PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PERMITE SU AFECTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y LA OBLIGACIÓN ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA DETERMINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DE RETENER, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011, LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ PARA CUBRIR LA AFECTACIÓN QUE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN REALIZÓ A LA ENTIDAD EN EL MES DE JULIO DE ESE AÑO, CON MOTIVO DEL COBRO INDEBIDO QUE DICHO MUNICIPIO EFECTUÓ POR CONCEPTO DE OCUPACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL E INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 104/2011. MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ. 2 DE MAYO DE 2012. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de mayo de dos mil doce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio recibido el veintidós de septiembre de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa y J. Guadalupe Torres Sánchez, en su carácter de síndicos del Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, promovieron controversia constitucional en representación de la mencionada municipalidad, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se indica:
"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. 1) El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, con domicilio oficial ampliamente conocido en ese lugar, sito en Jardín Hidalgo, Número 1, zona centro; 2). El secretario de Finanzas del propio Gobierno del Estado con domicilio en calle Madero, número 100, zona centro en la ciudad de San Luis Potosí; y, 3) Director general de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas con domicilio en el propio lugar antes indicado."
"IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda y medio oficial en el que se publicó.
"El acto consistente en la determinación contenida en el oficio identificado con la clave SF/DGI/DRPF/SRPF/2064/2011, fechado el 31 de agosto de 2011, suscrito por el contador público Delfino Vergara Valeriano, en su calidad de director general de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través del cual comunica el que ha resuelto que en los meses de septiembre y octubre de 2011, se realizará la retención de $16'361,831.12 (Dieciséis millones, trescientos sesenta y un mil ochocientos treinta y un pesos, doce centavos en moneda nacional) en perjuicio de la parte que representamos, para cubrir -según dice- la afectación y participaciones que la Tesorería de la Federación realizó en el mes de julio al Estado de San Luis Potosí (anexo tres)."
SEGUNDO. La parte actora señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16, 115 y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. La parte actora relató como antecedentes del acto impugnado, los siguientes hechos:
"VI. Hechos o abstenciones que constan a esta parte actora y que constituyen los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demanda. Bajo protesta de decir verdad, manifestamos lo siguiente: Mediante correspondencia recibida a través de correo el 2 de septiembre de 2011, se entregó tanto al señor presidente municipal como al tesorero, ambos de la institución pública actora, el oficio identificado con la clave SF/DGI/DRPF/SRPF/2064/2011, fechado el 31 de agosto de 2011, suscrito por el contador público Delfino Vergara Valeriano, en su calidad de director general de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Como se observa del contenido de tal documento público, el director general de Ingresos contador público Delfino Vergara Valeriano, adjunta al mismo copia del oficio número 351-A-DGPA-E-1291 (anexo cinco) y del diverso identificado con el número 600-02-06-2011-(61)-48117 (anexo cuatro), en el que se ordena a la Tesorería de la Federación, según refiere, devolver a Teléfonos de México, S.A. de C.V., la cantidad indebidamente cobrada por concepto de la ocupación de vías de comunicación (colocación de cableado, ductos de cableado, postes, caseta) por el ejercicio fiscal 2001, a consecuencia del procedimiento coactivo identificado con el oficio número MSG/T/436 y de su anexo denominado ‘Determinación fiscal. Pago de derechos’ de fecha 20 de diciembre de 2001, conforme al cual -continua diciendo- el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fincó un crédito fiscal a Teléfonos de México, S.A. (sic) por los conceptos antes mencionados, específicamente el cobro del cheque certificado 0021172 librado por Fianzas Inbursa en favor del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, por la cantidad de $7'242,660.09, la cual ingresó a las arcas de dicho Municipio con recibo de caja folio 49955 B del 30 de junio de 2004. Asimismo, sostiene que a consecuencia de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Administración de lo Contencioso ‘6’, determinó que se devolviera ese cobro debidamente actualizado atendiendo a que el Municipio de referencia aplicó el artículo 26, inciso c), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del año 2001, con lo que se violaba la Constitución Federal y los preceptos normativos incluidos en las legislaciones a que se refiere el oficio de referencia. Posteriormente, comunica que en base a lo antes expuesto, en el mes de julio la Tesorería de la Federación realizó a la Secretaría de Finanzas afectación de participaciones por la cantidad de $16'361,831.12 (Dieciséis millones, trescientos sesenta y un mil ochocientos treinta y un pesos, doce centavos en moneda nacional) y que, por ello, en los meses de septiembre y octubre del año 2011, se efectuará la retención de esa misma cantidad de dinero para cubrir -según dice- la afectación de participaciones que la Tesorería de la Federación realizó en el mes de julio al Estado de San Luis Potosí. Es importante hacer del conocimiento de este Alto Tribunal, que previo a la emisión del oficio antes relatado (SF/DGI/DRPF/SRPF/2064/2011) y que contiene el acto cuya invalidez se busca, no se involucró al Municipio actor por parte de alguna de las demandadas en ningún procedimiento encaminado a resolver la retención en su perjuicio de los $16'361,831.12, sino que simple y sencillamente se le entera de tal acto emitido en forma unilateral, es decir, sin que se le haya dado oportunidad a la accionante de manifestar lo que a su derecho conviniere. Asimismo, debemos decir para todos los efectos legales a que hubiera lugar, que tampoco fuimos parte dentro del expediente número CI 18/2010, del índice de la Administración de lo Contencioso ‘6’, que originó la resolución contenida en el oficio número 600-02-06-2011-(61)-48117 y que como anexo cuatro exhibimos a esta demanda, siendo que tuvimos conocimiento de tal procedimiento hasta que se notificó el acto impugnado. En síntesis, esta parte actora tuvo conocimiento de la afectación que anunciaron las demandadas efectuarán en este mes de septiembre y en el de octubre por $16'361,831.12, hasta que se notificó el acto cuya invalidez se pretende (2 de septiembre de 2011), no permitiéndosele previo a su emisión o determinación, ejercer su derecho de audiencia y legítima defensa, virtud a lo cual y al considerarse que tal acto es inconstitucional, es que se promueve esta controversia a efecto de que se declare la invalidez del mismo en base a los siguientes: ..."
CUARTO. La parte actora formuló diversos conceptos de invalidez, en los que hizo valer, esencialmente, las siguientes cuestiones:
1. Que el director general de Ingresos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí carece de facultades legales para emitir el acto impugnado y, por tanto, debe declararse nulo y no exigible jurídicamente, habida cuenta que ninguna de las fracciones previstas en el artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas de dicha entidad federativa autorizan, facultan o legitiman a dicho funcionario a retener al Municipio actor los recursos dinerarios a que se refiere el acto impugnado; lo que incluso se confirma con el hecho de que en éste no se citó precepto alguno que otorgue competencia o facultades a la autoridad demandada, por lo que existe una aceptación tácita de la falta de competencia.
2. Que las autoridades demandadas no observaron la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, previo a afectar al Municipio actor con la retención de parte de sus participaciones (dieciséis millones trescientos sesenta y un mil ochocientos treinta y un pesos 12/100, moneda nacional), pues en ningún momento se le dio a conocer la existencia de algún procedimiento tendiente a emitir dicho acto, habida cuenta que tampoco se le dio oportunidad de ofrecer pruebas encaminadas a proteger el derecho afectado, ni alegar lo que a su interés conviniera sino, por el contrario, en forma unilateral se dictó el acto privativo.
3. Que el acto impugnado carece totalmente de fundamentación, pues en ninguna parte de su redacción se observa cuáles fueron los preceptos legales que sirvieron de base para sustentar la decisión que contiene; lo que tiene especial relevancia, dado que la autoridad demandada se encuentra obligada a cumplir con dicho requisito para que su acto tenga validez legal, así como para respetar la exigencia constitucional prevista en el artículo 16 de la Carta Magna, referente a la fundamentación y motivación, a efecto de demostrar si se encontraba facultada para emitir un acto de esa naturaleza jurídica.
4. Que el aludido acto tampoco cumple con el requisito de motivación, en virtud de que la autoridad demandada no explica en forma clara cómo es que las resoluciones contenidas en los oficios que menciona, tienen relación directa e inmediata con la determinación de retener la cantidad de dinero que refiere, habida cuenta que no expone los motivos por los que considera que en la especie resulta procedente imponer dicha retención, pues sólo señala que es para cubrir la afectación de participaciones que a su vez realizó la Tesorería de la Federación, pero no menciona cuál es la ley o leyes y el precepto o preceptos legales que la facultan para actuar en ese sentido; máxime que se contrarían expresamente los artículos 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, pues establecen en forma categórica que las participaciones que el Municipio reciba de la Federación a través del Estado, no podrán ser objeto de deducciones, embargos, ni podrán afectarse a fines específicos o estar sujetas a retención.
5. Que no es óbice para determinar la invalidez de la retención anunciada en el acto impugnado, la resolución contenida en el oficio del ocho de marzo de dos mil uno, firmada por el administrador de lo contencioso "6" de la Administración Central de lo Contencioso del Servicio de Administración Tributaria, pues el Municipio actor no fue parte en el procedimiento del que derivó y nunca fue llamado a juicio, por lo que no puede ni debe pararle perjuicio alguno, habida cuenta que la única entidad involucrada fue el Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Finanzas, máxime que en la aludida resolución en forma alguna se establece que la cantidad que debe devolverse a Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, sea a costa o a cargo del erario o de las participaciones del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez sino, por el contrario, se establece que el pago se efectuará con cargo a las participaciones del gobierno de la mencionada entidad federativa, en virtud de que es su conducta la que se analizó en el recurso de inconformidad interpuesto por la aludida empresa, y no así la del Municipio actor, que al no estar adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no pueden imputársele violaciones a las disposiciones relativas; además, no existe evidencia de que dicha entidad se haya inconformado contra tal determinación.
6. Que el acto impugnado viola en perjuicio del Municipio actor lo establecido en el artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad demandada decretó de manera autónoma y unilateral la retención de las participaciones que le corresponden a la institución actora, para pagar una devolución ordenada a la Tesorería de la Federación por violaciones cometidas por el propio Gobierno Estatal, sin sujetarse a un procedimiento o disposiciones jurídicas y legales aplicables, por lo que se le impide la libre administración de su hacienda pública, máxime que sus participaciones se pretenden utilizar para un fin diverso para el que se encuentran destinadas desde su otorgamiento; lo que resulta grave y deja en estado de indefensión al Municipio promovente, pues al no poder disponer y aplicar esos recursos para satisfacer las necesidades fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, se le resta autonomía y autosuficiencia económica.
7. Que el acto impugnado también viola en perjuicio del Municipio actor lo establecido en el artículo 120 constitucional, pues el gobernador del Estado de San Luis Potosí no hace cumplir los artículos 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que la autoridad demandada indebidamente determinó afectar las participaciones del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez sin el procedimiento legal aplicable, y para un fin específico no contemplado en ningún ordenamiento jurídico, configurándose de esta manera la mencionada violación constitucional, pues incumple con la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir las leyes federales, así como el diverso numeral 14 constitucional, por inaplicar el debido procedimiento legal.
QUINTO. Mediante proveído del veintitrés de septiembre de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto bajo el número de expediente 104/2011, y turnarlo al señor Ministro José Fernando Franco González Salas para que fungiera como instructor en el procedimiento.
En proveído de veintisiete de septiembre siguiente, el Ministro instructor y ahora ponente tuvo por recibida la demanda de controversia constitucional promovida por Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa y J. Guadalupe Torres Sánchez, en su carácter de síndicos del Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, requiriéndolos para que dentro del plazo de cinco días informaran si dicha municipalidad intervino como demandada en algún juicio contencioso administrativo que se haya promovido contra los cobros por concepto de ocupación de vías de comunicación (colocación de cableado, ductos de cableado, postes, caseta) y, en su caso, remitieran copia de la o las resoluciones que se les hubiese notificado, así como para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, Distrito Federal.
Además, en el propio acuerdo requirió a diversas autoridades jurisdiccionales para que remitieran copia certificada de las siguientes actuaciones: la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la sentencia del dos de junio de dos mil ocho, dictada en el juicio de nulidad 33472/04-17-08-6; la Séptima Sala Regional Metropolitana del aludido órgano jurisdiccional, la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo número 38021/05-17-07-4; y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la sentencia dictada en el juicio de amparo directo número DA. 219/2010.
SEXTO. Por autos de diez y veinte de octubre de dos mil once, el Ministro instructor tuvo por desahogados todos los requerimientos de los que se ha dado noticia, y en el último de esos acuerdos admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, teniendo por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como por autorizadas para tales efectos a las personas designadas, y por ofrecidas las pruebas de la parte actora.
En el mencionado acuerdo, se tuvo como demandado únicamente al Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, en términos del artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, y no así al secretario de Finanzas, ni al director general de Ingresos de dicha entidad federativa, en virtud de que son órganos subordinados al aludido poder; ordenándose emplazar a la autoridad demandada para que en un plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones derivadas de la tramitación y resolución de este asunto se le harían por lista, hasta en tanto no señale dicho domicilio.
Además, en el propio acuerdo se tuvo como tercero interesado al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su consejero jurídico, en términos del artículo 10, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que dentro del plazo de treinta día hábiles manifestara lo que en derecho conviniere.
Asimismo, en dicho proveído se requirió al Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, por conducto de quien legalmente lo representa, para que al dar contestación a la demanda, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todos los antecedentes del acto impugnado, apercibiéndolo que de no cumplir con lo anterior, se le aplicaría una multa en términos de la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia.
Por último, de conformidad con los artículos 10, fracción IV y 26, primer párrafo, de la ley que rige el procedimiento de las controversias constitucionales, se dio vista con las constancias a la procuradora general de la República, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera.
SÉPTIMO. El subprocurador fiscal federal de Amparos, al dar contestación a la demanda de controversia constitucional en representación del presidente de la República, por ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación, argumentó, entre otras cuestiones, que no tiene el carácter de tercero interesado en dicho asunto (no tuvo intervención en la emisión del acto impugnado y que, por tal motivo, no le causa perjuicio lo que en relación con él se determine); que el Municipio actor no tuvo el carácter de parte en el recurso de inconformidad cuya resolución se encuentra contenida en el oficio de ocho de marzo de dos mil once; y que los efectos de una hipotética declaración de invalidez del acto impugnado, no deben vincular a su cumplimiento al Poder Ejecutivo Federal.
OCTAVO. Por su parte, el procurador general de Justicia del Estado de San Luis Potosí, al dar contestación a la demanda de controversia constitucional, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, en síntesis, manifestó:
a) Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en virtud de que han cesado los efectos del acto materia de la controversia constitucional, pues ya se practicaron las retenciones de participaciones del Municipio actor (que se anunciaron en el oficio impugnado), por lo que constituyen actos consumados irreparablemente, dado que aun cuando la sentencia declarara que son inválidos los actos impugnados, no podría restituirse al actor en sus derechos al carecer la controversia de efectos retroactivos, en términos del artículo 45 de la citada legislación.
b) Que en la especie también se configura la diversa causa de inejercitabilidad de la acción de controversia constitucional prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria en comento, en virtud de que existe una vía legal prevista en la ley local para recurrir el acto impugnado por el Municipio actor, que tendría como resultado la resolución del conflicto, que es la inconformidad contemplada en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, la cual debió hacer valer ante la Legislatura de dicha entidad federativa.
c) Que es falso que el Municipio actor desconozca el origen del cobro que se le pretende hacer vía retención de participaciones, así como que no se le haya involucrado en procedimiento alguno que tuviera que ver con dicho acto; toda vez que las disposiciones declaradas contrarias al Sistema de Coordinación Fiscal aparecieron en las Leyes de Ingresos del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez en los años 2001, 2002 y 2003, por lo que la empresa Telmex, Sociedad Anónima de Capital Variable, realizó diversos pagos al aludido Ayuntamiento en esos periodos; pero interpuso contra dichas normas el juicio de amparo 141/2003-II (en el que se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal), así como el recurso de inconformidad número 67/2003 (en el que se determinó que existe incumplimiento a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal por parte del Estado de San Luis Potosí).
d) Que el veinte de diciembre de dos mil uno, la Tesorería del Municipio actor determinó un crédito fiscal a cargo de la empresa Telmex, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad de $6'959,118.25 (seis millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento dieciocho pesos 25/100, moneda nacional), el que hizo efectivo el treinta de junio de dos mil cuatro por la cantidad actualizada con cargo a Fianzas Guardiana Inbursa, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Inbursa (por el monto de $7'246,660.09); pero que la empresa mencionada en primer término impugnó el cobro relativo en el diverso recurso de inconformidad 21/2005, en el que mediante resolución de ocho de marzo de dos mil once, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que existió incumplimiento a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal por parte del Estado de San Luis Potosí, atendiendo a la conducta desplegada por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez consistente en el cobro indebido de diversos derechos de uso de suelo, por lo que ordenó a la Tesorería de la Federación proceda a la devolución de la cantidad de $7'246,660.09 (siete millones doscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta pesos 09/100, moneda nacional), debidamente actualizada.
e) Que el veintiuno de julio de dos mil once, el director general adjunto de la Dirección de Enlace y Administración de Participaciones y Convenios de la Dirección General Adjunta de Participaciones y Aportaciones Federales, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó a la Tesorería de la Federación afectar las participaciones del Estado de San Luis Potosí por la cantidad de $16'361,831.12 (dieciséis millones trescientos sesenta y un mil ochocientos treinta y un pesos 12/100, moneda nacional), de las que le corresponden por los ingresos federales en el mes de julio del citado año.
f) Que una vez realizada la mencionada afectación, el director general de Ingresos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí emitió el oficio impugnado, en el cual informó al tesorero del Municipio actor que le remitía los oficios en los que la Tesorería de la Federación ordenó devolver a Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cantidad cobrada indebidamente, así como que se practicaría a dicha municipalidad una retención de las participaciones que le correspondieran en los meses de septiembre y octubre de dos mil once.
g) Que el origen de la afectación con la que se inconforma el Municipio actor, es el cobro de los derechos que efectuó a Telmex, Sociedad Anónima de Capital Variable, y que como la autoridad fiscal determinó que debe reintegrarse la cantidad relativa a dicha empresa, es justo que sea dicha municipalidad la que haga frente a esa responsabilidad al ser la única que se benefició con el aludido cobro, máxime que llevó a cabo éste, a sabiendas de que las Leyes de Ingresos en que fundó la determinación del crédito fiscal relativo, ya habían sido declaradas inconstitucionales por afectar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
h) Que si se solicitó a la Tesorería de la Federación que afectara las participaciones del Estado de San Luis Potosí y no del Municipio actor, es precisamente porque fue la entidad la que firmó el convenio de coordinación fiscal y no la municipalidad, por lo que ésta no tenía legitimación pasiva para intervenir en el recurso de inconformidad 21/2005.
i) Que la competencia del funcionario que emitió el acto impugnado se encuentra prevista en el artículo 14, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
j) Que la garantía de audiencia del actor fue ejercida por conducto de la entidad federativa a la que pertenece, pues ésta sí intervino como parte en el recurso de inconformidad 21/2005.
k) Que la fundamentación y motivación del acto impugnado se colma con los oficios que le adjuntó la autoridad demandada.
l) Que no se violó en perjuicio del Municipio actor lo establecido en los artículos 115, fracciones II y IV, y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la afectación de sus participaciones no constituye un embargo, sino la devolución de un pago de derechos que cobró indebidamente.
NOVENO. La procuradora general de la República, al emitir su opinión, en síntesis, manifestó:
I. Que en la especie no se actualizan las causas de improcedencia que hizo valer la autoridad demandada en su contestación de demanda, pues no han cesado los efectos del acto impugnado y el Municipio actor no se encontraba obligado a agotar la "vía legal" que menciona la demandada.
II. Que es constitucional la afectación a las participaciones del Municipio actor, pues se ordenó a la Tesorería de la Federación afectara las participaciones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a efecto de devolver el crédito fiscal y sus actualizaciones a Telmex, en virtud de que la entidad es la responsable del convenio de coordinación fiscal, pero dicha situación en forma alguna exime al Municipio a cumplir con sus obligaciones.
III. Que con la emisión del oficio impugnado se causa perjuicio a la hacienda municipal del Ayuntamiento actor, pues el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General de la República establece que las participaciones federales constituyen uno de los elementos que integran la hacienda municipal, las que conforme al dispositivo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se pueden afectar o retener, salvo cuando se trate del pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, previa autorización de su legislatura y esté inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos; excepción que en la especie no se actualiza, pues el acto controvertido deriva de la determinación que tomó el Gobierno Local, a través del director general de Ingresos para afectarle las participaciones del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, ya que a su vez, la Tesorería de la Federación mediante resolución firme del recurso de inconformidad interpuesto por Telmex, se las retuvo a la primera de las autoridades en cita.
IV. Que conforme al principio de integridad de los recursos municipales, todas las autoridades fiscales tienen la obligación de apegarse a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; lo que en el caso concreto no observó el gobernador de la entidad al determinar afectar las participaciones del Municipio actor, para responder por el cobro indebido efectuado a un particular, por lo que vulneró su hacienda municipal prevista en el numeral 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues se le impide ejercerlas en los rubros prioritarios con los que cuenta y se le priva del principio de integridad, así como de su autonomía en la administración hacendaria.
V. Que el oficio impugnado también vulnera los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, ya que fue emitido por el director general de Ingresos sin contar con facultad para tales efectos, ya que conforme al artículo 14, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, respecto de los aludidos recursos, su actuar se constriñe a calcular, determinar y formular las órdenes de pago de las cantidades que correspondan a los Municipios por concepto de participaciones federales, en términos de los convenios de coordinación fiscal.
VI. Que si bien las sentencias que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuentan con efectos retroactivos, salvo en materia penal; lo cierto es que en el caso concreto ese Alto Tribunal debe considerar que el actuar del Ejecutivo de la entidad no se ajusta a los postulados fundamentales estatuidos en la Constitución Federal, por lo que procede conminar a dicha autoridad a liberar el pago de las participaciones afectadas; sin que ello constituya una aplicación de la sentencia de manera retroactiva, sino sólo determinar que las participaciones no pueden ser objeto de afectación o retención.
DÉCIMO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintiocho de febrero de dos mil doce, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO PRIMERO. Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto fue radicado en esta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se encuentra adscrito, la que oportunamente registró el asunto y asumió su conocimiento; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional.(1)
SEGUNDO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
Del examen integral del escrito de demanda de controversia constituciona
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23666-dd26a8de/participaciones-federales-el-articulo-9o-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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