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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADO DEL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V4/061/246/2020). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN CONTEXTOS EQUIVALENTES A LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN UN CONTEXTO EQUIVALENTE A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUANDO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS LA PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ENTIDAD CON MOTIVO DE LA RECOMENDACIÓN QUE EMITIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE CONTROVIERTEN SUS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V4/061/246/2020, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V4/061/246/2020, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V4/061/246/2020, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2022. · Registro digital (IUS): 200874
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE MARZO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ANETTE CHARA TANUS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno dictado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en el expediente*****, formado con motivo de una queja, mediante el cual se tuvo por rechazada en su totalidad la Recomendación formulada a la Fiscalía General del Estado de Morelos el treinta de septiembre de dos mil veintiuno.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 12/2022, promovida por Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:

• Acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tiene por rechazada en su totalidad la recomendación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.

• Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.

2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:

A. Mediante oficio *****, le fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos admitió la queja formulada por un ciudadano y la formó con el número de expediente *****. Asimismo, solicitó a la Fiscalía un informe con relación a los hechos narrados por quien presentó la queja.

B. El doce de octubre de dos mil veintiuno le fue notificada a la Fiscalía General la Recomendación emitida el treinta de septiembre de dicho año mediante la cual se le hicieron las siguientes recomendaciones:

"(...)

VIII. RECOMENDACIÓN

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

PRIMERA. Realice las acciones necesarias para garantizar que la persona servidora pública que conoce de la carpeta de investigación número *****, lleve a cabo de manera pronta y expedita, todas las diligencias necesarias para integrarla y resolverla conforme a derecho, debiendo informar a este organismo sobre el cumplimiento de este punto en un plazo de 30 días naturales.

SEGUNDA. Como medida de satisfacción solicite al área pertinente que inicie la investigación administrativa que corresponda, en contra de los Agentes del Ministerio Público que integraron la carpeta de investigación *****, debiendo informar a este Organismo de su inicio, desarrollo y conclusión de manera periódica.

TERCERA. Se establezca comunicación directa con el quejoso a efecto de que, si es su deseo, reciba atención psicológica por un especialista que le ayude a recuperarse del hecho denunciado y de la violación a sus derechos humanos, concediéndole un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la aceptación del presente instrumento, refiera la institución o establecimiento particular donde el impetrante reciba tan importante tratamiento.

CUARTA. Coadyuve con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, para efectuar la inscripción del sujeto de agravio en el Registro Estatal de Víctimas, con el objeto de iniciar los trámites correspondientes para que accedan a la reparación integral.

QUINTA. Realice las acciones y trámites de mérito para efectuar la reparación integral del daño, a favor del C. *****, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, debiendo remitir las evidencias del inicio del procedimiento, hasta la determinación por autoridad competente; concediéndose para tal efecto un plazo de 60 días naturales.

SEXTA. Se instruya a quien corresponda para que los agentes del Ministerio Público, que integraron la carpeta de investigación HG01/58/2017, reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos y derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial y en derechos de las víctimas, debiendo remitir las constancias respectivas, las cuales deberán ser con fecha posterior a la presente resolución.

(...)

(...) No omitiendo mencionar que la aceptación o rechazo procede sobre el contenido íntegro de la presente resolución, por lo que no se admitirá la aceptación o rechazo parcial de la misma.

(...)".

C. Mediante oficio ***** de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Recomendación, en los términos siguientes:

"a) Respecto al primer punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO, por la siguiente razón:

Esta Dirección de Derechos Humanos giró atento oficio al Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a efecto de hacer de su conocimiento la Recomendación que nos ocupa, y solicitar que realizara lo que en derecho corresponda.

Derivado de lo anterior, el 15 de octubre de 2021, se recibió oficio número *****, signado por el Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a través del cual, acepta el presente punto; de manera que, con posterioridad, se informará periódicamente, los avances que vayan surgiendo en la integración de la carpeta de investigación *****

Es importante resaltar que, conforme a los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio oral, es exclusivamente de la Institución del Ministerio Público, y tiene por objeto que dicha autoridad reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, es decir, será el agente a cargo de la investigación quien, respetando los principios rectores del proceso penal acusatorio previstos en el citado Código Nacional y la Constitución Federal, resolverá la multicitada indagatoria conforme a derecho proceda en ejercicio de su autonomía.

b) Por cuanto al segundo punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO y SATISFECHO, por el siguiente motivo:

Esta Dirección tuvo a bien girar atento oficio a la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, con el objetivo de solicitar que informara si era procedente iniciar investigación administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público que integraron la indagatoria que nos ocupa, toda vez que es dicha autoridad la competente para iniciar el procedimiento de mérito.

Es así que, a través del oficio *****, la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, informó que en atención a la Recomendación emitida a favor de *****, ha instruido dar inicio a la investigación administrativa correspondiente, quedando radicada bajo el número *****

c) En atención al tercer punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO, bajo los siguientes términos:

Es importante tener en cuenta que, dentro de las facultades de la Comisión Ejecutiva Estatal, se encuentra la de otorgar como medida de rehabilitación, la atención psicológica especializada; sin embargo, tomando en consideración que a través de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de esta Fiscalía General del Estado de Morelos, es posible otorgar este servicio, se giró atento oficio a dicha Fiscalía Especializada, a efecto de hacer de su conocimiento la presente Recomendación, y solicitarle que realice las gestiones pertinentes para que, de considerarlo procedente, brinde la atención psicológica al impetrante, con la finalidad de ayudarlo a superar las condiciones de necesidad que tenga con relación al hecho denunciado.

Como resultado, se recibió el oficio número FGE/FEGVyAS/1361/2021, firmado por la Fiscal Especializada en Representación Social en Grupos Vulnerables y Asistencia Social, a través del cual, emite pronunciamiento en sentido favorable, y señala las *****, para que el ahora quejoso *****, acuda con el psicólogo *****, en las oficinas ubicadas en *****, municipio *****, Morelos.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta que, por su conducto, notifique al multicitado impetrante sobre la cita otorgada; asimismo, una vez que haya quedado debidamente notificado, lo haga del conocimiento a esta Dirección, o en su defecto, informe lo conducente.

d) Con relación al cuarto punto recomendatorio, se tiene por RECHAZADO, por los siguientes motivos:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Víctimas, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;

II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozcan competencia;

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

VII. La Comisión Ejecutiva Estatal, y

VIII. El Ministerio Público.

En ese sentido, tal como se desprende del numeral 29 de la presente Recomendación, esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya le otorgó la calidad de víctima a *****, aquí quejoso. Por consiguiente, dicho reconocimiento tiene como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia.

Ahora bien, por lo que respecta a la Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, resulta imperante mencionar que, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Víctimas, corresponde a la Comisión Ejecutiva garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de dicho ordenamiento, el Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico a cargo de la unidad administrativa correspondiente de la Comisión Ejecutiva, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral; en consecuencia, atendiendo al principio de legalidad, es a dicha Comisión, a quien le compete llevar a cabo la inscripción correspondiente, no así a esta Fiscalía General.

En ese tenor, por resultar aplicable al presente caso, se estima conveniente citar la siguiente tesis aislada de la Décima Época, con número registro 2005766, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2239, que a la letra establece:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.

(...)

Aunado a lo anterior, de los preceptos que integran la Ley de Víctimas, no se desprende que sea requisito el relativo a que las autoridades responsables de la violación de derechos humanos deban realizar un acompañamiento para que las víctimas puedan acudir a la inscripción, sino que, basta la solicitud que estas presenten para que la Comisión Ejecutiva otorgue el trámite correspondiente.

e) Respecto al quinto punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO y ATENDIDO, en los siguientes términos:

La Ley de Víctimas establece en sus numerales 71 y 72 que, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Por tanto, es menester precisar que, al haber aceptado el primer, segundo, tercero y sexto punto recomendatorio, esta autoridad, dentro del ámbito de su respectiva competencia, se encuentra cumpliendo con su obligación de lograr la reparación integral, puesto que dichos puntos van encaminados al cumplimiento a la medida de restitución, satisfacción, rehabilitación y garantía de no repetición, las cuales, de acuerdo a la Ley de la materia, comprenden parte de la reparación integral.

f) Por lo que respecta al sexto punto, solicito se tenga por ACEPTADO y ATENDIDO, en la inteligencia de que esta Institución se encuentra comprometida en establecer y coordinar un sistema de capacitación integral constante, con la finalidad de que los servidores públicos se desempeñen de una manera ejemplar ante la sociedad, al ser ellos el ejemplo del deber ser; precisando que los cursos que se imparten son con la plena intención de crear una conciencia social y progresiva, que permite el actuar de los servidores públicos de esta institución de procuración de justicia.

En ese sentido, esta Dirección remitió oficio al Director General del Instituto de Procuración de Justicia, a efecto de hacer de su conocimiento la recomendación que nos ocupa, y solicitarle que informara lo conducente.

Fue así, que en respuesta se recibió el oficio *****, firmado por el Director General del Instituto de Procuración de Justicia, quien refiere que es procedente aceptar el punto que nos ocupa, por ende, la licenciada *****agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos, dependiente de la Fiscalía Regional Zona Metropolitana y actual titular de la indagatoria señalada en el párrafo que antecede, fue considerada para el evento académico denominado "Curso Taller de Enfoque Diferencial de Género y Derechos Humanos de las Mujeres".

D. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía del Estado el acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por "RECHAZADA" en su totalidad la Recomendación realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, toda vez que la aceptación parcial de la recomendación "no garantiza la restitución en su totalidad del derecho humano violentado". Además, se le concedió un plazo de diez días naturales para que fundara, motivara e hiciera pública la negativa de aceptar la recomendación.

E. Mediante oficio *****de uno de diciembre de dos mil veintiuno, la Fiscalía General del Estado manifestó que en ningún momento se rechazó la totalidad la Recomendación efectuada puesto que sí aceptó los puntos señalados que son de su competencia. Por ello, estimó "no procedente hacer del conocimiento a la ciudadanía la no aceptación de la recomendación en comento".

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que los acuerdos impugnados vulneran en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente:

• Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.

• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.

• No obstante, ni de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se desprende la facultad de la Comisión demandada para sostener que la aprobación o rechazo de una recomendación sólo procede sobre su contenido íntegro, así como tampoco para inadmitir su aceptación parcial. De la misma manera, no existe atribución alguna conferida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pudiera resultar análoga a la ejercida y orientadora para la Comisión estatal.

• Por lo anterior y al no existir ninguna facultad que le permita pronunciarse en los términos realizados, resulta evidente que la autoridad demandada excede sus facultades y realiza una interpretación equívoca de los artículos en los que pretende fundar su actuar.

• Incluso deja de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.

• Si bien la Comisión demandada se encuentra facultada para emitir recomendaciones a las autoridades que a su consideración vulneran derechos humanos, lo cierto es que tales recomendaciones, en caso de ser aceptadas, deben atenderse en forma que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal.

• En el acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, la Comisión demandada, pese a que no tiene atribución constitucional para ello, tuvo por rechazada en su totalidad la recomendación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, lo cual vulnera la competencia de la Fiscalía General del Estado pues además de que pretende que se desplieguen actos fuera de su ámbito competencial, pretende que se realice un pronunciamiento público en esos términos, pues quedaría de manifiesto que tal institución no se encuentra comprometida con la promoción y respeto a los derechos humanos, cuando en realidad ello no es así, máxime que las razones que fundan y motivan el rechazo parcial de los puntos recomendatorios atienden a cuestiones competenciales. • Además, se vulnera el principio de no subordinación con la emisión del acuerdo impugnado, pues no sólo implica que la Fiscalía no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que debe someterse a la voluntad del poder subordinante.

• Resulta relevante la incongruencia derivada del hecho de que se exige un pronunciamiento íntegro respecto de una determinación que se construye y emite de forma fragmentada a través de puntos recomendatorios; además, sobre la indebida interpretación sistemática que realiza la autoridad demandada para atribuirle sentido a su determinación debe tomarse en cuenta que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a una reparación integral del daño sufrido, la cual debe concretarse mediante medidas individuales tendentes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

• Por otro lado, los acuerdos impugnados pueden ser válidamente considerados como actos de molestia o privativos, por lo que es necesario, para cumplir con la garantía de fundamentación, que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio así como los ordenamientos que le otorguen la atribución ejercida.

• Por último, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones jurisdiccionales, lo cierto es que dicho medio sí procede contra dichas resoluciones siempre que se examinen cuestiones competenciales.

4. Trámite. Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 12/2022 y lo turnó por conexidad al Ministro Luis María Aguilar Morales.(1)

5. Desechamiento. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el Ministro instructor desechó la controversia constitucional, al estimar actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, relativa a la falta de interés legítimo del promovente.

6. Recurso de reclamación. Inconforme con tal determinación, la Fiscalía General del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 62/2022-CA y resuelto por la Primera Sala en sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós,(2) en el sentido de revocar el auto recurrido, por no advertirse la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

7. Admisión. En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ordenó su emplazamiento y la requirió para que remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

8. No contestación de demanda. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós dictado por el Ministro instructor, se hizo constar que la autoridad demandada no dio contestación a la demanda en el plazo otorgado para ello.

9. Alegatos. Mediante escrito enviado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal, el Fiscal General del Estado de Morelos formuló alegatos.

10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, una vez celebrada la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, el Ministro instructor dictó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

11. Radicación en la Segunda Sala. Previa solicitud del Ministro ponente, la Presidenta de este Alto Tribunal mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, ordenó enviar el presente asunto a la Segunda Sala para su resolución. En consecuencia, por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, su Presidente determinó que ésta se avocaría a su conocimiento, por lo que ordenó la remisión de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

12. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los Puntos Segundo, fracción I,(5) y Tercero,(6) del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2013, toda vez que se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos del Estado de Morelos, sin que se haya impugnado una norma general.

13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

14. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) deben fijarse las normas generales y actos que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional.

15. De la lectura integral de la demanda presentada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, se advierte que impugna los siguientes actos atribuidos a la Comisión de Derechos Humanos de dicho Estado:

a. Acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tiene por rechazada en su totalidad la recomendación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.

b. Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.

16. Sin embargo, en relación con los actos señalados en el inciso b., esta Segunda Sala estima que debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 19, fracción IX,(8) en relación con los artículos 22, fracción IV y VII,(9) y 20, fracción II,(10) todos de la Ley Reglamentaria de la materia, pues esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos que no se impugnaron específicamente, de conformidad con la tesis P./J. 64/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(11)

17. Por lo anterior, la litis en el presente asunto se conforma por el acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos dentro del expediente *****.

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán. El Ministro Javier Laynez Potisek formulará voto concurrente.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

19. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.

20. En el caso, se tiene por acreditada la existencia del acuerdo impugnado al haber sido acompañado por la Fiscalía General del Estado de Morelos en su escrito de demanda.

21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. OPORTUNIDAD

22. Conforme al artículo 21, fracción I, en relación con el diverso numeral 3, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, el plazo para promover controversia constitucional, tratándose de actos, es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de éstos.(12)

23. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna.

24. El acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno le fue notificado a la Fiscalía General del Estado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que el cómputo del plazo de treinta días hábiles para presentar la controversia constitucional transcurrió del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno al veinticuatro de enero de dos mil veintidós.(13)

25. En esas condiciones, si la demanda fue presentada el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, es evidente que la controversia constitucional fue promovida oportunamente.

26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

27. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(14) otorga legitimación a los órganos constitucionales autónomos de una entidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200874-ab464051/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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