I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ES EL DE TREINTA DÍAS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU CELEBRACIÓN (CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y DE APROVECHAMIENTOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y DE APROVECHAMIENTOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO CUANDO UN MUNICIPIO IMPUGNA EL OFICIO QUE CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN PARA COMPENSAR UN CRÉDITO FISCAL FIRME A SU CARGO, AUN CUANDO VAYA DIRIGIDO A UNA AUTORIDAD HACENDARIA (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VI. ACTOS DE AUTORIDAD. SU MOTIVACIÓN PUEDE ESTAR EXCEPCIONALMENTE CONTENIDA EN UNO DIVERSO CUANDO SE TRATA DE ACTOS VINCULADOS, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE SEAN REITERADOS. VII. PARTICIPACIONES FEDERALES. ES INNECESARIO REITERAR EN LA ORDEN DE SU RETENCIÓN LOS MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS DE DICHA DECISIÓN CUANDO SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN UN DIVERSO ACTO QUE HA SIDO DEL CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO AFECTADO (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA RETENCIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE LAS DESTINADAS A UN MUNICIPIO PARA COMPENSAR EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES FIRMES A SU CARGO, CUANDO EXISTE CONVENIO QUE LO AUTORICE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IX. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. HACIENDA MUNICIPAL. AUNQUE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE ELLA, ÚNICAMENTE LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2017. MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ. 9 DE ENERO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ABRAHAM PEDRAZA RODRÍGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día nueve de enero de dos mil diecinueve.
VISTOS; para resolver la controversia constitucional citada al rubro.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. El catorce de marzo de dos mil diecisiete,(1) Yoloxochitl Díaz López, quien se ostentó como representante legal y síndico del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, demandó al titular del Poder Ejecutivo, secretario de Hacienda y Crédito Público, jefe del servicio de Administración Tributaria, administrador general de Recaudación, administradora central de Programas Operativos con Entidades Federales, administrador desconcentrado de Recaudación de San Luis Potosí "1", directora general adjunta de Transferencias Federales, director general adjunto jurídico de Coordinación Fiscal y titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la invalidez de los actos siguientes:
a) El oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, y;
b) El convenio de colaboración veintiocho de "febrero" (sic) de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
SEGUNDO.—Trámite. El catorce de marzo de dos mil diecisiete,(2) el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el expediente 94/2017 y ordenó turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora de acuerdo con el registro que al efecto llevaba la Subsecretaría General de Acuerdos.
El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete,(3) la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional; tuvo como autoridad demandada a la Federación, por conducto del titular del Poder Ejecutivo Federal, a quien requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindiera su contestación y precisó que no se reconocía con tal carácter al secretario de Hacienda y Crédito Público, al jefe del Servicio de Administración Tributaria, por tratarse de dependencias subordinadas al Poder demandado y ordenó dar vista al procurador general de la República.
Ampliación de la demanda. El once de mayo de dos mil diecisiete,(4) Yoloxochitl Díaz López, representante legal y síndico del Municipio de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, amplió la demanda.
En dicha ampliación precisó como normas o actos cuya invalidez demandaba: el convenio de colaboración de veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El quince de mayo de dos mil diecisiete,(5) la Ministra instructora admitió a trámite la ampliación de la demanda; tuvo como autoridad demandada a la Federación, por conducto del titular del Poder Ejecutivo Federal a quien requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindiera su contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.
El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación de la Federación, contestó la demanda; desestimó los conceptos de anulación expresados en la demanda y ofreció las pruebas que a su interés convino.(6)
El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete,(7) la Ministra instructora agregó el informe rendido por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación de la Federación; tuvo por ofrecidas las pruebas; asimismo, por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y ordenó dar vista al Municipio actor y a la Procuraduría General de la República.
El treinta de junio de dos mil diecisiete, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación de la Federación, interpuso recurso de reclamación en contra del auto de quince de mayo de dos mil diecisiete, por el que se admitió a trámite la ampliación de la demanda; además, ad cautelam, contestó la ampliación de la demanda en la que desestimó los conceptos de anulación expresados y ofreció las pruebas que a su interés convino.(8)
El referido recurso de reclamación quedó radicado con el toca 70/2017, fue fallado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete por esta Primera Sala en el sentido de declarar fundado el medio de defensa y revocar el auto de quince de mayo de dos mil diecisiete en el que se admitió a trámite la ampliación formulada.
En la sustanciación de la controversia, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete,(9) la Ministra instructora tuvo por rendidos los alegatos formulados por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación de la Federación.
El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete,(10) Yoloxochitl Díaz López, representante legal y síndico del Municipio de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, interpuso incidente de falsedad de documentos el que se acordó el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, por la Ministra instructora.
El cinco de septiembre de dos mil diecisiete,(11) la Ministra instructora tuvo por rendidos los alegatos formulados por la Procuraduría General de la República.
El treinta de octubre de dos mil diecisiete,(12) la Ministra instructora desechó el incidente de falsedad de documentos, por notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Audiencia. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la instructora celebró la audiencia; tuvo por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas por las partes, asimismo, por presentados los alegatos, además, dio cuenta con lo resuelto en el relatado recurso de reclamación 70/2017 y, finalmente, puso el expediente en estado de resolución.
Radicación en la Primera Sala. El doce de noviembre de dos mil dieciocho,(13) la presidencia de la Primera Sala acordó el avocamiento del asunto y ordenó su turno a la Ministra designada para elaborar el proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el punto tercero, en relación con el punto segundo, fracción I, ambos del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece.
SEGUNDO.—Actos impugnados. Preliminarmente, se precisan los actos que se impugnan en la presente controversia constitucional.
Así, atento a la intención del Municipio actor y las constancias que integran la controversia, los actos cuya invalidez se impugna son:
• El oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, y;
• El convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, cuya fecha correcta es el veintiocho de abril de dos mil nueve.
TERCERO.—Improcedencia de la controversia, respecto del convenio de colaboración impugnado.
Esta Primera Sala considera que debe decretarse el sobreseimiento en la controversia, respecto del convenio de colaboración impugnado, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II» del Artículo 105 de la Constitución, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento, habida cuenta que se impugna de manera extemporánea.
En la presente controversia, entre otros actos, el Ayuntamiento actor combate la invalidez del convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, cuya fecha correcta es el veintiocho de abril de dos mil nueve, debido a que en el oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete también impugnado, se citó dicho convenio, alegando desconocer su existencia en términos del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, debido a que fue celebrado por un Cabildo conformado de personas elegidas para un determinado periodo.
Los artículos 19, fracción VII y 21 de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II» del Artículo 105 de la Constitución disponen:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia; y,
"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."
Como se ve la ley establece, en lo aquí interesa, el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales. Dicho plazo se computará de la siguiente forma. Tratándose de actos: A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; a partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución y a partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
Como se advierte de las constancias de autos (foja 87 a 90) el convenio de colaboración impugnado, celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez es de veintiocho de abril de dos mil nueve. En efecto, en la fecha antes indicada, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el presidente, secretario y síndico del citado Municipio celebraron el convenio de colaboración con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero transitorio, fracción I, del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho.
Por tanto, es a partir del día siguiente de esa fecha, antes referida, que corrió el término para impugnar el aludido convenio reclamado, es el veintinueve de abril de dos mil nueve, esto es, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta a partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento.
En esa lógica, de esa data, veintinueve de abril de dos mil nueve, a la presentación de la controversia constitucional, catorce de marzo de dos mil diecisiete, es evidente que transcurrió en exceso el término de treinta días, previsto en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II» del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la presentación oportuna. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II» del Artículo 105 de la Constitución, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento, ya que dicho acto se impugna de manera extemporánea y procede decretar el sobreseimiento de la controversia constitucional respecto del multicitado convenio.
No pasa desapercibido para esta Primera Sala que el Municipio actor exprese desconocer su existencia en términos del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, habida cuenta que el Municipio es un ente público que si bien se integra por un Cabildo conformado de personas elegidas para un determinado periodo, lo cierto es que, los compromisos asumidos le obligan.
CUARTO.—Oportunidad respecto del oficio impugnado. Es pertinente precisar que exclusivamente se atenderá a la oportunidad del escrito inicial de la controversia, toda vez que si bien se admitió la ampliación formulada por el Municipio actor, lo cierto es que, el acuerdo correspondiente fue revocado, al resolver el recurso de reclamación 70/2017, por esta Primera Sala.
Precisado lo anterior, la controversia está presentada oportunamente, como se pasa a demostrar:
El artículo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia establece el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales. Dicho plazo se computará de la siguiente forma.(14)
Tratándose de actos:
a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;
c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
En el caso de normas generales:(15)
d. A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;
e. A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
Ahora, en la presente controversia, el Municipio actor demandó la invalidez del oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete.
Como se advierte de la constancia que integran la controversia constitucional, el citado oficio fue notificado al Municipio actor el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, vía paquetería Mexpost; por tanto, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que se ostentó sabedor del mismo, esto es, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.(16)
Así, tomando la referida fecha, se concluye que la demanda en contra del citado oficio se interpuso de manera oportuna, ya que el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, venció el siete de abril de dos mil diecisiete(17) y la demanda fue presentada el catorce de marzo de dos mil diecisiete,(18) esto es, dentro del plazo legal referido.
QUINTO.—Legitimación activa. Yoloxochitl Díaz López, quien signó la controversia, ostentándose como representante legal y síndico de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, tiene legitimación para acudir en representación del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, pues demostró tener tal cargo con la copia certificada de la declaración de validez de la elección de los cincuenta y ocho Ayuntamientos comprendidos en el Estado de San Luis Potosí, mismos que estarán ejerciendo del primero de octubre del año dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, publicada en el Diario Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la cual acompañó a su demanda,(19) de la que se advierte que fue declarada síndico del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio Libre de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí y, finalmente, el Municipio actor es un órgano legitimado para promover la presente controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin que sea óbice de lo anterior que a la fecha en la que se resuelve la presente controversia constitucional haya finalizado el periodo antes referido, pues lo cierto es que la controversia fue presentada durante la vigencia del nombramiento de la signante de la controversia, esto es, como representante legal y síndico del Municipio Libre de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.
SEXTO.—Legitimación pasiva. Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, compareció en representación del titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene legitimación pues acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento como consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal.(20)
SÉPTIMO.—Estudio de la improcedencia de la controversia alegada por las partes respecto del oficio impugnado.
El Ejecutivo Federal aduce respecto del acto consistente en el oficio 400-07-00-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II» de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, habida cuenta que no resiente una afectación, pues dicho oficio está dirigido al titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se trata de una solicitud y no un acto de ejecución, además, la afectación de las participaciones federales ahí contenidas está encaminada al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el que debió haber ejecutado la compensación, sin que el mencionado gobierno hubiese impugnado tal acto.
Es infundada la causal de improcedencia propuesta. Contrariamente a lo que expone la citada autoridad demandada, el Municipio actor tiene interés legítimo para promover la controversia constitucional.
Si bien el oficio impugnado 400-07-00-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, está dirigido al titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; lo cierto es que del contenido se desprende la afectación al Municipio actor, toda vez que contiene la orden de retener las participaciones que en ingresos federales correspondían al Municipio, por una cantidad de $7'905,721.00 (siete millones novecientos cinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) para compensar los créditos firmes a su cargo por la omisión del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente a los periodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio de dos mil trece, de conformidad con lo estipulado en el convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno Federal y el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí de veintiocho de abril de dos mil nueve.
Así, a pesar de que el citado oficio no está dirigido al Municipio actor, sí es un acto que le afecta, pues contiene la orden de retener, esto es, afectar las participaciones federales del Municipio actor ahí contenidas, a través de la compensación, pues se trata de una determinación que ordena menoscabar las participaciones federales de manera directa; circunstancia que le genera el interés legítimo para promover la controversia constitucional en contra del citado oficio 400-07-00-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete. De ahí que la causal de improcedencia propuesta por la autoridad demandada deviene infundada.
No existiendo ninguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento propuesta por las partes ni que este Alto Tribunal advierta, procede el estudio de fondo del asunto.
OCTAVO.—Conceptos de invalidez. El Municipio actor expresa los argumentos de invalidez siguientes:
Primero
• El oficio número 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, vulnera el derecho a la seguridad jurídica, la garantía de audiencia, así como la debida fundamentación y motivación, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque parte de una fundamentación y motivación inconducente, pues contiene una falta de claridad respecto a cuáles son los créditos fiscales que se tiene por parte del Municipio actor, la naturaleza de éstos y la autoridad que los determinó, además le deja en un estado de indefensión, pues le impide una defensa adecuada.
• En el oficio impugnado la autoridad demandada pasó por alto cuál era la información y los hechos que originaron los créditos fiscales fincados a su cargo, además, no contiene en sí mismo y a detalle los fundamentos y motivos, siendo inconducente que en el oficio se mencione el "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho, porque no comprende adeudos del ejercicio dos mil trece, pues el referido decreto se refiere a condonaciones y adeudos correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil cinco y anteriores para los ejercicios fiscales de dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once.
• El oficio combatido es ilegal, ya que es errónea la fundamentación y motivación que esgrime la autoridad demandada, toda vez que el decreto que invoca no comprende adeudos del ejercicio de dos mil trece, además repite y no precisa los supuestos créditos fincados a cargo del Municipio actor ni porque están firmes, tampoco la situación o estado de mora que guarda el Municipio.
• En apoyo de tal argumentación invoca la jurisprudencia P./J. 44/2005, del Pleno del Alto Tribunal Federal, cuyo rubro informa: "PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA SU AFECTACIÓN ES NECESARIO QUE PREVIAMENTE SE CONFIRME LA EXISTENCIA DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DE 1982."
Segundo
• El oficio impugnado es contrario a lo dispuesto en los artículos 14, 16, 115, 124 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, porque la autoridad demandada carece de facultades para afectar las participaciones en los ingresos federales que le corresponden al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.
• El Municipio actor no se encuentra en ninguno de los supuestos que indica el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, pues el citado numeral prevé que las participaciones correspondientes al Municipio son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, no pueden estar sujeto a retención alguna, únicamente, pueden ser afectadas ciertas participaciones en garantía como fuentes de pago de las obligaciones contraídas por las entidades o Municipios con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas en el Registro Público Único de conformidad con el capítulo VI del título tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
• En el caso no se contrajo obligación o empréstito alguno o, bien, existe pago alguno pendiente; por tanto, no existe afectación alguna aprobada por la Legislatura del Estado de San Luis Potosí, de ahí que la fundamentación y motivación del oficio impugnado es inconducente.
• En apoyo de tal planteamiento cita la jurisprudencia P./J. 40/2005, del Pleno del Alto Tribunal Federal cuyo rubro informa: "PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PERMITE SU AFECTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y LA OBLIGACIÓN ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE."
• Las participaciones no pueden ser afectadas por compensación con motivo de un adeudo derivado de créditos fiscales, ya que la Ley de Coordinación no lo permite, pues a lo que se refiere el tercer párrafo del artículo 9o. de la citada ley es: "... a compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley lo autorice."
• El vocablo "obligaciones" debe ser entendido como empréstito o deuda pública, en términos de lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y de los Municipios; consecuentemente, el término obligaciones no se refiere a adeudos derivados de créditos fiscales.
Tercero
• No se celebró un convenio entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Ayuntamiento del Municipio actor de veintiocho de febrero de dos mil nueve, al que refiere el punto segundo del oficio reclamado.
• En el supuesto de que exista el citado convenio, el mismo no cumple con las prescripciones que para los actos que excedan el término de la administración de un Ayuntamiento establece la Constitución del Estado de San Luis Potosí y la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, ya que la administración de un Municipio dura en el encargo un término máximo de tres años, siendo el convenio de veintinueve de febrero de dos mil nueve, por lo que corresponde a otra administración, siendo ésa la que inició su gestión el día uno de octubre de dos mil quince y culminaría hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho.
• En caso de existir el convenio, lo cierto es que, no cuenta con la autorización de las dos terceras partes del Cabildo de la administración municipal, relativa a tal fecha y que se haya presentado en el Congreso de la Unión para su relativa validez, además, no pudo extender su vigencia y obligatoriedad más allá del periodo constitucional de tres años de la administración que lo hubiese formado.
Cuarto
• El oficio impugnado proviene de autoridad incompetente, pues no tiene facultades para ordenar, solicitar o comunicar que se afecten las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, máxime que ninguno de los dispositivos que se invocan le dan facultades y competencia para emitir un acto como el impugnado; por tanto, deviene de una autoridad incompetente.
Contestación del Poder Ejecutivo Federal a la demanda principal. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Poder Ejecutivo Federal, contestó la demanda; argumentó, en síntesis, lo siguiente:
• El Municipio actor no aduce una invasión de competencias sino una supuesta vulneración a garantías constitucionales, lo que no constituye materia en este medio de control constitucional.
• El oficio impugnado está debidamente fundado y motivado, se invocaron los artículos 1, primer párrafo, 2, apartado B, fracción I, inciso g), 5, primer párrafo, 11, fracciones I y VII, 12, fracciones VII y IX, 13 fracciones I y II, 16, primer párrafo, fracción XXI y tercer párrafo, numeral 7 y 17, párrafo primero, apartado G, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT), señalando que la autoridad demandada está facultada para notificar los actos de otras autoridades fiscales que remitan créditos fiscales para su cobro; mismos que pueden efectuar a través del procedimiento administrativo de ejecución, contenido en el capítulo III del Código Fiscal de la Federación.
• El oficio impugnado se emitió con la intención de solicitar a diversa autoridad administrativa que efectué la compensación de los créditos fiscales firmes determinados al Municipio actor respecto de las participaciones a que tiene derecho, debido a una omisión en el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondientes al periodo de septiembre a diciembre de dos mil trece.
• La autoridad demandada cuenta con facultades suficientes para emitir el acto que se reclama, porque existe documento determinante que se encuentra firme, en virtud de la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito que confirmó la sentencia de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se reconoció la validez del oficio impugnado.
• El oficio combatido se ubica dentro de las acciones que comprenden el procedimiento administrativo de ejecución, regulado en el capítulo III del Código Fiscal de la Federación, a través del cual las autoridades fiscales exigen el pago de créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados en el referido ordenamiento.
• La Tesorería de la Federación realizó la compensación de participaciones federales, derivado de los créditos fiscales que tiene a su cargo el Municipio actor, dado el incumplimiento de sus obligaciones fiscales que fueron determinadas en el oficio 500-54-00-02-01-2015-11669, la que se acredita con la constancia de compensación de participaciones número 15912.
• El acto jurídico en virtud del cual se le comunica al Municipio actor de la compensación de dichos créditos fiscales de sus participaciones efectuada, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, es del oficio 400-51-00-04-00-207-2095 de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, signado por el administrador desconcentrado de Recaudación de San Luis Potosí "1" del Servicio de Administración Tributaria; oficio que se encuentra debidamente fundado y motivado.
• Contrario a lo alegado por el Municipio actor, éste manifestó su conformidad con carácter de irrevocable para que se continuara con la compensación de todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, con motivo del incumplimiento a sus obligaciones fiscales en materia de la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta, a cargo de sus trabajadores, generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, aun y cuando dejen de aplicarse los beneficios fiscales previstos en el decreto de origen, por lo que la compensación efectuada, está plename
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30083-bb3ff8d8/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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