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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO, AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN, O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS O DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDERE VULNERAN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS (RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN RRA 1048/18 Y RRA 1676/18). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO (RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN RRA 1048/18 Y RRA 1676/18). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) CONOCER DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO U ORGANISMO, INCLUIDOS LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS (VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN RRA 1048/18 Y RRA 1676/18). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DERIVADAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) (VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN RRA 1048/18 Y RRA 1676/18). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA SU CLASIFICACIÓN DEBE SER ACORDE EN LOS TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LAS PREVISTAS EN TRATADOS INTERNACIONALES (VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN RRA 1048/18 Y RRA 1676/18).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2018. · Registro digital (IUS): 29863
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-06-18
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo III, Pág. 3236.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2018. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 10 DE MARZO DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de marzo de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 117/2018, la cual fue promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en contra de dos resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

I. Antecedentes y trámite del asunto

1. Interposición de la demanda. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, Jorge Ventura Nevares, en representación del órgano y en su carácter de coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante "INEGI" o "instituto actor"), promovió una demanda de controversia constitucional en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante "INAI" o "instituto demandado"). En ésta se señaló como actos reclamados las resoluciones de los recursos de revisión identificados como RRA 1048/18 y RRA 1676/18 y se argumentó, en síntesis, que tales resoluciones invadían su esfera de competencias y resultaban contrarias a la Constitución. A su parecer, a través de ellas el INAI se declaró competente para conocer de medios de impugnación en contra de requerimientos de información relacionada con el Sistema Nacional de Estadística y Geografía, cuando en realidad el único facultado para pronunciarse sobre tal información es el propio INEGI.

2. Antecedentes. Sobre este aspecto, se relataron los siguientes antecedentes:

En relación con el RRA 1048/18

a) Solicitud. El diecinueve de enero de dos mil dieciocho se presentó una solicitud de acceso a la información ante el INEGI, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los siguientes términos:

"Referente a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID), solicito información segmentada por entidad federativa, que se utilizó para la integración de los tabuladores básicos de la siguiente pregunta: IV. Solicitud de información 4.1 Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más por región, según realización de una solicitud formal excel, presentada en formato similar a los tabuladores de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que aparecen publicados en el sitio. ... Es decir, con el siguiente desglose: entidad federativa, población encuestada (absoluta y relativa), realización de una solicitud formal de información (si y no), tasa de variación. Dicha pregunta se publica en la página del INEGI, únicamente por región, pero se solicita segmentada por entidad federativa. Gracias. ..."

b) Respuesta. Un mes después, la Unidad de Transparencia del INEGI respondió que la información solicitada no se regulaba conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Al ser información estadística y geográfica (y no información de gestión administrativa del INEGI), su marco regulatorio correspondía a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en particular, con fundamento en su artículo 47). En ese entendido, se informó que el requerimiento de información sería atendido a través del Servicio Público de Información Estadística y Geográfica; contestando entonces que, respecto a la información solicitada, se contaba con ciertos datos que podían ser de su interés (los cuales podían ser consultados en cierto documento ya publicado) y que se le ofrecía realizar un servicio de procesamiento de la información estadística con costo.

c) Recurso de revisión. En desacuerdo con esta respuesta, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho se interpuso un recurso de revisión ante el INAI mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Este medio de impugnación se registró con el número RRA 1048/18 y se admitió el veintiséis de febrero siguiente.

d) Tras el trámite correspondiente, el dieciséis de mayo siguiente se dictó resolución definitiva en la que el INAI se declaró legalmente competente para conocer el caso y modificó la respuesta otorgada; instruyendo al sujeto obligado a que proporcionara los documentos en formato excel que den cuenta de los tabuladores solicitados, desglosados a nivel de entidad federativa.

e) Para ello, en cuanto a la competencia para conocer del recurso, el INAI sostuvo que no se actualizaba ninguna causal de improcedencia. Aclaró que no era la primera vez que se pronunciaba sobre un asunto de esta índole, pues en los recursos de revisión RRA 0717/17, RRA 0635/17, RRA 1212/17, RRA 5267/17, RRA 5462/17 y RRA 6677/17, había decidido sobreseerlos por incompetencia, al relacionarse la solicitud de información con información estadística y geográfica. Sin embargo, se afirmó que debía suspenderse tal interpretación a partir de una nueva reflexión.

f) Desde su punto de vista, no podía pasarse por alto que, en la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía, en su artículo 47, se establece que la información estadística y geográfica de interés nacional no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Empero, tampoco podía pasarse por alto que dicha ley federal ya fue abrogada con motivo de la expedición de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

g) En ese sentido, con motivo del contenido del artículo 6o. constitucional (que se reformó sustancialmente el siete de febrero de dos mil catorce, posterior a la emisión de la Ley del Sistema de Estadística y Geografía) y a partir de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (emitidas también con posterioridad a la citada Ley del INEGI), quedaba claro que toda información en posesión de los sujetos obligados era pública y que el INAI era el órgano competente para resolver los recursos de revisión planteados en contra de respuestas a solicitudes de información, incluyendo la de todos los órganos autónomos (como el INEGI).

h) Sin que se pudiera hacer una excepción por lo que hace a la información estadística o geográfica, ya que ello sería incompatible con el artículo 6o. constitucional y con la citada legislación general. Resaltándose que, previo a la reforma constitucional de dos mil catorce y a la ley general, el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sólo se ocupaba de resolver los recursos de revisión derivado de solicitudes de la administración pública federal; por lo que tenía sentido lo previsto en el artículo 47 de la Ley del Sistema de Estadística y Geografía. Sin embargo, tal situación cambió por completo con motivo de las facultades asignadas expresamente por el Texto Constitucional al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En relación con el RRA 1676/18

a) Solicitud. El quince de febrero de dos mil dieciocho, se presentó una solicitud de acceso a la información ante el INEGI, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los siguientes términos:

Modalidad preferente de entrega de información: Entrega por Internet en la PNT.

Descripción clara de la solicitud de información: "Deseo que se me entregue una base de datos que abarque los años 2015, 2016 y 2017 con la información del catálogo de inmuebles escolares diagnóstico en el que se muestre la pregunta 1 de marque con una x los niveles educativos que se imparten en el inmueble, y la sección dos de locales de la construcción y estado físico de todas las escuelas que se encuentren registradas en el Estado de Puebla y Querétaro." (sic)

Otros datos para facilitar su localización: "la información está en el catálogo de inmuebles escolares diagnóstico formato 911." (sic)

b) Respuesta. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del INEGI respondió que la información solicitada no se regulaba conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Al ser información estadística y geográfica (y no información de gestión administrativa del INEGI), su marco regulatorio correspondía a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en particular, con fundamento en su artículo 47). En ese entendido, se informó que el requerimiento de información sería atendido a través del Servicio Público de Información Estadística y Geográfica; contestando entonces que respecto a la información solicitada se contaba con ciertos datos que podían ser de su interés (los cuales podían ser consultados en cierto documento ya publicado, dándosele instrucciones detalladas para ello).

c) Recurso de revisión. En desacuerdo con esta respuesta, el quince de marzo de dos mil dieciocho se interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Este medio de impugnación se registró con el número RRA 1676/18 y se admitió el veintidós de marzo siguiente.

d) Tras el trámite correspondiente, el veintitrés de mayo siguiente se dictó resolución definitiva en la que el INAI se declaró legalmente competente para conocer el caso y revocó la respuesta otorgada; instruyendo al sujeto obligado a que entregara la información solicitada en la forma en que fue requerida. Para ello, en cuanto a la competencia para conocer del asunto, se reiteraron las consideraciones expuestas en párrafos previos.

3. Conceptos de invalidez. El instituto actor planteó cinco apartados de conceptos de invalidez en contra de las resoluciones recién descritas; en síntesis, se pueden apreciar los siguientes razonamientos:

a) Primero. Las resoluciones de los recursos de revisión dictados por el INAI resultarán violatorias del artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, al vulnerar el ámbito competencial del INEGI. En suma, mediante las resoluciones se determinó asumir la competencia para conocer y resolver recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas brindadas por el INEGI a requerimientos de información estadística captada, procesada y publicada en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, con fundamento en el citado precepto constitucional, es al INEGI a quien le corresponde normar y coordinar el Sistema Nacional de Estadística y Geografía, con atribuciones para regular la captación, procesamiento y publicación de la información de esa índole; lo cual incluye la resolución de los medios de defensa que versen sobre respuestas a solicitudes de información estadística y geográfica.

b) A saber, el artículo 26, apartado B, de la Constitución establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en donde la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un órgano especializado y autónomo que es el INEGI; al cual se le asignan las facultades desde la Constitución y en la ley correspondiente para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer sobre su observancia.

c) En ese sentido, la autonomía técnica y de gestión del INEGI, relacionada con la responsabilidad de normar y coordinar el Sistema Nacional de Estadística y regular la captación, procesamiento y publicación de la información, implica que el instituto actor cuenta con las atribuciones exclusivas de decidir qué, cómo y cuándo se capta la información estadística y geográfica para dicho Sistema Nacional; decidir la metodología para el procesamiento de la información y determinar acerca de los alcances, oportunidad, forma y términos en que se publica la información geográfica.

d) Cuestión que tiene como consecuencia que, dado que las resoluciones de los recursos de revisión (como los combatidos) son susceptibles de culminar en una determinación que revoque o modifique la respuesta a una solicitud de información del Sistema Nacional de Estadística, es al INEGI a quien le corresponde dictar la resolución correspondiente. De lo contrario, se desconocería la facultad constitucional exclusiva del órgano técnico especializado para acreditar sobre la captación, procesamiento y publicación de la información.

e) Para el actor hay una diferencia sustantiva entre la información estadística y geográfica, y cualquier otra información. Si bien ambas, en principio, deben ser públicas, sus diferencias llevaron al legislador a regular de manera especial la información estadística y geográfica del Sistema Nacional de Información Estadística. Así, el INAI no puede revisar las respuestas brindadas respecto a información del Sistema Nacional de Estadística, pues ello va más allá del acceso a la información pública; por lo que con la emisión de las resoluciones controvertidas se extralimitó de la facultad que al efecto le brinda el artículo 6o. de la Constitución Federal.

f) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes contenido en el artículo 49 de la Constitución Federal, concluyendo que, con el fin de garantizar los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias (evitando el abuso en el ejercicio del poder público) se han establecido nuevos mecanismos para controlar el poder con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; creando para tales efectos los órganos autónomos constitucionales, a quienes, a través de la Constitución Federal, se les otorgaron las facultades necesarias y especiales para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas.

g) La función de los órganos constitucionales autónomos, los cuales cuentan con garantías institucionales, constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales; de tal suerte que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en sus atribuciones, ya que de lo contrario se violentaría el principio de división de poderes consagrado en el aludido precepto constitucional. De ahí que el INAI transgredió la autonomía de ese órgano constitucional, al asumir competencia para conocer y resolver los recursos de revisión con una legislación distinta a la exclusiva, aplicable y reglamentaria del aludido precepto constitucional, que brinda la existencia originaria al instituto actor; lo anterior respecto a respuestas a requerimientos de información estadística y geográfica y de los cuales es única y exclusiva competencia constitucional de ese instituto técnico especializado.

h) El hecho de que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (por sus siglas "LGTAIPG") sea posterior a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (reglamentaria del artículo 26, apartado B, constitucional), de ningún modo le confiere al INAI las atribuciones que asume en las resoluciones impugnadas. Continúa más bien aplicándose el principio de especialización en la materia que consagra el artículo 26, apartado B, de la Constitución General de la República, a favor de ese instituto actor, incluyendo la regulación de la información estadística desde su captación hasta su publicación.

i) Segundo. Los actos cuya invalidez se reclama transgreden lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se insiste que es al INEGI a quien le corresponde regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, por lo que las resoluciones del INAI ignoran la distribución competencial prevista en el Texto Constitucional y transgreden el principio de división de poderes.

j) Por otro lado, se argumenta que las materias que son competencia de ambos órganos constitucionales autónomos, a pesar de que en principio están relacionados con la información y sus funciones están vinculadas con el derecho de acceso al mismo, detentan una diferencia sustantiva. Razón por la cual el propio Poder Reformador de la Constitución creó dos órganos constitucionales autónomos, con una esfera competencial propia, por razones históricas, de especialidad técnica y en virtud de las finalidades para las cuales existe la información, atendiendo a los valores a los que la misma responde de manera principal.

k) De los procesos de reforma a la Constitución General de la República se desprende que el Poder Reformador, al conferir esa autonomía, tuvo en cuenta el derecho a la información, pero también asignó a dichos institutos un ámbito propio de atribuciones, en aras de hacer efectivo el referido derecho; sin que de la lectura de iniciativas, dictámenes y actas de los diarios de debates derivados de esos procesos se pueda inferir, como indebidamente lo hizo el INAI, que éste cuente con atribuciones para pronunciarse jurídicamente respecto de requerimientos de información estadística y geográfica, al ser ésta una atribución exclusiva de ese órgano especializado en la materia.

l) Para el INEGI en modo alguno los legisladores promoventes de iniciativas de reforma al artículo 6o. constitucional pretendieron ampliar el ámbito de atribuciones del instituto demandado a la información estadística y geográfica sobre la cual es y ha sido competente ese órgano técnico especializado; no hay referencia en dichas iniciativas que permita arribar a un supuesto que otorgue competencia a dicho instituto demandado para conocer de una materia especializada, como lo es la información estadística.

m) Sin que sea obstáculo para llegar a esa conclusión el hecho de que, conforme a lo establecido en el artículo 6o. de la Constitución Federal y en la ley general en esa materia, dicha información estadística pueda ser considerada información pública; ello es así, ya que tampoco se puede desconocer que, por su naturaleza, la información requerida es de naturaleza estadística y, por ende, se genera en el marco del artículo 26, apartado B, constitucional y de la Ley del Sistema Nacional, hecho que actualiza la competencia del INEGI.

n) Tercero. Se transgrede lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, párrafos primero, segundo y cuarto, primera parte, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 47 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, toda vez que en las resoluciones impugnadas el INAI se declaró competente para conocer de los citados recursos de revisión a pesar de lo dispuesto en tales normas jurídicas.

o) El artículo 47 de la mencionada ley es claro al establecer que la información estadística y geográfica de interés nacional no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino que se dará a conocer y se conservará en los términos previstos en la propia Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Destacándose que el hecho de que este numeral 47 haga referencia a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada al momento de dictarse las resoluciones impugnadas), no da pauta para que el INAI asuma la competencia de conocer de los recursos de revisión derivados de respuestas emitidas por el INEGI a solicitudes de información estadística y geográfica; en tanto que dicho numeral lo que en realidad establece como principio general es que la información estadística y geográfica se dará a conocer y se conservará conforme a los términos previstos en la propia Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Como consecuencia de lo anterior, el legislador previó que a la información estadística y geográfica regulada por la referida Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica no le fueran aplicables las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información, estando en ese entonces vigente la anterior ley.

p) Por tanto, se reitera que el INAI se extralimitó en sus atribuciones constitucionales, ya que, a pesar de que es cierto que es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, también lo es que el INEGI, dada su naturaleza jurídica como un organismo público constitucional autónomo especializado, cuenta con atribuciones constitucionales con las que fue facultado para regular la captación, procesamiento y difusión de la información estadística y geográfica; y estas facultades no pueden verse afectadas por el hecho de que el legislador no haya armonizado el artículo 47 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica a la reforma del artículo 6o. de la Constitución General de la República.

q) Lo anterior debido a que sobre la base de esa especial naturaleza técnica de la información estadística y geográfica fue reconocida la autonomía del instituto demandado en el ámbito constitucional con el objeto de que la legislación reglamentaria, en el caso concreto la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, estableciera las bases de organización y fundamento de ese Sistema Nacional, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia, tal como se reconoce en la primera parte del cuarto párrafo del apartado B del artículo 26 de la Constitución General de la República.

r) Así, el legislador, al promulgar la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, concretamente su artículo 47, reconoció la especialidad del marco jurídico de referencia para la captación, procesamiento y publicación de la información correspondiente a la gestión administrativa, que es aquella relacionada con la gestión de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y legales que le son asignados al instituto para el ejercicio de sus funciones, a la cual, en términos de lo dispuesto por el citado numeral 47 de la referida Ley del Sistema Nacional, sí le es aplicable la legislación.

s) Diferenciación que es importante para efectos de la reserva y confidencialidad de la información. Por ejemplo, las disposiciones de transparencia establecen que la reserva de información está sujeta a una temporalidad de cinco años, de conformidad con los artículos 101, segundo párrafo y 99, segundo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y aun cuando la información corresponda a la gestión administrativa, sea clasificada como confidencial, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 147 y 148 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 153 y 154 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 146 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los comisionados del instituto demandado pueden tener acceso a la misma para resolver esos medios de impugnación.

t) En contraposición a lo anterior, tratándose de información estadística protegida por los principios de confidencialidad y reserva, el instituto actor es la autoridad competente para la resolución de los recursos, sin que les sea posible dar a conocer información proporcionada para fines estadísticos por los informantes, ni aquella que provenga de registros administrativos a persona o autoridad alguna, para fines fiscales, jurídicos, administrativos o de cualquier otra índole; así, dado que tales datos e informes, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, serán manejados observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en forma nominativa o individualizada ni harán prueba alguna ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o fuera de él. Además, esta reserva no tiene temporalidad, es permanente.

u) De lo anterior, es claro que el principio de confidencialidad del instituto promovente se encuentra establecido expresamente en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, justamente para respetar los derechos de sus informantes, situación que pone en riesgo el instituto demandado, al pretender conocer sobre la Información Estadística y Geográfica, pues invade la competencia del instituto actor en el tratamiento de la información estadística y geográfica que se clasifica como confidencial y/o reservada.

v) Cuarto. El instituto demandado vulneró lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, párrafos primero, segundo y cuarto, primera parte, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 47 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Si bien el artículo 3, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública define como "documento" los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, contratos convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, el sentido y alcance que el INAI pretende darle a esta disposición resulta completamente violatorio al aludido precepto de la Constitución Federal, en relación con el artículo 47 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Es decir, la interpretación que el instituto demandado realiza al artículo 3, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no puede constituir el fundamento legal que le brinde la facultad para conocer y resolver los recursos de revisión derivados de requerimientos de información estadística y geográfica regulada por la citada Ley del Sistema Nacional.

w) Además, con las resoluciones impugnadas se viola el cuarto párrafo del apartado B del artículo 26 de la Constitución, el cual señala que en la ley se establecerán las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo a los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia.

x) Quinto. Por último, se argumenta que las resoluciones impugnadas transgreden los artículos 6o., apartado A, fracción IV, 16 y 26, apartado B, párrafos primero, segundo y cuarto, primera parte, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 47, 98 al 102 y 113 al 126 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, toda vez que el instituto demandado desconocía los principios y bases, mediante los cuales se proporciona en forma exclusiva el Servicio Público de Información Estadística y Geográfica a través de los mecanismos de acceso previstos en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y los procedimientos de revisión, mismos que se sustanciarán ante el propio instituto actor, en su carácter de órgano autónomo especializado, tal como lo establece la Constitución Federal.

y) El INEGI cuenta con mecanismos de acceso a la información estadística y procedimientos de revisión que están regulados en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, como es el caso del servicio público de información, el cual debe ser prestado en forma exclusiva por ese órgano técnico especializado en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 47, 98, 99, 100, 101 y 102 de esa ley.

z) De los preceptos legales invocados se desprende claramente que el INEGI cuenta con los mecanismos específicos de acceso a la información estadística y geográfica, establecidos en la Ley del Sistema Nacional en esa materia, como es el Servicio Público de Información Estadística y Geográfica, el cual es prestado de forma exclusiva por ese órgano técnico especializado, siguiendo las mejores prácticas internacionales, con el objeto de poner a disposición de quien lo solicite los micro datos de la encuestas nacionales y muestras representativas de los operativos censales que realice con la mayor desagregación posible, sin violar la confidencialidad y reserva de la información básica establecida en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Además, el INEGI cuenta precisamente con un procedimiento de revisión (recurso de revisión), el cual es el que resulta aplicable a los usuarios del Sistema Nacional que se encuentren inconformes con las respuestas emitidas por el INEGI a requerimientos de información de esa naturaleza.

4. Trámite de la demanda. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente de controversia bajo el número 117/2018 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

5. Subsecuentemente, el Ministro instructor, por acuerdo de cuatro de julio de ese año, admitió la demanda y tuvo como autoridad responsable al INAI, emplazándola a dar contestación y a enviar copia certificada de todas las documentales relacionadas con los actos cuestionados. Además, ordenó dar vista del asunto al procurador general de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera.(1)

6. Contestación de la demanda. Seguido el trámite de la controversia y una vez notificada a la autoridad demandada, Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del INAI, por escrito recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de septiembre de dos mil dieciocho, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, los razonamientos que siguen:

a) Causales de improcedencia. Se actualizan varias causales de improcedencia. En primer lugar, se afirma que la demanda de controversia es extemporánea, puesto que la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29863-04ef2e59/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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