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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA IMPUGNACIÓN (SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE EMITIDA POR LA DÉCIMA SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO DE NULIDAD 2351/19-17-12-9). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO INSTITUTO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LA LEGITIMACIÓN PASIVA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON PLENA JURISDICCIÓN PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDE A SU PRESIDENTE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA QUE ADUCE SU FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER SIDO ÉSTE QUIEN EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN USO DE SUS FACULTADES AUTÓNOMAS (INVALIDEZ DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA DÉCIMA SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL JUICIO DE NULIDAD 2351/19-17-12-9). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. XI. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. FACULTADES Y MARCO CONSTITUCIONAL QUE LO RIGEN. XII. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SU COMPETENCIA SE ACOTA ÚNICAMENTE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS PARTICULARES, EXCLUYENDO ASÍ LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE LOS OTROS PODERES DE LA UNIÓN Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y LOS PARTICULARES. XIII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SU CREACIÓN SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE ESTABLECER ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA EJERCER UNA FUNCIÓN PROPIA DEL ESTADO CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA. XIV. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SU CREACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. XV. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO ESPECIALIZADO E IMPARCIAL, RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, CUYAS RESOLUCIONES SON VINCULATORIAS, DEFINITIVAS E INATACABLES PARA ÉSTOS. XVI. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA REVISAR LOS ACTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, AL SER ÉSTE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUYAS RESOLUCIONES SON VINCULATORIAS, DEFINITIVAS E INATACABLES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS (INVALIDEZ DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA DÉCIMA SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL JUICIO DE NULIDAD 2351/19-17-12-9). XVII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (INVALIDEZ DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA DÉCIMA SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL JUICIO DE NULIDAD 2351/19-17-12-9).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 347/2019. · Registro digital (IUS): 30155
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-15
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 1895.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 347/2019. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: DANIELA CARRASCO BERGE Y OMAR CRUZ CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual del día once de noviembre de dos mil veinte, en el que emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 347/2019, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la que se impugnan la sentencia definitiva dictada por la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve en el juicio de nulidad 2351/19-17-12-9 y la sentencia interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve, por la que el mismo órgano declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por el instituto en contra de la admisión del juicio de nulidad.

La cuestión a resolver en este asunto consiste en determinar si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se extralimitó en sus facultades al conocer y resolver un juicio de nulidad promovido en contra de una determinación dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dentro de un procedimiento de verificación, afectando con ello las competencias del órgano constitucional autónomo y las garantías institucionales establecidas en su favor.

I. Antecedentes

1. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el representante legal de una sociedad mercantil, que tiene por objeto la realización de estudios de investigación médica, economía de la salud, nutrición y bioequivalencia y otras áreas médicas, presentó una solicitud de inicio de procedimiento de verificación ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI) respecto de hechos que consideró constituían un incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.(1) En su escrito, afirmó que una de las accionistas de la sociedad sustrajo documentos de su propiedad que contenían expedientes clínicos, estudios médicos, datos personales de clientes y tratamientos médicos, y los entregó a otra sociedad.

2. Con motivo de la denuncia anterior, el INAI formó el expediente INAI.3S.04.02-398/2018. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el INAI emitió el oficio INAI/SPDP/DGIVSP/7858/18, en el que determinó que no procedía iniciar la investigación para determinar si se incumplieron las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento o el resto de la normativa aplicable.(2) Argumentó que no podría pronunciarse sobre el fondo de la denuncia, puesto que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares únicamente tutela los datos personales de las personas físicas, no los de las personas morales como la solicitante.

3. El veintiocho de enero de dos mil diecinueve, el representante legal de la sociedad solicitante promovió juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra del oficio por el que el INAI determinó no iniciar la investigación.(3) En un auto emitido el primero de marzo de dos mil diecinueve, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió a trámite la demanda del juicio de nulidad, al que le correspondió el número de registro 2351/19-17-12-9.(4)

4. En contra de este auto admisorio, el INAI interpuso recurso de reclamación.(5) Argumentó, medularmente, que no se debió haber admitido a trámite la demanda, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es competente para revisar la validez de las determinaciones del INAI emitidas en procedimientos de verificación. En la sentencia interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve, la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó confirmar el auto recurrido.(6)

5. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad, en la que declaró la nulidad del oficio impugnado.(7) Fundó su competencia para resolver el juicio de nulidad en los artículos 3, fracción XIX y 36, fracción VIII, de su ley orgánica, así como el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que, en su opinión, faculta a los particulares a promover el juicio de nulidad en contra de las resoluciones que dicta el INAI en todos los procedimientos previstos en esa ley, incluyendo los procedimientos de verificación.

II. Promoción y trámite de la controversia constitucional

6. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, Miguel Novoa Gómez, en su carácter de representante legal y director general de Asuntos Jurídicos del INAI, promovió controversia constitucional en la que señaló como actos impugnados la sentencia definitiva dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve por la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 2351/19-17-12-9, así como la interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve, por la que esa Sala declaró infundado el recurso de reclamación que interpuso el INAI en contra de la admisión del juicio.(8)

7. Preceptos constitucionales violados. El INAI argumentó que los actos impugnados violan los artículos 6, apartado A, fracciones II, III, IV y VIII, 14, 16, 49 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Resumen de los conceptos de invalidez. En contra de los actos impugnados, el INAI formula los siguientes conceptos de invalidez:

8.1 Primer concepto de invalidez. Violación de la garantía institucional de autonomía. El INAI argumenta que el artículo 6o., apartado A, de la Constitución Federal, establece que los órganos responsables de garantizar y proteger los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados como de particulares,(9) deben ser autónomos. Sostiene que la autonomía de un órgano es una garantía institucional para impedir que otros Poderes públicos interfieran en sus atribuciones, en violación de la división de poderes.

El INAI alega que la autonomía que establece en su favor este artículo conlleva la posibilidad de emitir su propia regulación, el ser la máxima autoridad en la materia de protección de datos personales en sede administrativa, debido a su especialidad, y la existencia de un régimen de cooperación y de coordinación con otros Poderes, entes y organismos, en contraste con uno de subordinación. De lo anterior, el INAI infiere que las decisiones que tome dentro de su ámbito de competencia no pueden ser revisadas o revocadas por otros entes, Poderes u órganos, al menos en sede administrativa. Reconoce que el INAI debe acatar resoluciones de otros órganos del Estado, como el Poder Judicial de la Federación, pero argumenta que para ello es necesario que éstas deriven del ejercicio de sus competencias constitucionales.

El INAI afirma que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa violó su garantía institucional de autonomía, pues revisó e invalidó una resolución que dictó en la materia de su especialidad sin tener competencia constitucional para ello. Explica que el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal limita las facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a dirimir las controversias entre la administración pública federal y los particulares. Argumenta que la admisión y resolución del juicio de nulidad promovido en contra de una de sus determinaciones no encuadra dentro de esta facultad, ya que desde la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce el INAI es un órgano constitucional autónomo que no forma parte de la administración pública federal.

Para reforzar lo anterior, señala que los ordenamientos que regulan a otros órganos constitucionales autónomos con facultades cuasi-jurisdiccionales establecen expresamente que sus resoluciones únicamente pueden combatirse a través del juicio de amparo ante tribunales del Poder Judicial de la Federación, excluyendo así la posibilidad de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revise sus determinaciones. Interpreta lo anterior como un mecanismo para resguardar el carácter autónomo de estos órganos.

8.2 Segundo concepto de invalidez. Invasión de la esfera de competencias que el INAI tiene atribuida en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. El INAI reitera que es la máxima autoridad en sede administrativa para la protección de los datos personales en posesión de particulares,(10) por lo que sus resoluciones en la materia no pueden ser revisadas por otro órgano o Poder al que la Constitución no le encomiende esa función.

Argumenta que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al emitir los actos impugnados, analizó en sede administrativa la legalidad de una resolución del INAI en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Afirma que, con lo anterior, el tribunal sustituyó al INAI en el ejercicio de su facultad como autoridad terminal en materia de legalidad de la protección de datos personales.

8.3 Tercer concepto de invalidez. Incorrecta interpretación y aplicación de los artículos 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El INAI sostiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fundó su competencia para conocer del juicio de nulidad en los artículos 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Alega que estos artículos fueron incorrectamente interpretados y aplicados.

El INAI alega que el tribunal interpretó incorrectamente el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,(11) pues no lo faculta para revisar las resoluciones dictadas por el INAI dentro de procedimientos de verificación. Ello es así, porque el artículo se encuentra dentro del capítulo relativo al procedimiento de protección de derechos, el cual es distinto e independiente al de verificación. Con base en lo anterior, argumenta que el artículo únicamente faculta al Tribunal Federal de Justicia a revisar la validez de las resoluciones que el INAI dicta dentro de los procedimientos de protección de derechos.

En todo caso, suponiendo que la interpretación del tribunal fuera correcta, alega que este artículo fue expedido en julio de dos mil diez, fecha en la cual el INAI –en ese entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)– todavía formaba parte de la administración pública federal. Sin embargo, con la reforma a la Constitución Federal de siete de febrero de dos mil catorce se transformó al INAI en un órgano constitucional autónomo, con lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejó de tener competencia para revisar la validez de sus resoluciones.

El INAI indica que el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional mencionada obligó al Congreso de la Unión a expedir las reformas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que resultaran necesarias para armonizarla al nuevo texto de la Constitución Federal. Sin embargo, indica que el Congreso no cumplió con esta obligación, lo que explica el contenido del artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El INAI argumenta que, ante la contradicción entre el artículo 56 mencionado y la Constitución Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debió haber inaplicado el artículo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por ser de menor jerarquía.

8.4 Cuarto concepto de invalidez. Violación al artículo segundo transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El INAI argumenta que los artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados –en específico su artículo 115– permiten advertir la intención de que el único medio de impugnación a disposición de los particulares para combatir las resoluciones del INAI sea el juicio de amparo, con lo que se excluye la facultad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de revisar estos actos.

Asimismo, indica que el artículo segundo transitorio de esta ley general establece que todas las leyes vigentes en materia de protección de datos personales debían ajustarse a sus disposiciones en un plazo de seis meses y que, de no cumplirse con lo anterior, se podría aplicar directamente esa ley general.

Dado que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares no fue modificada para armonizarla con las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el INAI argumenta que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debió haber aplicado de forma directa la última ley, lo que lo hubiera obligado a concluir que no es competente para revisar la validez de sus resoluciones.

9. Auto de registro y turno. Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte ordenó la formación y el registro del expediente de la controversia constitucional, al que le correspondió el número 347/2019, y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.(12)

10. Auto de admisión. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional.(13) Asimismo, por los argumentos hechos valer en el tercer concepto de invalidez sostuvo que, además de la sentencia interlocutoria y la sentencia definitiva dictadas por la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debían tenerse como impugnados los artículos 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. En consecuencia, tuvo como autoridades demandadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Poder Ejecutivo Federal y a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y los requirió para que rindieran su contestación de la demanda.(14)

11. Contestación de la demanda por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el Magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contestó la demanda en representación del tribunal.(15) Reconoció el dictado de la sentencia interlocutoria y la sentencia definitiva que el INAI le atribuyó. Asimismo, expresó los siguientes argumentos:

11.1 El Tribunal Federal de Justicia Administrativa alega que la controversia constitucional no es procedente. En primer lugar, sostiene que se actualiza la causal de improcedencia de falta de legitimación pasiva, prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal, puesto que el artículo constitucional únicamente faculta al INAI, como órgano constitucional autónomo, a promover controversia constitucional en contra de otros órganos constitucionales autónomos, el Poder Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión. Sostiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es ni forma parte de un organismo constitucional autónomo, el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión u otro órgano originario del Estado.

11.2 En segundo lugar, argumenta que se actualiza una causal de improcedencia, dado que el INAI impugna resoluciones de carácter jurisdiccional y la Suprema Corte ha establecido que la controversia constitucional no procede en contra de éstas. Cita las tesis jurisprudenciales 117/2000 y 16/2008, emitidas por el Tribunal Pleno.(16)

11.3 En tercer lugar, sostiene que se actualiza la causal de improcedencia consistente en no agotar los recursos o medios de defensa disponibles, prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que el INAI no interpuso el recurso de revisión, previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para lograr la revocación de las sentencias impugnadas.

11.4 Ahora bien, como respuesta al primer concepto de invalidez, el tribunal argumenta que el hecho de que conozca de los juicios de nulidad que se promueven en contra de las resoluciones del INAI no se traduce en una violación de la autonomía del organismo constitucional autónomo. Sostiene que el solo hecho de que conozca del juicio de nulidad no se traduce en una invasión de las competencias del INAI y que su carácter de órgano constitucional autónomo no lo exime de pertenecer al ordenamiento mexicano, así como de ser una autoridad federal para efectos de que un órgano jurisdiccional con total autonomía pueda juzgarlo.

11.5 En relación con el segundo concepto de invalidez, alega que, conforme al artículo 6o. de la Constitución Federal, el INAI pertenece a la Federación y sus actuaciones están sujetas al control de regularidad previsto en el artículo 16 constitucional, consistente en que todos los actos de autoridad estén debidamente fundados y motivados. Argumenta que el hecho de que el INAI sea un órgano constitucional autónomo no lo exime de ser considerado, para efectos de la sustanciación de juicios que se lleven en su contra, como una autoridad de la administración pública federal, pues sus actos son administrativos y deben cumplir con las formalidades que prevé la ley.

11.6 En cuanto al tercer concepto de invalidez, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sostiene que sí fundó adecuadamente su competencia para dictar las sentencias impugnadas, ya que el artículo 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo faculta para conocer y resolver sobre todos los juicios contenciosos administrativos en los que se impugne algún acto derivado o emitido por alguna autoridad. Reitera que el INAI no agotó los recursos o medios ordinarios y extraordinarios de defensa que procedían en contra de las sentencias impugnadas.

11.7 Por último, como respuesta al cuarto concepto de invalidez, argumenta que el análisis de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados no tiene relación con la litis de la controversia constitucional, ni con la sentencia definitiva del juicio de nulidad que fue impugnada. Reitera que la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan facultan al tribunal a conocer y resolver las controversias que se susciten entre los particulares y los entes que forman parte o emiten actos de autoridad de carácter administrativo.

12. Contestación de la demanda por la Cámara de Senadores. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, la senadora presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión contestó la demanda.(17) En su escrito, argumenta medularmente que fue incorrecto que se le tuviera como autoridad demandada, puesto que no fue señalada como tal por el INAI, y éste impugnó la indebida interpretación y aplicación por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de los artículos 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, no los preceptos en sí mismos. Alega que haber tenido como impugnados a los artículos constituye un exceso de la suplencia de la queja.

13. Contestación de la demanda por el Poder Ejecutivo Federal. El dos de marzo de dos mil veinte, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, presentó contestación de la demanda.(18) En ella afirma que fue incorrecto que se le tuviera como autoridad demandada, así como que se tuvieran como impugnados los artículos recién mencionados. Sostiene que el INAI no impugnó el contenido de estos artículos, y más bien se limitó a señalar que fueron aplicados e interpretados de manera incorrecta en las resoluciones impugnadas. Asimismo, alega que se actualizan varias causales de improcedencia en relación con estos artículos.

14. Contestación de la demanda por parte de la Cámara de Diputados. El dos de marzo de dos mil veinte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presentó contestación de la demanda.(19) En ella sostiene que se actualizan las causales de improcedencia de promoción extemporánea de la controversia respecto de los artículos que se tuvieron por impugnados y de consentimiento expreso por parte del actor respecto de su aplicación. Además, como respuesta a los conceptos de invalidez, argumenta medularmente que fundó y motivó adecuadamente la aprobación y expedición de los artículos que se tuvieron por impugnados, que la reforma constitucional por la que se instituyó al INAI como órgano constitucional autónomo no modificó la materia de protección de datos personales en posesión de particulares, y que la procedencia del juicio de nulidad en contra de resoluciones del INAI contribuye a garantizar el derecho de acceso a una justicia efectiva.

15. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento.

16. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el nueve de octubre de dos mil veinte se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que el Ministro instructor admitió y tuvo por desahogadas las pruebas aportadas por las partes, abrió el periodo de alegatos, sin que las partes formularan alguno, y puso el expediente en estado de resolución.

17. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, el diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte acordó remitir el expediente a esta Primera Sala para su radicación y resolución.

18. Avocamiento. Por su parte, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, el presidente de esta Primera Sala emitió un acuerdo en el que determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto y ordenó que se enviaran nuevamente los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.

III. Competencia

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, dado que se trata de un conflicto competencial entre el INAI, en su carácter de órgano constitucional autónomo, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.(20)

IV. Precisión de los actos impugnados

20. Esta Primera Sala considera necesario precisar cuáles son los actos y normas cuya constitucionalidad es susceptible de analizarse en esta controversia, conforme al artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria.(21)

21. En el auto admisorio, el Ministro instructor tuvo como actos impugnados a los que señaló el INAI en la parte inicial de su demanda, es decir, a la sentencia definitiva dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve por la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 2351/19-17-12-9 y la sentencia interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve por la que la misma Sala declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por el INAI en contra de la admisión del juicio de nulidad. Adicionalmente, en forma preventiva o precautoria, tuvo como normas impugnadas los artículos 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como autoridades demandadas al Poder Ejecutivo Federal y a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, pues consideró que el INAI demandó su inconstitucionalidad en su tercer concepto de invalidez.

22. De un análisis exhaustivo de la demanda propio de la sentencia definitiva, esta Primera Sala concluye que estas normas no deben tenerse como impugnadas en la controversia constitucional y, por lo tanto, no debe tenerse como autoridades demandadas al Ejecutivo Federal y a las Cámaras del Congreso de la Unión. Ello es así, porque lo que el INAI plantea en su tercer concepto de invalidez es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa interpretó y aplicó incorrectamente los artículos 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, sin expresar una causa de pedir en el sentido de que sean declarados inconstitucionales.

23. El artículo 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevé que el tribunal conocerá de los juicios contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que otras leyes señalen como de su competencia. Con base en este artículo, en las resoluciones el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fundó su competencia en un artículo de una ley distinta a su ley orgánica: el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

24. El INAI en ningún lugar de su demanda plantea que sea inconstitucional que el artículo 3 de la ley orgánica del tribunal prevea la posibilidad de que otras leyes le atribuyan competencias. Más bien argumenta que este artículo fue aplicado incorrectamente, porque el artículo 56 no puede servir como fundamento de competencia del tribunal en sus resoluciones.

25. En lo que se refiere al artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el INAI alega, por un lado, que éste se encuentra en el capítulo relativo al procedimiento de protección de derechos. Así, afirma que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debió haber interpretado que prevé únicamente la procedencia del juicio de nulidad en contra de las resoluciones dictadas en ese procedimiento específico. Por ello, argumenta que fue incorrecto que el tribunal lo considerara un fundamento para revisar las resoluciones que el INAI dicta en los procedimientos de verificación, al ser estos procedimientos distintos e independientes a los de protección de derechos.

26. Por otro lado, indica que, en todo caso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debió inaplicar el artículo, puesto que la Constitución Federal circunscribe la competencia del tribunal a resolver controversias entre particulares y la administración pública federal, lo que excluye la posibilidad de que resuelva controversias entre los primeros y los órganos constitucionales autónomos como el INAI.

27. En otras palabras, el INAI no señala de forma específica como normas impugnadas los artículos 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ni el 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la lectura íntegra de sus conceptos de invalidez se concluye que no pide ni pretende que se declare la invalidez de estas normas. Ello se corrobora por el contenido del Acuerdo ACT-PUB/27/11/2019.07, emitido por el Pleno del INAI el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por el que autorizó e instruyó al director general de Asuntos Jurídicos del INAI a promover la controversia constitucional contra la sentencia definitiva dictada por la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve en el juicio de nulidad 2351/19-17-12-9, sin haber hecho mención o haber autorizado la impugnación de los artículos mencionados.

28. En consecuencia, la cuestión efectivamente planteada por el INAI se limita a que se declare la invalidez de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por esas razones, los artículos no pueden tenerse como impugnados en este procedimiento.(22)

29. Conforme a lo anterior, la litis de este asunto se circunscribe a determinar si debe declararse la invalidez de la sentencia definitiva dictada por la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve en el juicio de nulidad 2351/19-17-12-9, así como de la sentencia interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve dictada en el recurso de reclamación derivado del juicio de nulidad mencionado, por invadir la esfera competencial y afectar las garantías institucionales que la Constitución Federal prevé a favor del INAI.

V. Oportunidad

30. Conforme al artículo 21, fracción I, en relación con el artículo 3o., ambos de la ley reglamentaria en la materia,(23) el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional en contra de actos es de treinta días hábiles

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30155-cf23ba60/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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