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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADO DEL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V2/061/069/2021, RESPECTIVAMENTE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN CONTEXTOS EQUIVALENTES A LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN UN CONTEXTO EQUIVALENTE A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUANDO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS LA PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ENTIDAD CON MOTIVO DE LA RECOMENDACIÓN QUE EMITIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE CONTROVIERTEN SUS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V2/061/069/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V2/061/069/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS (ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V2/061/069/2021, POR EL CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2022. · Registro digital (IUS): 200866
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 25 DE ENERO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA ADJUNTA: ANETTE CHARA TANUS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en el expediente ***** mediante el cual tuvo por rechazada la recomendación de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.

Ver índice temático

Ciudad de México. la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 89/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el treinta de mayo de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:

• Acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tiene por rechazada la recomendación de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.

• Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.

2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:

A. Mediante oficio *****, le fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos admitió la queja formulada por una ciudadana y la formó con el número de expediente *****. Asimismo, solicitó a la Fiscalía un informe con relación a los hechos objeto de la queja.

B. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós le fue notificada a la Fiscalía la Recomendación emitida el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se le hicieron las siguientes recomendaciones:

"(...)

"VIII. RECOMENDACIÓN

"AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS

"PRIMERA. Realice las acciones necesarias para que el Agente del Ministerio Público a cargo de la investigación materia de la presente queja y los Agentes de Investigación Criminal adscritos a dicha Fiscalía, efectúen las diligencia necesarias y suficientes, para ejecutar la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal *****.

"SEGUNDA. Como medida de satisfacción solicite al área competente inicie las investigaciones de responsabilidades administrativas que correspondan, en contra de la Licenciada María Victoria Martínez Chávez y el Licenciado José Luis Medina Madrigal, Agentes del Ministerio Público que estuvieron a cargo de la carpeta de investigación *****, así como de las demás personas servidoras públicas que resulten involucradas en el asunto.

"Debiendo informar a este Organismo sobre su inicio en un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la aceptación de esta resolución y posteriormente informar de manera mensual su desarrollo hasta su total conclusión.

"TERCERA. Se establezca comunicación directa con las CC. Flor Itzel Barrios Medrano y Flor Elia Medrano Ambriz, a efecto de que, si es su deseo, reciban la atención psicológica que requieran hasta su total rehabilitación, canalizándolas a la institución o establecimiento particular que ellas elijan, en donde se les deberá brindar el tratamiento respectivo. Debiendo informar sobre el particular a este organismo en un plazo no mayor a 30 días naturales.

"CUARTA. En colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, realice las acciones necesarias para inscribir a las CC. ***** y *****en el Registro Estatal de Víctimas a efecto de que puedan acceder a la reparación integral del daño en los términos planteados en la presente resolución. Debiendo hacer llegar a este Organismo las evidencias de ello en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la aceptación de la presente resolución.

"QUINTA. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, realice las acciones necesarias para reparar de manera integral el daño ocasionado a las CC. *****y *****, en los términos de la presente resolución y de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos. Debiendo hacer llegar a este Organismo las evidencias de ello en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la aceptación de la presente resolución.

"SEXTA. Realice las acciones correspondientes para que los Agentes del Ministerio Público, que integraron la carpeta de investigación *****, reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos, con especial énfasis en el derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial y en los derechos de las víctimas; debiendo remitir a este organismo en un plazo no mayor a 60 días naturales las constancias respectivas, las cuales deberán ser con fecha posterior a la presente resolución.

"SÉPTIMA. Como medida de satisfacción se ofrezca una disculpa personal y pública, a la quejosa *****, reconociendo las violaciones a derechos humanos, cometidas en su agravio por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, la cual deberá contener la mención clara de que se realiza en cumplimiento a la presente recomendación. Dicha disculpa, deberá publicarse a través de los medios de comunicación oficiales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, incluyendo su portal de internet. Debiendo remitir evidencias a este Organismo, en un plazo no mayor a 45 días naturales.

"(...)

"No se omite mencionar que la aceptación o rechazo procede sobre el contenido íntegro de la presente resolución, por lo que no se admitirá la aceptación parcial de la misma

(...)".

C. Mediante oficio *****de primero de abril de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Recomendación, en los términos siguientes:

"a) Respecto al primer punto recomendatorio, pido se tenga por ACEPTADO, en los siguientes términos:

Esta Dirección de Derechos Humanos giró atento oficio al Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, así como al titular de la Agencia de Investigación Criminal, a efecto de hacer de su conocimiento la Recomendación que nos ocupa, y solicitarles que realizaran lo que en derecho correspondiera, al ser dichos servidores públicos, superiores jerárquicos inmediatos del personal responsable de llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplimentar la orden obsequiada por el órgano jurisdiccional.

Derivado de lo anterior, el 30 de marzo de 2022, esta Dirección recibió el oficio ***** signado por el titular de la Agencia de Investigación Criminal, a través del cual informó que estima procedente aceptar el punto de mérito.

De igual forma, el 01 de abril de 2022, se recibió el oficio número *****, signado por el Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, mediante el cual acepta el presente punto, e informa que se ha instruido a la licenciada *****, titular de la indagatoria de mérito, a efecto de que a la brevedad posible realice las diligencias respecto de la orden de aprehensión; de manera que, con posterioridad, se informarán periódicamente, los avances que vayan surgiendo para cumplimentar la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal *****.

b) Respecto al segundo punto recomendatorio, pido se tenga por ACEPTADO, en los siguientes términos:

Esta Dirección de Derechos Humanos adscrita a la Coordinación General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Morelos giró atento oficio a la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, con el objetivo de solicitar que informara si era procedente iniciar investigación administrativa en contra de los servidores públicos que participaron dentro de la carpeta de investigación *****, toda vez que es dicha autoridad la competente para iniciar el procedimiento de mérito.

Es así que, a través del oficio *****, la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos informó que en atención a la Recomendación emitida a favor de *****ha instruido dar inicio a la investigación administrativa correspondiente, quedando radicada bajo el número *****.

c) En atención al tercer punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO, bajo los siguientes términos:

Es importante tener en cuenta que, dentro de las facultades de la Comisión Ejecutiva Estatal, se encuentra la de otorgar como medida de rehabilitación, la atención psicológica especializada; sin embargo, tomando en consideración que a través de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de esta Fiscalía General del Estado de Morelos, es posible otorgar este servicio; por tanto, se giró atento oficio a dicha Fiscalía Especializada, a efecto de hacer de su conocimiento la presente Recomendación, y solicitarle que realice las gestiones pertinentes para que, de considerarlo procedente, brinde la atención psicológica a la impetrante, con la finalidad de ayudarla a superar las condiciones de necesidad que tenga con relación al hecho denunciado.

Como resultado, se recibió el oficio número *****, firmado por el Director General de la Unidad de Representación Social de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables y Asistencia Social, a través del cual emite pronunciamiento en sentido favorable, y señala las 14:00 horas del *****, para que las ahora quejosas *****y *****, acudan con la psicóloga *****, en las oficinas ubicadas en *****, con la finalidad de que se les pueda brindar la atención psicológica materia del punto recomendatorio que se atiende.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta que, por su conducto, notifique a las multicitadas impetrantes sobre la cita otorgada; asimismo, una vez que haya quedado debidamente notificado, lo haga del conocimiento a esta Dirección, o en su defecto, informe lo conducente.

d) Con relación al cuarto punto recomendatorio, se tiene por RECHAZADO, por los siguientes motivos:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Víctimas, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;

II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

VII. La Comisión Ejecutiva Estatal, y

VIII. El Ministerio Público.

En ese sentido, tal como se desprende del numeral 36 de la presente Recomendación, esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya le otorgó la calidad de víctima directa a *****, y víctima indirecta a *****. Por tanto, dicho reconocimiento tiene como efecto que las mencionadas víctimas directa e indirecta puedan acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral del daño, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia.

Ahora bien, resulta imperante mencionar que, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Víctimas, corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (en adelante Comisión Ejecutiva Estatal) garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de dicho ordenamiento, el Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico a cargo de la unidad administrativa correspondiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral; en consecuencia, atendiendo al principio de legalidad, es a dicha Comisión, a quien le compete llevar a cabo la inscripción correspondiente, no así a esta Fiscalía General; destacando que, la materia del punto recomendatorio que nos ocupa, y su rechazo por esta autoridad, no produce afectación a la quejosa, pues se le ha reconocido el carácter de víctima por parte de ese organismo garante de derechos humanos, con lo cual podrá realizar los trámites necesarios ante la Comisión Ejecutiva Estatal.

En ese tenor, por resultar aplicable al presente caso, se estima conveniente citar la siguiente tesis aislada de la Décima Época, con número registro 2005766, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2239, que a la letra establece:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.

(Se transcribe)

Aunado a lo anterior, de los preceptos que integran la Ley de Víctimas, no se desprende que sea requisito, el relativo a que las autoridades responsables de la violación de derechos humanos deban realizar un acompañamiento para que las víctimas puedan acudir a la inscripción, sino que, basta la solicitud que estas presenten para que la Comisión Ejecutiva Estatal otorgue el trámite correspondiente.

e) Respecto al quinto punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO, tomando en consideración el ámbito de competencia que corresponde a esta Fiscalía General, en términos de la normativa aplicable, conforme se explica enseguida:

Esta Fiscalía General se encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con la Comisión Ejecutiva Estatal para realizar la reparación integral del daño ocasionado a las quejosas, para lo cual se desplegarán las acciones que en su ámbito de competencia correspondan a esta autoridad.

En ese orden de ideas, no debe perderse de vista que en términos de lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Ley de Víctimas, estas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Precisando que la reparación integral comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Asimismo, el último de los referidos preceptos legales establece que dichas medidas tendentes a la reparación integral podrán ser cubiertas con cargo al Fondo de la Comisión Ejecutiva Federal o estatal, según corresponda.

Así pues, con relación a las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, se estima que la Fiscalía General, dentro del ámbito de su respectiva competencia, se encuentra cumpliendo con su obligación de lograr la reparación integral, toda vez que el haber aceptado los puntos recomendatorios primero, segundo, tercero, sexto y séptimo, como más adelante se continuará exponiendo, emitidos en el asunto que nos ocupa, implica lo siguiente:

a. Se desahogarán las diligencias pertinentes para cumplimentar la orden de aprehensión obsequiada dentro de la causa penal *****, relacionada con la carpeta de investigación *****, a efecto de estar en condiciones de continuar con el procedimiento judicial instruido en contra del imputado;

b. Asimismo, se brindará la atención psicológica, a través de los servidores públicos adscritos a esta institución de procuración de justicia;

c. Por otra parte, por conducto de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, se investigará el actuar de los servidores públicos involucrados en la integración de la indagatoria de mérito, para que, en caso de ser procedente, se finquen las responsabilidades correspondientes a dichos servidores públicos;

d. De igual forma, por conducto de la Dirección General del Instituto de Procuración de Justicia, se proporcionarán cursos de capacitación en materia de derechos humanos, con especial énfasis en el derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial, para diversos servidores públicos de esta institución;

e. Finalmente, se ofrecerá una disculpa pública a la quejosa *****, asegurándole a ella como a la sociedad en general, que este organismo constitucional autónomo continuará efectuando acciones conducentes, inmediatas e idóneas para evitar violaciones a derechos humanos.

Acciones que, de acuerdo a la Ley de la materia, comprenden parte de la reparación integral.

Ahora bien, con relación a las medidas de compensación que comprenden todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, y como bien se plasma en la Recomendación que se atiende, corresponde a la víctima acreditar los menoscabos económicos que en su caso haya sufrido derivado de la dilación en la integración de la carpeta de investigación de referencia.

Además, en este punto, no debe perderse de vista que la Comisión Ejecutiva Estatal cuenta con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.

Dicho Fondo tiene por objeto brindar los recursos de ayuda y de reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el estado de Morelos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Asimismo, conforme al artículo 138 de la citada Ley, se tiene que para ser beneficiario del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto establece la Ley General de Víctimas, la misma Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro Estatal de Víctimas a efecto de que la Comisión Ejecutiva Estatal realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.

Por su parte, el artículo 139 del ordenamiento en cita, establece de manera detallada los recursos con los que se conformará el Fondo, destacando que el Congreso del Estado de Morelos anualmente otorga un porcentaje no inferior al 0.14% del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, para que los mismos puedan ser destinados a la compensación a que tienen derecho las víctimas de violaciones a derechos humanos en el estado de Morelos. Es decir, el Poder Legislativo anualmente destina recursos públicos que se etiquetan de manera específica para dicho Fondo, los que una vez desahogado el procedimiento correspondiente en la normativa, pueden ser otorgados a las víctimas del delito. De ahí que, se estime que conforme a la normativa aplicable, la medida de compensación deberá llevarse a cabo por la Comisión de Víctimas, por ser la autoridad competente, para en su caso, resarcir económicamente a la víctima, conforme a lo que acredite esta última. Por tanto, solicito tenga a esta autoridad informando de su aceptación respecto del punto que nos ocupa, esto es su colaboración con autoridad diversa para lograr la reparación integral del daño y, específicamente, se tomen en consideración las acciones que sí se encuentran dentro de su ámbito de competencia con relación al punto que se atiende, destacando que esta autoridad remitirá las evidencias del cumplimiento respecto de los actos que recaen en su esfera competencial.

Destacando incluso que no se deja en estado de vulneración a la parte quejosa, pues incluso esa Comisión Estatal ha estimado procedente la emisión de una Solicitud a la Comisión Ejecutiva Estatal, con la finalidad de que sea la autoridad que lleve a cabo las acciones necesarias para lograr la reparación integral del daño a la víctima, por lo que si bien el punto recomendatorio con relación a la satisfacción a la medida compensación se realizó a esta autoridad incompetente, lo cierto es también que en apartado diverso de la Recomendación que se atiende, se hizo petición expresa a la autoridad que sí resulta competente para atender el punto de mérito.

f) Por lo que respecta al sexto punto, solicito se tenga por ACEPTADO y ATENDIDO, en la inteligencia de que esta Institución se encuentra comprometida en establecer y coordinar un sistema de capacitación integral constante, con la finalidad de que los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado se desempeñen de una manera ejemplar ante la sociedad, al ser ellos el ejemplo del deber ser; precisando que los cursos que se imparten son con la plena intención de crear una conciencia social y progresiva, que permite el actuar de los servidores públicos de esta institución de procuración de justicia.

En ese sentido, esta Dirección remitió oficio a la Directora General del Instituto de Procuración de Justicia, a efecto de hacer de su conocimiento la recomendación que nos ocupa, y solicitarle que informara lo conducente, atento a las atribuciones que tiene conferida.

Fue así, que en respuesta se recibió el oficio *****, firmado por la autoridad requerida, quien refiere que es procedente aceptar el punto que nos ocupa, haciendo del conocimiento que se tiene contemplado un evento académico denominado "Curso de Derechos Humanos y Garantías Individuales en el Sistema Penal Acusatorio" tentativamente proyectado a realizarse del 11 al 22 de abril del año en curso. Asimismo, no se omite mencionar que no se tiene contemplado como tal un curso con el tema "Derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial en los derechos de las víctimas"; sin embargo, existe total apertura para considerarlo procedente e incluirse el tema en mención que sugiere dentro de la nueva programación.

g) Por cuanto al séptimo punto recomendatorio, este se tiene por ACEPTADO, por tal motivo se emitirá una respuesta por escrito, misma a la que se le dará la publicidad requerida a través de los medios de comunicación oficiales de la institución, en la que se precisará que esta deriva del cumplimiento otorgado a la Recomendación que se contesta, haciendo hincapié en el compromiso que adquiere esta autoridad en evitar los actos u omisiones que vulneren los derechos de las personas afectadas.

(...)."

D. El doce de abril de dos mil veintidós, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía del Estado el acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por RECHAZADA la Recomendación realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, toda vez que la aceptación parcial de la recomendación no garantiza la reparación integral del derecho vulnerado. Además, se le concedió un plazo de diez días naturales para que fundara, motivara e hiciera pública la negativa de aceptar la recomendación.

E. Mediante oficio ***** de veintidós de abril de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado reiteró que no se rechazó la totalidad de la Recomendación, toda vez que aceptó los puntos recomendatorios que a su juicio sí resultan ser de su competencia.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que los acuerdos impugnados vulneran en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente:

• La Comisión demandada de manera indebida tuvo por rechazada en su totalidad la Recomendación de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, sin que la Fiscalía hubiese emitido un pronunciamiento en ese sentido, pues sólo se hizo de su conocimiento se aceptaron los puntos recomendatorios que sí resultan ser de su competencia y sobre los cuales se remitieron las evidencias que constatan el inicio del cumplimiento a las acciones tendentes a garantizar la reparación integral a las quejosas.

• Lejos de realizar un pronunciamiento bajo una lógica jurídica y clara, la Comisión se limitó a señalar que no existe precepto legal que permita a las autoridades aceptar de manera parcial las recomendaciones o solicitudes que le sean formuladas y lo que, bajo su lógica, puede interpretarse en el sentido de que si bien no lo autoriza, tampoco lo prohíbe; máxime cuando la aceptación parcial encuentra sustento en una cuestión competencial.

• Además, lo que garantiza una mejor reparación del daño a la quejosa es que la Comisión dirija sus recomendaciones a las autoridades que cuenten con la competencia para dar efectivo cumplimiento a sus resoluciones, pues de lo contrario se deja en estado de indefensión a la persona víctima de violación a sus derechos humanos, como respecto del punto segundo lo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos.

• Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.

• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.

• En el caso, al no haberse rechazado en su totalidad la Recomendación de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se estima que no procede hacerse pública una negativa que resulta inexistente.

• Además, de ningún precepto legal de los que se han transcrito en la demanda, se desprende la facultad de la Comisión para calificar como "rechazo" una imposibilidad de una autoridad para pronunciarse sobre sus resoluciones, ante una prohibición legal.

• Si no existe la facultad expresa que le permita actuar en los términos indicados, es evidente que la autoridad demandada se excedió en sus facultades para calificar la aceptación o rechazo a sus resoluciones, incluso evidenciando que eludió su obligación de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.

• Además, pese a que las recomendaciones emitidas no son vinculantes, lo cierto es que en términos del artículo 23-B de la Constitución local, cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas, el órgano legislativo está facultado para llamar a comparecer a las autoridades responsables, lo que cobra relevancia en el caso, pues la determinación de la Comisión demandada de tener por rechazada en su totalidad sus recomendaciones y, por tanto, su solicitud de hacer pública tal negativa, pondría en tela de juicio el compromiso de la Fiscalía con los derechos humanos y comprometería su función pública, pues su titular podría ser llamado y cuestionado respecto del acatamiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión por parte del Congreso del Estado, quien en última instancia está facultado para removerlo y lo cual deja a su titular en una posición de vulnerabilidad y cuestionamiento público.

• Si bien la Comisión demandada se encuentra facultada para emitir recomendaciones o solicitudes a las autoridades que a su consideración vulneraron derechos humanos, lo cierto es que tales recomendaciones o solicitudes, en caso de ser aceptadas, deben atenderse en forma que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal.

• El acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós debe ser declarado inválido, toda vez que la Comisión elude su obligación de fundar, motivar y adecuar su actuar conforme a la Constitución y las leyes. Ello, pues a pesar de que la Fiscalía manifestó carecer de competencia para aceptar el punto recomendatorio cuarto, la Comisión elude su obligación de estudiar con exhaustividad los argumentos planteados, los cuales justifican tal rechazo.

• Por lo anterior, el p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200866-3bac8440/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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