I. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO EL ARTÍCULO IMPUGNADO, AL SER REFORMADO, NO SUFRIÓ UN CAMBIO EN SU SENTIDO NORMATIVO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA [ARTÍCULO 67, NUMERAL 1, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 17 BIS, 30 BIS, FRACCIONES I, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX Y XXI; Y 32, FRACCIONES I, III, IV Y XX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). IX. LEYES DESTINADAS A LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. EN ESTE CAMPO EL LEGISLADOR GOZA DE MAYOR LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN, POR LO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ESTÁ LIMITADO EN SUS FUNCIONES DE CONTROL. X. DELEGACIONES ESTATALES DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90, EN RELACIÓN CON EL 73, FRACCIÓN XXXI, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ASÍ COMO CON EL 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONSTITUYEN ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (ARTÍCULO 17 TER DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). XI. DELEGACIONES ESTATALES DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO. SE ENCUENTRAN ADSCRITAS JERÁRQUICA Y ORGÁNICAMENTE A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, Y TIENEN COMO OBJETIVO LA ATENCIÓN MÁS EFICAZ DE DETERMINADOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (ARTÍCULO 17 TER DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). XII. DELEGACIONES ESTATALES DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO. TIENEN A SU CARGO LA COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS FEDERALES QUE OTORGUEN ALGÚN BENEFICIO DIRECTO A LA POBLACIÓN (ARTÍCULO 17 TER DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). XIII. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO. EL HECHO DE QUE CONSTITUYA UNA CREACIÓN LEGISLATIVA ATÍPICA NO ACORDE AL MODELO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, AL DEPENDER DIRECTA E INMEDIATAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EJERCER FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DEL MANDATARIO, NO TORNA INCONSTITUCIONAL DICHA FIGURA, EN VIRTUD DE QUE EL LEGISLADOR CUENTA CON AMPLIA LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA ORGANIZAR, ESTRUCTURAR Y ASIGNAR ATRIBUCIONES A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (ARTÍCULO 17 TER DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). XIV. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO. NO EXISTE OMISIÓN LEGISLATIVA RESPECTO DE LA REGULACIÓN DE SUS FUNCIONES, ADSCRIPCIÓN, ÁMBITO COMPETENCIAL, ESTRUCTURA ORGÁNICA E INTEGRANTES, EN VIRTUD DE QUE LOS PRIMEROS TRES ASPECTOS QUEDAN CLAROS CON MOTIVO DE SU DEPENDENCIA A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR Y LOS DOS RESTANTES, AL EJERCERSE UNIPERSONALMENTE POR LA PERSONA ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN GENERAL QUE SE ENCUENTRA AL MANDO DIRECTO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (ARTÍCULO 17 TER DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). XV. DELEGACIONES ESTATALES DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR. PUEDEN ESTABLECERSE EN LA MISMA LOCALIDAD QUE LAS OFICINAS DE REPRESENTA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 30/2019. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 23 DE MAYO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil veintidós.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional en contra de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Poder Ejecutivo Federal, por las normas generales que a continuación se trascriben:
"1. El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en adelante ‘Decreto’), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.
"2. El Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en adelante ‘Decreto que reforma el artículo 21’ o ‘Decreto de Comisiones’), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018."
2. SEGUNDO.—Antecedentes de la norma general cuya invalidez se demanda. Como antecedentes de la norma general y los actos cuya invalidez se reclama, el actor señaló:
3. En sesión ordinaria celebrada el trece de noviembre de dos mil dieciocho, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en lo general y en lo particular, ambos proyectos de Decretos por los que se reformaron y derogaron diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se ordenó remitir los dictámenes correspondientes al Senado de la República, para los efectos constitucionales conducentes.
4. En sesión ordinaria de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la Cámara de Senadores aprobó ambos proyectos de Decretos.
5. El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal" y el "Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal".
6. TERCERO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 21, 25, 40, 41, 79, 80, 89, 90, 115, 116, 124, 126, 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. CUARTO.—Conceptos de invalidez. La parte actora planteó diversos conceptos de invalidez tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 17 Bis, 17 Ter y 32, fracción XX, del Decreto que contravienen lo dispuesto por los artículos 16, 80, 89, 90 y 124 de la Constitución Federal, precisados en la demanda respectiva, relacionados con la afectación al diseño que la Norma Fundamental dispone para el Poder Ejecutivo Federal y la Administración Pública Federal.
8. QUINTO.—Trámite. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 30/2019 y, por razón de turno, se designó al Ministro Luis María Aguilar Morales, como instructor del procedimiento.
9. Mediante proveído del mismo día, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Poder Ejecutivo Federal; asimismo, se ordenó emplazarlos para que formularan su contestación y dar vista a la Fiscalía General de la República a efecto de que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación correspondiera.
10. SEXTO.—Contestación a la demanda de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del presidente de la Mesa Directiva, dio contestación a la demanda, en los términos planteados en el oficio respectivo.
11. SÉPTIMO.—Contestación a la demanda del Poder Ejecutivo Federal. Mediante oficio de uno de abril de dos mil diecinueve, recibido el día siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal, a través de su consejero jurídico, dio contestación a la demanda, en los términos precisados en su ocurso.
12. OCTAVO.—Contestación a la demanda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Mediante escrito de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, presentado el dos de abril siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del presidente de la Mesa Directiva, dio contestación a la demanda, conforme a los argumentos plasmados en su oficio respectivo.
13. NOVENO.—Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
14. DÉCIMO.—Audiencia constitucional. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veinte de mayo de dos mil diecinueve se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del diverso 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo la relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por formulados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución; y,
CONSIDERANDO:
15. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso a),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales, en relación con una norma de carácter general.
16. SEGUNDO.—Fijación de la norma general cuya invalidez se demanda. En términos del artículo 41, fracción I,(3) de la ley reglamentaria de la materia, es necesario fijar de manera precisa las normas generales objetos de la controversia.
17. Este Alto Tribunal ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda, de una manera tal que se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada; de conformidad con la tesis P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(4)
18. Pues bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo controvierte los artículos 17 Bis; 17 Ter; 21; 30 Bis fracciones I, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XXI; y 32, fracciones I, III, IV y XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el artículo décimo primero transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.
19. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
20. Debe atenderse al primer supuesto previsto en el artículo 21, fracción II,(5) de la ley reglamentaria de la materia, esto es, la impugnación de una norma general a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.
21. En el caso, los Decretos que contienen los artículos controvertidos por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el viernes treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que el plazo legal de treinta días transcurrió del lunes tres de diciembre de dos mil dieciocho al martes veintinueve de enero de dos mil diecinueve.
22. A dicho plazo deben descontarse los días uno, dos, ocho, nueve y quince a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; así como uno, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero de dos mil diecinueve, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2(6) y 3, fracciones II y III,(7) de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los diversos 3,(8) a contrario sensu, y 163(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto primero,(10) incisos a), b) y d), del Acuerdo General Plenario 18/2013 de diecinueve de noviembre de dos mil trece de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal.
23. De esta forma, si la demanda fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el martes veintinueve de enero de dos mil diecinueve,(11) es evidente que su impugnación se hizo dentro del plazo previsto en la ley reglamentaria de la materia.
24. Relacionado con lo anterior, conviene dar respuesta al planteamiento formulado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el sentido de que la demanda resulta extemporánea, dado que no se actualiza un nuevo acto legislativo; ello, en virtud de que el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, previa a la reforma controvertida, ya contemplaba la facultad del presidente de la República para crear comisiones.
25. De conformidad con la tesis P./J. 25/2016 (10a.), de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.",(12) aplicada por analogía, para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo, para efectos de su impugnación, al menos, deben satisfacerse dos aspectos: (I) uno de carácter formal, consistente en haber llevado a cabo un procedimiento legislativo y (II) otro de carácter material, consistente en que el cambio sea sustantivo, es decir, que impacte en el sentido normativo.
26. Ahora bien, en el caso, el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, previo a la reforma controvertida, era del tenor siguiente:
"Artículo 21. El presidente de la República podrá constituir Comisiones Intersecretariales, para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado.
"Las entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a dichas Comisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.
"Las Comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el presidente de la República."
27. El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", impugnado en esta controversia constitucional, quedando de la siguiente forma:
"Artículo 21. El presidente de la República, para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, podrá constituir Comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos.
"Las Comisiones intersecretariales serán aquellas creadas por el presidente de la República para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. Estarán integradas por los secretarios de Estado o aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal. Las entidades de la Administración Pública Paraestatal podrán integrarse a las Comisiones Intersecretariales, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.
"Serán Comisiones Consultivas aquellas conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por el presidente de la República con la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el objeto de su Decreto de creación. Estas Comisiones podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo. Sus conclusiones no serán vinculantes.
"Las Comisiones Presidenciales podrán ser conformadas por integrantes descritos en cualquiera de los párrafos anteriores así como ex servidores públicos y servidores públicos de otros Poderes u órdenes de gobierno. Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación, en los términos previstos por el presente artículo.
"Las Comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el presidente de la República.
"El Decreto de creación de las Comisiones descritas en este artículo deberá contener al menos las siguientes disposiciones:
"I. Su denominación;
"II. El nombre de sus integrantes y sus respectivos cargos, así como la definición de quien la presidirá;
"III. Su objeto y las funciones que se les asignan;
"IV. Su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen directamente del presidente de la República o de alguna Secretaría de Estado;
"V. El período de su existencia, mismo que podrá ser prolongado por acuerdo del presidente de la República, y
"VI. Cuando sea necesario, la dotación de recursos para su funcionamiento, los cuales provendrán de la entidad pública de la cual dependen.
"El cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que no inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada."
28. La expedición del Decreto de referencia derivó del procedimiento legislativo llevado a cabo por las Cámaras del Congreso de la Unión, con motivo de la iniciativa presentada el dos de octubre de dos mil dieciocho, por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena; en la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación y Población para su dictamen; el doce de noviembre del propio año, la citada Comisión aprobó el proyecto de dictamen que contenía el Decreto respectivo; y, en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el trece de ese mismo mes y año, se aprobó la minuta correspondiente, enviándose a la Cámara Revisora.
29. En sesión del Pleno de la Cámara de Senadores de quince de noviembre de dos mil dieciocho, se turnó el proyecto de Decreto a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, quienes, el veinte de noviembre siguiente, propusieron aprobar la minuta enviada por la colegisladora. En sesión de veintidós del mismo mes y año, el Pleno de la Cámara de Senadores discutió el dictamen, aprobándose en lo general y en lo particular, por lo que se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
30. El treinta de octubre de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal".
31. Por otra parte, el artículo 21, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue reformado para establecer la posibilidad de constituir, a través de Decretos, las Comisiones Consultivas y Presidenciales, además de las Comisiones Intersecretariales ya previstas.
32. En el párrafo segundo, se precisó en qué consistían y cuál sería la integración de las Comisiones Intersecretariales, además de preservar el texto que permite a las entidades paraestatales integrarse a las citadas Comisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.
33. El párrafo tercero, desarrolló la integración, finalidad y efectos de las conclusiones de las Comisiones Consultivas; el cuarto, indicó la conformación, funciones y objeto de las Comisiones Presidenciales; y, el párrafo quinto, reiteró el texto relativo a que las Comisiones podrían ser transitorias o permanentes y presididas por quien determine el presidente de la República.
34. Finalmente, se estableció el contenido mínimo que debía prever el Decreto de creación respectivo, así como lo relativo a su financiamiento y el cargo honorífico y de confianza de sus integrantes.
35. De lo anterior se advierte el cumplimiento de los criterios formal y material, a que alude la tesis de jurisprudencia antes transcrita, para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación y, en consecuencia, resulta infundada la causal de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 21, fracción II, ambos de la ley reglamentaria, a que aludió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
36. CUARTO.—Legitimación activa. A continuación, se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.
37. En primer lugar, en términos del artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo es un ente facultado para promover este medio de control constitucional.
38. En segundo lugar, el artículo 11, párrafo primero,(13) de la ley reglamentaria de la materia, establece que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
39. En el presente asunto, suscribe la demanda en representación del gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Estatal, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor el uno de abril de dos mil dieciocho.(14)
40. De conformidad con el artículo 18, fracción XI,(15) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en relación con el diverso 4, fracción II,(16) del "Decreto que crea la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintitrés de abril de dos mil ocho, la Consejería Jurídica cuenta con la atribución de representar jurídicamente al titular del Ejecutivo, de manera que quien suscribe la demanda, cuenta con la facultad de representar al actor.
41. QUINTO.—Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de las autoridades demandadas, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción.
42. Conforme a los artículos 10, fracción II,(17) y 11, párrafos primero y tercero,(18) de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos; y, en el caso del presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado conforme lo determine el propio presidente y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. 43. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como el Poder Ejecutivo Federal.
44. En representación de la Cámara de Diputados comparece a juicio Porfirio Muñoz Ledo, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva, lo que acredita con la copia certificada de un extracto del Diario de Debates de la citada Cámara, correspondiente al año 1, primer periodo, de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.(19)
45. Al efecto, en términos del artículo 23, numeral 1, inciso l),(20) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución del presidente de la Mesa Directa la representación legal de la Cámara de Diputados.
46. Por su parte, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión comparece a juicio por conducto de Martí Batres Guadarrama, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva, lo que acredita con la copia certificada del acta de sesión constitutiva de la Cámara, correspondiente a la Sexagésima Cuarta Legislatura, celebrada el miércoles veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.(21)
47. En relación con esto, el artículo 67, numeral uno,(22) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores es su representante jurídico.
48. Por lo que hace al Poder Ejecutivo Federal, comparece a juicio por conducto de Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor el uno de diciembre de dos mil dieciocho.(23)
49. De conformidad con el artículo 43, fracción X,(24) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el punto único, párrafo primero,(25) del "Acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se menciona", publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes nueve de enero de dos mil uno.
50. Por lo que debe reconocérseles legitimación pasiva a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Poder Ejecutivo Federal, al atribuírseles la emisión y la promulgación de los decretos que contienen los preceptos impugnados, así como a quienes comparecen en su representación, por contar con dicha facultad.
51. SEXTO.—Causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento. Se procede a analizar las causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento que hicieron valer las partes, o bien, que este Pleno advierta de oficio.
52. El Poder Ejecutivo Federal considera que se actualiza la prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 22, fracción VII, ambos de la ley reglamentaria, por ausencia de una causa de pedir, dado que, en su opinión, no se advierte que el actor formule argumentos lógico-jurídicos de los que se desprenda una afectación a su esfera competencial, o bien, un principio de afectación; por el contrario, se limita a la supuesta vulneración de los principios de legalidad y de seguridad jurídica, in genere.
53. Debe desestimarse tal causal de improcedencia, pues cuando menos, el actor expresa en su demanda diversas manifestaciones en las que alega que los decretos impugnados le causan agravios, los cuales deben ser objeto de pronunciamiento, como se desarrollará más adelante; resulta aplicable la tesis P./J. 135/2005, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR."(26)
54. En cambio, es parcialmente fundada la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades demandadas, en el sentido de que el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, respecto de los artículos 17 Bis, 30 Bis, fracciones I, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XXI, y 32, fracciones I, III, IV y XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como del artículo décimo primero transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.
55. De conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar no sólo de los supuestos que de manera específica prevé dicho precepto, sino también, de los que se desprendan del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen; siendo aplicable a este respecto la tesis P./J. 32/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(27)
56. Una de las causales de improcedencia que se desprende de las bases constitucionales que rigen a la controversia constitucional es la falta de interés legítimo de las entidades, poderes u órganos que promueven, pues si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede analizar la constitucionalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado a través de este medio de control constitucional, también lo es que, para hacerlo, está siempre supeditada a la existencia de un principio de agravio en perjuicio de la esfera competencial del actor.
57. Así se advierte de la tesis 2a. XVI/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE ACTUALIZA UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS, A SU ESFERA JURÍDICA, O SOLAMENTE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN."(28)
58. Un ejemplo de improcedencia en la vía se presenta cuando, sin necesidad del estudio de fondo del asunto, es patente que la norma general impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la parte actora, como se indica en la tesis P./J. 50/2004, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."(29)
59. Ahora bien los artículos 17 Bis; 30 Bis, fracciones I, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XXI; y 32 fracciones I, III, IV y XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el artículo décimo primero transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, disponen:
"Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con oficinas de representación en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos, dichas oficinas se coordinarán con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, debiéndose observar lo siguiente:
"I. Los funcionarios públicos adscritos a las oficinas de representación, serán designados de conformidad con lo establecido por el reglamento interior o los ordenamientos legales de las dependencias y entidades;
"II. Los servidores públicos adscritos a las oficinas de representación se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; separación, y a las demás disposiciones previstas en dicha ley, y
"III. Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas para entregar un beneficio social directo a la población, deberán sujetarse a lo siguiente: ...
"b) Informar, respecto de los programas atinentes a la respectiva Delegación de Programas para el Desarrollo;
"c) Dar a conocer, en términos de la legislación aplicable, lo siguiente:
"i) Las altas y bajas en sus padrones de beneficiarios, así como los resultados de su evaluación;
"ii) La relación de Municipios y localidades en las que opera el programa;
"iii) El padrón de beneficiarios de la entidad federativa correspondiente, por Municipio y localidad;
"iv) El calendario de entrega de apoyos, por entidad federativa, Municipio y localidad, con anterioridad de al menos 60 días a la entrega de los mismos;
"v) Los ajustes presupuestarios que, en su caso, le sean autorizados;
"d) Incluir, en todo caso, en la difusión de cada programa la leyenda siguiente: ‘Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa’; ...
"f) Realizar las designaciones referidas en la fracción I de este artículo a propuesta del Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo de la entidad respectiva."
"Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde el despacho de los asuntos siguientes: ...
"I. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo F
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30976-69316ab3/i-controversias-constitucionales-reglas-a-las-que-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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