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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO, AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN, O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTÓ SABEDOR DEL MISMO (SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA SÉPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO DE NULIDAD 5069/19-17-07-5). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO INSTITUTO (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN III Y 32, FRACCIÓN I, AMBOS DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LA LEGITIMACIÓN PASIVA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON PLENA JURISDICCIÓN PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES (ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDE A LA PERSONA QUE OCUPE SU PRESIDENCIA (ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL RECAE EN LA PERSONA QUE OCUPE LA CONSEJERÍA JURÍDICA (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CUENTA CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA ACUDIR A ESTA VÍA PARA CUESTIONAR LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO DE NULIDAD, AL PLANTEAR UNA AFECTACIÓN A SU ÁMBITO COMPETENCIAL. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO (SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA SÉPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO DE NULIDAD 5069/19-17-07-5). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD SÓLO OPERA CUANDO EN LAS LEGISLACIONES LOCALES SE ESTABLECEN MEDIOS DE DEFENSA O RECURSOS, SIEMPRE QUE EN LA DEMANDA NO SE HUBIEREN PLANTEADO VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS, SINO VIOLACIONES A LAS LEYES LOCALES QUE PRODUZCAN UNA TRANSGRESIÓN A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL A MANERA DE CONSECUENCIA (SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA SÉPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO DE NULIDAD 5069/19-17-07-5). XIV. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SU CREACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. XV. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO ESPECIALIZADO E IMPARCIAL RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2021. · Registro digital (IUS): 32776
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-10-25
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI).
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Octubre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.172.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2021. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI). 13 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Promovente: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Normas impugnadas y acto impugnado: Artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, así como los diversos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la sentencia definitiva de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 5069/19-17-07-5.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 33/2021, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que impugnó lo siguiente:

Normas generales:

• La expedición y promulgación de la reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en lo particular su artículo 24, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil nueve.

• La expedición y promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en particular sus artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

Acto de aplicación:

• La resolución emitida por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 5069/19-17-07-5, promovida en contra de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI), ********** que negó la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. **********, denunció ante el INAI diversos hechos en los que consideró que la ********** (en adelante **********), hizo mal uso de sus datos personales.

2. El once de marzo de dos mil trece, el Secretario de Protección de Datos Personales, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), emitió la orden de verificación **********, de la cual derivó el procedimiento **********, resuelto el veinticinco de septiembre siguiente, en cual el INAI impuso a la **********, diversas multas.

3. En contra de dicha resolución la ********** promovió el juicio de nulidad 27077/13-17-01-3, resuelto el veintiocho de octubre de dos mil catorce en el que la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada.

4. En virtud de la nulidad lisa y llana que la Universidad Intercontinental obtuvo contra el procedimiento **********, que le imponía multas en la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, inició ante el propio INAI el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado con número **********, mismo que culminó el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el sentido de no imputar responsabilidad al INAI.

5. En contra de dicha determinación, la ********** promovió el juicio de nulidad 5069/19-17-07-5, del cual conoció la Séptima Sala Regional Metropolitana, Segunda Ponencia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, seguido el procedimiento respectivo, mediante resolución de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, reconoció la validez de la resolución **********, estableciendo que tenía competencia legal para conocer del juicio contencioso administrativo en que se impugna la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial resuelto por el INAI en el expediente antes referido.

6. De esta manera, la resolución que recayó al juicio de nulidad 5069/19-17-07-5, constituye el acto impugnado en la presente controversia constitucional, porque en ella se aplicaron los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa así como el numeral 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado en perjuicio del Instituto, siendo a su consideración, la sentencia el primer acto de aplicación de las normas combatidas.

7. Presentación de la demanda, autoridad demandada y norma impugnada. Por escrito enviado mediante el uso de la Firma Electrónica certificada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno y recibido el treinta siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Máximo Tribunal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió controversia constitucional en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, del Presidente de la República y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por los actos precisados con anterioridad.

8. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 6, apartado A, fracción VIII, 49, 73, fracción XXIX-H y 133 de la Constitución Federal, así como el Segundo Transitorio, con motivo de la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce.

9. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Instituto actor, expuso los siguientes conceptos de invalidez:

10. En su primer concepto de invalidez el INAI sostuvo que es inconstitucional la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno en el juicio de nulidad 5069/19-17-07-5, por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues se violó la autonomía del INAI y el principio de división de poderes previstos en los artículos 6 y 49 de la Constitución Federal, ya que dicho órgano extralimitó las facultades que le fueron encomendadas en el diverso numeral 73, fracción XXIX-H, de la Ley Fundamental.

11. Destaca que en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de febrero de dos mil catorce, le otorgó al INAI autonomía constitucional, por lo que ya no forma parte de la Administración Pública Federal, evitando así la posibilidad de ser revisado o revocado en su actuar por otros entes o poderes, por lo que la única vía para combatir sus resoluciones es el juicio de amparo.

12. Concluye que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al revisar del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado **********, sustanciado por el INAI, violó el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional pues la resolución no encuadra en ninguno de los supuestos del precepto constitucional en cita, por lo que con ello se viola su autonomía, así como el principio de división de poderes.

13. En su segundo concepto de invalidez alega la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en relación con los numerales 6, Apartado A, fracción VIII, y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, así como el artículo Segundo Transitorio de la reforma de siete de febrero de dos mil catorce, al exceder la facultad con la que cuenta el Congreso de la Unión para expedir la Ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que conozca únicamente de los asuntos que en ese mismo precepto se enumeran, lo que a su vez viola la autonomía constitucional del órgano y el principio de supremacía constitucional.

14. Efectivamente, por mandato del artículo Segundo Transitorio, el legislador federal se encontraba obligado a reformar todos los ordenamientos que lo requirieran, considerando para el efecto que el INAI es un órgano constitucional autónomo y las consecuencias que de ello derivan y, al no hacerlo, con los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa así como el diverso 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se omite adecuar dichos preceptos a los efectos que conlleva la autonomía, esto es, no poder ser revisado salvo que el ente que lo haga cuente con competencia constitucional para el extremo.

15. Radicación de la demanda. Por auto de siete de abril de dos mil veintiuno, el entonces Ministro Presidente de este Alto Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente con el número 33/2021 y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor en el procedimiento.

16. Desechamiento de la controversia. Mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el Ministro instructor desechó de plano la demanda de controversia constitucional, por notoria y manifiesta improcedencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, que establece el supuesto de no haberse agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto, toda vez que en contra de la sentencia del juicio de nulidad impugnada mediante la controversia se había promovido un juicio de amparo directo por parte del particular al que se le negó la responsabilidad patrimonial del Estado por parte del INAI.

17. Recurso de reclamación. Ante el desechamiento de la demanda de controversia, el INAI interpuso recurso de reclamación (35/2021-CA), el cual fue resuelto por la Primera Sala, en sesión correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, estimando fundados los agravios del Instituto recurrente, al considerar que no se actualizaba de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia relacionada con el principio de definitividad.

18. Admisión de la controversia constitucional. En cumplimiento a dicho fallo, el veinticuatro de enero dos mil veintidós, el Ministro Alberto Pérez Dayán, instructor en el presente asunto, admitió a trámite la demanda de la controversia constitucional. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su esfera competencial correspondiera.

19. Incidente de suspensión. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno incidental, se negó la suspensión solicitada, en virtud de que se reconoció la validez de la resolución impugnada en el juicio de nulidad 5069/19-17-07-5, dictada por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

20. Contestación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El diez de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante TFJA), Rafael Anzures Uribe, dio contestación a la demanda y planteó las siguientes causas de improcedencia:

• Falta de interés legítimo. No se actualiza el supuesto de procedencia contenido en el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del país, debido a que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no forma parte de los Poderes de la Unión ni es un organismo constitucional autónomo.

• Impugnación de una resolución de carácter jurisdiccional. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia dado que la sentencia definitiva dictada en el expediente 5069/19-17-07-5 del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una resolución jurisdiccional cuya invalidez no puede plantearse mediante controversia constitucional, al no constituir un recurso o ulterior medio de defensa para revisar la materia de la litis del procedimiento de origen.

• Violación al principio de definitividad. No se agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, por lo que se actualiza la causa contenida en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que debió haber agotado el recurso de revisión administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

21. En su contestación a los conceptos de invalidez, señaló esencialmente:

• Primero. Para que sea procedente la controversia constitucional, debe existir una afectación al ámbito competencial del promovente, es decir, que sea afectado o limitado por un acto en concreto o una disposición de carácter general; no obstante, ninguno de esos supuestos se actualiza en el presente caso, pues la materia de la litis en el presente caso se basa en una errónea e inexacta apreciación de la legalidad del actuar del Tribunal demandado.

• Lo anterior es así, puesto que el hecho de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actúe como órgano jurisdiccional del Estado Mexicano y tenga competencia para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan en contra de las resoluciones emitidas por el INAI, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, no implica una vulneración a la autonomía o esfera competencial del Instituto actor.

• Segundo. El INAI sostiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa excede la facultad que tiene conferida en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, no obstante, la procedencia de un juicio de nulidad en contra de tales resoluciones de ninguna manera implica vulnerar su autonomía o esfera de competencia, sino que responde al mandato constitucional contenido en los numerales 17 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución General. Además, se debe destacar que el control de regularidad de las actuaciones en materia de transparencia del INAI se sujeta a lo dispuesto en el diverso 16 de la Carta Magna, además de que dicho Instituto pertenece también a la Federación conforme al artículo 6, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal.

• De esa manera, sostiene que de conformidad con los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dicho tribunal, sí tiene competencia para conocer de la resolución impugnada por la parte actora. En efecto, la competencia que establecen los preceptos impugnados le dan facultad al Tribunal para conocer y llevar a cabo los juicios de nulidad que se promuevan en contra del INAI, derivado de resoluciones definitivas que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente la reclamación, o cuando habiéndose otorgado no satisfagan las pretensiones del reclamante.

• A mayor abundamiento, aduce que no le asiste la razón al INAI, al referir que el TFJA sólo tiene competencia para conocer de conflictos suscitados entre la Administración Pública Federal y los particulares, ello es así, puesto que en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se precisa que el citado órgano jurisdiccional conocerá de las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos, entre otros más; en ese orden de ideas, la competencia atribuida al TFJA, no se limita a la Administración Pública Federal, sino que extiende su competencia tanto a los órganos constitucionales autónomos, como lo son el Instituto Nacional Electoral y la Auditoria Superior de la Federación.

• Sostiene que existe una antinomia jurídica en la presente controversia constitucional entre las normas impugnadas, en virtud de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está facultado tanto por la Constitución Federal, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, así como por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para conocer del juicio de nulidad 5069/19-17-07-5 en contra de la resolución del INAI **********, que negó la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, además de que el artículo 6, apartado A, fracción VIII, le otorga competencia al INAI para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, de ahí que las disposiciones señaladas al querer ser aplicadas por el respectivo órgano administrativo del Instituto, lesionaría la autonomía constitucional de ambas partes.

22. Contestación de la Cámara de Senadores. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, en representación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda en la que sostuvo lo siguiente:

• Respecto del primer concepto de invalidez expuesto por el INAI, sostiene que debe desestimarse por inoperante, ya que está dirigido a controvertir la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debido a que admitió a trámite y substanció el juicio contencioso administrativo 5069/19-17-07-5, por su Séptima Sala Regional Metropolitana, además de que no es un acto que emane del cúmulo de facultades legislativas con que cuenta la Cámara de Senadores contenidas en el artículo 73 de la Constitución Federal, relativas a la aprobación de leyes ni tampoco en alguna de las facultades exclusivas del referido órgano legislativo prevista en el diverso 76 constitucional.

• En cuanto al segundo concepto de invalidez aduce que es infundado, lo anterior dado que los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no son violatorios del artículo 6 de la Constitución Federal, en virtud de que no otorgan de manera expresa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa la posibilidad legal de conocer de demandas promovidas en contra de resoluciones emitidas por el INAI, puesto que atendiendo al numeral 73, fracción XXIX-H, constitucional, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, carece de atribuciones para revisar resoluciones emitidas por el referido Instituto, en la medida de que dicho artículo prevé que dicho Tribunal únicamente conocerá de actos emitidos por las autoridades de la Administración Pública Federal, más no de los actos emitidos por órganos constitucionales autónomos.

• Reitera que los artículos impugnados, 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, así como los diversos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no son violatorios del artículo 6 constitucional, dado que no se amplía la competencia que el TFJA tiene previamente establecida, ya que no se le concede de manera expresa alguna competencia legal para revisar las resoluciones del INAI, sino únicamente las impuestas por la Administración Pública Federal, de ahí que se concluya que no se lesiona la autonomía del referido Instituto, por tanto, las normas impugnadas no son contrarias al texto constitucional vigente a partir de la reforma de siete de febrero de dos mil catorce.

• Además, se advierte que el INAI hace depender la inconstitucionalidad de las normas a partir de la aplicación que realizó la Séptima Sala Regional Metropolitana TFJA al resolver el juicio de nulidad 5069/19-17-07-5.

23. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, mediante Buzón Judicial Automatizado, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, dio contestación a la demanda promovida por el INAI. 24. Al respecto, señala que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la extemporaneidad, en cuanto al artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado así como los diversos numerales 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción VII, en relación con el numeral 21, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria, toda vez que el momento procesal para su impugnación ha excedido en demasía, tratándose de normas generales.

25. De igual forma, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracciones VI y IX, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria, en relación con los numerales 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la controversia constitucional no es la vía constitucional y legalmente prevista para la solución del conflicto, en atención a que el INAI pretende incoar una controversia constitucional en contra de la sentencia definitiva del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la cual el Tribunal Federal de Justicia Administrativa asumió la competencia para conocer de un juicio de nulidad promovido por la Universidad Intercontinental, en contra del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado con número **********, mismo que culminó el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el sentido de no imputar responsabilidad al INAI.

26. Contestación de la demanda de la Cámara de Diputados. Por escrito recibido el veintidós de marzo de dos mil veintidós, Sergio Gutiérrez Luna, quien se ostentó como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, formuló contestación a la demanda promovida por el INAI, en la que sostuvo la validez de las normas impugnadas.

27. Además, manifestó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con la fracción I, inciso I), del propio precepto constitucional, al no existir interés legítimo por parte del INAI para impugnar el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, así como los diversos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

28. Menciona que no basta que el órgano promovente funde su impugnación en su garantía de autonomía constitucional, sino que además debe demostrar que el acto impugnado, le afecta como entidad, poder u órgano, atendiendo a la naturaleza del procedimiento constitucional, lo cual no sucedió en la presente controversia.

29. Alegatos. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presentaron escrito de alegatos, los cuales se tuvieron por interpuestos mediante acuerdos de veintinueve de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente; posteriormente, el catorce de diciembre de esa anualidad, se tuvieron por presentados los escritos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo.

30. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y no expresó manifestación alguna.

31. Audiencia y cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el catorce de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

I. COMPETENCIA

32. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(1) por tratarse de un conflicto entre un organismo constitucional autónomo federal y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, en el que se cuestionan la validez de normas generales.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS Y ACTO IMPUGNADO

33. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, se precisa que las normas y acto impugnado en la presente controversia constitucional lo constituye lo siguiente:

A) Del Poder Legislativo Federal (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), la expedición de la reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en su artículo 24, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 12 de junio de 2009 y, la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en particular sus artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de julio de 2016.

B) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación de la reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en su artículo 24, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 12 de junio de 2009 y, la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en particular sus artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de julio de 2016.

C) Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el acto de aplicación de los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en estimar que tiene competencia para conocer del juicio de nulidad 5069/19-17-07-05, en contra de la resolución del INAI ********** que negó la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, en virtud de ser errónea y totalmente contraria a la Constitución, así como violatoria de la autonomía de este Instituto, toda vez que sin fundamento constitucional alguno, el TFJA decidió conocer respecto de una demanda sin tener competencia constitucional para admitir el juicio en comento, desbordando sus facultades, con lo que, además, viola la autonomía de este INAI.

III. EXISTENCIA DEL ACTO Y NORMAS IMPUGNADOS

34. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, este Tribunal Pleno advierte que la existencia de la aplicación de los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la resolución 5069/19-17-07-5.

35. Por su parte, la resolución emitida en el juicio de nulidad 5069/19-17-07-5, se encuentra acreditada en autos, además que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al contestar la demanda, aceptó la existencia de ésta.

IV. OPORTUNIDAD

36. Conforme al artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) vigente a la fecha de presentación del presente asunto, el plazo para promover controversia constitucional tratándose de actos, debe computarse a partir del día siguiente:

a) Al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y,

c) Al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

37. En este caso, el Instituto actor impugna la sentencia definitiva emitida el veintinueve de enero de dos mil veintiuno en el juicio de nulidad 5069/19-17-07-5 del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, notificada a través del Boletín Jurisdiccional el jueves once de febrero de dos mil veintiuno, la cual surtió sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se publicó en el boletín en cita, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige este acto, esto es, el martes dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.

38. Luego el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del miércoles diecisiete de febrero al miércoles treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó mediante el Portal Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de marzo de dos mil veintiuno, es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.

39. Por otro lado, en términos del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover la controversia constitucional, tratándose de normas, debe computarse a partir del día siguiente:

a) A la fecha de su publicación; o

b) Al que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.(3)

40. Al respecto, resulta conveniente destacar que el criterio que ha desarrollado el Tribunal Pleno para determinar si un acto constituye la aplicación de una norma general, implica que éste tenga su fundamento en la misma, esto es, que en él se haga mención expresa de ésta como su fundamento o se haga una referencia expresa a ella en algún sentido y, además, que en dicha norma se encuentre previsto el caso concreto que se identifica o contiene el acto señalado como el de su aplicación, de tal forma que a través de ést

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32776-0700b7ef/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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