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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O, AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMACIÓN ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO (RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 6162/19). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO U ORGANISMO, INCLUIDOS LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS (VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 6162/19). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DERIVADAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMACIÓN (VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 6162/19).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 300/2019. · Registro digital (IUS): 30864
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-08-26
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, Pág.2918.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 300/2019. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 13 DE ENERO DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y LOS MINISTROS: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: DANIELA CARRASCO BERGE.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión virtual correspondiente al día trece de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se emite la siguiente:

SENTENCIA

Por la que se resuelve la controversia constitucional 300/2019 promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez de la resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, por la que éste resolvió el recurso de revisión RRA. 6162/19, interpuesto en contra de una respuesta dada a una solicitud de información en materia estadística y geográfica generada, procesada y publicada por aquél.

I. ANTECEDENTES

1. Requerimiento de información a la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, la unidad de transparencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, en adelante), a través de la plataforma nacional de transparencia, recibió un requerimiento de información estadística y geográfica; el cual se identificó en la citada plataforma como solicitud de acceso a la información número 4010000041719. En dicha solicitud se requirió:

"Históricamente y actualmente (desde la creación del gobierno mexicano hasta hoy 2019), a nivel país, aquí en México, cuantas personas se tienen registradas que actualmente vivan (número) que tengan la característica de ser descendientes de gobernadores prehispánicos, es decir, que se tenga la certeza de que descienden históricamente de algún gobernador prehispánico, sin importar la línea sanguínea (pueden ser descendientes de los familiares del gobernador, ya sea desde tíos, abuelos, primos, etc). De ser el caso afirmativo, enliste únicamente todos aquellos apellidos de los cuales tienen registro y constancia de aquellas personas que actualmente vivan y tengan un apellido de descendencia de gobernadores prehispánicos, desde el año 1950 al 2019 de todas aquellas personas que encuadran en lo anterior requerido, que tipo de reconocimiento o demás que se les otorgue por parte del Gobierno Federal, señale en que ordenamiento está contemplado dichos reconocimientos o demás que se les otorguen para tal efecto. En caso de que un ciudadano considere que su apellido desciende históricamente de algún gobernador prehispánico, señale ante que autoridad puede acudir en caso de que el Gobierno Federal tenga un procedimiento para este tipo de ciudadanos. Nota: Al referirme ‘gobernador prehispánico’, me refiero a todos y cada uno de los que se tenga registro a nivel país y en particular de aquellos gobernadores que se asentaron en lo que hoy conocemos como Ciudad de México y alrededores. (sic)."

2. El instituto actor determinó que era incompetente para brindar la información solicitada, y sugirió al solicitante acudir a las Unidades de Enlace del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como sujetos obligados en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP, en adelante) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP, en adelante), ambas en su artículo 1.

3. Recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Inconforme con esa respuesta, la solicitante promovió recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, en adelante), el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, quien lo radicó y admitió con el número RRA. 6162/19 por auto de tres de junio del mismo año, bajo la ponencia de la comisionada Josefina Román Vergara. Dicho recurso, fue resuelto el diez de julio de dos mil diecinueve, en el sentido de confirmar la respuesta dada por el INEGI al solicitante.

4. Escrito de demanda. El cinco de septiembre de dos mil diecinueve el INEGI promovió la presente controversia constitucional, a través de su coordinador general de Asuntos Jurídicos, Jorge Ventura Nevares, en contra de la resolución dictada el diez de julio de dos mil diecinueve por el INAI en el recurso de revisión RRA. 6162/19. En su escrito de demanda formuló dos conceptos de invalidez:

5. En el primer concepto de invalidez, sostiene que la resolución impugnada viola el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, toda vez que el INAI asumió competencia para conocer y resolver de un recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta brindada por el INEGI ante una solicitud de información estadística.

6. En la resolución de mérito, el INAI transgredió la autonomía técnica y de gestión del INEGI, que implica la facultad para decidir y regular la captación, procesamiento y publicación de la información del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG, en adelante), así como la responsabilidad para normar y coordinar el mismo.

7. De lo anterior, deriva que es el INEGI quien conoce en exclusiva de los recursos de revisión relacionados con el acceso a la información generada por el SNIEG conforme al artículo 113 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG, en adelante), por lo que el INAI invadió dicha autonomía al emitir la resolución del recurso de revisión impugnada.

8. Asimismo, sostiene que existe una vulneración a la división de poderes establecida en el artículo 49 de la Constitución Federal, dado que hay una interferencia preponderante y decisiva de un órgano constitucionalmente autónomo sobre otro, siendo que deben funcionar a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias.

9. En este sentido, la autonomía que goza el INEGI representa una independencia en sus funciones en un grado extremo, con el propósito de evitar cualquier injerencia que pueda mermar el adecuado funcionamiento del SNIEG.

10. Siendo así, el INEGI se debe regular por el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal y la LSNIEG, y no puede estar sujeto en área de especialización técnica a otro marco normativo, como sería el de la materia de transparencia.

11. De concederse que el INAI puede revisar los actos del INEGI, se estaría homologando éste a un órgano dependiente, nulificando sus atribuciones constitucionales. Si bien la información en materia de transparencia es competencia del INAI, e inclusive el INEGI es un sujeto obligado, lo cierto es que la información estadística y geográfica se exceptúa de lo anterior, en razón de que reúne características sustancialmente distintas.

12. Adicionalmente, sostiene que durante la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce en materia de transparencia, el Poder Constituyente clarificó que el INEGI permanecía con una materia de especialización que debe desempeñar de manera exclusiva e independiente de cualquier otro órgano del Estado, sujetándose solamente a un régimen de coordinación con el INAI.

13. Por tanto, la resolución de recurso de revisión RRA. 6162/19 impugnada vulnera el ámbito competencial del INEGI y debe declararse su invalidez.

14. En el segundo concepto de invalidez, sostiene que el INAI, al declararse competente para resolver el recurso de revisión RRA 6162/19, transgredió el artículo 26, apartado B, párrafos primero, segundo y cuarto, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 47 de la LSNIEG, dado que el INEGI goza de competencia exclusiva en materia de información estadística y geográfica.

15. Para lo anterior, señala que la fracción IV del artículo 6o. de la Constitución General prevé que se deben establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la misma. Esto implica que no solamente existe un órgano especializado, sino varios, entre los que se encuentra el INEGI.

16. Destaca el artículo 102 de la LSNIEG, que contempla la posibilidad de que el INEGI no brinde la información solicitada, por lo que si tiene la facultad exclusiva de determinar qué información se puede transparentar, aplicando los criterios de confidencialidad, clasificación, reserva o restricción, es inconcuso que le corresponde, de igual forma, conocer de los recursos de revisión que se promuevan en contra de dichas respuestas.

17. Asimismo, el artículo 47 de la LSNIEG prevé que la información, exceptuando la relativa a la gestión administrativa, derivada del SNIEG no se sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino que se deberá conocer y conservar conforme a aquella.

18. Si bien la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue abrogada, no se puede considerar que la LGTAIP y la LFTAIP hayan dejado sin efectos el artículo supra referido, pues, atendiendo al principio "donde existe la misma razón de la ley, debe existir la misma disposición" y al artículo octavo transitorio de la LFTAIP, las referencias a la legislación anterior deben entenderse a la actual.

19. Además, la ley federal abrogada, al igual que la vigente, no establecen competencia en materia de transparencia y acceso a la información respecto de solicitudes estadísticas y geográficas, por lo mismo, no es viable considerar el principio de temporalidad de las leyes, al estar ante dos de tipo reglamentario, de la misma jerarquía, pero reguladoras de sistemas distintos.

20. Por tanto, el INAI se extralimitó en sus facultades, pues si bien debe garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, lo cierto es que constitucionalmente no se le otorgan atribuciones sobre otros órganos autónomos respecto a la materia de especialización, pues, como se observa, el INEGI goza de dicha exclusividad respecto de la información estadística y geográfica, la cual se rige por los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

21. Ahora bien, la difusión de información estadística y geográfica se regula por los artículos 37, 38, 46 y 47 de la LSNIEG, incluyendo los aspectos de reserva y confidencialidad, por lo que el INAI no puede tener competencia concurrente en la materia de protección de datos personales, y, en consecuencia, para pronunciarse respecto de solicitudes que tengan relación con datos personales captados con motivo de información estadística y geográfica.

22. Lo anterior, pues la protección de datos personales, prevista en los artículos 6o. y 16 de la Constitución Federal, difiere del sistema previsto por la LSNIEG, entonces el INAI cuenta con la atribución para resolver sobre datos personales captados por el INEGI, siempre y cuando éste tenga el carácter de sujeto obligado o sea información relativa a la gestión administrativa del mismo.

23. Sin embargo, el INEGI cuenta con la facultad exclusiva para captar, procesar y difundir la información estadística y geográfica, lo que abarca la integridad de los datos que proporcionen los informantes del SNIEG, sin que otra autoridad deba intervenir. Por tanto, solicita se declare la invalidez de la resolución dictada por el INAI en el recurso de revisión RRA. 6162/19.

24. Los artículos constitucionales que el promovente señala que fueron violados son 6o., 14, 16 y 26, apartado B, párrafos primero, segundo y cuarto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. TRÁMITE

25. Radicación y trámite. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecinueve.

26. El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 300/2019 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.

27. El Ministro instructor admitió a trámite la demanda y requirió al INAI para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindiera su contestación a la demanda.

28. Contestación del INAI. El INAI plantea cinco argumentos para sostener la validez de la resolución que emitió en el recurso de revisión RR. 6162/19.

29. En el primer argumento plantea que, desde la creación del INEGI como órgano constitucionalmente autónomo, se le encomendó la responsabilidad de normar y coordinar el SNIEG, otorgándole las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que genere y proveer su observancia. Ahora bien, indica que es cierto que el antecesor del INAI no tenía competencia para conocer de los recursos contra autoridades ajenas al mismo, como el INEGI, sin embargo, tras la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, dicho esquema se transformó.

30. Así, conforme al artículo 6o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, después de 2014, el INAI tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales, respecto de todas las autoridades, entidades, órganos y organismos que formen parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que recibe y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. Siendo la única excepción, la relativa a los asuntos jurisdiccionales competencia de la Suprema Corte.

31. Aduce que los mecanismos de acceso a la información y los procedimientos de revisión expeditos en la materia deben sustanciarse ante los órganos autónomos, especializados e imparciales, previstos en el artículo 6o. constitucional, es decir, los órganos en materia de transparencia a nivel local y federal, no el INEGI.

32. Asimismo, sostiene que el mandato de coordinación constitucional entre el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, la entidad especializada en materia de archivos y el INEGI, es únicamente con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, y no para coordinar sus acciones como especialistas todos del derecho de acceso a la información. De ahí que, la resolución del recurso de revisión no invade las facultades del INEGI en materia de información estadística y geográfica y no le causa afectación alguna en su autonomía.

33. Como segundo argumento, el INAI sostiene que la resolución impugnada es válida, pues fue emitida en apego a la LGTAIP y la LFTAIP. Al respecto, señala que este Alto Tribunal ha determinado que los órganos constitucionales autónomos tienen características y facultades específicas; que surgen bajo una idea de equilibrio constitucional; que se establecen por disposición constitucional, dotándolos de independencia para alcanzar sus fines; que este tipo de organismo no destruye ni altera la teoría tradicional de división de poderes; que se debe garantizar su independencia y funcionalidad; y que están dotados de una naturaleza específica y un carácter técnico.

34. En este sentido, por un lado, el INEGI, es el encargado de normar y coordinar el SNIEG, con facultades para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que genere, conforme a los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia; y por otro lado, la competencia del INAI, prevista en el artículo 6o. constitucional, es para garantizar el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, autorizándosele para conocer, entre otras cuestiones, de los asuntos relacionados con las solicitudes de acceso a la información de cualquier autoridad.

35. Bajo esta línea, indica que una de las principales facultades del INAI es la resolución de los recursos de revisión que las personas interpongan cuando una autoridad –sujeto obligado– limite o menoscabe de alguna forma el acceso a la información pública, conforme al artículo 6o., apartado A, fracciones IV y VIII, de la Constitución Federal.

36. Además, argumenta que los artículos 26 de la Constitución Federal y 47 de la LSNIEG, deben interpretarse en congruencia con el marco constitucional en materia de transparencia implementado en 2014, donde claramente se buscó que fuera el INAI el órgano competente para conocer todo lo relativo a la información púbica, así como el establecimiento de los principios y bases en la materia. Sin que se pueda concluir que existe previsión alguna que señala la incompetencia del INAI para resolver un recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada en una solicitud de acceso a la información por parte de un sujeto obligado, ni se pueda desprender que cierto tipo de información deba tener un tratamiento especial ajeno a la transparencia.

37. El INAI aduce que su competencia es evidente conforme a los artículos 142 y 143 de la LGTAIP, así como los diversos 147 y 148 de la LFTAIP, por lo que resulta válida la admisión y resolución del recurso de revisión impugnado, y el hecho de que la misma sea vinculante para el INEGI, sin que esto implique invasión competencial alguna respecto de la materia de información estadística y geográfica que le corresponde.

38. Respecto del artículo 47 de la LSNIEG, indica que los supuestos jurídicos que prevé quedaron derogados tácitamente con la reforma constitucional en materia de transparencia y la posterior emisión de la LGTAIP; y que, en todo caso, el mismo debe ser interpretado de forma coherente con el sistema, lo cual implica privilegiar la complementación de las normas especiales sobre las generales, de tal forma que conforme a la propia teleología de las normas, se aplique en primer lugar la LGTAIP como ley especial del derecho de acceso a la información pública y su respectivo recurso de revisión, pues debe ser el parámetro interpretativo para el artículo 47 de la LSNIEG.

39. Por tanto, concluye que, al resolver el recurso de revisión impugnado, actuó de conformidad con los artículos 6o. de la Constitución Federal y 1, 2, 3, 142 y 143 de la LGTAIP, resultando evidente que no existe ningún tipo de información pública que quede fuera de su competencia, salvo los asuntos de competencia de la Suprema Corte, y debiendo reconocerse la validez del acto.

40. En su tercer argumento, el INAI propone que debe diferenciarse la materia regulada por el artículo 26, apartado B, y los artículos 6o. y 16, todos de la Constitución Federal; pues mientras el primero versa medularmente sobre información estadística y geográfica, los segundos tratan del acceso a la información pública y la protección de datos personales.

41. Ahora, si bien existe el SNIEG, no podría desprenderse que este se sustraiga de la observancia y aplicación del parámetro constitucional en materia de transparencia, pues con la reforma constitucional de 2014, el Poder Reformador estableció principios y bases generales, especialmente: el carácter público de la información en posesión de autoridades, el principio de máxima publicidad y el principio de reserva.

42. Además, se modificó el parámetro competencial para que se emitiera una ley general en la materia. La teleología de dichas modificaciones legales y constitucionales buscó contar con una instancia que garantice el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información con una visión nacional e integradora.

43. Por tanto, no sería posible sostener que el artículo 26 de la Constitución Federal conceda una facultad exclusiva al INEGI en el conocimiento del acceso a la información pública cuando se relacione con información estadística y geográfica, pues tal potestad asiste al INAI, respecto de todos los sujetos obligados. 44. En su cuarto argumento, el INAI arguye que los artículos 26 de la Constitución Federal y 47 de la LSNIEG, deben interpretarse de forma integral y sistemática con el resto de la Constitución, la LGTAIP y la LFTAIP. Resalta que el ámbito de validez y el objeto de regulación de cada una de las legislaciones es diferente, pues mientras la LSNIEG se limita a información estadística y geográfica, la LGTAIP versa sobre la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

45. Por lo que, de una lectura integral, advierte que el INEGI no cuenta con competencia única para conocer de información pública estadística y geográfica, pues el objeto materia de la LSNIEG no es exclusivo, sino que existe otra, como es la LGTAIP que también tiene como objeto el acceso a la información pública, pero de todo tipo.

46. Finalmente, en su quinto argumento, el INAI señala que la interpretación del INEGI respecto del artículo 47 de la LSNIEG es incorrecta, pues presupone que la información estadística y geográfica debe diferenciarse de la información sobre la gestión administrativa.

47. Sin embargo, el INAI considera que tal artículo puede tener dos interpretaciones: la primera, sosteniendo que el tercer párrafo refiere a la información sobre la gestión administrativa del INEGI y que tales solicitudes de información se sujetan a la LGTAIP, dado que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue abrogada, además entendiendo que los párrafos primero y segundo se refieren a la "información" como los datos que proporcionan los informantes al SNIEG, es decir, datos personales. Más, la eventual información estadística y geográfica que derive sí debe ser considerada como información pública, pues lo que ordena esta norma solamente es la protección de la confidencialidad de los datos de los informantes y no la exclusión de toda la información estadística y geográfica.

48. Por otra parte, la segunda interpretación posible que da el INAI, sostiene que este precepto es inconsistente con el resto del sistema al no haber sido armonizado con posterioridad a la reforma constitucional en materia de transparencia.

49. En todo caso, plantea que el recurso de revisión competencia del INEGI previsto en la LSNIEG, no se encuentra armonizado con la reforma constitucional en materia de transparencia y no sería idóneo puesto que: no prevé un plazo claro para su resolución, no cuenta con etapas procesales diferenciadas, al resolverlo el mismo órgano se rompe con la objetividad, imparcialidad e independencia, no cuenta con un lazo claro y expedito para su resolución, tiene mayores requisitos que los previstos en el recurso de revisión de la LGTAIP, y no prevé la suplencia de la queja a favor del recurrente.

50. Por tanto, es inconcuso que el recurso de revisión que debe proceder respecto de cualquier solicitud de acceso a la información es el previsto en el artículo 6o. de la Constitución Federal, y, en consecuencia, debe reconocerse la validez de la resolución emitida en el recurso de revisión RR. 6162/19.

51. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general no formuló opinión en el presente asunto.

52. Alegatos. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el INEGI formuló alegatos.

53. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró el ocho de octubre de dos mil veinte la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

54. Radicación en Primera Sala. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se determinó radicar la presente controversia constitucional en la Primera Sala de este Alto Tribunal, en atención a que únicamente se impugna la constitucionalidad de la resolución emitida por el INAI en el recurso de revisión RRA. 6162/19.

III. COMPETENCIA

55. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 1 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto;(2) en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece,(3) ya que se plantea un conflicto, respecto de la constitucionalidad de un acto, entre dos órganos constitucionales autónomos: el INEGI y el INAI.

IV. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

56. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(4) se precisa que el acto impugnado es la resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual se resuelve el recurso de revisión RRA. 6162/19, dictada por la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara.

V. OPORTUNIDAD

57. Se analizará la oportunidad de la demanda respecto del acto impugnado, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia que establece que tratándose de actos, el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días: a) a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acuerdo impugnado; b) a partir de que se haya tenido conocimiento de ello o de su ejecución; o, c) a partir de que el actor se ostente sabedor de los mismos.(5)

58. En el caso, la resolución impugnada se notificó el cinco de agosto de dos mil diecinueve; por lo que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del seis de agosto,(6) al diecisiete de septiembre, de la misma anualidad.(7) Luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, es evidente que fue oportuna.

VI. LEGITIMACIÓN ACTIVA

59. En términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal, el INEGI tiene legitimación para promover este medio de control constitucional.

60. Suscribe la demanda, Jorge Ventura Nevares, ostentándose como coordinador general de Asuntos Jurídicos del INEGI, lo que acredita con copia certificada de la constancia de nombramiento, emitida por el director general del instituto actor. En términos del artículo 46, fracción VI, del Reglamento Interior del INEGI, dicho funcionario cuenta con la representación legal del mismo.(8)

61. Conforme al artículo 11 de la ley reglamentaria,(9) la representación debe estar establecida en las normas que rigen a los órganos legitimados, lo cual se acredita en este caso y, por consiguiente, se le reconoce la representación al coordinador general de Asuntos Jurídicos indicado.

VII. LEGITIMACIÓN PASIVA

62. En términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal, el INAI, como órgano garante establecido por el artículo 6o. constitucional en materia de transparencia, cuenta con legitimación pasiva en la presente controversia.

63. En su representación comparece Miguel Novoa Gómez, con el carácter de director general de Asuntos Jurídicos del INAI, a quien le corresponde rendir los escritos de demanda o contestación en las controversias constitucionales,(10) acreditando su personalidad con copia certificada del acuerdo emitido por el Pleno del INAI con fecha de trece de febrero de dos mil diecinueve.

64. Conforme a lo anterior, el citado director general cuenta con la representación del INAI para comparecer al presente juicio.

VIII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

65. En el escrito de contestación, el INAI plantea como causal de improcedencia, la inimpugnabilidad de las resoluciones que emite en un recurso de revisión en materia de transparencia, conforme al artículo 6o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal.(11)

66. El INAI sostiene que la controversia no es la vía idónea para controvertir una resolución definitiva que tiene un carácter materialmente jurisdiccional, acto que no puede cuestionarse en este medio de control, conforme a la fracción VIII del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 20, de la ley reglamentaria en la materia.(12) Esta Primera Sala considera que dicho argumento es infundado.

67. El artículo 6o., apartado A, de la Constitución Federal prevé que las resoluciones emitidas por el INAI son vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, salvo la excepción en materia de seguridad nacional prevista para el consejero jurídico del Gobierno Federal.(13)

68. Sin embargo, esta Primera Sala considera que no resulta aplicable dicha disposición al caso presente, dado que, partiendo de una interpretación sistemática de la Constitución Federal, también debe atenderse al contenido del artículo 105, fracción I, que prevé los supuestos de legitimación para promover controversias constitucionales.(14)

69. Debe recordarse que la controversia constitucional no es un medio de control que tenga por objeto revisar el contenido sustantivo del acto, en este caso: el fondo de la resolución sobre si fue o no correcta la respuesta dada al solicitante de información. Por el contrario, únicamente analiza la competencia que tenía esa autoridad para emitirlo, sin prejuzgar sobre el criterio que se haya plasmado para resolver el asunto en sus méritos.

70. Si bien las resoluciones emitidas por el INAI son definitivas para los sujetos obligados, con la excepción prevista por el mismo precepto, también se exceptuará cuando el fundamento competencial de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30864-2387968b/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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