I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS O DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDERE QUE VULNERAN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR UNA RESTRICCIÓN DE FUENTE CONSTITUCIONAL, ESTO ES, POR SER INATACABLES LAS RESOLUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) (ACUERDO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 6047/2019). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE DEFINITIVIDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS [ACUERDO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 6047/2019].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 243/2019. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 10 DE MARZO DE 2020. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JORGE F. CALDERÓN GAMBOA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día diez de marzo de dos mil veinte.
VISTOS Y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Ventura Nevares, en su carácter de coordinador general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante el INEGI), promovió controversia constitucional en los términos que enseguida se transcriben:(1)
Órgano demandado: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante el INAI).
Acto reclamado: El acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve emitido por el INAI, mediante el cual admitió a trámite el recurso de revisión RRA 6047/2019, interpuesto en contra de una respuesta dada a una solicitud de información en materia de estadística y geografía general, procesada y publicada por el INEGI.
2. SEGUNDO.—Antecedentes. Requerimiento de información a la Unidad de Transparencia del INEGI. Los antecedentes del asunto narrados en la demanda, son los siguientes:
• El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la Unidad de Transparencia del INEGI, a través de la plataforma nacional, recibió un requerimiento de información de estadística y geografía. "Equivocadamente identificado por la Plataforma Nacional de Transparencia como Solicitud de Acceso a la Información Número 4010000033619." En dicha solicitud requirió:
"Solicitó índice de pobreza por entidad federativa de los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 201, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. (sic)."
• Al tratarse de un requerimiento de información, estadística y geografía, la Unidad de Transparencia del INEGI, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, fracción VII, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del INEGI vigente, se abstuvo de conocer del asunto, por lo que envió dicho requerimiento a la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información, unidad administrativa que a través de la ventanilla de atención a usuarios del servicio público de información, dio atención y respuesta al citado requerimiento a la cuenta de correo electrónico que proporcionó el solicitante.
• Dicha atención fue remitida por la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información a través de la Dirección de Servicio de Información, a la Unidad de Transparencia del INEGI. La respuesta a la información solicitada fue:(2)
"El INEGI realizó una búsqueda exhaustiva dentro de la Información Estadística y Geográfica disponible en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, sin identificar la existencia de información estadística disponible tal y como la detalla en el contenido de su requerimiento respecto, a: ‘índice de pobreza por entidad federativa de los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (sic)’, toda vez que no existe disposición legal o normativa que obligue al instituto, a sus unidades administrativas o a los servidores públicos adscritos al mismo, a generar, recolectar o procesar la Información Estadística y Geográfica sobre pobreza y rezago social.
"En ese sentido, se le informa que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es la autoridad encargada de normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, así como de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad, ello de acuerdo con la orientación que se le brinda al final de la presente respuesta.
"No obstante lo anterior, en el Marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el instituto cuenta con Información Estadística pública disponible para su consulta por cualquier interesado que podría resultar de su interés, ello atendiendo al contenido de su requerimiento, para lo cual se le informa lo siguiente:
"El INEGI de acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 20 y 24 de la ley del sistema, cuenta con un Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, mismo que contará con una infraestructura de Información Estadística que contenga como mínimo un marco geoestadístico y un inventario nacional de viviendas, generando un conjunto de indicadores clave, que atenderá como mínimo con los temas de población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, vivienda, distribución de ingresos y pobreza, para lo cual, el mismo produce, integra y difunde Información Estadística y Geográfica que podría estar relacionada con el contenido de su requerimiento.
"En ese sentido, atendiendo al contenido de su requerimiento, se pone a su disposición la Información Estadística y Geográfica derivada de la publicación digital denominada: ‘Anuario estadístico y geográfico’, para cada uno de los Estados y para las ediciones en las que se dispone de las estadísticas de los principales indicadores de desarrollo humano en el Estado y Municipios disponibles en las ediciones 2014 al 2017, generados por el CONEVAL."
• Recurso de revisión ante el INAI. Inconforme con la respuesta que emitió al requerimiento de Información Estadística y Geografía, la requirente promovió recurso de revisión ante el INAI, el cual lo radicó y admitió con el número RRA 6047/19 por auto de tres de junio de dos mil diecinueve, emitido por la "secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información", Lic. Erika Daniela Montiel Monsalvo.
3. TERCERO.—Concepto de invalidez. El INEGI argumento, en síntesis, los conceptos de invalidez siguientes:
A. Violación a la autonomía del INEGI por invadir sus facultades para regular la captación, procesamiento y publicación de información estadística en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en adelante el SNIEG).
a). El acuerdo de admisión impugnado viola el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, al vulnerar el ámbito de competencia del INEGI, ya que el INAI asumió competencia para conocer de un recurso de revisión del que es competente el primero de los mencionados, por promoverse en contra de la respuesta a un requerimiento de información de estadística la cual es captada, procesada y publicada en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en adelante la LSNIEG).
b). El INEGI cuenta con autonomía técnica y de gestión, relacionadas con su responsabilidad para normar y coordinar el SNIEG y regular la captación, procesamiento y publicación de la información, lo que implica que cuenta con las atribuciones de decidir: qué, cómo y cuándo se capta la información estadística y geográfica, asimismo decidir sobre la metodología para el procesamiento de la información del SNIEG, así como sobre los alcances, oportunidad, forma y términos en que se publica y dar a conocer tal información.
c). La violación de competencia en cuestión, no sólo deriva en el desconocimiento que el recurso previsto en la LSNIEG es el legalmente idóneo para conocer de las inconformidades contra los actos o resoluciones que dicte el INEGI como lo prevé el artículo 113 de la LSNIEG,(3) sino además, que en la resolución que se dicte analizará la información otorgada por el INEGI y en su caso, como ya sucedió en diversos recursos de revisión, en los que existe la posibilidad de ordenar la revisión, búsqueda y la entrega de información estadística y geográfica del SNIEG, en términos y formas distintas a las que el INEGI determinó viable para el SNIEG.
d). Lo anterior es contrario a lo establecido en el artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Federal, en el que se señala que el INEGI debe coordinarse con el órgano garante en materia de transparencia, que es el INAI, lo que implica que éste respete el ámbito de atribuciones originarias y de especialización de aquél, lo que no ocurre con la emisión del acto impugnado, ya que el INAI inconstitucionalmente se pronuncia respecto a la información estadística y geográfica del SNIEG.
e). El artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Federal, prevé que el derecho de acceso a la información se regirá por principios y bases, los que entre otros aspectos se considera, el de establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos expeditos que se sustentarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución.
f). Con base en el artículo 6o. de la Carta Marga, el INEGI como organismo público constitucional autónomo especializado, encargado de normar y coordinar el SNIEG, establece las bases, mecanismos y parámetros bajo las cuales en el marco del citado Sistema Nacional se produce, difunde y conserva la información estadística y geográfica con el fin de suministrar a la sociedad y al Estado, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, dando cumplimiento al citado artículo; ya que el INEGI también establece mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión, pues el INAI no es el único que garantiza lo descrito.
g). Lo anterior se corrobora con el artículo 47 de la LSNIEG(4) que especifica que "la información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". Aunque la LSNIEG se expidió con anterioridad, no es dable considerar el principio de temporalidad de leyes para su aplicación al tratarse de leyes reglamentarias de la misma jerarquía. También, sirve de apoyo el razonamiento que ha seguido el INAI para reconocer la competencia exclusiva del Archivo General de la Nación y excluir con ello, su jurisdicción.
B. Confusión por parte del INAI entre el derecho de protección de datos personales y los principios de confidencialidad y reserva de la información geográfica y estadística.
a). El legislador hace una distinción entre la información estadística regulada por la LSNIEG y la información regulada por las disposiciones vigentes de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en adelante LGPDP), que se hace patente en la aplicación de los principios legales de reserva y confidencialidad.
b). Al respecto, las disposiciones de transparencia establecen que la reserva de información está sujeta a una temporalidad de cinco años y que los comisionados del INAI podrán tener acceso a la misma para resolver los recursos de revisión. En cambio, con la información estadística protegida por los principios de confidencialidad y reserva, el INEGI es la autoridad para la resolución de los recursos, sin que le sea posible dar a conocer información proporcionada para fines estadísticos por los informantes ni aquella que provenga de registros administrativos a persona o autoridad alguna, para fines fiscales, jurídicos, administrativos o de cualquier otra índole, en términos de los artículos 37 y 38 de la LSNIEG. Además, esta reserva no tiene temporalidad, es permanente.
c). El principio de confidencialidad del INEGI se encuentra establecido en la LSNIEG (artículos 37, 38, 46 y 47) para respetar los derechos de sus informantes, situación que pone en riesgo el INAI, al pretender conocer sobre la información estadística y geográfica, pues invade la competencia del INEGI en su tratamiento.
d). Los Principios Fundamentales de la Estadística Oficial de Naciones Unidas, en particular el principio 6, prevé que los datos individuales que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos.
4. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la parte actora estima violados son los artículos 6o., 14, 16 y 26 apartado B, primer párrafo, segundo párrafo y primera parte del cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO.—Trámite de la controversia y admisión de la demanda. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la controversia constitucional con el número de expediente 243/2019 y ordenó turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.(5)
6. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil diecinueve, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como demandado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenó su emplazamiento para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindiera su contestación a la demanda, así como dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial conviniera hasta antes de la celebración de la audiencia de ley.(6)
7. SEXTO.—Contestación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el director general de Asuntos Jurídicos del INAI dio contestación a la demanda.(7)
8. Al respecto, hizo valer tres causales de improcedencia:
a). La prevista en la fracción VI del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 20, ambos de la ley reglamentaria de la materia, ya que el acto impugnado carece de definitividad.(8)
b). La prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 20, ambos de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el inciso L) de la fracción I del artículo 105 constitucional, ya que para la procedencia de la controversia constitucional debe suscitarse entre dos órganos constitucionales autónomos, y si bien tanto el INEGI como el INAI tienen tal calidad, lo cierto es que el acuerdo de admisión no fue emitido por el Pleno del INAI, sino por la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. Por lo que al tratarse de un simple acuerdo de trámite no es susceptible de impugnación ante la falta de definitividad del acto impugnado por ser un mero acuerdo de trámite; es decir, no es un acto definitivo por lo que no depara perjuicio.
c). La prevista en la fracción VIII del artículo 19 y fracción II del artículo 20, ambos de la ley reglamentaria de la materia, ya que la controversia constitucional no es el medio para controvertir los fundamentos y motivos de una resolución del INAI, ya que tal resolución no atañe estrictamente sobre la presunta invasión de la esfera de competencia de uno de los organismos constitucionales autónomos. No obstante, si la finalidad de este medio de control constitucional es la preservación del ámbito de atribuciones conferido constitucionalmente y salvaguardar los derechos consagrados en la misma, no es procedente la acción, debido a que el acto impugnado se trata de un acuerdo de trámite dentro de la secuela procesal que dará lugar a una resolución materialmente jurisdiccional, que por mandato constitucional y legal es imposible.
9. Asimismo, el instituto demandado (INAI) expresó las razones y fundamentos jurídicos en los que sostiene la validez del acto impugnado; a saber:
a). El INEGI confunde la labor que tiene constitucionalmente encomendada con la del INAI. Cuando el INEGI adquiere la calidad de órgano autónomo –reforma de abril de dos mil seis– el organismo garante federal en materia de derecho de acceso a la información IFAI no era un órgano constitucional autónomo, sino que era dependiente de la administración pública federal, por lo que se entiende que no pudiera conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de autoridades ajenas a la misma, como el INEGI.
b). En la reforma de septiembre de dos mil catorce, el INAI adquirió autonomía constitucional, por lo que si en abril de dos mil ocho, fecha en la que se emitió la LSNIEG, aún no sucedía la reforma constitucional aludida y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (ahora abrogada) sólo preveía que el IFAI pudiera conocer del recurso de revisión en contra de respuestas emitidas por dependencias y entidades, es entendible que el legislador, en la LSNIEG haya previsto la posibilidad de impugnar las resoluciones del INEGI a través de un recurso de revisión. De la misma forma, resulta claro que dentro de este recurso fuera posible impugnar las resoluciones relativas al acceso a la información, dado que la Ley Federal de Transparencia sólo establecía la posibilidad de que el INAI conociera respecto de las negativas de la administración pública federal.
c). Similar situación sucedió con lo previsto en el artículo 47 de la LSNIEG que dispone que la información que regula no quedaba sujeta a la Ley Federal de Transparencia (ahora abrogada); sin embargo, la información correspondiente a la gestión administrativa sí se sujetaba a tal norma, lo que es comprensible porque el IFAI no era un órgano autónomo ni tenía competencia para conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra de otras autoridades diferentes a las entidades y dependencias de la administración pública federal.
d). El artículo 26, apartado B constitucional, no determina que el órgano autónomo encargado de normar y coordinar el sistema nacional de información estadística y geográfica, sería garante del derecho a la información por cuanto a la información estadística y geográfica. En cambio, se refiere a las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. Esto es, faculta al INEGI a elegir cómo allegarse de información (captación), cómo ordenarla (procesamiento) y cómo y qué información hacer llegar a la población en general (publicación); es decir, la publicación en tanto obligación generalizada de difusión, no como máxima autoridad encargada de garantizar el derecho a la información.
e). Por lo anterior, el acuerdo impugnado en esta vía, al admitir el recurso de revisión en contra del INEGI, no viola el artículo 26, apartado B, constitucional, pues si bien el instituto cuenta con autonomía para lograr sus fines, ello no significa que al ser autónomo sea autoridad soberana respecto de los restantes entes de gobierno ni que otras leyes, con fundamento constitucional, que no sea de su materia, no lo puedan obligar. Así, si entre sus fines no se encuentra ser garante del derecho de acceso a la información, no se invade su esfera de competencias ni se viola su autonomía.
f). No se vulnera el artículo 6o., fracción VIII, párrafo cuarto, constitucional, porque establece la competencia al INAI en materia de acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, incluyendo a los órganos autónomos, siendo la única excepción la establecida para aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
g). No se viola el artículo 6o., fracción IV, constitucional, que ordena se establezcan mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales, lo que de ello no se sigue que el INEGI sea considerado como tal, ya que deben ser especializados e imparciales en materia de derecho de acceso a la información. El INEGI no puede ser imparcial al resolver un recurso de revisión porque el mismo fue quien brindó la información recurrida.
h). La referencia que hace el artículo 6o., fracción VIII, constitucional en el sentido de que el organismo garante se coordine con el INEGI, no implica que coordinará sus acciones para efectos de proveer respecto del derecho de acceso a la información, pues el mismo artículo prevé que la coordinación tiene el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. Esto para transparentar la gestión de los órganos del Estado y no como garantes del derecho referido.
i). Luego de señalar las competencias constitucionales del INAI y del INEGI, concluye que el acto impugnado no invade las facultades de este último. Se impugna la admisión y tramitación de un procedimiento seguido en forma de juicio donde el INAI revisará si la parte actora, en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante la LGTAIP) debe entregar información pública. El INAI es competente para resolver cualquier recurso de revisión que se interponga contra resoluciones de los sujetos obligados en materia de derecho de acceso a la información, de acuerdo con el artículo 6o. constitucional.
j). Si la Constitución no distinguió entre la protección que corresponde a la información en general, y la información estadística y geográfica en particular, no es dable ni armónico hacerlo con el artículo 1o. constitucional.
10. SÉPTIMO.—Alegatos del INEGI. El director de Asuntos Contenciosos del INEGI expuso diversos alegatos relacionados con el escrito de contestación de demanda vertido por el INAI, los cuales consistieron en que:
a). El INAI invadió la autonomía al haber admitido el recurso de revisión en cuestión y que por ello son inatendibles las casuales de improcedencia que hace valer.
b). Respecto de las causales que hace valer la autoridad demandada sólo hace afirmaciones relativas a que en la demanda de la controversia se controvierte el fondo del asunto; sin embargo, omite precisar y demostrar el porqué de sus afirmaciones, lo que denota la inoperancia de su dicho.
c). La controversia suscitada por el INEGI en contra del INAI no se está empleando como un medio de atacar sus resoluciones, sino como un medio para que en estas resoluciones y en las subsecuentes, no se invada la autonomía del INEGI.
d). Es incorrecto el argumento de que como el INAI conoce de recursos de revisión en materia de Transparencia y Acceso a la Información, debe conocer de los recursos de revisión en materia de información estadística y geográfíca, pues el dicho del INAI es la regla general y lo previsto en el artículo 47 de la LSNIEG es la excepción a esa regla general, por lo que cuando se trata de recursos de revisión interpuestos en contra de resoluciones en materia de información estadística y geográfica, el recurso debe sustanciarse conforme a lo previsto en los artículos 113 a 126 de la LSNIEG.
e). El INEGI como órgano autónomo y conforme a la primera parte del cuarto párrafo del apartado B del artículo 26 de la Constitución Federal cuenta con atribuciones únicas y exclusivas en cuanto a la captación, procesamiento y publicación de la información estadística, y respecto a ello no puede tener injerencia el INAI.
f). El INEGI es sujeto obligado, sólo respecto de su gestión administrativa mas no en cuanto a la información estadística y geográfica, ya que la captación, procesamiento y publicación de la información estadística es por disposición constitucional, facultad exclusiva del INEGI.
g). La LGTAIP y la LSNIEG tienen el mismo nivel jerárquico al regir cada una de ellas una disposición constitucional y velar por el cumplimiento de dos sistemas que no guardan relación en cuanto a su especialidad, aún cuando la primera de las mencionadas se haga hincapié a cuestiones de acceso a la información, ya que ésta no es concurrente a la LGTAIP.
h). Conforme a los principios consagrados en la reforma del artículo 26 apartado B, de la Constitución Federal y por mandato del mismo, se estableció en la LSNIEG las bases de organización y funcionamiento del SNIEG, previendo la restricción y excepción en el manejo de la información por razones de seguridad.
i). La finalidad de lo expuesto en su tercer concepto de invalidez no fue en el sentido de que se interpretara el artículo 26 constitucional, en relación con el artículo 47 de la LSNIEG, sino implicaba la interpretación de éste, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
j). Tanto la LSNIEG y la LFTAIP son claras y precisas pues cada una regula un objetivo diferente, por lo que ninguna puede estar por encima de la otra. Si la LSNIEG regula el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal y la LGTAIP el artículo 6o. constitucional, es evidente que la LSNIEG regula la captación, procesamiento y publicación de la información de estadística general emitida por el INEGI.
k). El INAI confunde el principio de protección de datos personales previsto en los artículos 6o. y 16 de la Constitución y, desconoce los efectos y alcances de los principios de confidencialidad y reserva consagrados en la LSNIEG, reglamentaria del artículo 26, apartado B, constitucional, aplicadas a la integridad de los datos e informes que los informantes del SNIEG proporcionan para fines estadísticos.
l). El INEGI cuenta con un ámbito constitucional que reconoce su especial naturaleza jurídica y técnica, por lo que si se aplican sobre la información estadística y geográfica las reglas generales en materia de confidencialidad previstas por la legislación general y federal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, como lo pretende el INAI, haría nugatorias las atribuciones y competencias conferidas al INEGI conforme a su naturaleza jurídica por la Constitución Federal.
m). En el caso concreto y como lo señaló el INAI la LSNIEG además de regular el objeto propio del INEGI, regula la parte correspondiente al acceso a la información, en la cual no puede existir interrelación con el INAI debido a que la citada ley sólo regula el artículo 26 constitucional en cuestión y no el 6o. del mismo ordenamiento legal, porque dicha interpretación debe derivar expresamente de la ley y no de suposiciones.
11. OCTAVO.—Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional.
12. NOVENO.—Incidente de suspensión. Mediante su demanda, así como del escrito de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el INEGI solicitó a este tribunal la suspensión del procedimiento del referido recurso de revisión, en atención a que estaba pendiente de resolverse la presente controversia constitucional que promovió el INEGI y que a su vez interpuso diversas demandas de controversia constitucional en contra de diversos recursos de revisión emitidos por el INAI.(9)
13. Al respecto, el ocho de julio de dos mil diecinueve dicha solicitud fue negada por una parte y otorgada en lo atinente a que el lNAI se abstuviera de ejecutar la resolución que en su caso dictara en el recurso de revisión RR 6047/19, hasta en tanto este Alto Tribunal se pronunciara en el fondo del asunto de la controversia constitucional.(10)
14. DÉCIMO.—Resolución en el recurso de revisión 6047/19. Mediante oficio INAI/DGAJ/2051/19 de once de septiembre de dos mil diecinueve, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el mismo día señalado, el director general de Asuntos Jurídicos del INAI anexó copias certificadas de la resolución emitida en el recurso de revisión RR 6047/19, dictada el cuatro del mismo mes y año, en la cual determinó la modificación en la respuesta emitida por el INAI, así como la espera en su ejecución a lo resuelto mediante este fallo.(11)
15. NOVENO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en los artículos 29, 31, 32, 34 y 36 de la ley reglamentaria de la materia, en la que se hizo relación de las constancias de autos, se admitieron las pruebas documentales ofrecidas durante la instrucción, así como la documental de actuaciones ofrecida por la demandada; se tuvieron por formulados los alegatos hechos valer por el instituto actor y se puso el expediente en estado de resolución.(12)
CONSIDERANDO:
16. PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, porque se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos: el INEGI y el INAI.
17. SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.
18. En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, el instituto actor (INEGI) señaló como acto impugnado el acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se admitió a trámite el recurso de revisión RRA 6047/2019, emitido por la secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, comisionada ponente del INAI.(13)
19. TERCERO.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29812-b1445d40/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, VINCULADOS CON ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LOS QUE CORRESPONDA CONOCER A LA SUPREMA (2a./J. 23/2022 (11a.))
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES Y SU REG (2a./J. 2/2024 (11a.))
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SALVO Q (P./J. 5/2012 (10a.))
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