclusivamente dentro de la competencia de esta autoridad recomendada y que para el caso específico, guardan relación con la facultad ministerial de dictar medidas de protección en favor de la víctima y su familia, para así garantizarles un regreso seguro.

En ese orden, se precisa que en caso de que la impetrante manifieste su deseo de residir en el estado de Morelos, la representación social, dentro del ámbito de su competencia, estará en condiciones de implementar las medidas de protección que estime convenientes para garantizarle a ella y su familia, un regreso seguro, las cuales podrán tener una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Lo anterior, con fundamento en los artículos 137 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente, con relación al punto de que se atiende, esta autoridad considera que el mismo deberá ser aclarado o reformulado por este organismo protector, con la finalidad de hacer partícipes a autoridades diversas que debieran tener intervención para el cumplimiento del mismo, considerando los ámbitos de competencia de otras autoridades, conforme a lo establecido en la normativa, específicamente considerando que podría ser necesario implementar acciones distintas a la ya señalada –otorgamiento de medidas de protección– en términos de lo que establece el artículo 23 de la Ley de Víctimas.

e) Con relación al quinto punto recomendatorio, solicito se tenga por RECHAZADO, por el siguiente motivo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Víctimas, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;

II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

VII. La Comisión Ejecutiva Estatal, y

VIII. El Ministerio Público.

En ese sentido, tal como se desprende del numeral 36 de la presente Recomendación, esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya le otorgó la calidad de víctima a *****, aquí quejosa. Por consiguiente, dicho reconocimiento tiene como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia.

Ahora bien, por lo que respecta a la Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, resulta imperante mencionar que, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Víctimas, corresponde a la Comisión Ejecutiva Estatal garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de dicho ordenamiento, el Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico a cargo de la unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral; en consecuencia, atendiendo al principio de legalidad, es a dicha Comisión, a quien le compete llevar a cabo la inscripción correspondiente, y no así a esta Fiscalía General.

En ese tenor, por resultar aplicable al presente caso, se estima conveniente citar la siguiente tesis aislada de la Décima Época, con número registro 2005766, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2239, que a la letra establece:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.

(...)

Aunado a lo anterior, de los preceptos que integran la Ley de Víctimas, no se desprende que sea requisito indispensable, el relativo a que las autoridades responsables de la violación de derechos humanos deban realizar un acompañamiento para que las víctimas puedan acudir a la inscripción, sino que, basta la solicitud que estas presenten para que la Comisión Ejecutiva Estatal otorgue el trámite correspondiente.

f) Por lo que respecta al sexto punto recomendatorio, solicito se tenga por RECHAZADO, en razón de lo siguiente:

La Ley de Víctimas establece en sus numerales 71 y 72, que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo para ello medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Por ende, con la finalidad de no seguir violentando los derechos de los quejosos, esa Comisión de Derechos Humanos, no debe pasar por alto el principio de complementariedad, el cual, debe prevalecer frente a una reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos, ya que es la Comisión Ejecutiva Estatal quien debe determinar, quién, cómo, cuándo y dónde es responsable dicha violación, por ende, de la restitución de los derechos, bienes y libertades de las víctimas; de la rehabilitación física, psicológica o social de las víctimas; de garantizar medidas de satisfacción, esto mediante la realización de actos en beneficio de las víctimas; de otorgar garantías de no repetición de la violación; y de entregar una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.

Lo anterior es así, pues es necesario que se cumpla con la satisfacción efectiva y eficiente de cada una de las medidas adoptadas cuando, dada la naturaleza de las violaciones, se haya determinado su procedencia. De tal modo que la reparación integral deja de ser tal, si tan solo una de las medidas se incumple, o es insuficiente y/o inefectiva.

Por lo expuesto, y con la finalidad de contribuir en el ejercicio de una efectiva y acertada reparación integral, tal y como se pretende hacer valer por ese organismo garante de derechos humanos, es que esta Dirección, justificadamente rechaza el punto que nos ocupa.

No obstante, es menester precisar que el primer, segundo, tercero, cuarto y séptimo puntos recomendatorios, debidamente aceptados por esta Fiscalía General, se encuentran encaminados a una simbólica reparación integral, puesto que dichos puntos van enfocados al cumplimiento de una medida de restitución, garantía de no repetición, rehabilitación, compensación y satisfacción, las cuales, de acuerdo a la Ley de la materia, pudiesen comprender parte de la reparación integral, sin embargo, esto es competencia de la Comisión Ejecutiva Estatal; por consiguiente, con fundamento en el ya citado artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita, de igual forma, reformule el presente punto recomendatorio y lo dirija únicamente a la autoridad competente. Destacándose que ese organismo protector de los derechos humanos, en el apartado denominado "SOLICITUD" de la Recomendación que se atiende, ha requerido a la Comisión Ejecutiva Estatal, inicie la inscripción y reparación integral del daño de la ahora impetrante. Autoridad encomendada a velar por los intereses de las víctimas y que sí cuenta con competencia para actuar en el sentido solicitado.

g) Por lo que respecta al séptimo punto, solicito se tenga por ACEPTADO, por las siguientes razones:

Esta institución se encuentra comprometida en establecer y coordinar un sistema de capacitación integral constante, con la finalidad de que los servidores públicos se desempeñen de una manera ejemplar ante la sociedad, al ser ellos el modelo del deber ser; precisando que los cursos que se imparten son con la plena intención de crear una conciencia social y progresiva, que permite el actuar de los servidores públicos de esta institución de procuración de justicia.

En ese sentido, esta Dirección giró atento oficio a la Directora General del Instituto de Procuración de Justicia, a efecto de hacer de su conocimiento la Recomendación que nos ocupa, y solicitarle que informara lo conducente.

Fue así, que en respuesta se recibió el oficio *****, firmado por la Directora General del Instituto de Procuración de Justicia, quien refiere que es procedente aceptar el punto que nos ocupa; por ende, los agentes del Ministerio que realizaron actuaciones dentro de la carpeta de investigación ***** relacionada con la *****, son contemplados para el evento académico denominado "Curso de Derechos Humanos y Garantías Individuales en el Sistema Penal Acusatorio", el cual se encuentra programado para efectuarse tentativamente del 11 al 22 de abril del 2022.

Ahora bien, con relación a la impartición de un curso relacionado con el tema "Derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial", la unidad administrativa correspondiente, hace del conocimiento que si bien en el Programa de Inversión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2022), no se encuentra programado alguna capacitación que se asemeje al tema solicitado, se está en la más amplia disponibilidad de requerir la adaptación al mismo, o en su defecto, se realizarán las gestiones pertinente para implementarlo.

E. El diez de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía del Estado el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por "RECHAZADA" en su totalidad la Recomendación realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, toda vez que la aceptación parcial de la recomendación "no garantiza la restitución del derecho humano violentado". Además, se le concedió un plazo de diez días naturales para que fundara, motivara e hiciera pública la negativa de aceptar la recomendación.

F. Mediante oficio ***** de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado reiteró que no se rechazó la totalidad de la Recomendación, toda vez que aceptó los puntos recomendatorios que a su juicio sí resultan ser de su competencia.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que los acuerdos impugnados vulneran en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente:

• Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.

• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.

• No obstante ello, ni de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se desprende la facultad de la Comisión demandada para sostener que la aprobación o rechazo de una recomendación sólo procede sobre su contenido íntegro, así como tampoco para inadmitir su aceptación parcial. De la misma manera, no existe atribución alguna conferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pudiera resultar análoga a la ejercida y orientadora para la Comisión estatal.

• Por lo anterior y al no existir ninguna facultad que le permita pronunciarse en los términos realizados, resulta evidente que la autoridad demandada excede sus facultades y realiza una interpretación equívoca de los artículos en los que pretende fundar su actuar.

• Incluso deja de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.

• Además, pese a que las recomendaciones emitidas no son vinculantes, lo cierto es que en términos del artículo 23-B de la Constitución local, cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas, el órgano legislativo está facultado para llamar a comparecer a las autoridades responsables, lo que cobra relevancia en el caso, pues la determinación de la Comisión demandada de tener por rechazada en su totalidad sus recomendaciones y, por tanto, su solicitud de hacer pública tal negativa, pondría en tela de juicio el compromiso de la Fiscalía con los derechos humanos y comprometería su función pública, pues su titular podría ser llamado y cuestionado respecto del acatamiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión por parte del Congreso del Estado, quien en última instancia está facultado para removerlo.

• En el caso, si bien la Comisión demandada está facultada para emitir recomendaciones a las autoridades que a su consideración vulneraron derechos humanos, lo cierto es que tales recomendaciones, en caso de ser aceptadas, deben atenderse en forma que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal.

• En el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, la Comisión demandada, pese a que no tiene atribución constitucional para ello, tuvo por rechazada en su totalidad la recomendación de once de febrero de dos mil veintidós, lo cual vulnera la competencia de la Fiscalía General del Estado al pretender que se realice un pronunciamiento público en esos términos, pues quedaría de manifiesto que tal institución no se encuentra comprometida con la promoción y respeto a los derechos humanos, cuando en realidad ello no es así, máxime que las razones que fundan y motivan el rechazo parcial de los puntos recomendatorios atienden a cuestiones competenciales.

• Asimismo, en el acuerdo impugnado, la Comisión realiza un estudio inexacto y equívoco de sus facultades y atribuciones, haciendo interpretaciones directas a los textos normativos que fundamentan su actuar, sin contar con atribuciones para ello y lo cual evidencia una violación al principio de no subordinación, ya que no sólo implica que la Fiscalía no pueda tomar autónomamente decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.

• Ello, pues acotar que la aceptación o rechazo sólo procede sobre el contenido íntegro de las recomendaciones, obliga a la Fiscalía a pronunciarse en uno u otro sentido sin que sea tomado en cuenta su ámbito de competencia, vulnerando con ello su autonomía para poder pronunciarse libre y particularmente respecto de cada punto recomendado.

• Resulta relevante la incongruencia derivada del hecho de que se exija un pronunciamiento íntegro respecto de una determinación que se construye y emite de forma fragmentada a través de puntos recomendatorios, lo que si bien pueden solicitarse a fin de obtener una reparación integral del derecho que se estimó vulnerado, lo cierto es que tales puntos tratan de acciones de naturaleza distinta cuyo núcleo o esencia no necesariamente se vincula entre sí y los cuales, antes de ser cumplidos, deben ser analizados por la autoridad destinataria a fin de corroborar si se cuenta con la competencia o no de actuar en el sentido recomendado.

• Además, respecto de la indebida interpretación sistemática que realiza la Comisión demandada de diversos ordenamientos legales para atribuirle "sentido" a su determinación de considerar a la Recomendación como un todo indivisible y que para la reparación integral del daño deben cumplirse todos los puntos recomendatorios, debe tomarse en cuenta que en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas tienen derecho a una reparación integral del daño sufrido, la cual debe concretarse mediante medidas individuales tendentes a restituir, indemnizar y rehabilitarlas.

• En el caso, al emitir el acuerdo impugnado, la Comisión demandada par

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200864-d3d1c1e3/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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