I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADOS DEL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN CONTEXTOS EQUIVALENTES A LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN UN CONTEXTO EQUIVALENTE A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUANDO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS LA PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ENTIDAD CON MOTIVO DE LA RECOMENDACIÓN QUE EMITIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE CONTROVIERTEN SUS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V4/061/016/2017, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V4/061/016/2017, POR EL CUALES SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V4/061/016/2017, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 15 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA ADJUNTA: ANETTE CHARA TANUS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno dictado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos dentro del expediente **********, mediante el cual se tuvo por rechazada en su totalidad la Recomendación formulada a la Fiscalía General del Estado de Morelos el siete de octubre de dos mil veintiuno.
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Ciudad de México. la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 39/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:
• Acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tiene por rechazada en su totalidad la recomendación de siete de octubre de dos mil veintiuno, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.
• Los efectos y consecuencias que de dichos acuerdos se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.
2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:
A. Mediante oficio *****, le fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos inició una queja y la formó con el número de expediente *****. Asimismo, solicitó a la Fiscalía un informe con relación a los hechos relacionados con la queja.
B. El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno le fue notificada a la Fiscalía General la Recomendación emitida el siete de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se le hicieron las siguientes recomendaciones:
"(...)
"VIII. RECOMENDACIÓN
"AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS
"PRIMERA. Realice las acciones necesarias para garantizar que la persona servidora pública que conoce de la carpeta de investigación número ***** lleve a cabo de manera pronta y expedita, todas las diligencias necesarias que ayuden al esclarecimiento de los hechos a efecto de que se integre y resuelva conforme a derecho la carpeta de investigación; debiendo informar este Organismo sobre el cumplimiento de este punto en un plazo de 30 días naturales.
"SEGUNDA. Se solicite por escrito al área pertinente que inicie la investigación administrativa que corresponda, en contra de los Agentes del Ministerio Público que integran la carpeta de investigación *****, debiendo informar a este Organismo su inicio, desarrollo y conclusión de manera periódica.
"TERCERA. Se establezca comunicación directa con la C. *****, a efecto de que, si es su deseo, reciba la atención psicológica y tanatológica que requiera tanto ella como otros familiares, canalizándoles a la institución o establecimiento particular en donde se le brindará tan importante tratamiento. Debiendo informar sobre el particular a este Organismo en un plazo no mayor a 30 días naturales.
"CUARTA. Coadyuve con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, para efectuar la inscripción de la C. ***** y de las víctimas indirectas que se determinen, en el Registro Estatal de Víctimas, con el objeto de iniciar los trámites correspondientes para que acceda a la reparación integral.
"QUINTA. Efectué las acciones correspondientes para que se lleve a cabo la reparación integral del daño, a favor de la C. ***** y de las víctimas indirectas que se identifiquen, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, debiendo remitir las evidencias del inicio del procedimiento, hasta la determinación por autoridad competente; concediéndole para tal efecto un plazo de 60 días naturales.
"SEXTA. Se instruya a quien corresponda para que los Agentes del Ministerio Público que integran la carpeta de investigación *****, reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos, con especial énfasis en el derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial y en derechos de las víctimas, debiendo remitir las constancias respectivas, las cuales deberán ser con fecha posterior a la presente resolución.
"(...)
"No omitiendo mencionar que la aceptación o rechazo procede sobre el contenido íntegro de la presente resolución, por lo que no se admitirá la aceptación parcial de la misma.
(...)".
C. Mediante oficio ***** de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Recomendación, en los términos siguientes:
"a) Con respecto a la primera recomendación, solicito se tenga por ACEPTADO, por la siguiente razón:
"Esta Dirección de Derechos Humanos giró atento oficio al Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a efecto de hacer de su conocimiento la Recomendación que nos ocupa, y solicitar que realizara lo que en derecho correspondiera.
"Derivado de lo anterior, el 29 de octubre de 2021, se recibió oficio número *****, signado por el Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a través del cual, acepta el presente punto; de manera que con posterioridad, se informará periódicamente los avances que vayan surgiendo en la integración de la carpeta de investigación *****.
"Es importante resaltar que, conforme a los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio oral, es exclusivamente de la institución del Ministerio Público, y tiene por objeto que dicha autoridad reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, es decir, será el agente a cargo de la investigación quien, respetando los principios rectores del proceso penal acusatorio previstos en el citado Código Nacional y la Constitución Federal, resolverá la multicitada indagatoria conforme a derecho proceda en ejercicio de su autonomía.
"b) Por cuanto al segundo punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO y SATISFECHO, por el siguiente motivo:
"Esta Dirección tuvo a bien girar atento oficio a la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, con el objetivo de solicitar que informara si era procedente iniciar investigación administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público que integraron la indagatoria que nos ocupa, toda vez que es dicha autoridad la competente para iniciar el procedimiento de mérito.
"Es así que, a través del oficio *****, la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, informó que en atención a la Recomendación que nos ocupa, ha instruido dar inicio a la investigación administrativa correspondiente, quedando radicada bajo el número *****.
"c) En atención al tercer punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO DE MANERA PARCIAL, bajo los siguientes términos:
"Tomando en consideración que la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de esta Fiscalía General del Estado de Morelos, cuenta con la infraestructura y capacidad necesaria de servicio, respecto de la atención psicológica, se giró atento oficio a dicha Fiscalía Especializada, a efecto de hacer de su conocimiento la presente Recomendación, y solicitarle que realizara las gestiones pertinentes para que, de considerarlo procedente, brinde la atención psicológica a los ahora impetrantes, así como a los familiares que lo requieran, con la finalidad de ayudarlos a superar las condiciones de necesidad que tengan con relación al hecho denunciado.
"Como resultado, se recibió el oficio número *****, firmado por la Fiscal Especializada en Representación Social en Grupos Vulnerables y Asistencia Social, a través del cual, emite pronunciamiento en sentido favorable, y señala las *****, para que la ahora quejosa *****, acuda con la psicóloga *****, en las oficinas ubicadas en *****.
"Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta que, por su conducto, notifique a la multicitada impetrante sobre la cita otorgada; asimismo, una vez que haya quedado debidamente notificada, lo haga del conocimiento a esta Dirección, o en su defecto, informe lo conducente.
"En otro orden de ideas, respecto a la atención tanatológica, se hace de su conocimiento que esta institución de procuración de justicia, no cuenta con dicho servicio, tal y como fue informado por la Fiscal Especializada en Representación Social en Grupos Vulnerables y Asistencia Social, en su oficio *****de *****; sin embargo, la Ley de Víctimas, en su numeral 10, párrafos penúltimo y último, prevé esta situación y establece que en caso de que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a Víctimas (en adelante Comisión Ejecutiva Estatal), podrá autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
"Inclusive, precisa que en caso de que esa Comisión Ejecutiva Estatal no cuente con el fondo correspondiente, podrá solicitar por escrito a la Comisión Ejecutiva Federal, para que esta última pueda cubrir el cargo.
"Es por esto que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita reformule el presente punto recomendatorio y lo dirija únicamente a la autoridad competente para llevar a cabo la atención tanatológica de los ahora quejosos, por ser procedente conforme a derecho.
"d) Con relación al cuarto punto recomendatorio, se tiene por RECHAZADO, por los siguientes motivos:
"De acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Víctimas, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
"I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;
"II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;
"III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;
"IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;
"V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozcan competencia;
"VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;
"VII. La Comisión Ejecutiva Estatal, y
"VIII. El Ministerio Público.
"En ese sentido, tal como se desprende del numeral 30 de la presente Recomendación, esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya le otorgó la calidad de víctima indirecta a *****, aquí quejosa. Por tanto, dicho reconocimiento tiene como efecto que la mencionada víctima indirecta pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral del daño, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia.
"Ahora bien, por lo que respecta a la Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, resulta imperante mencionar que, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Víctimas, corresponde a la Comisión Ejecutiva Estatal garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de dicho ordenamiento, el Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico a cargo de la unidad administrativa correspondiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral; en consecuencia, atendiendo al principio de legalidad, es a dicha Comisión, a quien le compete llevar a cabo la inscripción correspondiente, no así a esta Fiscalía General.
"En ese tenor, por resultar aplicable al presente caso, se estima conveniente citar la siguiente tesis aislada de la Décima Época, con número registro 2005766, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2239, que a la letra establece:
"‘PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.’
"Aunado a lo anterior, de los preceptos que integran la Ley de Víctimas, no se desprende que sea requisito, el relativo a que las autoridades responsables de la violación de derechos humanos deban realizar un acompañamiento para que las víctimas puedan acudir a la inscripción, sino que, basta la solicitud que éstas presenten para que la Comisión Ejecutiva Estatal otorgue el trámite correspondiente.
"e) Respecto al quinto punto recomendatorio, se tiene por RECHAZADO, en los siguientes términos:
"La Ley de Víctimas establece en sus numerales 71 y 72, que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
"Por ende, con la finalidad de no seguir violentando los derechos de los quejosos, esa Comisión de Derechos Humanos, no debe pasar por alto el principio de complementariedad, el cual, debe prevalecer frente a una reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos, ya que es la Comisión Ejecutiva Estatal quien debe determinar, quién, cómo, cuándo y dónde es responsable de dicha violación, por ende, de la restitución de los derechos, bienes y libertades de las víctimas; de la rehabilitación física, psicológica o social de las víctimas; de garantizar medidas de satisfacción, esto mediante la realización de actos en beneficio de las víctimas; de otorgar garantías de no repetición de la violación; y de entregar una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.
"Lo anterior es así, pues es necesario que se cumpla con la satisfacción efectiva y eficiente de cada una de las medidas adoptadas cuando, dada la naturaleza de las violaciones, se haya determinado su procedencia. De tal modo que la reparación integral deja de ser tal, si tan solo una de las medidas se incumple, o es insuficiente y/o inefectiva.
"Por lo expuesto, y con la finalidad contribuir (sic) en el ejercicio de una efectiva y acertada reparación integral, tal y como se pretende hacer valer por ese organismo garante de derechos humanos, es que esta Dirección, justificadamente rechaza el punto que nos ocupa.
"No obstante, es menester precisar que el primer, segundo, tercero y sexto punto recomendatorio (sic), debidamente aceptados por esta Fiscalía General, se encuentran encaminados a una simbólica reparación integral, puesto que dichos puntos van enfocados al cumplimiento de una medida de restitución, satisfacción, rehabilitación y garantía de no repetición, las cuales, de acuerdo a la Ley de la materia, pudiesen comprender parte de la reparación integral, sin embargo, esto es competencia de la Comisión Ejecutiva Estatal; por consiguiente, con fundamento en el ya citado artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita, de igual forma, reformule el presente punto recomendatorio y lo dirija únicamente a la autoridad competente.
"f) Por lo que respecta al sexto punto, solicito se tenga por ACEPTADO y ATENDIDO, en la inteligencia de que esta Institución se encuentra comprometida en establecer y coordinar un sistema de capacitación integral constante, con la finalidad de que los servidores públicos se desempeñen de una manera ejemplar ante la sociedad, al ser ellos el ejemplo del deber ser; precisando que los cursos que se imparten son con la plena intención de crear una conciencia social y progresiva, que permite el actuar de los servidores públicos de esta institución de procuración de justicia.
"En ese sentido, esta Dirección remitió oficio al Director General del Instituto de Procuración de Justicia, a efecto de hacer de su conocimiento la recomendación que nos ocupa, y solicitarle que informara lo conducente.
"Fue así, que en respuesta se recibió el oficio *****, firmado por el Director General del Instituto de Procuración de Justicia, quien refiere que es procedente aceptar el punto que nos ocupa; por ende, la licenciada *****, agente del Ministerio Público adscrita a esta Fiscalía General del Estado y actual titular de la indagatoria *****, fue considerada para el evento académico denominado "Curso Taller de Enfoque Diferencial de Género y Derechos Humanos de las Mujeres".
"Así también, hace la precisión que con relación al tema de derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial, no se encuentra considerado en el Programa de Capacitación Anual 2021; ya que esta institución únicamente atiende situaciones de procuración de justicia, no de administración de justicia."
D. El cuatro de enero de dos mil veintidós, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía del Estado el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por "RECHAZADA" en su totalidad la Recomendación realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, toda vez que la aceptación parcial de la recomendación "no garantiza la restitución del derecho humano violentado". Además, se le concedió un plazo de diez días naturales para que fundara, motivara e hiciera pública la negativa de aceptar la recomendación.
E. El doce de enero de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado reiteró el pronunciamiento emitido con relación a la Recomendación de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de que no se rechazó ésta en su totalidad, sino los puntos que no resultan ser de su competencia. Además, solicitó se hiciera del conocimiento el fundamento legal para no tener por aceptada de manera parcial dicha Recomendación.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que el acuerdo impugnado vulnera en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente: • Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.
• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.
• No obstante ello, ni de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se desprende la facultad de la Comisión demandada para sostener que la aprobación o rechazo de una recomendación sólo procede sobre su contenido íntegro, así como tampoco para inadmitir su aceptación parcial. De la misma manera, no existe atribución alguna conferida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pudiera resultar análoga a la ejercida y orientadora para la Comisión estatal.
• Por lo anterior y al no existir ninguna facultad que le permita pronunciarse en los términos realizados, resulta evidente que la autoridad demandada excede sus facultades y realiza una interpretación equívoca de los artículos en los que pretende fundar su actuar.
• Incluso deja de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.
• Si bien la Comisión demandada se encuentra facultada para emitir recomendaciones a las autoridades que a su consideración vulneraron derechos humanos, lo cierto es que tales recomendaciones, en caso de ser aceptadas, deben atenderse en forma que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal.
• En el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la Comisión demandada, pese a que no tiene atribución constitucional para ello, tuvo por rechazada en su totalidad la recomendación de siete de octubre de dos mil veintiuno, lo cual vulnera la competencia de la Fiscalía General del Estado al pretender que ésta realice actos fuera de su ámbito competencial, así como que se realice un pronunciamiento público que no representa la aceptación parcial de la recomendación, con lo cual quedaría de manifiesto la falsa idea de que dicha institución no se encuentra comprometida con la promoción y respeto a los derechos humanos, cuando en realidad ello no es así. Además, se vulnera su facultad de aceptar o rechazar una Recomendación que atienden a cuestiones competenciales.
• Asimismo, en el acuerdo impugnado, la Comisión realiza un estudio inexacto y equívoco de sus facultades y atribuciones, haciendo interpretaciones directas a los textos normativos que fundamentan su actuar, sin contar con atribuciones para ello y lo cual evidencia una violación al principio de no subordinación, ya que no sólo implica que la Fiscalía no pueda tomar autónomamente decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.
• Además, resulta relevante la incongruencia derivada del hecho de que se le exige a la Fiscalía un pronunciamiento íntegro respecto de una determinación que se construye y emite de forma fragmentada a través de puntos recomendatorios independientes entre sí.
• Incluso debe tomarse en cuenta que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas tienen derecho a una reparación integral del daño sufrido, la cual debe concretarse mediante medidas individuales tendentes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición; de ahí que la apreciación de la Comisión demandada sea incorrecta, pues las medidas para restituir de manera efectiva los derechos de las víctimas deben ser individualizadas y dirigidas a las autoridades que en efecto sean competentes para desplegar las acciones que se requieran.
• Por tanto, causa afectación que no obstante que se expusieron las razones por los cuales se rechazaron diversos puntos de la recomendación, la Comisión demandada pasó totalmente por alto el pronunciarse de manera clara, precisa y detallada sobre las razones para desvirtuar que tales recomendaciones efectivamente sí eran competencia de la Fiscalía.
• En el caso, la autoridad demandada parte de una premisa equivocada e inexacta pues ninguno de los artículos que cita le otorgan la facultad para apercibir o limitar a la Fiscalía General del Estado en el sentido de que si acepta parcialmente la recomendación ésta se tendría rechazada en su totalidad y, por otra parte, para transformar o variar la aceptación o rechazo que se realice.
• Por otro lado, el acuerdo impugnado válidamente puede ser considerado como acto de molestia o privativo, por lo que es necesario, para cumplir con la garantía de fundamentación, que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio así como los ordenamientos que le otorguen la atribución ejercida.
• Por último, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones jurisdiccionales, lo cierto es que dicho medio sí procede contra dichas resoluciones siempre que se examinen cuestiones competenciales.
4. Trámite. Mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 39/2022 y lo turnó por conexidad al Ministro Luis María Aguilar Morales.(1)
5. Desechamiento. Por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el Ministro instructor desechó la controversia constitucional, al estimar actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, relativa a la falta de interés legítimo del promovente.
6. Recurso de reclamación. Inconforme con tal determinación, la Fiscalía General del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 71/2022-CA y resuelto por la Primera Sala en sesión de uno de junio de dos mil veintidós,(2) en el sentido de revocar el auto recurrido, por no advertirse la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
7. Admisión. En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ordenó su emplazamiento y la requirió para que remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
8. No contestación de demanda. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós dictado por el Ministro instructor, se hizo constar que la autoridad demandada no dio contestación a la demanda en el plazo otorgado para ello.
9. Alegatos. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte, el Fiscal General del Estado de Morelos formuló alegatos.
10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, una vez celebrada la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, el Ministro instructor dictó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
11. Radicación en la Segunda Sala. Previa solicitud del Ministro ponente, la Presidenta de este Alto Tribunal mediante proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, ordenó enviar el presente asunto a la Segunda Sala para su resolución. En consecuencia, por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, su Presidente determinó que ésta se avocaría a su conocimiento, por lo que ordenó la remisión de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los Puntos Segundo, fracción I,(5) y Tercero,(6) del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2013, toda vez que se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos del Estado de Morelos, sin que se haya impugnado una norma general.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200853-154a5c23/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- IMPROCEDENCIA. CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1o., AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO EL POSIBLE INCUMPLIM (II.2o.P.76 P )
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO EL INCUMPLIMIENTO DE UNA RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE. (II.2o.P.72 P)
- COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. SUS RECOMENDACIONES NO TIENEN EL CARÁCTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. (VI.3o.16 K)
- COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. LA ACEPTACION DE SUS RECOMENDACIONES NO EXIME A LAS AUTORIDADES DE RESPETAR LAS GARANTIAS INDIVIDUALES DEL FUNCIONARIO INVOLUCRADO. (XXII.10 K)
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