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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO FEDERAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO INSTITUTO (ARTÍCULO 32, FRACCIONES I Y II, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA QUE ADUCE SU FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER SIDO ÉSTE QUIEN EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN USO DE SUS FACULTADES AUTÓNOMAS (SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN UN JUICIO DE NULIDAD). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDE A LA PERSONA QUE OCUPE SU PRESIDENCIA (ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA INTERVENIR EN JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ACUERDO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL UNO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULOS 67, PRIMER PÁRRAFO, EN RELACIÓN CON EL 60, NUMERAL 9, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 33 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CUENTA CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA ACUDIR A ESTA VÍA PARA CUESTIONAR LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN UN JUICIO DE NULIDAD, AL PLANTEAR UNA AFECTACIÓN A SU ÁMBITO COMPETENCIAL (SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN UN JUICIO DE NULIDAD). XVI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS LOCALES (SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA D

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 162/2020. · Registro digital (IUS): 32243
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-15
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo III, Pág.2777.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 162/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 7 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto y norma impugnados: El artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con motivo de su aplicación en la sentencia definitiva de doce de agosto de dos mil veinte dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad número Primer número de expediente.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 162/2020, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Poder Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras de Diputados y de Senadores.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Expediente de la verificación vinculante Segundo número de expediente. El quince de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, previo visto bueno de la Secretaría de Acceso a la Información, emitió un dictamen por el cual determinó que el Instituto Nacional de Electricidad y de Energías Limpias, en su calidad de sujeto obligado, incumplió parcialmente con diversas obligaciones comunes y específicas en materia de transparencia establecidas en los artículos 70, 71, 80 y 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2. Lo anterior debido a que, de la verificación realizada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, así como del portal de internet del sujeto obligado, obtuvo un total de treinta y tres punto diecisiete puntos porcentuales (33.17 %) del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia.

3. En consecuencia, el INAI emitió el oficio número Primer número de oficio por el que requirió al sujeto obligado para que cumpliera con las obligaciones comunes y específicas cuyo cumplimiento le correspondía, que informara acerca de su cumplimiento, que precisara el nombre y cargo de la persona responsable de publicar dicha información y de su superior jerárquico, otorgando un plazo de veinte días hábiles para tal efecto.

4. El oficio fue notificado junto con el dictamen antes mencionado a través de la Herramienta de Comunicación el veinte de noviembre de dos mil dieciocho y dirigido a la persona Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

5. Al no haber obtenido respuesta alguna, el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se notificó por segunda ocasión a la persona Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias mediante diverso oficio Segundo número de oficio, el incumplimiento del dictamen emitido por el INAI en cuanto a las obligaciones en materia de transparencia, otorgando un plazo adicional de cinco días hábiles para cumplir los requerimientos formulados con anterioridad y apercibiendo sobre la determinación de las medidas de apremio, sanciones o determinaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de persistir el incumplimiento total o parcial de las obligaciones en materia de transparencia.

6. Pese a la cantidad de requerimientos formulados, y al subsistir el desacato de los anteriores requerimientos emitidos por el instituto, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados del INAI emitió un informe por medio del cual determinó el incumplimiento parcial del dictamen comprendido en el expediente de la verificación vinculante Segundo número de expediente, por la omisión de la persona Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Electricidad y de Energías Limpias consistente en atender los múltiples requerimientos formulados respecto de sus obligaciones en materia de transparencia.

7. Así, el siete de febrero de dos mil diecinueve, se remitió el informe en cita a la Secretaría Técnica del Pleno del INAI, a efecto de que la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades evaluara las medidas de apremio o determinaciones que considerara procedentes en el caso en concreto.

8. Finalmente, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de la Secretaría Técnica del Pleno del INAI tras haber calificado la gravedad de la falta cometida por el sujeto obligado, lo cual implicó el análisis del daño causado, los indicios de intencionalidad, la duración del incumplimiento, la afectación al ejercicio de las atribuciones del INAI, la condición económica de la persona responsable y su reincidencia, y en términos de lo señalado por el artículo 174, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 201, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió el acuerdo de incumplimiento por el que determinó hacer efectivo el apercibimiento señalado en el oficio Segundo número de folio.

9. En virtud de lo anterior, impuso a la persona Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias una medida de apremio consistente en una multa de un número veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión de los hechos, equivalente a la cantidad de una cantidad de dinero en números (la cantidad en letra en moneda nacional), conforme a lo señalado por el artículo 174, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 201, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a raíz del incumplimiento del dictamen emitido en el expediente de verificación vinculante número Segundo número de expediente.

10. Juicio de nulidad Primer número de expediente. El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, Nombre completo de una persona, por su propio derecho y en calidad de particular, promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa juicio de nulidad en contra de la resolución de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de la verificación vinculante Segundo número de expediente, a través del cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales impuso una sanción, consistente en una multa, como medida de apremio.

11. El uno de julio de dos mil diecinueve, el Magistrado instructor admitió la demanda en la vía sumaria y la registró con el número de expediente Primer número de expediente.

12. El doce de agosto de dos mil veinte, la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia en el juicio de nulidad, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, por considerar que la autoridad demandada fue omisa en indicar las obligaciones en materia de transparencia que el promovente incumplió, lo que ocasiona que la resolución impugnada carezca de una debida fundamentación y motivación.

13. Controversia constitucional 162/2020. El cinco de octubre de dos mil veinte, Miguel Novoa Gómez, en su carácter de representante legal y Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que señaló como acto y norma impugnados, los siguientes:

• El artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• La sentencia definitiva de doce de agosto de dos mil veinte emitida por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad con número de expediente Primer número de expediente, como su primer acto de aplicación y por vicios propios.

14. Asimismo, solicitó la suspensión del acto impugnado, a efecto de que no se continúe con la tramitación y ejecución del juicio de nulidad, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto no se resolviera el fondo del asunto.

15. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, expuso esencialmente en sus tres conceptos de invalidez, lo siguiente:

• Primer concepto de invalidez. Se produce una violación a la autonomía del INAI como consecuencia de la transgresión del principio de división de poderes y del principio de legalidad, contenidos en los artículos 6o., 14, 16 y 49 de la Constitución Política del país, al ser que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se extralimitó en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas en virtud del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal.

• Las implicaciones que acarrea la autonomía del INAI comprenden la posibilidad de determinar su organización interna, ser la máxima autoridad en materia de acceso a la información y protección de datos personales, mantener un régimen de cooperación y coordinación con los otros poderes del Estado, entes y organismos, por lo que no existe una relación de subordinación respecto de éstos.

• La reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce implicó el desprendimiento del Instituto actor de la administración pública federal, dado que se le dotó de autonomía y se instauró una relación de coordinación con los demás poderes, entes y organismos constitucionales autónomos.

• La sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad Primer número de expediente no comprendía una controversia entre la administración pública federal y un particular, ni un procedimiento originado a raíz de la imposición de alguna responsabilidad administrativa, por lo que carece de facultades para revisar la medida de apremio impuesta por el Instituto actor al sujeto obligado. Al revisar el Tribunal la actuación del Instituto actor, en concreto la verificación que realizó el propio Instituto sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, interfirió con la autonomía de este organismo constitucionalmente autónomo y generó una situación de supra subordinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lesionando su independencia funcional.

• Por otro lado, es competencia del Poder Judicial de la Federación conocer de las impugnaciones de los actos emitidos por el INAI tratándose del acceso a la información pública, en términos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mientras que las resoluciones en materia de protección de datos personales son impugnables a través del juicio de amparo, según lo que establece el artículo 115 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Señala que aunque la Constitución Política del país no establezca qué ente conocerá del medio de impugnación en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto actor en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, considera que sería el Poder Judicial de la Federación quien conocería de ellos, pues de una lectura de los ordenamientos que regulan otros organismos constitucionalmente autónomos en el ámbito federal, ninguno comprende al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como órgano revisor de sus resoluciones.

• La competencia que establece el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política del país a favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa necesariamente excluye la posibilidad de conocer de otros asuntos que no sean comprendidos en tales materias.

• Segundo concepto de invalidez. El artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública contraviene lo dispuesto en los artículos 6o., 73, fracción XXIX-H y 133, todos de la Constitución Federal, pues el Congreso de la Unión únicamente estaba habilitado para legislar respecto de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en lo concerniente a las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, o respecto de las responsabilidades administrativas, pero no podía ampliar la competencia establecida en la Constitución Política del país para dicho Tribunal.

• Al permitirse la revisión de las multas impuestas por el Instituto actor como medida de apremio a los sujetos obligados que incumplan sus obligaciones en materia de transparencia, se lesiona la autonomía del multicitado Instituto, al ser que otorgó competencia para revisar su actuación a un órgano jurisdiccional que carece de competencia para ello.

• Tercer concepto de invalidez. Considera que se actualiza una violación al artículo 6o., apartado A, bases V, VI, VII y VIII, séptimo párrafo, en tanto que la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al emitir sentencia en el juicio de nulidad primer número de expediente vulneró el principio de inatacabilidad que rige en materia de las resoluciones del INAI previsto en el artículo 6o., apartado A, base VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Política del país debido a que las determinaciones que éste emita con motivo de los procedimientos de verificación vinculante son vinculatorias, definitivas e inatacables por los sujetos obligados, por lo que no procede ningún medio de impugnación instaurado por el sujeto obligado o por una persona servidora pública en lo particular en contra de dichas resoluciones. A nada conduciría disponer que son inatacables las disposiciones del INAI por parte de los sujetos obligados, si luego se les reconoce legitimación y personalidad a las personas servidoras públicas que laboran en la estructura administrativa del sujeto obligado para impugnarlas.

• En el procedimiento de verificación de las obligaciones en materia de transparencia, el INAI verificó a un sujeto obligado denominado Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, respecto del cual consideró que se actualizaba un incumplimiento de sus obligaciones de transparencia y determinó imponer una medida de apremio consistente en una multa a la persona servidora pública que tenía la obligación de cumplir con los requerimientos realizados dentro de tal procedimiento, por lo que si bien el juicio fue promovido por una persona física que labora dentro de la estructura administrativa del sujeto obligado, lo cierto es que fue un procedimiento instruido a este último y no a un particular.

• Por lo que, al pronunciarse el Tribunal Federal de Justicia Administrativa acerca de la legalidad de la resolución emitida por el Instituto actor en un procedimiento de verificación a un sujeto obligado, violentó el principio de inatacabilidad de las resoluciones del INAI.

16. Admisión y trámite. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente, registrar la controversia constitucional bajo el número 162/2020 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, por razón de conexidad con la diversa controversia constitucional 7/2020.

17. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

18. Incidente de suspensión. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte dictado en el cuaderno incidental, se concedió la suspensión solicitada por el Instituto actor a efecto de que la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se abstenga de ejecutar la sentencia dictada el doce de agosto de dos mil veinte en el juicio de nulidad Primer número de expediente, hasta en tanto se resuelva el presente asunto.

19. Contestación del Poder Ejecutivo de la Federación. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, Julio Scherer Ibarra, en su calidad de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, dio contestación a la demanda y planteó las siguientes causas de improcedencia:

• Extemporaneidad en la impugnación del artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que el cómputo del plazo para combatir una norma general comienza a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, de ahí que el plazo de presentación de la demanda ha trascurrido en exceso.

• Tampoco es posible considerar que los actos que ahora se impugnan constituyen el primer acto de aplicación de dicha norma, debido a que la norma en cuestión se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, además que el mismo artículo fue impugnado por el Instituto actor en la diversa controversia constitucional 7/2020 con motivo de su aplicación en la sentencia definitiva de catorce de octubre de dos mil diecinueve dictada por la Sala Regional del Golfo del citado Tribunal en el juicio de nulidad número Cuarto número de expediente, por lo que no sería posible que la resolución impugnada resulte ser el primer acto de aplicación de dicha disposición.

• Falta de interés legítimo del Instituto actor para promover la demanda de controversia constitucional, en concordancia con los artículos 10, fracción I, y 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, y el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no acreditó una transgresión a su esfera de competencia expresamente reconocida en algún precepto constitucional, sino que en todo caso el supuesto exceso en el ejercicio de las facultades constitucionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa constituye una invasión a la esfera de competencias del Poder Judicial de la Federación.

• Violación al principio de definitividad. No se agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, por lo que se actualiza la causal contenida en los artículos 19, fracción VI, y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que debió haber agotado el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, el cual es la vía idónea para analizar una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un juicio de nulidad, no así una controversia constitucional.

20. Por otro lado, respecto de los conceptos de invalidez planteados por la actora, señaló lo siguiente:

• Considera que los conceptos de invalidez formulados por el Instituto promovente son inatendibles, debido a que la materia del presente medio de control constitucional se ciñe a determinar el órgano jurisdiccional competente para resolver sobre la validez o invalidez de la impugnación de la resolución emitida por el Instituto promovente, sin que haga valer una invasión a la esfera de competencias propia de tal Instituto, sino de otro poder, lo cual no puede ser materia de una controversia constitucional. • En otro orden de ideas, ad cautelam, señala que la facultad del Instituto actor para emitir las medidas de apremio se sujeta a la facultad legislativa propia del Congreso de la Unión, el cual puede regular los requisitos, condiciones y medios de impugnación que procedan en contra de las resoluciones y determinaciones del actor, lo que se concreta en el artículo impugnado, pues éste prevé la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de la imposición de multas derivadas de la ejecución de medidas de apremio, lo cual cumple con el derecho de tutela judicial y acceso a la justicia a favor de los particulares, al instaurar un mecanismo de defensa en contra de actos de autoridad que generen un detrimento a su patrimonio.

• Si bien el Instituto actor señala que la única vía para impugnar sus resoluciones es el juicio de amparo, como sucede en el caso otros órganos constitucionales autónomos, tales consideraciones no pueden extrapolarse al caso que ahora se presenta, debido a que para aquellos órganos existe una regulación que emana de la propia Constitución Política del país, mientras que para el caso del Instituto actor existe una reserva a favor del Congreso de la Unión para determinar el medio de impugnación que procederá en contra de la imposición de multas derivadas de la ejecución de medidas de apremio, lo que se concreta en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de ahí que la norma impugnada es válida.

21. Contestación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El quince de febrero de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente y representante legal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Anzures Uribe, dio contestación a la demanda y planteó las siguientes causas de improcedencia:

• Falta de legitimación pasiva. No se actualiza el supuesto de procedencia contenido en el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política del país, debido a que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no forma parte de los poderes de la Unión ni es un organismo constitucional autónomo.

• Impugnación de una resolución de carácter jurisdiccional. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia dado que la sentencia definitiva dictada en el expediente Primer número de expediente del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una resolución jurisdiccional cuya invalidez no puede plantearse en una controversia constitucional, al ser que este medio de control constitucional no constituye un recurso o ulterior medio de defensa para revisar la materia de la litis del procedimiento de origen.

• Violación al principio de definitividad. No se agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, por lo que se actualiza la causal contenida en los artículos 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que debió haber agotado el recurso de revisión administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

22. En su contestación a los conceptos de invalidez, señaló esencialmente:

• Primero. Para que sea procedente la controversia constitucional, debe existir una afectación al ámbito competencial del promovente, que sea afectado o limitado por un acto en concreto o una disposición de carácter general, no obstante, ninguno de tales supuestos se actualiza en el presente caso, pues la materia de la litis en el presente caso se basa en una errónea e inexacta apreciación de la legalidad del actuar del Tribunal demandado.

• Lo anterior es así, debido a que si un ordenamiento normativo dispone que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será competente para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan en contra de las resoluciones emitidas por el INAI, no implica una vulneración a la autonomía o esfera competencial del Instituto actor.

• Segundo. El INAI impugna el artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por considerar que su aplicación en la sentencia definitiva derivada del juicio contencioso administrativo primer número de expediente, sin embargo, el hecho que el Instituto promovente sea un órgano constitucional autónomo no implica que esté exento de un control de legalidad en su actuar, respecto de los actos o resoluciones que emita y que afecten la esfera jurídica de los particulares.

• La procedencia de un juicio de nulidad en contra de tales resoluciones de ninguna manera implica vulnerar su autonomía o esfera de competencia, sino que responde al mandato constitucional contenido en los artículos 17 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política del país, por lo que el control de regularidad de las actuaciones del INAI se sujeta a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional.

• La competencia que establece el artículo impugnado a favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene su razón de ser en el hecho que las citadas multas se ejecutan a través del Servicio de Administración Tributaria, según lo dispone el diverso artículo 201 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Tercero. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene plena competencia para conocer de los juicios de nulidad promovidos en contra de los actos o resoluciones emitidos por el INAI, en tanto que su naturaleza de organismo constitucional autónomo no lo exime de ser juzgado por la autoridad competente y facultada para ello de conformidad con los artículos 17 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política del país.

23. Contestación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la diputada Dulce María Sauri Riancho, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda y planteó la siguiente causa de improcedencia:

• Extemporaneidad en la impugnación del artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que el cómputo del plazo para combatir una norma general comienza a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, de ahí que el plazo de presentación de la demanda ha trascurrido en exceso.

• Tampoco es posible considerar que los actos que ahora se impugnan constituyen el primer acto de aplicación de dicha norma, debido a que la norma en cuestión se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y se han emitido actos de aplicación del mismo al imponer sanciones como medidas de apremio, por lo que no sería posible considerar que la sentencia impugnada constituya el primer acto de aplicación de dicha disposición, sino que la aplicación del precepto en cita ha sido consentida de manera tácita por el Instituto actor, por lo que procede decretar el sobreseimiento de la controversia constitucional.

24. En su contestación a los conceptos de invalidez, señaló esencialmente:

• Primero. El artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no vulnera la autonomía del Instituto actor, ni el principio de división de poderes o el de legalidad, pues la interpretación realizada por el Instituto actor del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal es esencialmente errónea, en tanto que la facultad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de los juicios de nulidad presentados en contra de la imposición de multas derivadas de la ejecución de medidas de apremio emitidas por el INAI tiene por objeto deducir la legalidad en el actuar de las autoridades federales frente a los particulares, de ahí que no contraviene disposición alguna de la Constitución Política del país, o la autonomía del Instituto actor respecto de la materia de su competencia, por lo que procede declarar su validez.

• Segundo. El Instituto actor interpreta incorrectamente el principio de supremacía constitucional y la autonomía del propio INAI, debido a que todos los órganos y entes se encuentran sujetos al cumplimiento de la Constitución Política del país y las leyes que de ésta emanen. El artículo impugnado no vulnera lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional debido a que la imposición de una multa como medida de apremio constituye un acto de naturaleza administrativa formulado por una autoridad como consecuencia de una infracción a una norma administrativa, y la competencia atribuida al Tribunal Federal de Justicia Administrativa implica resolver las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, de ahí que la norma impugnada es válida, al no contravenir lo dispuesto en la Constitución Política del país.

25. Contestación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda.

26. En primer lugar, expuso lo que consideró conveniente para sostener la validez del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

• El Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, es acorde al texto constitucional, pues se ajustó al procedimiento legislativo contemplado en la Constitución Política del país y demás leyes secundarias que rigen en l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32243-c3ac3743/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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