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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 56 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL JUICIO DE NULIDAD 15998/18-17-10-9). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO INSTITUTO (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN III Y 32, FRACCIÓN I, AMBOS DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LA LEGITIMACIÓN PASIVA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON PLENA JURISDICCIÓN PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES (ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA RECAE SOBRE SU PRESIDENTE (ARTÍCULO 54 EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA QUE ADUCE SU FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER SIDO ÉSTE QUIEN EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN USO DE SUS FACULTADES AUTÓNOMAS (INVALIDEZ DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL JUICIO DE NULIDAD 15998/18-17-10-9). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA MATERIA DE SU IMPUGNACIÓN SE CONSTRIÑE A LA POSIBLE INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL ACTOR. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DECLARA COMPETENTE PARA CONOCER DE UN JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO POR UN PARTICULAR CONTRA LA DETERMINACIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES EMITIDA POR AQUÉL, AL HABER PLANTEADO UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL (INVALIDEZ DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL JUICIO DE NULIDAD 15998/18-17-10-9). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA QUE ADUCE QUE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ ESTÁN DIRIGIDOS A CONTROVERTIR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, AL HABERSE PLANTEADO UNA INVASIÓN A LA ESFERA COMPETENCIAL DEL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO ACTOR (INVALIDEZ DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL JUICIO DE NULIDAD 15998/18-17-10-9). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS LOCALES (INVALIDEZ DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL JUICIO DE NULIDAD 15998/18-17-10-9). XIII. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SU CREACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. XIV. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SU CREACIÓN SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE ESTABLECER ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA EJERCER UNA FUNCIÓN PROPIA DEL ESTADO CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA. XV. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. XVI. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ES UN ÓRGANO CONSTITUCI

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 343/2019. · Registro digital (IUS): 30428
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-03-11
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, Pág. 2522.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 343/2019. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 1 DE DICIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. DISIDENTE Y PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día uno de diciembre de dos mil veintiuno.

SENTENCIA

1. Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 343/2019, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra de la sentencia definitiva de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la diversa interlocutoria de quince de abril de dos mil diecinueve a través de la cual se declara infundado el recurso de reclamación interpuesto en contra de la admisión del juicio de nulidad.

I. ANTECEDENTES

2. Solicitud de la información. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recibió una denuncia de la síndica procuradora del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en la que señalaron diversos hechos en los que a su parecer constituían un incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, atento a lo anterior, solicitó el inicio del "procedimiento de verificación", con motivo del manejo de datos del Ayuntamiento en posesión de una institución bancaria.

• Por su parte, el INAI en atención a la denuncia, formó el expediente INAI/SPDP/DGIVSP/1325/18, en el que mediante oficio de treinta de abril de dos mil dieciocho, se inició una investigación para determinar si se actualizaba un probable incumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares o su reglamento.

• Posteriormente, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la síndica del Ayuntamiento de Ensenada promovió juicio de nulidad en contra del INAI por el acto precisado en el punto anterior.

• En contra de la admisión del juicio de nulidad, el INAI interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el sentido de declararlo infundado y confirmar el acuerdo recurrido.

• Posteriormente, el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia definitiva, en la que resolvió reconocer la validez de la resolución impugnada y señaló que en términos del artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tenía competencia para conocer del juicio contencioso administrativo promovido por el INAI.

• En contra de dicha determinación, el instituto promovió el presente juicio de controversia constitucional, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3. Presentación de demanda. El INAI promovió controversia constitucional ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintidós de noviembre de dos diecinueve,(1) en la que reclama la sentencia definitiva de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la diversa interlocutoria de quince de abril de dos mil diecinueve.

4. Admisión y trámite. La demanda se tuvo por presentada mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve(2) y fue turnada al Ministro Alberto Pérez Dayán, se tuvo como autoridades demandadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo Federal, se ordenó emplazar a las referidas autoridades así como dar vista a la Fiscalía General de la República, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera y en cuanto a la solicitud de suspensión se ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.

5. Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve el Ministro instructor determinó desechar la demanda de controversia constitucional, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que el problema jurídico planteado no versaba sobre un conflicto competencial, sino que se referían a la legalidad de las resoluciones dictadas en el juicio contencioso administrativo.

Ante el desechamiento de la demanda, el INAI interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por la Primera Sala (recurso de reclamación 16/2020-CA), en sesión correspondiente al trece de mayo de dos mil veinte, estimando fundado el agravio del recurrente al advertirse que la invalidez de la sentencia emitida por el TFJA se planteaba por una posible invasión de esferas competenciales en violación a la autonomía constitucional del INAI, por lo que se determinó revocar el acuerdo de desechamiento recurrido y ordenar que se dictara un acuerdo admisorio en la controversia de origen.(3)

6. Ahora bien, en contra del diverso acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo Federal interpuso recurso de reclamación en contra de la admisión a trámite de la controversia constitucional 343/2019, el cual fue admitido por proveído de once de diciembre de dos mil veinte y radicado con el número de expediente 132/2020-CA; el referido recurso fue resuelto también por la Primera Sala en sesión de siete de abril de dos mil veintiuno,(4) en el sentido de estimarlo fundado y modificar el acuerdo impugnado, para que se tuviera como actos impugnados únicamente la sentencia definitiva de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del TFJA, en el juicio de nulidad 15998/18-17-10-9, así como la diversa interlocutoria de quince de abril de dos mil diecinueve, por la que se tuvo por admitido el juicio de nulidad.

7. En cumplimiento a lo anterior, mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno,(5) se modificó el acuerdo de admisión, con la finalidad de que se tuviera exclusivamente como actos impugnados la sentencia definitiva así como la sentencia interlocutoria precisadas en el punto anterior.

8. Cierre de instrucción. Una vez contestada la demanda, tramitado el juicio en sus diversas etapas y realizada la audiencia de ofrecimiento, desahogo de pruebas y alegatos, se cerró la instrucción respectiva mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno.(6)

9. Radicación a la Sala. En atención al dictamen formulado por el Ministro instructor al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.

II. COMPETENCIA

10. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto competencial entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con motivo del dictado de las resoluciones interlocutoria y definitiva, en el juicio de nulidad 15998/18-17-10-9 por parte de la Décima Sala Regional Metropolitana del referido Tribunal Federal.

III. OPORTUNIDAD

11. A continuación, se determinará si la controversia fue promovida en tiempo contra los actos y la norma general impugnada.

12. Bajo este orden de ideas, como se estableció anteriormente, en cuanto a la impugnación del artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Primera Sala al resolver el RR. 132/2020-CA, estableció que la impugnación relativa era extemporánea en atención a que no constituía el primer acto de aplicación.

13. Ahora bien, respecto de la impugnación referente a la sentencia interlocutoria de quince de abril de dos mil diecinueve, también se considera extemporánea su impugnación en la medida de que a la fecha de la presentación de la presente controversia constitucional ya habían transcurrido en exceso los treinta días que prevé el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.

14. En efecto, la sentencia interlocutoria fue publicada en el boletín jurisdiccional el siete de mayo de dos mil diecinueve y de conformidad con el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(7) surtió efectos a los tres días hábiles siguientes a su publicación, es decir, el día diez de mayo siguiente, por lo que el plazo de treinta días hábiles para presentar la controversia constitucional feneció el veintiuno de junio de dos mil diecinueve.

15. En consecuencia, al no cumplirse ninguno de los extremos establecidos en la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 del mismo cuerpo normativo,(8) por lo que debe sobreseerse en la presente controversia constitucional respecto de la impugnación de la resolución interlocutoria de quince de abril de dos mil diecinueve.

16. Por último, en lo referente a la impugnación de la sentencia definitiva de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, ésta fue notificada por medio del boletín jurisdiccional el cuatro de octubre de dos mil diecinueve y surtió efectos el miércoles nueve de octubre de dos mil diecinueve, en términos de lo previsto en el artículo 65, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en esa virtud, el plazo para presentar la demanda de controversia constitucional, transcurrió del jueves diez de octubre al viernes veintidós de noviembre del dos mil diecinueve, de ahí que si la demanda se presentó el propio veintidós de noviembre de ese año, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, se concluye que su presentación resulta oportuna.(9)

IV. LEGITIMACIÓN

17. Tanto la parte actora como la demandada tienen legitimación en la causa, en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución, toda vez que se trata de una controversia constitucional promovida por un órgano constitucional autónomo en contra de otro. Partiendo de tal supuesto se procede a analizar si cada una de las partes están debidamente representadas en términos del artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria.(10)

18. Legitimación activa. Miguel Novoa Gómez, en su carácter de representante legal y director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió controversia constitucional en representación del citado organismo constitucional autónomo.

19. De conformidad con los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(11) se tiene que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

20. Por su parte, los artículos 6o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado A, fracción VIII,(12) 41, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,(13) así como 12, fracción III y 32, fracción I, ambos del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(14) estatuyen que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales –previa aprobación de la mayoría de sus comisionados– podrá promover controversia constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, que será la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien representará legalmente al instituto en los procesos de toda índole.

21. En ese tenor, la demanda fue presentada por Miguel Novoa Gómez, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del INAI, calidad que acredita con copia certificada de la credencial vigente expedida por el instituto actor; además de que en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve los comisionados del Pleno del INAI, se aprobó la presentación en favor del director general para que promueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los actos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.(15)

22. Además, que dicho organismo constitucional autónomo está legitimado para promover la presente controversia constitucional, al ser uno de los entes a que se refiere el inciso l) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal y, quien signa la demanda en su representación, cuenta con facultades para ello.

23. Legitimación pasiva. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quien se le tuvo como demandado respecto de los actos cuya invalidez se demanda, consistente en la resolución dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve en el juicio de nulidad 15998/18-17-10-9, fue representado por el Magistrado Rafael Anzures Uribe, en su carácter de presidente del citado órgano jurisdiccional.

24. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal(16) y 1, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,(17) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa goza de jurisdicción plena y autonomía en el pronunciamiento de sus fallos; así, al haber sido éste quien, en uso de sus facultades autónomas emitió el acto que ahora se combate, es a éste a quien le corresponde la defensa del acto impugnado. Por tanto, debe reconocerse la legitimación pasiva a dicho órgano.

25. En efecto, al resolver la controversia constitucional 58/2006,(18) el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que los entes que en la literalidad de la fracción I del artículo 105 constitucional no están comprendidos, no pueden tener legitimación activa en las controversias constitucionales; sin embargo, que para tener legitimación pasiva en estos procedimientos no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado; en ese tenor, en cada caso particular deberá analizarse si pueden tener el carácter o no, de demandados.(19) Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P. LXXIII/98,(20) de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA."

26. En el presente caso, dicha circunstancia surte en favor del demandado, al tenerse certeza de que aquél no está subordinado jerárquicamente a otro ente o poder de los que señala la fracción I del artículo 105 constitucional y además, se encuentra dotado por la Constitución Federal y las leyes respectivas, de autonomía para emitir sus determinaciones. Es aplicable –por su contenido– la tesis P./J. 84/2000,(21) de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."

27. Así, a la luz de tales criterios y atendiendo a la finalidad perseguida con la controversia constitucional, debe estimarse que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con legitimación pasiva, toda vez que se trata de un órgano constitucionalmente dotado de autonomía y plena jurisdicción para emitir sus resoluciones; aunado a que fue el citado ente, quien emitió el acto que se combate en esta vía por el instituto actor al considerarlo violatorio de su esfera competencial constitucional.

28. Por otra parte, los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(22) se obtiene que el demandado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen estén facultados para representarlo.

29. En representación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa compareció el Magistrado Rafael Anzures Uribe, quien se ostentó con el carácter de presidente y representante de dicho órgano.

30. Al efecto, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa(23) contempla como atribución de su presidente, representar al propio tribunal, a la Sala Superior, al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades.

31. En ese tenor, quien acudió a la presente controversia constitucional acreditó el carácter con el que se ostentó, con la copia certificada del acuerdo SS/1/2020, emitido el veintiuno de agosto de dos mil veinte por el Pleno General de la Sala Superior de dicho tribunal, en la que consta su designación para el cargo en el período comprendido del uno de enero de dos mil veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.(24)

32. En suma, se considera que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuenta con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a éste se le imputa el acto impugnado y ha quedado demostrado que el funcionario que comparece cuenta con facultades para representarlo.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

I. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa manifiesta que no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Federal, dado que si bien es cierto que el juicio constitucional lo promueve el INAI, en contra de la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, lo cierto es que dicho instituto promovió la demanda contra un órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía y competencia, tanto para conocer del juicio contencioso administrativo en contra de las sentencias dictadas por el INAI, así como para dictar los correspondientes fallos derivados de tales medios de defensa, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, así como los artículos 3, fracción XIX y 36, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Agrega que, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no forma parte de los Poderes de la Unión, tampoco es una entidad federativa o Municipio, ni se trata de un Organismo Constitucional Autónomo y, por tanto, no se actualiza algún supuesto de procedencia.

II. De igual forma argumenta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el INAI impugnó una resolución de carácter jurisdiccional, contra la que no procede la controversia constitucional ya que, únicamente procede cuando implique una invasión de competencia; en esa media el tribunal aduce que no es procedente la controversia en la medida que no se impugna una posible invasión de competencia.

III. Destaca también que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que para que proceda la controversia, está implícito el principio de definitividad lo cual involucra la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual pueden combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción, así como la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, es decir, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma u otra autoridad. Bajo esta perspectiva, argumenta el TFJA que lo que pretende el INAI es que se analice un tema de interpretación, a fin de determinar si el tribunal es competente para conocer y resolver de actuaciones emitidas por el propio instituto.

33. Ahora bien, en cuanto a la primera causa de improcedencia en la que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aduce que no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Federal, en virtud que la resolución combatida no fue emitida por uno de los entes legitimados para instar la acción constitucional, ya que éste no forma parte de los Poderes de la Unión, tampoco es una entidad federativa o Municipio, ni se trata de un órgano constitucionalmente autónomo, resulta infundado.

34. Lo anterior es así, en la medida que como se señaló en el apartado de legitimación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con legitimación pasiva, toda vez que se trata de un órgano constitucionalmente dotado de autonomía y plena jurisdicción para emitir sus resoluciones; aunado a que fue quien emitió el acto que se combate en esta vía por el instituto de transparencia actor, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el inciso l) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal.

35. En cuanto a la segunda causa de improcedencia en la que refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria por impugnarse una resolución jurisdiccional, ya que el único supuesto de excepción es que se circunscriba a la invasión de esfera competencial de un órgano originario del Estado porque el que resolvió se arrogó facultades que no le correspondían.

36. En relación con dicho argumento, debe destacarse que a fin de determinar si se surte la improcedencia alegada, en principio es importante precisar que esta Suprema Corte ha sostenido que la tutela jurídica de este instrumento procesal de carácter constitucional, es primordialmente la protección del ámbito de atribuciones que la propia Constitución Federal prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que derivan del sistema federal y del principio de división de poderes a que se refieren los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122 de la propia Constitución; asimismo, que acorde con su propia y especial naturaleza, las controversias constitucionales constituyen una acción cuyo objetivo esencial es permitir la impugnación de los actos y disposiciones generales que afecten las respectivas facultades de cualquiera de los diferentes niveles de gobierno o que de alguna manera se traduzcan en una invasión a su ámbito competencial provocada por otro nivel de gobierno; todo esto con el fin de que se respeten las facultades y atribuciones que a cada uno corresponde, de tal manera que cada nivel de gobierno esté en aptitud de llevar a cabo y agotar en sus términos, todas aquellas facultades o atribuciones que la propia Constitución prevé. En esa medida, con este propósito, al resolver el fondo, precisamente se analizarán los principios rectores elevados a rango constitucional, que determinan los respectivos ámbitos de competencia de cada una de las partes de esta controversia.

37. Sobre el particular resultan ilustrativas la jurisprudencia P./J. 98/99(25) del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", así como las tesis P. LXXII/98(26) y 2a. XIII/98,(27) de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO." y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL ANÁLISIS PARA RESOLVER EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE DOS NIVELES DE GOBIERNO IMPLICA EL ESTUDIO TANTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS, COMO DE LA MOTIVACIÓN Y CAUSA GENERADORA QUE LLEVÓ AL LEGISLADOR A ELEVARLOS A RANGO CONSTITUCIONAL."

38. Del primero de los criterios transcritos, destaca la consideración relativa a que si este medio de control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de violaciones a la Constitución Federal sin importar sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, porque de lo contrario produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, así como el fortalecimiento del federalismo.

39. No obstante la amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional, este mecanismo de control constitucional, por regla general, no es la vía idónea para controvertir una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo aunque se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual, en principio, a través de este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio.

40. Lo anterior es así, ya que –por lo general– no puede sostenerse que la controversia constitucional constituya la vía idónea para impugnar las resoluciones o sentencias judiciales que recaigan en los juicios de los que conocen los órganos jurisdiccionales, toda vez que ello haría de esta vía un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, siendo que esta vía está reservada para preservar el orden constitucional entre órganos, entes o poderes en sus actos ordinarios y no para someter al control constitucional mecanismos de carácter jurisdiccional.

41. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 117/2000,(28) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES."

42. Asimismo, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 58/2006, señaló que existe una excepción a la regla general mencionada, sosteniendo que sólo se puede controvertir en controversia constitucional una resolución emitida por un tribunal judicial o administrativo cuando la cuestión planteada atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, es decir, en el caso de que se plantee que algún tribunal se arrogó facultades que no le competen, sino al actor, o a otro órgano originario y dichas facultades se encuentran contempladas constitucionalmente.

43. De este asunto derivó la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno P./J. 16/2008,(29) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO."

44. Una vez explicado lo que antecede, debe recordarse que en la presente controversia constitucional el instituto de transparencia actor impugna una resolución definitiva emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, particularmente por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve en el juicio de nulidad 15998/18-17-10-9, lo anterior en la inteligencia de que como se destacó en el apartado relativo a la competencia, la impugnación de la resolución interlocutoria resultó extemporánea. En este orden de ideas, el hecho de que en la referida resolución definitiva se haya confirmado la competencia del órgano jurisdiccional para conocer de un juicio de nulidad promovido por un particular, en contra del inicio del procedimiento de imposición de sanciones que prevé la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al estimar que el aludido tribunal al atribuirse la facultad de revisar la resolución emitida por el instituto, confirma la existencia de un planteamiento de invasión de esferas competenciales que torna procedente el juicio de controversia constitucional.

45. De esa guisa, debe en principio precisarse que el Constituyente Permanente consideró necesario establecer la garantía constitucional consagrada en un inicio para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que derivan del sistema federal y del principio de división de poderes a que se refieren los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122, de la propia Constitución; a los órganos constitucionales autónomos, por ello, el once de junio de dos mil trece estableció la procedencia de la controversia constitucional para éstos, adicionando el inciso l) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.(30)

46. Destacando que, mediante reforma de siete de febrero de dos mil catorce se incluyó expresamente al órgano garante que establece el artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30428-27003c7c/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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