I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADO DE LOS ACUERDOS DICTADOS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Y TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O, AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V2/061/060/2019). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V2/061/060/2019).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 3 DE ENERO DE 2022. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA ADJUNTA: ANETTE CHARA TANUS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados: El acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos dentro del expediente *****, mediante el cual omite pronunciarse respecto de la solicitud que le fue planteada, a fin de que se hiciera del conocimiento el fundamento legal que establece que no procede la aceptación de las Recomendaciones emitidas por la Comisión y, en vía de consecuencia, el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, mediante el cual se tuvo por rechazada en su totalidad la recomendación de seis de octubre de dos mil veintiuno.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 10/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el veinticuatro de enero de dos mil veintiuno a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:
• Acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual omite pronunciarse respecto de la solicitud que le fue planteada, a fin de que se hiciera del conocimiento el fundamento legal que establece que no procede la aceptación parcial de las Recomendaciones emitidas por la Comisión.
• En vía de consecuencia, el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tuvo por rechazada en su totalidad la recomendación de seis de octubre de dos mil veintiuno.
• Los efectos y consecuencias que de dichos acuerdos se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.
2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:
A. Mediante oficio *****, le fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve, por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos inició una queja, la cual fue registrada bajo el número de expediente *****. Asimismo, se solicitó a la Fiscalía un informe con relación a los hechos narrados.
B. El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno le fue notificada a la Fiscalía General la Recomendación emitida el seis de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se le hicieron las siguientes recomendaciones:
" (...)
VII. RECOMENDACIÓN
AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS
PRIMERA. Realice las acciones necesarias para garantizar que la persona servidora pública que conoce de la carpeta de investigación número *****, lleve a cabo de manera pronta y expedita, todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, para que en su oportunidad se integre y resuelva conforme a derecho; debiendo informar a este organismo sobre el cumplimiento de este punto en un plazo de 30 días naturales.
SEGUNDA. Se solicite por escrito al área pertinente que inicie la investigación administrativa que corresponda, en contra de los Agentes del Ministerio Público que integraron la carpeta de investigación *****, debiendo informar a este organismo su inicio, desarrollo y conclusión de manera periódica.
TERCERA. Se establezca comunicación directa con los CC. ***** y *****, a efecto que, si es su deseo, reciban la atención psicológica y tanatológica que requieran tanto ellos como otros familiares, canalizándoles a la institución o establecimiento particular en donde se les brindará tan importante tratamiento. Debiendo informar sobre el particular a este organismo en un plazo no mayor a 30 días naturales.
CUARTA. Coadyuve con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, para efectuar la inscripción de los CC. *****y *****y de las víctimas indirectas que se determinen, en el Registro Estatal de Víctimas, con el objeto de iniciar los trámites correspondientes para que accedan a la reparación integral.
QUINTA. Efectúe las acciones correspondientes para que se lleve a cabo la reparación integral del daño, a favor de los CC. *****y ***** y de las víctimas indirectas que se identifiquen, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, debiendo remitir las evidencias del inicio del procedimiento, hasta la determinación por autoridad competente; concediéndose para tal efecto un plazo de 60 días naturales.
SEXTA. Se instruya a quien corresponda para que los agentes del Ministerio Público, que integraron la carpeta de investigación *****, reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos, con especial énfasis en el derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial y en derechos de las víctimas, debiendo remitir las constancias respectivas, las cuales deberán ser con fecha posterior a la presente resolución.
(...)
(...) No omitiendo mencionar que la aceptación o rechazo procede sobre el contenido íntegro de la presente resolución, por lo que no se admitirá la aceptación o rechazo parcial de la misma.
(...).".
C. Mediante oficio ***** de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Recomendación, en los términos siguientes:
"a) Respecto al primer punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO, por la siguiente razón:
Esta Dirección de Derechos Humanos giró atento oficio al Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a efecto de hacer de su conocimiento la Recomendación que nos ocupa, y solicitar que realizara lo que en derecho correspondiera.
Derivado de lo anterior, el 29 de octubre de 2021, se recibió oficio número *****, signado por el Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a través del cual, acepta el presente punto; de manera que con posterioridad, se informará periódicamente los avances que vayan surgiendo en la integración de la carpeta de investigación *****.
Es importante resaltar que, conforme a los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio oral, es exclusivamente de la institución del Ministerio Público, y tiene por objeto que dicha autoridad reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, es decir, será el agente a cargo de la investigación quien, respetando los principios rectores del proceso penal acusatorio previstos en el citado Código Nacional y la Constitución Federal, resolverá la multicitada indagatoria conforme a derecho proceda en ejercicio de su autonomía.
b) Por cuanto al segundo punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO y SATISFECHO, por el siguiente motivo:
Esta Dirección tuvo a bien girar atento oficio a la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, con el objetivo de solicitar que informara si era procedente iniciar investigación administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público que integraron la indagatoria que nos ocupa, toda vez que es dicha autoridad la competente para iniciar el procedimiento de mérito.
Es así que, a través del oficio ***** la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, informó que en atención a la Recomendación que nos ocupa, ha instruido dar inicio a la investigación administrativa correspondiente, quedando radicada bajo el número *****.
c) En atención al tercer punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO DE MANERA PARCIAL, bajo los siguientes términos:
Tomando en consideración que la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de esta Fiscalía General del Estado de Morelos, cuenta con la infraestructura y capacidad necesaria de servicio, respecto de la atención psicológica, se giró atento oficio a dicha Fiscalía Especializada, a efecto de hacer de su conocimiento la presente Recomendación, y solicitarle que realizara las gestiones pertinentes para que, de considerarlo procedente, brinde la atención psicológica a los ahora impetrantes, así como a los familiares que lo requieran, con la finalidad de ayudarlos a superar las condiciones de necesidad que tengan con relación al hecho denunciado.
Como resultado, se recibió el oficio número *****, firmado por la Fiscal Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social, a través del cual, emite pronunciamiento en sentido favorable y señala las *****, para que ***** sea atendido por el psicólogo *****, y las *****, para que ***** sea atendida por la psicóloga *****, debiendo acudir ambos impetrantes, a las oficinas ubicadas en *****.
Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta que, por su conducto, notifique a los multicitados impetrantes sobre la cita otorgada; asimismo, una vez que haya quedado debidamente notificado, lo haga del conocimiento a esta Dirección, o en su defecto, informe lo conducente.
En otro orden de ideas, respecto a la atención tanatológica, se hace de su conocimiento que esta institución de procuración de justicia, no cuenta con dicho servicio, tal y como fuera informado por la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables, en su oficio ***** de 28 de octubre de 2021; sin embargo, la Ley de Víctimas, en su numeral 10, párrafos penúltimo y último, prevé esta situación y establece que en caso de que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (en adelante Comisión Ejecutiva Estatal) podrá autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Inclusive, precisa que en caso de que esa Comisión Ejecutiva Estatal no cuente con el fondo correspondiente, podrá solicitar por escrito a la Comisión Ejecutivo Federal, para que esta última pueda cubrir el cargo.
Es por esto que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita reformule el presente punto recomendatorio y lo dirija únicamente a la autoridad competente para llevar a cabo la atención tanatológica de los ahora quejosos, por ser procedente conforme a derecho.
d) Con relación al cuarto punto recomendatorio, se tiene por RECHAZADO, por los siguientes motivos:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Víctimas, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;
II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;
III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;
IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;
V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozcan competencia;
VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;
VII. La Comisión Ejecutiva Estatal, y
VIII. El Ministerio Público.
En ese sentido, tal como se desprende del numeral 23 de la presente Recomendación, esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya le otorgó la calidad de víctimas indirectas a ***** y *****, aquí quejosos. Por tanto, dicho reconocimiento tiene como efecto que las mencionadas víctimas indirectas puedan acceder a los recursos del fondo y a la reparación integral del daño, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia.
Ahora bien, por lo que respecta a la Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, resulta imperante mencionar que, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Víctimas, corresponde a la Comisión Ejecutiva Estatal garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de dicho ordenamiento, el Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico a cargo de la unidad administrativa correspondiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral; en consecuencia, atendiendo al principio de legalidad, es a dicha Comisión, a quien le compete llevar a cabo la inscripción correspondiente, no así a esta Fiscalía General.
En ese tenor, por resultar aplicable al presente caso, se estima conveniente citar la siguiente tesis aislada de la Décima Época, con número registro 2005766, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2239, que a la letra establece:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.
(...)
Aunado a lo anterior, de los preceptos que integran la Ley de Víctimas, no se desprende que sea requisito, el relativo a que las autoridades responsables de la violación de derechos humanos deban realizar un acompañamiento para que las víctimas puedan acudir a la inscripción, sino que, basta la solicitud que éstas presenten para que la Comisión Ejecutiva Estatal otorgue el trámite correspondiente.
e) Respecto al quinto punto recomendatorio, se tiene por RECHAZADO, en los siguientes términos:
La Ley de Víctimas establece en sus numerales 71 y 72, que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
Por ende, con la finalidad de no seguir violentando los derechos de los quejosos, esa Comisión de Derechos Humanos, no debe pasar por alto el principio de complementariedad, el cual, debe prevalecer frente a una reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos, ya que es la Comisión Ejecutiva Estatal quien debe determinar, quién, cómo, cuándo y dónde es responsable de dicha violación, por ende, de la restitución de los derechos, bienes y libertades de las víctimas; de la rehabilitación física, psicológica o social de las víctimas; de garantizar medidas de satisfacción, esto mediante la realización de actos en beneficio de las víctimas; de otorgar garantías de no repetición de la violación; y de entregar una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.
Lo anterior es así, pues es necesario que se cumpla con la satisfacción efectiva y eficiente de cada una de las medidas adoptadas cuando, dada la naturaleza de las violaciones, se haya determinado su procedencia. De tal modo que la reparación integral deja de ser tal, si tan solo una de las medidas se incumple, o es insuficiente y/o inefectiva.
Por lo expuesto, y con la finalidad (sic) contribuir en el ejercicio de una efectiva y acertada reparación integral, tal y como se pretende hacer valer por ese organismo garante de derechos humanos, es que esta Dirección, justificadamente rechaza el punto que nos ocupa.
No obstante, es menester precisar que el primer, segundo, tercero y sexto punto recomendatorio (sic), debidamente aceptados por esta Fiscalía General, se encuentran encaminados a una simbólica reparación integral, puesto que dichos puntos van enfocados al cumplimiento de una medida de restitución, satisfacción, rehabilitación y garantía de no repetición, las cuales, de acuerdo a la Ley de la materia, pudiesen comprender parte de la reparación integral, sin embargo, esto es competencia de la Comisión Ejecutiva; por consiguiente, con fundamento en el ya citado artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita, de igual forma, reformule el presente punto recomendatorio y lo dirija únicamente a la autoridad competente.
f) Por lo que respecta al sexto punto, solicito se tenga por ACEPTADO y ATENDIDO, en la inteligencia de que esta Institución se encuentra comprometida en establecer y coordinar un sistema de capacitación integral constante, con la finalidad de que los servidores públicos se desempeñen de una manera ejemplar ante la sociedad, al ser ellos el ejemplo del deber ser; precisando que los cursos que se imparten son con la plena intención de crear una conciencia social y progresiva, que permite el actuar de los servidores públicos de esta institución de procuración de justicia.
En ese sentido, esta Dirección remitió oficio al Director General del Instituto de Procuración de Justicia, a efecto de hacer de su conocimiento la recomendación que nos ocupa, y solicitarle que informara lo conducente.
Fue así, que en respuesta se recibió el oficio *****, firmado por el Director General del Instituto de Procuración de Justicia, quien refiere que es procedente aceptar el punto que nos ocupa; por ende, el licenciado *****, agente del Ministerio Público adscrito a esta Fiscalía General del Estado y actual titular de la indagatoria *****, fue considerado para el evento académico denominado "Curso Taller de Enfoque Diferencial de Género y Derechos Humanos de las Mujeres".
Así también, hace la precisión que con relación al tema de derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial, no se encuentra considerado en el Programa de Capacitación Anual 2021; ya que esta institución únicamente atiende situaciones de procuración de justicia, no de administración de justicia.".
D. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía del Estado el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por "RECHAZADA" en su totalidad la Recomendación realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, toda vez que la aceptación parcial de la recomendación "no garantiza la restitución del derecho humano violentado" en términos de diversos preceptos que citó para fundamentar su actuar. Además, se le concedió un plazo de diez días naturales para que fundara, motivara e hiciera pública la negativa de aceptar la recomendación. E. Mediante oficio ***** de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Fiscalía General del Estado manifestó que el rechazo no abarca a la totalidad de la Recomendación efectuada, sino sólo los puntos que sí resultan ser de su competencia. Además, se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos que hiciera del conocimiento de la Fiscalía el fundamento legal que sustenta que la aceptación parcial de una Recomendación no es procedente.
F. Por acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, notificado a la Fiscalía el cuatro de enero siguiente, la Comisión manifestó lo siguiente:
"(...) Se tiene por recibido el oficio ***** (..) mediante el cual tras diversas manifestaciones hizo del conocimiento a este Organismo, que no estima procedente hacer del conocimiento a la ciudadanía en general la no aceptación de la Recomendación en comento, bajo el argumento de que dicha autoridad no rechazó la Resolución de mérito, sino que fue aceptada de forma parcial de acuerdo a su ámbito competencial.
Visto su contenido, se tienen por realizadas las manifestaciones vertidas por parte de la Directora de Derechos Humanos de la Coordinación General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y toda vez que el presente expediente de queja se encuentra actualmente en etapa de Recurso de Impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remite copia del oficio de mérito, a efecto de que el personal de ese Organismo Nacional acuerde lo que conforme a derecho corresponda (...).".
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que los acuerdos impugnados vulneran en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente:
• Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.
• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.
• No obstante ello, ni de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se desprende la facultad de la Comisión demandada para sostener que la aprobación o rechazo de una recomendación sólo procede sobre su contenido íntegro, así como tampoco para inadmitir su aceptación parcial. De la misma manera, no existe atribución alguna conferida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pudiera resultar análoga a la ejercida y orientadora para la Comisión estatal.
• Por lo anterior y al no existir ninguna facultad que le permita pronunciarse en los términos realizados, resulta evidente que la autoridad demandada excede sus facultades y realiza una interpretación equívoca de los artículos en los que pretende fundar su actuar.
• Incluso deja de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.
• En consecuencia, la Comisión demandada no tiene facultad para emitir el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, cuya invalidez se demanda en vía de consecuencia, esto es, para tener por rechazada en su totalidad la recomendación realizada al Fiscal General del Estado.
• Si bien la Comisión demandada se encuentra facultada para emitir recomendaciones a las autoridades que a su consideración vulneraron derechos humanos, lo cierto es que tales recomendaciones, en caso de ser aceptadas, deben atenderse en forma que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal.
• Además, queda en evidencia que la autoridad demandada se excedió en sus facultades, pues además de no tener atribución expresa para ello, se le solicitó fundar y motivar su actuar.
• Los acuerdos de nueve de noviembre de dos mil veintiuno y de tres de enero de dos mil veintidós, deben ser declarados inválidos debido a que la Comisión eludió en ellos su obligación de fundar, motivar y adecuar su actuar conforme a la Constitución y las leyes, lo cual vulnera la competencia de la Fiscalía General del Estado al pretender que se realicen actos que no son de su competencia y, además, al pretender que se realice un pronunciamiento público que no representa ni es acorde a la aceptación parcial que sí se realizó, lo que agravia a la Fiscalía pues quedaría de manifiesto que tal institución no se encuentra comprometida con la promoción y respeto a los derechos humanos.
• Por su parte, en el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Comisión realiza un estudio inexacto y equívoco de sus facultades y atribuciones, haciendo interpretaciones directas a los textos normativos que fundamentan su actuar, sin contar con atribuciones para ello y lo cual evidencia una violación al principio de no subordinación, ya que no sólo implica que la Fiscalía no pueda tomar autónomamente decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.
• Ello, pues acotar que la aceptación o rechazo sólo procede sobre el contenido íntegro de las recomendaciones, obliga a la Fiscalía a pronunciarse en uno u otro sentido sin que sea tomado en cuenta su ámbito de competencia, vulnerando con ello su autonomía para poder pronunciarse libre y particularmente respecto de cada punto recomendado.
• Además, debe tomarse en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a una reparación integral del daño sufrido, la cual debe concretarse mediante medidas individuales tendentes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición; de ahí que la Comisión tenga una apreciación incorrecta respecto de las medidas que deben recomendarse a fin de restituir de manera efectiva los derechos de las víctimas, pues deben ser dirigidas a las autoridades que en efecto sean competentes para desplegar las acciones que se requieran.
• Además, en el acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, la Comisión, lejos de realizar un análisis sobre las razones expuestas por la Fiscalía para rechazar los puntos recomendatorios ajenos a su competencia, se limitó a informar que se remitieron las copias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que fuera ésta quien acordara conforme a derecho. Sin embargo, es a la Comisión estatal a quien le compete dar respuesta.
• Por otro lado, los acuerdos impugnados pueden ser válidamente considerados como actos de molestia o privativos, por lo que es necesario, para cumplir con la garantía de fundamentación, que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, así como los ordenamientos que le otorguen la atribución ejercida.
• Por último, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones jurisdiccionales, lo cierto es que dicho medio sí procede contra dichas resoluciones siempre que se examinen cuestiones competenciales.
4. Trámite. Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 10/2022 y lo turnó por conexidad con la diversa controversia constitucional 197/2021, al Ministro Luis María Aguilar Morales.
5. Desechamiento. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el Ministro instructor desechó la controversia constitucional, al estimar actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, relativa a la falta de interés legítimo del promovente.
6. Adicionalmente, se estimó que la impugnación del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno resulta notoriamente extemporánea, pues el plazo para presentar la demanda transcurrió del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno al diecisiete de enero de dos mil veintidós, mientras que la demanda de controversia constitucional fue enviada el veinticuatro de enero de dos mil veintidós.
7. Recurso de reclamación. Inconforme con tal determinación, la Fiscalía General del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 61/2022-CA y resuelto por la Primera Sala en sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintidós,(1) en el sentido de revocar el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200852-d4f66330/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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