I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES O ACTOS QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE LA MISMA NATURALEZA, SIEMPRE QUE EXISTA IDENTIDAD DE PARTES, NORMAS GENERALES O ACTOS Y CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IX Y 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA SÉPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO DE NULIDAD 5069/19-17-07-5, EL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IX Y 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 225/2022. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 13 DE FEBRERO DE 2024. ONCE VOTOS DE LAS MINISTRAS Y DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LORETTA ORTIZ AHLF, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LENIA BATRES GUADARRAMA, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Promovente: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Normas impugnadas y acto impugnado: Los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la sentencia definitiva de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 24078/19-17-08-4.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 225/2022, promovida por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI), en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que impugnó lo siguiente: la expedición, promulgación y acto de aplicación, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en particular sus artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de julio de dos mil dieciséis.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. El quince de junio de dos mil dieciocho, a través del sistema de INFOMEX (folio 0002700179318), ********** solicito a la Secretaría de la Función Pública lo siguiente:
"De ambas resoluciones administrativas los oficios de números (266 y 152), requirió copia certificada por duplicado, la ratificación de que ambos servidores públicos carecen de facultades legales de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil quince."
Es importante reiterar que, solicito copia certificada por duplicado de la declaración de inexistencia de facultades o atribuciones, expedida por parte del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública respecto de los documentos públicos denominado, Acuerdo Delegatorio de Facultades respecto de las facultades contempladas en favor de los funcionarios que ostentan el cargo de C. Administrador General de Recursos y Servicios, conforme a lo previsto en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil quince, o en alguna publicación posterior."
2. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de número DGT/121/DD/0038/2018, la Directora General de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, determinó lo siguiente:
"En virtud de lo anterior, para poder estar en posibilidad de atender su solicitud de contar con la "ratificación", en caso de ser procedente, de que los servidores públicos C. Ulises Moreno Munguía y C. Jorge F. Ramírez Mazlum, para la suscripción de las resoluciones administrativas oficio 300-00-00-00-00-2016-266 y 300-00-00-00-00-2018-152, respectivamente; deberá atenderse a lo que el área de quejas del OIC-SAT resuelva en su momento, mediante el acuerdo de conclusión del expediente 2018/.SAT.DE775, el cual se encuentra en elaboración y en fecha próxima de conclusión, esto conforme a las atribuciones del área conferidas en la normatividad antes referidas."
3. Inconforme con la respuesta anterior, el propio solicitante interpuso recurso de revisión ante el INAI, el cuál por auto de seis de agosto de dos mil dieciocho dictado en el recurso de revisión RRD-RCRA 0747/18, se tuvo por interpuesto y turnado a la Comisionada correspondiente.
4. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI, admitió a trámite el recurso antes referido.
5. Seguidos los tramites respectivos, por resolución de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revisión RRD-RCRA 0747/18, los Comisionados integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinaron lo siguiente:
PRIMERO. Con fundamento en el artículo157, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo señalado en las consideraciones Tercera y Cuarta, de la presente resolución.
6. El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el solicitante promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y fue admitido el uno de octubre de ese año, y se registró con el número de expediente 1153/2018, seguido el procedimiento, el Juez celebró audiencia constitucional el cuatro de diciembre de ese año, y el quince de enero de dos mil diecinueve, dictó la sentencia respectiva en la que resolvió lo siguiente:
ÚNICO. La Justicia de Federal AMPARA Y PROTEGE a **********, contra la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revisión RRD-RCRA 0747/18 del índice del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en términos de lo expuesto en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.
7. En contra de lo anterior, la Directora General de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, por conducto del Supervisor de Amparos "A", y el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de su Director de Asuntos Jurídicos, interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y lo registro con el número de expediente R.A. 50/2019, seguido el procedimiento, el seis de junio de dos mil diecinueve el referido órgano colegiado dictó sentencia en la que resolvió lo siguiente:
PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a **********, contra la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el recurso de revisión RRD-RCRA 0747/18, para los efectos precisados en el considerando sexto de la sentencia recurrida.
8. En cumplimiento a lo anterior, el diez de julio de dos mil diecinueve el Pleno del INAI, emitió una nueva resolución en el recurso de revisión RRD 0747/18 BIS, del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, y determinó en lo que interesa lo siguiente:
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta emitida por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo señalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta, de la presente resolución.
SEGUNDO. El sujeto obligado, en un plazo no mayor de diez días hábiles, a partir del día hábil siguiente al de su notificación, deberá cumplir con la presente resolución, y posteriormente contará con un término de tres días para informar a este Instituto sobre su cumplimiento, con fundamento en el artículo 159, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los artículos 168, 169, 170, 174 y 175 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través de la Dirección General de Cumplimiento y Responsabilidades de este Instituto, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda.
QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación.
9. En cumplimiento a ello, la Directora de Edición del Diario Oficial de la Federación, suscribió el oficio de número DGADOF/DE/211/444/2019, de fecha de veinte de marzo de dos mil diecinueve, declarando inexistente en el DOF el "Acuerdo Delegatorio de Facultades" en el RISAT, respecto de la solicitud de datos personales de folio 000400069319.
10. Por último, el doce de agosto de dos mil diecinueve formuló reclamación de responsabilidad patrimonial ante el INAI, mismo que fue resuelto el diecinueve de septiembre de ese año, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. Se desecha por notoriamente improcedente la reclamación de indemnización por daños y perjuicios presentada por el C. **********, toda vez que, a la fecha de emisión del presente acuerdo, se encuentran pendientes de resolución los juicios de nulidad que refiere el reclamante como antecedente de los daños y perjuicios que supuestamente causados.
SEGUNDO. Cabe destacar que este Instituto no entra al estudio de las causas de improcedencia de la reclamación por daños y perjuicios que se advierten de los hechos narrados, y al estudio del fondo del asunto por resultar notoriamente improcedente por la causal señalada en el resolutivo anterior.
(...)"
11. En contra de la resolución anterior, mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficialía de Partes de común del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante TFJA), ********** por propio derecho demandó la nulidad de la resolución de diecinueve de septiembre de ese año en el expediente PRPE.001/2019, a través de la cual el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, desechó el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, en el que el actor reclamó la indemnización por daños y perjuicios por la actividad irregular administrativa.
12. Posteriormente, el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, admitió a trámite la demanda y seguido el procedimiento, el uno de agosto de dos mil veintidós, la referida Sala dictó resolución y determinó lo siguiente:
I. Resultó infundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad demandada; en consecuencia,
II. No se sobresee en el presente juicio.
III. La actora probó su acción, en consecuencia;
IV. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, misma que ha quedado señalada en el Resultando Primero del presente fallo, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.
13. Presentación de la demanda. Por escrito presentado mediante el Portal electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió controversia constitucional en la que señaló como autoridades demandadas y actos impugnados los siguientes:
a) Del Poder Legislativo Federal (Cámaras de Diputados y Senadores). La expedición de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en particular sus artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, publicada el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación.
b) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia de Administrativa, en particular sus artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, publicada el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación.
c) Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El acto de aplicación de los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia de Administrativa, consistente en estimar que tiene competencia para conocer del juicio de nulidad 24078/19-17-08-4, interpuesto contra de la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente PRPE.001/2019, por el Director General de Asuntos Jurídicos del INAI, que desechó el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por notoriamente improcedente y por no actualizarse los requisitos de procedibilidad de la acción.
14. Preceptos que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 6, apartado A, fracción VIII, 49, 73, fracción XXIX-H y 133 de la Constitución Federal así como el Segundo Transitorio, con motivo de la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce.
15. Conceptos de invalidez. En su demanda el INAI expuso los siguientes conceptos de invalidez:
• Primero. Sostiene que es inconstitucional la sentencia dictada el uno de agosto de dos mil veintidós en el juicio de nulidad 24078/19-17-08-4, por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues violó la autonomía del INAI y el principio de división de poderes previstos en los artículos 6 y 49 de la Constitución Federal, ya que dicho órgano extralimitó las facultades que le fueron encomendadas en el diverso 73, fracción XXIX-H, de la Ley Fundamental.
• Destaca que en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de febrero de dos mil catorce, le otorgó al INAI autonomía constitucional, por lo que ya no forma parte de la Administración Pública Federal, evitando así la posibilidad de ser revisado o revocado en su actuar por otros entes o poderes.
• Aduce que el TFJA no tiene facultad constitucional para conocer de la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado ante el INAI, el cual se desechó al actualizarse la causa de improcedencia relacionada con la falta de un requisito de procedibilidad, además se señaló que se reservaban los derechos del promovente hasta que cumpliera con los requisitos, por lo que la resolución contenida en el expediente PRPE.001/2019, se trata de un acuerdo en el que se negó la procedencia del procedimiento del pago por responsabilidad patrimonial, respecto de la cual el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, no le confiere competencia constitucional al Tribunal.
• Concluye que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al conocer de la resolución al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado PRPE.001/2019, sustanciado por el INAI, violó el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna pues la resolución de tal procedimiento no encuadra en ninguno de los supuestos del precepto constitucional en cita, por lo que con ello se viola su autonomía, así como el principio de división de poderes.
• Segundo. Alega la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con los diversos 6, Apartado A, fracción VIII y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, así como el artículo Segundo Transitorio de la reforma de siete de febrero de dos mil catorce, al exceder la facultad con la que cuenta el Congreso de la Unión para expedir la Ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que conozca únicamente de los asuntos que en ese mismo precepto se enumeran, lo que a su vez viola la autonomía constitucional del órgano y el principio de supremacía constitucional.
• Agrega que por mandato del artículo Segundo Transitorio, el legislador federal se encontraba obligado a reformar todos los ordenamientos que lo requirieran, considerando para el efecto que el INAI es un órgano constitucional autónomo y, las consecuencias que de ello derivan y, al no hacerlo, con los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se omite adecuar dichos preceptos a los efectos que conlleva la autonomía, esto es, no poder ser revisado salvo que el ente que lo haga cuente con competencia constitucional para el extremo.
16. Admisión y trámite. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente, registrar la controversia constitucional bajo el número 225/2022 y turnarla al Ministro Alberto Pérez Dayán.
17. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
18. Incidente de suspensión. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno incidental, se concedió la suspensión para el efecto de que la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se abstenga de ejecutar la sentencia dictada el uno de agosto de dos mil veintidós en el juicio contencioso administrativo 24078/19-17-08-4 hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto.
19. Contestación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mediante escrito presentado el doce de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senador Alejandro Armenta Mier, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda en la que sostuvo lo siguiente:
a) En primer lugar, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VII y 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, relativa a la extemporaneidad de la demanda respecto de los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puesto que el plazo de treinta días contados a partir de la fecha de su publicación o al día siguiente al en que se actualizó el primer acto de aplicación, excedió los treinta días ya que las normas reclamadas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, sin que haya sido reformada actualmente, por lo que resulta claro que no es procedente su impugnación.
b) Por otra parte, en cuanto a la oportunidad de la sentencia como primer acto de aplicación, se precisa que no constituye un primer acto de aplicación, sino posterior, dado que en la diversa controversia constitucional 33/2021, promovida por el INAI, se advierte que también cuestionó los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al haberse aplicado con motivo de su resolución emitida el veintinueve de enero de dos mil veintiuno por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 5069/19-17-07-5, por tanto debería sobreseerse en la presente controversia constitucional. c) Respecto del primer concepto de invalidez expuesto por el INAI, sostiene que debe desestimarse por inoperante, ya que está dirigido a controvertir la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debido a que admitió a trámite y substanció el juicio contencioso administrativo 24078/19-17-08-4, por la Octava Sala Regional Metropolitana, además de que no es acto que emane del cúmulo de facultades legislativas con que cuenta la Cámara de Senadores contenidas en el artículo 73 de la Constitución Federal, relativas a la aprobación de leyes ni tampoco en alguna de las facultades exclusivas del referido órgano legislativo prevista en el diverso 76 constitucional.
d) En cuanto al segundo concepto de invalidez refiere que es infundado, lo anterior dado que los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no son violatorios del diverso 6 de la Constitución Federal, en virtud de que no otorgan de manera expresa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa la posibilidad legal de conocer de demandas promovidas en contra de resoluciones emitidas por el INAI, puesto que atendiendo al numeral 73, fracción XXIX-H, constitucional, se advierte que el TFJA carece de atribuciones para revisar resoluciones emitidas por el referido Instituto, en la medida de que dicho artículo prevé que dicho Tribunal únicamente conocerá de actos emitidos por las autoridades de la Administración Pública Federal, más no de los actos emitidos por órganos constitucionales autónomos.
e) Reitera que los artículos impugnados 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no son violatorios del numeral 6 constitucional, dado que no se amplía la competencia que el TFJA tiene previamente establecida, ya que no se le concede de manera expresa alguna competencia legal para revisar las resoluciones del INAI, sino únicamente las impuestas por la Administración Pública Federal, de ahí que se concluya que no se lesiona la autonomía del referido Instituto; por tanto, las normas impugnadas no son contrarias al texto constitucional vigente a partir de la reforma de siete de febrero de dos mil catorce.
20. Contestación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El uno de febrero de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls Esponda, dio contestación a la demanda y planteó las siguientes causas de improcedencia:
a) Falta de legitimación pasiva. No se actualiza el supuesto de procedencia contenido en el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no forma parte de los poderes de la Unión ni es un organismo constitucional autónomo.
b) Existencia de litispendencia. Refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la presente controversia resulta improcedente, en virtud de que dentro del juicio contencioso administrativo federal 24078/19-17-08-4, se encuentran pendientes de resolución un juicio de amparo directo D.A. 714/2022 y la revisión fiscal R.F. 817/2022, ambos radicados en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
c) Impugnación de una resolución de carácter jurisdiccional. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia dado que la sentencia definitiva dictada en el expediente 24078/19-17-08-4 del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una resolución jurisdiccional cuya invalidez no puede plantearse mediante controversia constitucional, al no constituir un recurso o ulterior medio de defensa para revisar la materia de la litis del procedimiento de origen.
21. En la contestación a los conceptos de invalidez, señaló esencialmente lo siguiente:
a) Para que sea procedente la controversia constitucional, debe existir una afectación al ámbito competencial del promovente, es decir, que sea afectado o limitado por un acto en concreto o una disposición de carácter general; no obstante, ninguno de esos supuestos se actualiza en el presente caso, pues la materia de la litis en el presente caso se basa en una errónea e inexacta apreciación de la legalidad del actuar del Tribunal demandado.
b) Lo anterior es así, puesto que el hecho de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actúe como órgano jurisdiccional del Estado Mexicano y tenga competencia para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan en contra de las resoluciones emitidas por el INAI, no implica una vulneración a la autonomía o esfera competencial del Instituto actor.
c) Sostiene que en términos del artículo 109, párrafo último, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 3, fracción IX y 35, fracción III y 38, inciso B), fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los diversos 2 y 63, fracción IX, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo y el 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el referido Tribunal se encuentra dotado de plena autonomía y competencia para conocer de las resoluciones definitivas emitidas por los entes públicos federales, como lo es el INAI.
d) De esa manera, reitera que el Tribunal sí tiene competencia para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan en contra del INAI, derivado de resoluciones definitivas que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente la reclamación, o cuando habiéndose otorgado no satisfagan las pretensiones del reclamante.
e) A mayor abundamiento, aduce que no le asiste la razón al INAI, al referir que el TFJA sólo tiene competencia para conocer de conflictos suscitados entre la Administración Pública Federal y los particulares, ello es así, puesto que en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se precisa que el citado órgano jurisdiccional conocerá de las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos, entre otros más; en ese orden de ideas, la competencia atribuida al TFJA, no se limita a la Administración Pública Federal, sino que extiende su competencia tanto a los órganos constitucionales autónomos, Instituto Nacional Electoral y Auditoria Superior de la Federación.
22. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo Federal. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, dio contestación a la demanda promovida por el INAI.
a) Señala que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la extemporaneidad, respecto de los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el diverso 19, fracción VII, en relación con el numeral 21, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que el momento procesal para su impugnación ha excedido en demasía, tratándose de normas generales.
b) De igual forma, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracciones VI y IX, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con los numerales 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que el INAI no agotó la vía legalmente prevista, en virtud de que se encuentran pendientes resolución un juicio de amparo directo D.A. 714/2022 y la revisión fiscal R.F. 817/2022, ambos radicados en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional.
c) En otro tenor, aduce que el primer concepto de invalidez expuesto por el INAI resulta infundado, toda vez que los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no transgreden el principio de división de poderes ni se lesiona la autonomía del INAI, ya que las normas impugnadas únicamente determinan que sólo en contra de las resoluciones de responsabilidad patrimonial procede el juicio de nulidad ante el TFJA.
d) Por último, refiere que las normas impugnadas no violan los artículos 6, apartado A, fracción VIII, 48, 73, fracción XXIX-H y 133 de la Constitución Federal, toda vez que sólo determinan que en contra de las resoluciones de responsabilidad patrimonial procede el juicio de nulidad ante el TFJA, por lo que, de conformidad con los numerales 16 y 17 constitucionales, el legislador decidido establecer un mecanismo de defensa en contra de la negativa de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado.
23. Contestación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Santiago Creel Miranda, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, formuló contestación a la demanda promovida por el INAI.
a)
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32798-2ab60514/i-controversia-constitucional-es-improcedente-cuando-se-impugnan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 56 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- JURISPRUDENCIA QUE DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APLICARLA PARA DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINIST (I.1o.A.66 A )
- TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, AL APLICAR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE J (VI.3o.A.151 A)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. (P./J. 50/2004 )
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. (43)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis