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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTÓ SABEDOR DEL MISMO [ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (APLICADO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 1919/19-13-01-6 POR LA SALA REGIONAL DEL GOLFO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA)]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO INSTITUTO (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN III Y 32, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LA LEGITIMACIÓN PASIVA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON PLENA JURISDICCIÓN PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES (ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDE A LA PERSONA QUE OCUPE SU PRESIDENCIA (ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL RECAE EN LA PERSONA QUE OCUPE LA CONSEJERÍA JURÍDICA (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CUENTA CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA ACUDIR A ESTA VÍA PARA CUESTIONAR LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO DE NULIDAD, AL PLANTEAR UNA AFECTACIÓN A SU ÁMBITO COMPETENCIAL (SENTENCIA DEFINITIVA DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 1919/19-13-01-6 POR LA SALA REGIONAL DEL GOLFO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD SÓLO OPERA CUANDO EN LAS LEGISLACIONES LOCALES SE ESTABLECEN MEDIOS DE DEFENSA O RECURSOS, SIEMPRE QUE EN LA DEMANDA NO SE HUBIEREN PLANTEADO VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS, SINO VIOLACIONES A LAS LEYES LOCALES QUE PRODUZCAN UNA TRANSGRESIÓN A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL A MANERA DE CONSECUENCIA (SENTENCIA DEFINITIVA DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 1919/19-13-01-6 POR LA SALA REGIONAL DEL GOLFO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). XIII. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVAS

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2020. · Registro digital (IUS): 31781
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-22
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo I, Pág.785.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 29 DE MAYO DE 2023. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto y norma impugnados: La sentencia definitiva de catorce de octubre de dos mil diecinueve dictada por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad número ********** y el artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con motivo de su aplicación.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 7/2020, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Poder Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Expediente de la verificación vinculante **********. El primero de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace con Organismos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante referido como INAI o instituto actor), previo visto bueno de la Secretaría de Acceso a la Información, emitió un dictamen por el cual determinó que el **********, en su calidad de sujeto obligado, incumplió parcialmente con diversas obligaciones comunes y específicas en materia de transparencia establecidas en el artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2. Lo anterior debido a que, de la verificación realizada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, así como del portal de Internet del sujeto obligado, obtuvo un total de veintiuno punto veintiocho puntos porcentuales (21.28 %) del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia.

3. En consecuencia, el INAI emitió el oficio número ********** por el que requirió al sujeto obligado para que cumpliera con las obligaciones comunes y específicas cuyo cumplimiento le correspondía, que informara acerca de su cumplimiento, que precisara el nombre y cargo de la persona responsable de publicar dicha información y de su superior jerárquico, otorgando un plazo de veinte días hábiles para tal efecto.

4. El oficio fue notificado junto con el dictamen antes mencionado a través de la herramienta de comunicación el cinco de octubre de dos mil dieciocho y dirigido a la persona titular de la Unidad de Transparencia del citado fondo en ese entonces, **********.

5. Al no haber obtenido respuesta alguna al respecto, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó por segunda ocasión a la persona titular de la Unidad de Transparencia del **********, el incumplimiento del dictamen emitido por el INAI en cuanto a las obligaciones en materia de transparencia, otorgando un plazo adicional de cinco días hábiles para cumplir los requerimientos formulados con anterioridad y apercibiendo sobre la determinación de las medidas de apremio, sanciones o determinaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de persistir el incumplimiento total o parcial de las obligaciones en materia de transparencia.

6. Pese a la cantidad de requerimientos formulados, y al subsistir el desacato de los anteriores requerimientos emitidos por el instituto, el trece de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace con Organismos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos del INAI emitió un informe por medio del cual determinó el incumplimiento parcial del dictamen comprendido en el expediente de la verificación vinculante **********, por la omisión de la persona titular de la Unidad de Transparencia del ********** consistente en atender los múltiples requerimientos formulados respecto de sus obligaciones en materia de transparencia.

7. En consecuencia, el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se remitió el informe en cita a la Secretaría Técnica del Pleno del INAI, a efecto de que la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades evaluara las medidas de apremio o determinaciones que considerara procedentes en el caso en concreto.

8. Finalmente, el tres de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de la Secretaría Técnica del Pleno del INAI, tras haber calificado la gravedad de la falta cometida por el sujeto obligado en términos de lo dispuesto en el artículo 175, fracciones I, II y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cual implicó el análisis del daño causado, los indicios de intencionalidad, la duración del incumplimiento, la afectación al ejercicio de las atribuciones del INAI, la condición económica de la persona responsable y su reincidencia, emitió el acuerdo de incumplimiento por el que determinó hacer efectivo el apercibimiento señalado en el oficio **********.

9. En virtud de lo anterior, impuso a la persona titular de la Unidad de Transparencia del ********** una medida de apremio consistente en una multa de ********** veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión de los hechos, equivalente a la cantidad de **********, conforme a lo señalado por el artículo 174, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a raíz del incumplimiento del dictamen emitido en el expediente de verificación vinculante número **********.

10. Juicio de nulidad **********. El catorce de junio de dos mil diecinueve, **********, por su propio derecho y en calidad de particular, promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa juicio de nulidad en contra de la resolución de tres de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de la verificación vinculante **********, a través del cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales impuso una sanción, consistente en una multa, como medida de apremio.

11. El veinte de junio de dos mil diecinueve, el Magistrado instructor admitió la demanda en la vía sumaria y la registró con el número de expediente **********.

12. El catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia en el juicio de nulidad, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, por considerar que la autoridad demandada fue omisa en indicar las obligaciones en materia de transparencia que el promovente incumplió, lo que ocasiona que la resolución impugnada carezca de una debida motivación.

13. Controversia constitucional 7/2020. El diecisiete de enero de dos mil veinte, Miguel Novoa Gómez, en su carácter de representante legal y director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que señaló como acto y norma impugnados, los siguientes:

• La sentencia definitiva de catorce de octubre de dos mil diecinueve emitida por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad con número de expediente **********; y,

• El artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con motivo de su primer acto de aplicación en la sentencia en cita.

14. Asimismo, solicitó la suspensión del acto impugnado, a efecto de que no se continúe con la tramitación y ejecución del juicio de nulidad, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta tanto no se resolviera el fondo del asunto.

15. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, expuso esencialmente en sus dos conceptos de invalidez, lo siguiente:

• Primer concepto de invalidez. Se produce una violación a la autonomía del INAI como consecuencia de la transgresión del principio de división de poderes y del principio de legalidad, contenidos en los artículos 6o., 14, 16 y 49 de la Constitución Política del País, al ser que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se extralimitó en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas en virtud del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal. Las implicaciones que acarrea la autonomía del INAI comprenden la posibilidad de determinar su organización interna, ser la máxima autoridad en materia de acceso a la información y protección de datos personales, mantener un régimen de cooperación y coordinación con los otros Poderes del Estado, entes y organismos, por lo que no existe una relación de subordinación respecto de éstos.

• La reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce implicó el desprendimiento del instituto actor de la administración pública federal, dado que se le dotó de autonomía y se instauró una relación de coordinación con los demás poderes, entes y organismos constitucionales autónomos.

• La sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad ********** no comprendía una controversia entre la administración pública federal y un particular, ni un procedimiento originado a raíz de la imposición de alguna responsabilidad administrativa, por lo que carece de facultades para revisar la medida de apremio impuesta por el instituto actor al sujeto obligado. Al revisar el tribunal la actuación del instituto actor, en concreto la verificación que realizó el propio instituto sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, interfirió con la autonomía de este organismo constitucionalmente autónomo y generó una situación de supra subordinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lesionando su independencia funcional.

• Por otro lado, es competencia del Poder Judicial de la Federación conocer de las impugnaciones de los actos emitidos por el INAI tratándose del acceso a la información pública, en términos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mientras que las resoluciones en materia de protección de datos personales son impugnables a través del juicio de amparo, según lo que establece el diverso 154 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Señala que aunque la Constitución Política del País no establezca qué ente conocerá del medio de impugnación en contra de las resoluciones emitidas por el instituto actor en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, considera que sería el Poder Judicial de la Federación quien conocería de ellos, pues de una lectura de los ordenamientos que regulan otros organismos constitucionalmente autónomos en el ámbito federal, ninguno comprende al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como órgano revisor de sus resoluciones.

• La competencia que establece el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política del País a favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa necesariamente excluye la posibilidad de conocer de otros asuntos que no sean comprendidos en tales materias.

• Segundo concepto de invalidez. El artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública contraviene lo dispuesto en los diversos 6o., 73, fracción XXIX-H y 133, todos de la Constitución Federal, pues el Congreso de la Unión únicamente estaba habilitado para legislar respecto de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en lo concerniente a las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, o respecto de las responsabilidades administrativas, pero no podía ampliar la competencia establecida en la Constitución Política del País para dicho tribunal.

• Al permitirse la revisión de las multas impuestas por el instituto actor como medida de apremio a los sujetos obligados que incumplan sus obligaciones en materia de transparencia, se lesiona la autonomía del multicitado instituto, al ser quien otorgó competencia para revisar su actuación a un órgano jurisdiccional que carece de competencia para ello.

16. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente, registrar la controversia constitucional bajo el número 7/2020 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

17. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

18. Incidente de suspensión. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictado en el cuaderno incidental, se concedió la suspensión para el efecto de que la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se abstenga de ejecutar la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil diecinueve en el juicio contencioso administrativo ********** hasta tanto se resuelva el fondo del presente asunto.

19. Contestación del Poder Ejecutivo de la Federación. El cuatro de agosto de dos mil veinte, Julio Scherer Ibarra, en su calidad de consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, dio contestación a la demanda y planteó las siguientes causas de improcedencia:

• Extemporaneidad en la impugnación del artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo previsto en el diverso 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que el cómputo del plazo para combatir una norma general comienza a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, de ahí que el plazo de presentación de la demanda ha trascurrido en exceso.

• Tampoco es posible considerar que los actos que ahora se impugnan constituyen el primer acto de aplicación de dicha norma, debido a que la norma en cuestión se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, por lo que no sería posible que la resolución impugnada resulte ser el primer acto de aplicación de dicha disposición.

• Falta de interés legítimo del instituto actor para promover la demanda de controversia constitucional, en concordancia con los artículos 10, fracción I, y 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, y el 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no acreditó una transgresión a su esfera de competencia expresamente reconocida en algún precepto constitucional, sino que en todo caso el supuesto exceso en el ejercicio de las facultades constitucionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa constituye una invasión a la esfera de competencias del Poder Judicial de la Federación.

• Violación al principio de definitividad. No se agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, por lo que se actualiza la causal contenida en los artículos 19, fracción VI, y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que debió haber agotado el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, el cual es la vía idónea para analizar una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un juicio de nulidad, no así una controversia constitucional.

20. Por otro lado, respecto de los conceptos de invalidez planteados por la actora, señaló lo siguiente:

• Considera que los conceptos de invalidez formulados por el instituto promovente son inatendibles, debido a que la materia del presente medio de control constitucional se ciñe a determinar el órgano jurisdiccional competente para resolver sobre la validez o invalidez de la impugnación de la resolución emitida por el instituto promovente, sin que haga valer una invasión a la esfera de competencias propia de tal instituto, sino de otro Poder, lo cual no puede ser materia de una controversia constitucional.

• En otro orden de ideas, ad cautelam, señala que la facultad del instituto actor para emitir las medidas de apremio se sujeta a la facultad legislativa propia del Congreso de la Unión, el cual puede regular los requisitos, condiciones y medios de impugnación que procedan en contra de las resoluciones y determinaciones del actor, lo que se concreta en el artículo impugnado, pues éste prevé la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de la imposición de multas derivadas de la ejecución de medidas de apremio, lo cual cumple con el derecho de tutela judicial y acceso a la justicia a favor de los particulares, al instaurar un mecanismo de defensa en contra de actos de autoridad que generen un detrimento a su patrimonio.

• Si bien el instituto actor señala que la única vía para impugnar sus resoluciones es el juicio de amparo, como sucede con otros órganos constitucionales autónomos, tales consideraciones no pueden extrapolarse al caso que ahora se presenta, debido a que para aquellos órganos existe una regulación que emana de la propia Constitución Política del País, mientras que para el caso del instituto actor existe una reserva a favor del Congreso de la Unión para determinar el medio de impugnación que procederá en contra de la imposición de multas derivadas de la ejecución de medidas de apremio, lo que se concreta en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de ahí que la norma impugnada es válida.

21. Contestación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. El cuatro de agosto de dos mil veinte, el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda.

22. En primer lugar, expuso lo que consideró conveniente para sostener la validez del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

• El Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, es acorde al Texto Constitucional, pues se ajustó al procedimiento legislativo contemplado en la Constitución Política del País y demás leyes secundarias que rigen en la materia.

• Se cumplieron a cabalidad las disposiciones y procedimientos inherentes a cada fase del procedimiento legislativo, consistentes en la presentación de las iniciativas, el turno de las iniciativas a las comisiones correspondientes para su dictaminación y análisis, la discusión y votación de los dictámenes de las comisiones, la remisión a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la minuta aprobada del proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue posteriormente dictaminada por la Cámara Revisora y devuelta a la Cámara de Origen con diversas modificaciones. • Posteriormente, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión discutió el proyecto de decreto con las modificaciones propuestas por la Cámara Revisora, el cual fue aprobado por el Pleno de la primera de éstas, en consecuencia, ordenó remitir el citado decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

• De lo anterior se desprende que se cumplieron los requisitos formales y procesales inherentes a los procedimientos legislativos, en específico, con aquellos establecidos en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política del País.

23. En relación con los conceptos de invalidez, señaló lo siguiente:

• Los razonamientos expuestos por el instituto actor en el segundo concepto de invalidez son infundados, debido a que el artículo impugnado no otorga de manera expresa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa la posibilidad de conocer de demandas promovidas contra las multas impuestas por el INAI que deriven de la ejecución de medidas de apremio y que busquen el cumplimiento de las determinaciones emitidas por el instituto actor en materia de transparencia, sino que solamente señala que en contra de la imposición de multas derivadas de la ejecución de medidas de apremio, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• El Tribunal Federal de Justicia Administrativa carece de atribuciones para revisar las multas impuestas como medida de apremio por el INAI, pues existe una restricción competencial establecida de manera expresa en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política del País del que se advierte que dicho tribunal carece de atribuciones para revisar la imposición de tales multas, al ser que puede conocer de los actos emitidos por las autoridades de la administración pública federal, mas no de los actos emitidos por los órganos constitucionales autónomos.

• La redacción del precepto impugnado no constituye una ampliación de la competencia prevista para el tribunal en cuestión, dado que los artículos 6o. y 73, fracción XXIX-H, constitucionales impiden considerar procedente el juicio contencioso administrativo para combatir las resoluciones emitidas por un órgano constitucional autónomo, sino que dicha disposición se refiere a la posibilidad de promover un juicio de nulidad en contra de las multas impuestas como medidas de apremio por algún ente de la administración pública federal, no así del INAI.

•La inconstitucionalidad se hace depender de la aplicación que realizó del mismo la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al resolver el juicio de nulidad **********, no obstante, el texto por sí mismo no lesiona la autonomía del instituto actor.

24. Contestación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Magistrado presidente y representante legal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Anzures Uribe, dio contestación a la demanda y planteó las siguientes causas de improcedencia:

• Falta de legitimación pasiva. No se actualiza el supuesto de procedencia contenido en el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política del País, debido a que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no forma parte de los Poderes de la Unión, ni es un organismo constitucional autónomo.

• Impugnación de una resolución de carácter jurisdiccional. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia dado que la sentencia definitiva dictada en el expediente **********, del índice de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una resolución jurisdiccional cuya invalidez no puede plantearse en una controversia constitucional, al ser que este medio de control constitucional no constituye un recurso o ulterior medio de defensa para revisar la materia de la litis del procedimiento de origen.

• Violación al principio de definitividad. No se agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, por lo que se actualiza la causal contenida en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que debió haber agotado el recurso de revisión administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

25. En su contestación a los conceptos de invalidez, señaló esencialmente:

• Primero. Para que sea procedente la controversia constitucional, debe existir una afectación al ámbito competencial del promovente, que sea afectado o limitado por un acto en concreto o una disposición de carácter general, no obstante, ninguno de tales supuestos se actualiza en el presente caso, pues la materia de la litis en el presente caso se basa en una errónea e inexacta apreciación de la legalidad del actuar del tribunal demandado.

• Lo anterior es así, debido a que si un ordenamiento normativo dispone que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será competente para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan en contra de las resoluciones emitidas por el INAI, no implica una vulneración a la autonomía o esfera competencial del instituto actor.

• Segundo. El INAI impugna el artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por considerar que su aplicación en la sentencia definitiva derivada del juicio contencioso administrativo **********; sin embargo, el hecho de que el instituto promovente sea un órgano constitucional autónomo no implica que esté exento de un control de legalidad en su actuar, respecto de los actos o resoluciones que emita y que afecten la esfera jurídica de los particulares.

• La procedencia de un juicio de nulidad en contra de tales resoluciones de ninguna manera implica vulnerar su autonomía o esfera de competencia, sino que responde al mandato constitucional contenido en los artículos 17 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política del País, por lo que el control de regularidad de las actuaciones del INAI se sujeta a lo dispuesto en el diverso 16 constitucional.

• La competencia que establece el artículo impugnado a favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene su razón de ser en el hecho de que las citadas multas se ejecutan a través del Servicio de Administración Tributaria, según lo dispone el diverso 201 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

26. Contestación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El veintisiete de agosto de dos mil veinte, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda y planteó la siguiente causa de improcedencia:

• Extemporaneidad en la impugnación del artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo previsto en el diverso 19, fracción VII, en relación con el 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que el cómputo del plazo para combatir una norma general comienza a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, de ahí que el plazo de presentación de la demanda ha trascurrido en exceso.

• Tampoco es posible considerar que los actos que ahora se impugnan constituyen el primer acto de aplicación de dicha norma, debido a que la norma en cuestión se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y se han emitido actos de aplicación del mismo al imponer sanciones como medidas de apremio, por lo que no sería posible considerar que la sentencia impugnada constituya el primer acto de aplicación de dicha disposición, sino que la aplicación del precepto en cita ha sido consentida de manera tácita por el instituto actor, por lo que procede decretar el sobreseimiento de la controversia constitucional.

27. En su contestación a los conceptos de invalidez, señaló esencialmente:

• Primero. El artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no vulnera la autonomía del instituto actor, ni el principio de división de poderes o el de legalidad, pues la interpretación realizada por el instituto actor del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal es esencialmente errónea, en tanto que la facultad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de los juicios de nulidad presentados en contra de la imposición de multas derivadas de la ejecución de medidas de apremio emitidas por el INAI tiene por objeto deducir la legalidad en el actuar de las autoridades federales frente a los particulares, de ahí que no contraviene disposición alguna de la Constitución Política del País, o la autonomía del instituto actor respecto de la materia de su competencia, por lo que procede declarar su validez.

• Segundo. El instituto actor interpreta incorrectamente el principio de supremacía constitucional y la autonomía del propio INAI, debido a que todos los órganos y entes se encuentran sujetos al cumplimiento de la Constitución Política del País y las leyes que de ésta emanen. El precepto impugnado no vulnera lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional debido a que la imposición de una multa como medida de apremio constituye un acto de naturaleza administrativa formulado por una autoridad como consecuencia de una infracción a una norma administrativa, y la competencia atribuida al Tribunal Federal de Justicia Administrativa implica resolver las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, de ahí que la norma impugnada es válida, al no contravenir lo dispuesto en la Constitución Política del País.

28. Alegatos. El instituto actor no formuló alegatos. Por su parte, el Poder Ejecutivo Federal presentó los suyos el veintisiete de enero de dos mil veintiuno; las Cámaras de Senadores del Congreso de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31781-f409f67b/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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