I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO RESULTA EXTEMPORÁNEA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, QUE NO FUERON APLICADAS EN EL ACTO QUE SE COMBATE [ARTÍCULOS 1, 8, 24, FRACCIÓN XV, 45, FRACCIÓN XV, PRIMER PÁRRAFO, INCISO C), 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 Y 68 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL DIVERSO 56, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO [ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN XIV, 54, FRACCIÓN VII, 55, 56, 57, APARTADO A), FRACCIONES I, II Y III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 58, 66 Y 67 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL LOCAL, ASÍ COMO EL DIVERSO 109 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. IV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 125/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 11 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de octubre de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Por oficio recibido el seis de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno, todos de ese mismo Estado, de quienes demandó la invalidez de los actos que se indican a continuación:
a) La invalidez del Decreto Número Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5476, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.
b) La invalidez de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto Número 218, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5058, de dieciséis de enero de dos mil trece y aplicados en el decreto cuya invalidez se demanda.
c) Por extensión de efectos, se demanda también la invalidez de los artículos siguientes:
I. Los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 y 57 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
II. El artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4529, de fecha nueve de mayo de dos mil siete.
III. El artículo 109 del Reglamento del Congreso el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4546, de fecha doce de junio de dos mil siete.
SEGUNDO.—Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:
1. El aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, no ha sido modificado de manera progresiva, a fin de ser acorde con las necesidades reales, partiendo desde el año dos mil trece en que se asignaron recursos del orden de $451'559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.M.), ha sido igual para el ejercicio de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, mas no así el número de pensiones concedidas, que éstas sí han ido en considerable aumento.
2. Mediante oficio número CJE/2675/2016, de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos, se autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad de $56'000,000.00 (cincuenta y seis millones 00/100 M.N.), a la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece a dos mil dieciséis, no se habían autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha la Legislatura Local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.
3. Durante los ejercicios de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, no existió incremento presupuestal al Poder Judicial, lo cual se demuestra con los ejemplares del Periódico Oficial Tierra y Libertad correspondientes, siendo pertinente resaltar que incluso para los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis hubo una reducción al presupuesto de este Poder por parte del Congreso del Estado de Morelos.
4. A través de los oficios números TSJ/P70684/2013 y CJE/5510/2015, de veintiocho de agosto de dos mil trece y uno de septiembre de dos mil quince, suscritos por la anterior presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos, se solicitó al Congreso del Estado, se autorizara un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que este último hubiera autorizado los mismos.
5. mediante oficios números TSJ/P/0684/2013, CJE/5510/2015 y CJE/MMCVCL/2154/2016, de fechas veintiocho de agosto de dos mil trece, uno de septiembre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, suscritos los dos primeros por la otrora presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos y el último por la suscrita, donde se envió a la Legislatura del Estado de Morelos, los anteproyectos de presupuestos de los años dos mil catorce, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, se solicitó se autorizara un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que tal Poder Legislativo hubiera autorizado los mismos.
6. A través del oficio CJEM/MCVCL/2194/2016, se remitió el anteproyecto de presupuestos de egresos y programa operativo anual del Tribunal Superior de Justicia para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El monto solicitado ascendió a la cantidad de $763'835,357.00 (setecientos sesenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), requerido para hacer frente a las necesidades de operación y obligaciones de pago.
7. El presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Morelos, aun cuando esta autoridad consideró el incremento en el rubro de las pensiones jubilatorias, no fue autorizado ni asignado conforme se solicitó y la diversa autoridad responsable, Congreso del Estado de Morelos, al emitir los decretos en los cuales aprueba las pensiones, se ciñe a decir que son con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin asignar el erario correspondiente, que permita hacer frente a las crecientes pensiones y a los incrementos de las mismas. De ahí que, el Poder Legislativo se entromete en las finanzas de este Poder, al señalar que debe darse el aumento a la pensión en función del salario mínimo, cuando en esa proporción no se aumentó el presupuesto; ello impone una carga de erogar un gasto respecto del cual no ha recibido el ingreso del recurso.
8. El veintidós de febrero de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5476, el Decreto Número Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete, a través del cual, el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a **********, con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y conceptos de invalidez. El actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo, planteó los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
CUARTO.—Trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete,(1) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 125/2017; asimismo, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Posteriormente, en proveído de diez de abril de dos mil diecisiete,(2) el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al secretario de Gobierno de la citada entidad; y finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.—Contestación a la demanda. Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno. Por escritos presentados el catorce de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) el encargado de despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del gobernador y del secretario de Gobierno del Estado de Morelos, dieron contestación a la demanda.
En ellas, sostuvieron esencialmente los mismos argumentos en relación con la validez del decreto y normas impugnadas, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
Con las contestaciones, se exhibieron diversas pruebas documentales públicas, y ofreció también la presuncional y la instrumental de actuaciones.
SEXTO.—Contestación de demanda del Poder Legislativo. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el catorce de junio de dos mil diecisiete, recibido el veintidós de junio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos(4) formuló la contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.
En el escrito de contestación expuso argumentos para sostener la validez de las normas y decreto impugnados, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
Con la contestación se exhibieron copias certificadas de diversas documentales públicas y se ofrecieron la presuncional e instrumental de actuaciones.
SÉPTIMO.—Por contestada la demanda y señalamiento de fecha para celebración de audiencia. Por autos de dieciséis y veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por recibidos los oficios y anexos presentados por el encargado de despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del gobernador y del secretario de Gobierno del Estado de Morelos; y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos; en representación del Poder Legislativo de esa entidad, por su orden, contestando la demanda, designados a sus delegados; por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y la últimamente citada desahogando el requerimiento al exhibir copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas; por ofrecidas las pruebas que acompañan a su respectivo escrito; y, además, se dio vista al actor y al procurador general de la República; señalando lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
OCTAVO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
NOVENO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 de la propia ley, se hizo relación de constancias, se tuvieron por exhibidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales, por desahogadas los alegatos, y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO.—Returno del expediente y avocamiento en la Segunda Sala. Previo el dictamen de mérito, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.
Consecuente con ello, el veintisiete de septiembre del propio año, la Ministra presidenta en funciones de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera al ponente para el dictado del proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo(5) y Legislativo del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Precisión de la litis. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) se precisa que en el presente caso se demandó la invalidez de:
a) El Decreto Número Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5476, de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, a través del cual, el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.
b) Los artículos siguientes:
• 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
• 56, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y,
• 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
TERCERO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente sólo en lo que respecta al decreto impugnado, no así en lo que atañe a las normas que se tachan de inconstitucionales.
El artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia(7) señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; mientras que para impugnar normas generales el plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada, o del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.
• Oportunidad respecto del Decreto Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete.
En relación con el decreto mencionado, se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.
En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves veintitrés de febrero de dos mil diecisiete al jueves seis de abril siguiente.
Ello, en el entendido que, de conformidad con los artículos 2 y 3, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(8) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) y con el punto primero, incisos a), b), f) y n), del Acuerdo General 18/2013, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(10) en el cómputo citado deben descontarse los siguientes días inhábiles: veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de marzo siguiente, por haber sido sábados y domingos; uno y dos de abril del propio año; así como veinte de marzo de la misma anualidad.
En estas condiciones, si la demanda se presentó el seis de abril de dos mil diecisiete, su presentación resulta oportuna.
• Oportunidad respecto de las normas impugnadas.
Por lo que hace a la oportunidad en la impugnación de las normas generales, toda vez que en el escrito de demanda se impugnan con motivo de su aplicación en el Decreto Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete, en términos de lo previsto en el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en primer lugar debe analizarse si dicho acto constituye un acto de aplicación, y, en segundo lugar, si se trata del primero, pues de lo contrario el cómputo de la oportunidad debe hacerse a partir de la publicación de las normas.
El Poder Judicial actor impugnó los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 56 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
A efecto de verificar la aplicación de los preceptos referidos, se transcribe el decreto impugnado:
"La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
"Consideraciones
"I. En fecha 24 de agosto de 2016, la C. **********, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
"II. Que al tenor del artículo 56, de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si la pensionada se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. La trabajadora que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará a la trabajadora que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.
"III. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la C. **********, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años, 08 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes:
"Mecanógrafa B, adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de Xochitepec, Morelos, del 16 de diciembre de 1987, al 15 de junio de 1989; oficial judicial B, adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 16 de junio de 1989, al 22 de enero de 1990; oficial judicial B, adscrita al Juzgado Mixto de la Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Yautepec, Morelos, del 23 de enero de 1990, al 11 de enero de 2004; auxiliar analista interina, adscrita al Juzgado Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, Morelos, del 12 de enero, al 25 de febrero de 2004; oficial judicial ‘B’, Juzgado Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, Morelos, del 26 al 29 de febrero de 2004; auxiliar analista interina, adscrita al Juzgado Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, Morelos, del 01 de marzo, al 01 de junio de 2004; oficial judicial B, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, Morelos, del 02 de junio de 2004, al 16 de abril de 2006; oficial judicial A, adscrita al Juzgado Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, Morelos, del 17 de abril 2006, al 16 de agosto de 2016, fecha en que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f) (sic) del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio solicitado.
"Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
"Decreto Número Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete
"Por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana **********.
"Artículo 1. Se concede pensión por jubilación a la C. **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial judicial A, adscrita al Juzgado Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, Morelos.
"Artículo 2. La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
"Artículo 3. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
"Disposiciones transitorias
"Primera. Remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 y 70, fracciones XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
"Segunda. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano de difusión del Gobierno del Estado.
"Recinto Legislativo, en sesión ordinaria a los seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
"Atentamente. Los CC. Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. Secretaria.—Rúbricas.—Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.
"‘Sufragio efectivo. No reelección’
"Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos
"Graco Luis Ramírez Garrido Abreu
"Secretario de Gobierno
"M.C. Matías Quiroz Medina
"Rúbricas."
De la lectura de dicho decreto se advierte que se aplicaron directamente los artículos 55, 56, 57, apartado A), fracciones I, II y III, 58, 66 y 67 de la Ley del Servicio Civil del Estado, que disponen:
"Artículo 55. Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que antecede estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través de las instituciones que para el caso determinen."
"Artículo 56. Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.
"El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.
"El trabajador que se hubiera separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación."
"Artículo 57. Para disfrutar de las pensiones señaladas en este capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes:
"A) Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez:
"I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el oficial del Registro Civil correspondiente;
"II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o del Municipio que corresponda;
"III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y
"IV. Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador."(11)
"Artículo 58. La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones:
"...
(Reformado primer párrafo, P.O. 6 de abril de 2005)
"II. Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden:
"...
(Reformado, P.O. 6 de abril de 2005)
"f) Con 23 años de servicio 75%; ..."
"Artículo 66. Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumpiirse (sic) este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece la ley.
"La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.
"Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.
"El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el Congreso concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador."
"Artículo 67. Los gastos que se efectúen por las prestaciones, seguros y servicios que establece esta ley y cuyo pago no corresponda exclusivamente a los Poderes Estatales o Municipios, se cubrirán mediante cuotas y aportaciones a cargo de los trabajadores.
"Las cuotas y aportaciones a que se refiere este artículo, se determinarán tomando como base para el descuento correspondiente el salario de cotización, entendiéndose por tal, el salario base que corresponda a la categoría o cargo.
"Los porcentajes correspondientes serán revisados periódicamente con el objeto de actualizarlos, al igual que las aportaciones que para los mismos fines sean a cargo de los Poderes del Estado y de las administraciones municipales."
En este contexto, resulta necesario analizar si los demás preceptos señalados como impugnados, esto es, los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como el 56 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y el 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, fueron aplicados indirectamente por formar parte del sistema integral de pensiones.
Dichos numerales prevén:
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
"Artículo 1. La presente ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio."
"Artículo 8. Esta ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado y los Municipios con sus trabajadores.
"Los trabajadores de confianza, sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de seguridad social, por lo que en cualquier tiempo y por acuerdo del titular de la dependencia dejarán de surtir sus efectos los nombramientos que se les hayan otorgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40, fracción XX, inciso M) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos."
"Artículo 24. Son causas justificadas de terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad del Gobierno del Estado, Municipio o entidad paraestatal o paramunicipal de que se trate, las siguientes:
"...
"XV. Por haber obtenido decreto que otorgue pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada, cuyo inicio de vigencia se consignará en el mismo ordenamiento."(12)
(Reformado primer párrafo, P.O
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200377-32897c4d/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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