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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULOS 56 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES Y 138 DE SU REGLAMENTO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS (ARTÍCULOS 56 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES Y 138 DE SU REGLAMENTO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DE UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA POR LA TERCERA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN DERIVADO DEL JUICIO CONTENCIOSO NÚMERO 6492/19-17-03-5). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO INSTITUTO (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN III Y 32, FRACCIÓN L, AMBOS DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LA LEGITIMACIÓN PASIVA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON PLENA JURISDICCIÓN PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES (ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDE A SU PRESIDENTE (ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA QUE ADUCE SU FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER SIDO ÉSTE QUIEN EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN USO DE SUS FACULTADES AUTÓNOMAS (INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DE UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA POR LA TERCERA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN DERIVADO DEL JUICIO CONTENCIOSO NÚMERO 6492/19-17-03-5). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA MATERIA DE SU IMPUGNACIÓN SE CONSTRIÑE A LA POSIBLE INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL ACTOR. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS O DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDERE VULNERAN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA SUSCITADA ENTRE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ENTRE ÉSTOS Y OTROS PODERES DEL ESTADO MEXICANO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS O DISPOSICIONES GENERALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA QUE CONFIRMA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO POR UN PARTICULAR CONTRA LA DETERMINACIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES EMITIDA POR AQUÉL, AL HABER PLANTEADO UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL (INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DE UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA POR LA TERCERA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN DERIVADO DEL JUICIO CONTENCIOSO NÚMERO 6492/19-17-03-5). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMP

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 305/2019. · Registro digital (IUS): 30148
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-08
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 1804.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 305/2019. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 20 DE MAYO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual de veinte de mayo de dos mil veinte.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Novoa Gómez, en su calidad de representante legal y director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió controversia constitucional en representación del citado organismo autónomo, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Norma general o actos cuya invalidez se demanda:

"Se reclama la resolución de 1 de julio de 2019, dictada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el recurso de reclamación del expediente 6492/19-17-03-5, a través de la cual asume competencia para conocer de ciertos actos respecto de los que ya no la tiene, desbordando con ello sus facultades, resolución que confirmó la diversa resolución de 21 de marzo de 2019, en la que se admitió la demanda promovida en la vía ordinaria tradicional, en contra de actos de este instituto."

SEGUNDO.—Antecedentes. El organismo actor manifestó los siguientes hechos:

• El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, un particular promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa juicio de nulidad en contra de 1) la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve contenida en el oficio ACT-PRIV/23/01/2019.03.01.02 en el expediente de verificación INAI.3S.07.02-067/2018 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por la cual, inició el procedimiento de imposición de sanciones que prevé la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 2) el Acuerdo ACT-PUB/25/11/2015.06 por el que se aprueban los "Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones", específicamente el artículo 60, segundo párrafo; emitido por el Pleno del instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince; 3) el Acuerdo por el que se delegan al secretario de Protección de Datos Personales diversas facultades para dictar, conjuntamente con los directores generales que se indican, diversos acuerdos en los procedimientos de verificación, protección de derechos e imposición de sanciones, específicamente su punto primero, emitido por el Pleno del instituto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil catorce; así como 4) el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, particularmente sus artículos 25, fracción XXII y 41, fracción II, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

• El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, la Magistrada instructora admitió la demanda en vía ordinaria tradicional y la registró con el número de expediente 6492/19-17-03-5.

• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su calidad de autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, en el cual, arguyó que con base en el artículo 6o. constitucional, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no era competente para conocer y resolver sobre la legalidad de sus actos.

• El uno de julio de dos mil diecinueve, la Tercera Sala del Tribunal Administrativo dictó resolución interlocutoria en la que confirmó la resolución recurrida. Dicho acto es el que impugna en la controversia constitucional.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El instituto actor, en síntesis, señaló como conceptos de invalidez los siguientes:

En el capítulo de antecedentes y legitimación apunta que la resolución interlocutoria de uno de julio de dos mil diecinueve es violatoria de la autonomía del instituto de transparencia, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa excedió su competencia concedida en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal al estimar que lo controvertido tenía la característica de ser definitivo, decreto o acuerdo de carácter general diverso a reglamentos; por lo cual, en términos de los artículos 3o. de ley orgánica de ese tribunal y 2o. de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, era procedente el juicio de nulidad y, por tanto, podía conocer de aquél.

Que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desbordó sus facultades en una controversia supuestamente entre la administración pública federal y un particular; sin embargo, el instituto actor ya no forma parte de dicha categoría, razón por lo cual, lesionó su autonomía constitucional e invadió facultades exclusivas en materia de protección de datos personales.

Indica que la protección de los datos personales es un derecho que se introdujo en la reforma de dos mil siete que rige el principio de derecho de acceso a la información, el acceso a los datos personales y su rectificación, mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, así como su sustanciación en órganos especializados e imparciales y con su autonomía operativa, de gestión y decisión; posteriormente, su autonomía constitucional se cristalizó en el dos mil catorce.

Por lo anterior, no es posible que sus actos sean revisados por la administración pública, pues ello lo subordina a la misma.

En el primer concepto de invalidez arguye que se transgredieron los artículos 6o. y 49 de la Constitución Federal, en virtud de que el tribunal administrativo se extralimitó en sus facultades.

Refiere que la autonomía es una garantía institucional que salvaguarda las características orgánicas y funciones esenciales de un ente al impedir que otro poder público interfiera de manera decisiva en sus atribuciones, so pena de violar el principio de división de poderes.

Expone que la limitante al derecho de acceso a la información es la protección de datos personales, aunque el objeto de protección de ambos es la información. Asimismo, explica que las fracciones I a VII del apartado A, establecen las bases generales para el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales sin distinguir si se trata de datos en posesión de sujetos obligados, autoridades o en posesión de particulares, resaltando la importancia de que los organismos especializados que los diriman serán autónomos.

Por su parte, arguye que la fracción VIII, se refiere de forma específica al organismo garante federal, al cual, le encarga el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, sin que se advierta a quien se le encomienda la protección de datos personales en posesión de particulares, lo que tampoco es obstáculo en virtud de que del séptimo transitorio de la reforma constitucional, se obtiene que el instituto de transparencia cuenta con facultades para hacerse cargo de la materia de protección de los datos personales en posesión de particulares, en tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en esa materia.

Máxime que el organismo que se haga cargo de la protección de los datos personales en posesión de particulares deberá contar con autonomía como garantía constitucional.

Señala que al instituto de transparencia se le encargó la protección de los datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados como en posesión de particulares; por lo cual, su autonomía operará en todos los aspectos.

Indica que su autonomía implica tres cuestiones: a) la posibilidad de emitir su regulación interna y con ello se le dota de la independencia necesaria para pronunciar resoluciones de forma imparcial, profesional y objetiva; b) ser órgano especializado en el ámbito administrativo en los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales; así como c) mantener un régimen de cooperación y coordinación con los otros poderes entes y organismos, por lo que no se encuentra subordinado a ningún otro ente, de ahí que sus decisiones no puedan ser revisadas o revocadas por otros entes, poderes u órganos por lo menos en sede administrativa, pues involucraría dependencia al ente que lo revisa lo que no significa que se trate de un organismo con poder soberano o absoluto y cuyas resoluciones no sean revisables, sino que más bien sean revisadas por el Poder Judicial de la Federación atendiendo al Texto Constitucional, tal como sucede con otros organismos constitucionales autónomos.

Agrega, que la razón de que quien conoce de los medios de impugnación en contra de sus resoluciones es el Poder Judicial de la Federación, radica precisamente en la autonomía constitucional de los órganos a quienes revisa y porque es garante de los derechos fundamentales e intérprete de la Constitución.

Por tanto, la causa que opera para que los actos y resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional Electoral sean conocidos por el Poder Judicial de la Federación, debe aplicarse también para que aquél conozca de la impugnación de actos del instituto de transparencia actor.

De igual manera explica, que la controversia constitucional procede no solamente para alegar invasión de esferas competenciales sino que es posible acudir al medio de control basado en un concepto de afectación amplio; por lo que refiere que el Tribunal de Justicia Administrativa se extralimitó en el ejercicio de sus facultades lesionando la autonomía constitucional del instituto, ya que cuenta con facultades para dirimir controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

Sin embargo, el instituto actor ya no forma parte de dicha administración a raíz de que se le otorgó autonomía constitucional en el dos mil catorce, evitando así la posibilidad de ser revisado o revocado en su actuar por otros entes o poderes, pues de existir esa posibilidad se estaría ante un organismo no autónomo y permitiendo que se interfiera con sus atribuciones.

Considera que el tribunal administrativo al dictar la resolución reclamada extralimitó sus facultades otorgadas en el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, violando la autonomía del instituto establecida en el numeral 6o. de ese ordenamiento y transgrediendo así el principio de división de poderes contenido en el artículo 49 de la Constitución Federal ya que, al no formar dicho instituto parte de la administración pública federal y gozar de autonomía, el tribunal no puede dirimir controversias en las que se le pretenda demandar algún acto.

Alega que el hecho de que la autoridad demandada pretenda tener competencia para conocer de la resolución que inicia el procedimiento de imposición de sanciones vía juicio de nulidad, afecta su autonomía debido a que el instituto es el órgano especializado en protección de los datos personales en sede administrativa y, en el caso, el tribunal interfiere con su facultad al revisar la actuación y subordinándolo para tal efecto.

En el segundo concepto de invalidez invoca violación al artículo 16 de la Constitución Federal, ya que la autoridad demandada fundamentó su competencia en los artículos 2o. de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los cuales se refieren a los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, así como las resoluciones definitivas que son dictadas por autoridades administrativas en sentido formal, lo que es congruente con lo dispuesto en la Constitución Federal en el sentido de que pueden conocer de controversias entre la administración pública federal y los particulares.

En el tercer concepto de invalidez sostiene que hubo una indebida aplicación del artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ya que a pesar de que el precepto estatuye que contra las resoluciones del instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal Administrativo; lo cierto es, que el precepto fue creado previo a la reforma constitucional de dos mil catorce, donde el instituto figuraba dentro de la administración pública federal.

No obstante ello, la aplicación del numeral fue errónea, toda vez que el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional mencionada ordenó al Congreso de la Unión expedir las reformas necesarias a la ley en cita, así al no encontrarse actualizada dicha ley el tribunal estaba obligado a realizar un control difuso e inaplicar el artículo 56 aludido.

Además, que la resolución impugnada en el juicio de nulidad se trató de aquella que pone fin al procedimiento de verificación, la cual no contempla un juicio administrativo en su contra.

Por último, añadió que similar situación aconteció con el artículo 138 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que estatuye que en contra de la resolución al procedimiento de verificación se podrá promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues debió armonizarlo a la reforma constitucional de dos mil catorce, realizar un control difuso e inaplicarlo.

CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 6o., apartado A, fracciones II, III, IV, V y VIII, 49 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número 305/2019; asimismo, ordenó que se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

Mediante proveído de veinte de septiembre siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo promoviendo la presente controversia constitucional al director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, toda vez que advirtió que se controvirtieron los artículos 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 138 de su reglamento, tuvo como demandados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente. A los cuales, ordenó emplazarlos para que formularan su respectiva contestación; asimismo ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión.

Contra dicha determinación, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal promovió recurso de reclamación, el cual fue admitido el siete de octubre de dos mil diecinueve y se registró con el número 168/2019-CA. Posteriormente, fue turnado a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales y el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, esta Primera Sala resolvió que era infundado el recurso.

SEXTO.—Contestación de las autoridades demandadas:

• Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Carlos Chaurand Arzate, en su carácter de Magistrado presidente y representante legal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:

Que de acuerdo con la historia y creación del Tribunal Fiscal de la Federación y su transición al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reconoció su existencia como un órgano jurisdiccional en el artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, fuera de la esfera del Poder Judicial y que la Suprema Corte conociera de los recursos interpuestos en contra de sus sentencias, siempre que estuvieran dotados de plena autonomía al dictar sus fallos.

Asimismo, sostuvo que el tribunal administrativo no forma parte de los Poderes de la Unión, tampoco es una entidad federativa o Municipio, ni se trata de un órgano constitucionalmente autónomo, ya que conforme a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil quince, el artículo 73, fracción XXIX, establece que será un órgano dotado de plena autonomía para dictar sus fallos.

Respecto de los hechos aducidos por el instituto actor, los afirma o acepta por ser ciertos.

Como causales de improcedencia y motivos de sobreseimiento, señala que si bien el juicio fue promovido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Federal, en virtud de que la resolución combatida no fue emitida por uno de los entes legitimados para instar la acción constitucional.

De igual manera, apunta que el tribunal administrativo no forma parte de los Poderes de la Unión, tampoco es una entidad federativa o Municipio, ni se trata de un órgano constitucionalmente autónomo.

Por otra parte, invoca que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria por impugnarse una resolución jurisdiccional, ya que el único supuesto de excepción es que se circunscriba a la invasión de esfera competencial de un órgano originario del Estado porque el que resolvió se arrogó facultades que no le correspondían.

No obstante, en la demanda sólo se plantearon argumentos dirigidos a controvertir la legalidad de la sentencia impugnada cuando se aduce que debe conocer el Poder Judicial de la Federación, que existe una incorrecta aplicación de artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de los artículos 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 138 de su reglamento, pero de ninguna forma se plantean cuestiones de competencia constitucional.

Asimismo, sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria, en virtud de que no se agotó el principio de definitividad ya que la resolución de uno de julio de dos mil diecinueve que impugna el actor, no se trata de una resolución que tenga el carácter de definitiva al tratarse de una interlocutoria que puede ser modificada a través de una sentencia de amparo o de un recurso de revisión.

Aunado a que la vía prevista para la solución del conflicto es la contradicción de tesis, pues lo que se pretende que se analice es un tema de interpretación de preceptos a fin de determinar si el tribunal administrativo es competente para conocer de actuaciones emitidas por el instituto de transparencia.

Por último, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria, en relación con el numeral 21 de la misma, ya que esa demandada ha conocido de diversos juicios de nulidad en los que fue parte el instituto actor sin que éste hubiere apreciado una invasión de competencias como ahora lo aduce; por lo cual, su impugnación es fuera del plazo otorgado para ello.

En contestación a los conceptos de invalidez, refiere que contrario al argumento del actor, el tribunal no invadió su esfera competencial, en tanto es un órgano de impartición de justicia que se encarga de dirimir controversias entre la administración pública y los particulares de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

De igual manera, porque la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en su artículo 56 y el numeral 138 de su reglamento, estatuyen que contra las resoluciones del instituto se podrá promover juicio de nulidad ante ese órgano jurisdiccional administrativo.

Arguye que tiene competencia para conocer de los actos del instituto de transparencia al tratarse de actos administrativos que deben reunir las formalidades de ley o decreto para emitirlos.

Respecto del control difuso que aduce el actor, señala que debió ser solicitado por los particulares y no por la autoridad en el juicio de nulidad.

• Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mónica Fernández Balboa, en su carácter de representante de la Cámara de Senadores, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:

Respecto de los hechos aducidos por el instituto actor, no los afirma ni los niega por no ser propios de la demandada.

En cuanto a causas de improcedencia, invoca la prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el numeral 20, fracción II y 22, fracción VII, todos de la ley reglamentaria de la materia, en razón de que se impugna la indebida aplicación de los artículos 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 138 de su reglamento, no así los preceptos por sí mismos.

En ese sentido, apunta que existió un exceso en el ejercicio de suplencia de la queja al tener como normas impugnadas los artículos aludidos, ya que si bien existe una amplia facultad del Ministro instructor para corregir los errores en la cita de preceptos, examinar en su conjunto los razonamientos de las partes para resolver la cuestión efectivamente planteada, lo cierto es, que ésa no fue la intención del actor y se adicionaron nuevos actos, autoridades demandadas y conceptos de invalidez.

Por lo anterior, existe ausencia de conceptos de invalidez en relación con los artículos tildados y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio por el acto reclamado a esa autoridad.

En cuanto a la constitucionalidad del decreto por el cual se expidió el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, indica que es acorde al texto constitucional, pues se ajustó al procedimiento legislativo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal.

Al efecto, cita dichos numerales y explica la forma en que cumplió con cada punto que se exige en el procedimiento legislativo y reitera que el concepto de invalidez, en el que se aduce la aplicación incorrecta del precepto 56 tildado de inconstitucional, es inoperante debido a que no plantearon argumentos mediante los cuales se diga cómo se infringió la autonomía constitucional reconocida; sino únicamente se formula concepto de invalidez para demostrar la indebida aplicación. Por ello, al existir una ausencia de agravio, lo que procede es reconocer la constitucionalidad del artículo combatido.

• Poder Ejecutivo Federal. Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal en representación del presidente de la República, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:

Por lo que toca a los hechos aducidos por el instituto actor, no los afirma ni los niega por no ser propios de la demandada.

Refiere que la intención del actor es combatir, únicamente, el acto de aplicación del artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 138 de su reglamento, pues en la demanda señaló expresamente que combate la resolución de uno de julio de dos mil diecinueve, emitida por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a más que los conceptos de invalidez sólo están encaminados hacia esta resolución.

Por lo dicho, apunta que en la especie existió un exceso en el ejercicio de la suplencia de la queja al tener como normas impugnadas ese ordenamiento y como autoridades demandadas al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, porque ésa no fue la intención del accionante.

Como causas de improcedencia, cita la relativa a la falta de causa de pedir, esto es, el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 22, fracción VII, ambos de la ley reglamentaria de la materia, ya que están ausentes conceptos de invalidez en que se argumente la posible invasión de esferas competenciales que establece la Constitución Federal.

En ese sentido, expresa que no se formula argumento a fin de impugnar efectivamente los artículos mencionados, pues únicamente refiere que la resolución es inconstitucional en razón de que en ésta se aplicaron indebidamente tales disposiciones, debido a que el tribunal debió realizar un control difuso a efecto de inaplicar las normas.

Señala que, de cualquier manera, la impugnación de las normas es extemporánea al haber transcurrido nueve años desde su publicación y no sería posible que se trate este asunto de su primer acto de aplicación.

Aunado a que la propia resolución emitida por el instituto de transparencia establece que es susceptible de ser impugnada mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Insiste en que no se formula concepto en contra de los artículos 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 138 de su reglamento, por lo que hay ausencia de razonamiento que constituya la causa de pedir y devenga la improcedencia de la controversia.

Por último, explica en qué consiste la autonomía del instituto de transparencia y la competencia con la que cuenta el tribunal administrativo, para sostener que ambos órganos actuaron en plena legalidad.

• Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Laura Angélica Rojas Hernández, en su carácter de representante de la Cámara de Diputados, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:

Respecto de los hechos aducidos por el instituto actor, no los afirma ni los niega por no ser propios de la demandada.

Invoca como motivo de sobreseimiento, el previsto en el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria, en razón de que se impugnaron normas de carácter general fuera de los plazos previstos por el artículo 21 de ese ordenamiento, aunado a que se trata de un ulterior acto de aplicación.

Explica que la ley reglamentaria de la materia establece dos plazos para la impugnación de las normas, esto es, de treinta días a partir de su publicación o de treinta días a partir de primer acto de aplicación.

En lo tocante al primer plazo, su impugnación deviene de extemporánea y por lo que hace al segundo, la resolución de uno de julio de dos mil diecinueve aquí combatida, no es el primer acto de aplicación de las normas cuya invalidez se pretende demandar.

Para demostrar su aserto cita los siguientes criterios emitidos:

– Resolución del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en sesión de diez de agosto de dos mil dieciséis en el juicio contencioso administrativo con número de expediente 1207/15-15-01-7/442/16-PL-01-04 y,

– Tres criterios emitidos por la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el 03 de mayo de dos mil dieciséis derivado del juicio contencioso administrativo con número de expediente 2038/15-08-01-6.

Refiere que de los asuntos anunciados se puede observar que existieron procedimientos contenciosos administrativos que fueron interpuestos en contra de diversas determinaciones del instituto nacional de transparencia y en los que se aplicó como sustento de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 138 de su reglamento. Así, es extemporánea la impugnación que ahora se pretende realizar por parte del actor.

Derivado de lo anterior, arguye que es improcedente la controversia con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, pues es claro que la aplicación de las citadas normas ha sido reiteradamente consentida y, en consecuencia, es patente el sobreseimiento respecto de las mismas.

Sostiene que en diversas resoluciones emitidas por el propio instituto, éste ha indicado que en contra de ellas procede el juicio de nulidad en términos del artículo 56 aquí tildado, actualizándose de manera indubitable la causa propuesta.

Al dar contestación a los conceptos de invalidez, señala que el ejercicio del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal no vulneró su diverso artículo 6o. ni el principio de división de poderes.

Que la circunstancia de que el actor sea autónomo no significa que no forme parte del Estado mexicano, pues tiene como objeto y función constitucional el garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales.

Por su parte, del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal se obtiene la facultad del Congreso de la Unión para regular la ley que instituya al Tribunal de Justicia Administrativa, quien puede conocer y resolver de controversias que se susciten entre las autoridades fe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30148-c671d257/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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