I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULO 33, FRACCIONES IV Y VI, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITUTLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DICHO INSTITUTO (ARTÍCULO 32, FRACCIONES I Y II, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA UNA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, AL HABERSE PLANTEADO LA INVASIÓN A LA ESFERA COMPETENCIAL DE LA COMISIÓN ACTORA (RESOLUCIÓN DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 3726/22). VI. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU CONTENIDO Y PRINCIPIOS RECTORES. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPEDIR LA LEY GENERAL RESPECTIVA CON LAS BASES, PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA MATERIA CON EL PROPÓSITO DE CREAR UN DISEÑO INSTITUCIONAL Y PROCESAL UNIFORME PARA TODOS LOS ÁMBITOS DE GOBIERNO. VIII. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SU CREACIÓN CONSTITUCIONAL COMO ÓRGANO CONSITUCIONAL AUTÓNOMO. IX. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO ESPECIALIZADO E IMPARCIAL RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, CUYAS RESOLUCIONES SON VINCULATORIAS, DEFINITIVAS E INATACABLES PARA ÉSTOS. X. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ÁMBITO FEDERAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES QUE CORRESPONDAN A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ASÍ COMO LOS RECURSOS QUE INTERPONGAN LOS PARTICULARES RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESPECIALIZADOS EN EL ÁMBITO LOCAL EN LOS QUE SE DETERMINE LA RESERVA, CONFIDENCIALIDAD, INEXISTENCIA O NEGATIVA DE LA INFORMACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY. XI. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DETERMINAR, MEDIANTE UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA RESPUESTA OTORGADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS, SI LA INFORMACIÓN SOLICITADA INVOLUCRA HECHOS QUE CONSTITUYEN POSIBLES VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE LESA HUMANIDAD PARA EFECTOS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN CUYO CASO EL CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN QUE LOS INVOLUCRA NO PRODRÁ SER RESERVADO Y SE CONSIDERARÁ INFORMACIÓN PÚBLICA. XII. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. TIENE LA FACULTAD DE INVESTIGAR Y CALIFICAR PROBADAMENTE, DE OFICIO O POR SOLICITUD DE CIERTAS AUTORIDADES, LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE INVOLUCRAN VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMAHOS Y, EVENTUALMENTE, EMITIR RECOMENDACIONES AL RESPECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 102, APARTADO B, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIII. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE DAR ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, ASÍ COMO PARA MODIFICAR SU RESPUESTA Y CALIFICAR, MEDIANTE UN EXAMEN PRELIMINAR, QUE LOS HECHOS MATERIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA INVOLUCRAN VIOLACIONES
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Acto(s) impugnado(s): La resolución de veinte de abril de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el recurso de revisión RRA 3726/22.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de diez de mayo de dos mil veintitrés en el que emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 97/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el nueve de junio de dos mil veintidós, Luciana Montaño Pomposo, quien se ostentó como Coordinadora General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió controversia constitucional en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la que impugnó:
"... IV. Acto cuya invalidez se reclama.
"Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demando la invasión de esferas competenciales, materializada mediante la resolución emanada de la sesión celebrada el 20 de abril de 2022, dictada en el expediente del Recurso de Revisión RRA 3726/22, por la que modifica la respuesta emitida por esta quejosa, a la solicitud de información con número de folio 330030922000093.
"Entre otras cosas, en la resolución anteriormente descrita, la autoridad demandada hace el análisis de la información que integra el expediente CNDH/2/2011/2817/Q, y en un despliegue de facultades que no le corresponden, hace las siguientes consideraciones:
"... ."
2. Antecedentes. Del escrito de demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se desprenden los siguientes antecedentes:
a. Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recibió la solicitud de información con folio 330030922000093, al tenor de lo siguiente:
"Solicito toda la información a la que la CNDH tuvo acceso para realizar la recomendación correspondiente a las Fosas Clandestinas encontradas en San Fernando, en 2011, (sic) No omito mencionar que el hallazgo de fosas en San Fernando, Tamaulipas, donde se descubrió el peligro de los viajes en las carreteras que cruzan ese municipio, derivaron en las recomendaciones 80/2013 y 23VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por lo que claramente actualiza el artículo 8 y la fracción I del artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), resultando en que esta información no puede ser clasificada como reservada en tanto se trata de hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos."
b. En atención a la solicitud de información formulada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el uno de marzo de dos mil veintidós, a través del oficio CNDH/P/UT/0361/2022, respondió, en lo que interesa:
"Apreciable persona solicitante:
"Me refiero a su solicitud de acceso a la información pública, registrada en la Unidad de Transparencia de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el número de folio de la Plataforma Nacional de Transparencia de referencia, misma que a la letra dice:
"...
"Al respecto, con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) le comunico que su solicitud de acceso a la información fue turnada a la Segunda y Quinta Visitaduría Generales de esta comisión Nacional, por lo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, se informa lo siguiente:
"Se hace de su conocimiento que, derivado de los hechos ocurridos en el mes de agosto de 2010, en el municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas, en los que perdieron la vida 72 personas migrantes, de diferentes nacionalidades, este Organismo Nacional radicó el expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q, mismo que una vez integrado, fue concluido en 23 de diciembre de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 125, fracción III, al haberse emitido la Recomendación 080/2013.
"Por cuanto hace al expediente CNDH/5/2010/4688/Q, se informa que la versión pública del mismo se encuentra disponible para su consulta en la página oficial de ésta Comisión Nacional a través de la siguiente liga electrónica: http://www.cndh.org.mx/doctr/2017/5v/a74/2e/5V-2017-a74-2e-4688_indice-pdf.
"De igual manera, toda vez que podría ser de su interés, la Recomendación 80/2013 puede ser consultada en la página web oficial de este Organismo (www.cndh.org.mx), a través de la siguiente ruta de búsqueda: 1. Recomendaciones, 2. Recomendaciones por violaciones graves, y 3. Buscar: 80 o bien, en la liga electrónica https://www.cndh.org.mx/site/default/files/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/REC_2013_080.pdf.
"Ahora bien por cuanto hace a su requerimiento relativo a la ‘recomendación correspondiente a las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas’, la podrá consultar la recomendación 23VG/2019, publicado en la página institucional de este Organismo Nacional en el siguiente vínculo electrónico: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/201910/REC_2019_23VG.pdf
"No obstante, lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo requerido, se informa que el expediente CNDH/2/2011/2817/Q, se encuentra con estatus concluido, el cual dio origen a la recomendación 23VG/2019. consistente en 2,462 fojas.
"Ahora bien, del análisis de la información solicitada, se observó que usted no guarda la calidad de quejosa y/o agraviada en el expediente requerido, y en el cual existe información y datos personales de terceros, que solo podrán tener acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello conforme lo previsto en los artículos 113, último párrafo y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
"Por lo tanto, al no acreditar que cuenta con la autorización de los diversos titulares de los datos personales para imponerse de los datos personales, esta Segunda Visitaduría General tiene la irrestricta obligación de salvaguardar la información, en términos de los artículos 112 fracción I, 117, 118 y 128 parte in fine, de la LFTAIP, en concordancia con los ordinales Cuarto, Quinto, Noveno, Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos) de la información generada por este Organismo Nacional es necesario elaborar versión pública, en la que se está protegiendo toda aquella información que por Ley esté clasificada como confidencial, conforme a los párrafos subsecuentes.
"...
"Consecuentemente, toda vez que en la información requerida, obra dentó (sic) de los expedientes de queja se observa que existen datos personales que hacen identificada o identificable a las personas involucradas, es necesario realizar la clasificación de la información como confidencial toda vez que esta Comisión Nacional tiene la obligación de garantizar la privacidad de las personas, máxime si se considera que dicha protección a los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros, conforme lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
"..."
c. En contra de la respuesta emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el solicitante de información interpuso recurso de revisión al considerar que dicho organismo:
- Clasificó información como reservada, debiendo ser pública al tratarse de violaciones graves a los derechos humanos;
- Clasificó como confidencial información susceptible de ser pública de acuerdo con las excepciones previstas en la legislación de transparencia y protección de datos personales y;
- Omitió realizar una versión pública de toda la información a la que tuvo acceso para realizar las recomendaciones 80/2013 y 23VG/2019, mismo que versa sobre un evento de interés público que constituye violaciones graves a los derechos humanos.
d. En consecuencia, mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otras cosas, registró el recurso de revisión con número de expediente RRA 3726/22 y lo admitió a trámite.
e. Posteriormente, en sesión celebrada el veinte de abril de dos mil veintidós, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió en el recurso de RRA 3726/22, en lo que interesa:
"Derivado de lo (sic) todo lo analizado, con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este instituto determina que lo procedente es MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y se le instruye para que:
"• Proporcione versión íntegra del expediente CNDH/2/2011/2817/Q, por corresponder a una investigación que trata de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
"• Exceptúe a la persona solicitante, del pago de costos por reproducción y envío de la información.
"• Publique en la Plataforma Nacional de Transparencia las documentales que atienden la presente solicitud; esto, de conformidad con lo establecido en la fracción XLVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública."
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión actora expuso los siguientes conceptos de invalidez:
– PRIMERO.
El actuar del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, invade la esfera competencial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ello, pues dicho Instituto, en términos de lo establecido por el artículo 6o., apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se atribuyó competencia para determinar si la información y/o documentación requerida vía solicitud de información, se encuentran involucrados con hechos presuntamente relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
Menciona que el artículo 6o., Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como fundamento de su actuar no establece que sea su competencia determinar si la información y/o documentación requerida vía solicitud de información se encuentra relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos en los términos en que lo hizo. Determinar si se trata de violaciones graves o no graves a los derechos humanos corresponde a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 apartado B de la Constitución Federal.
– SEGUNDO.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realizó una indebida interpretación de los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que se desprende como principio, que la información en poder de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es pública, pero puede ser reservada temporalmente por las razones que se fijen en la Ley, así mismo, que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales debe ser protegida, y es derecho de toda persona, sin distinción alguna, la protección de datos personales y manifestar su oposición a su divulgación.
Argumenta la Comisión actora, que al dar respuesta a la solicitud de información que dio origen a la resolución que se impugna, de manera fundada, motivada y cumpliendo los principios constitucionales en materia de transparencia y satisfaciendo los parámetros exigidos por la ley, llevó a cabo la clasificación de información, por una parte como reservada aquella que pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas que en su carácter de servidor público figuran en la información materia de la respuesta, y como información confidencial, aquella que contiene datos personales que hacen identificables a víctimas, testigos, agraviados y terceros. Lo anterior, en el ejercicio de las atribuciones constitucionales que le son conferidas a los sujetos obligados en materia de transparencia.
No obstante lo anterior, mediante la resolución impugnada, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió, con fundamento en el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información,(1) hacer pública información que de manera fundada y motivada fue clasificada como confidencial y reservada, con el fin de proteger datos personales.
Argumenta que la determinación contenida en la resolución impugnada implica un pronunciamiento que conlleva la interpretación directa de los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de un ente, que si bien, constitucionalmente ha sido creado para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, su facultad se limita al aspecto de legalidad.
En ese sentido, la facultad del Instituto demandado se limita a la interpretación de las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Protección de Datos Personales, y de resolver los medios de defensa que interpongan los particulares en materia de acceso a la información pública, no para interpretar derechos fundamentales como lo es el derecho a la protección de datos personales y derecho de protección a la información que puede poner en riesgo la vida y de acceso a la información.
Refiere que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales invade las funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al modificar la respuesta de ésta última y eliminar la protección de datos personales y la información que puede poner en riesgo la vida de las personas, sin justificar que constitucionalmente estuviera facultado para modificar la clasificación de información, tanto reservada como confidencial.
– TERCERO.
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al emitir la resolución combatida soslayó el mandato constitucional de promover, proteger y salvaguardar el derecho de protección de datos personales y personales sensibles.
Indica que la consideración fundamental de la autoridad demandada consiste en que sobrepone el interés público en cuanto al conocimiento de un asunto vinculado a las violaciones graves sobre el derecho de protección de datos personales y a la intimidad cuya protección es de rango constitucional y convencional.
Refiere que la aplicación del artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deja en total desprotección los datos personales y a la intimidad de las víctimas y sus familias, lo que es violatorio de la Constitución; el hecho de que no se pueda clasificar como reservada la información vinculada con violaciones graves a los derechos humanos o de lesa humanidad, no puede dar pauta a que los datos confidenciales pierdan su protección constitucional de forma tajante, máxime que puede involucrar información personal de víctimas, dado que no se distingue respecto a la exclusión de datos confidenciales, cuyo tratamiento goza de especial protección.
Menciona que al aplicar los artículos 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se obliga a la Comisión Nacional actora a proporcionar información de carácter confidencial por la sola circunstancia de que la investigación se trata de violaciones graves a derechos humanos, lo que es violatorio de los derechos de las víctimas y sus familiares.
Señala que debe tomarse en cuenta que, si se proporciona la información requerida, se vulnerarían los derechos humanos de las víctimas, en detrimento de los relativos a la privacidad, la justicia, la reparación del daño y al resguardo de su identidad. Aunque es verdad que existe un imperativo de máxima publicidad en tratándose de ese tipo de violaciones, el sistema normativo debe conceder a los sujetos obligados la posibilidad de clasificar la información que por su naturaleza es confidencial, sin que resulte admisible que se aplique una excepción absoluta a la protección de datos personales que deje en estado de desprotección a las víctimas y sus derechos.
– CUARTO.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al dictar la resolución impugnada viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo hizo en exceso de las facultades que constitucional y legalmente tiene conferidas.
Refiere que ni en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se reglamenta lo relacionado con la excepción a la protección de datos personales establecidas en el artículo 16 constitucional.
Asimismo, señala que en la fracción II del apartado A del artículo 6o., como el artículo 16, ambos de la Constitución Federal, se establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, sin embargo, no establece parámetro alguno que deban seguir tales excepciones, sino que las deja a la discreción del legislador ordinario.
En ese sentido, indica que los artículos 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública reglamentan y dotan de facultades al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la aplicación e interpretación de los principios y bases establecidos en el artículo 6 constitucional. No así a la aplicación de los casos de excepción a la protección de datos personales que se justifiquen en disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de tercero, como lo establece el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No desconoce el hecho de que el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establezcan excepciones a la protección de datos personales considerados confidenciales y repliquen lo establecido en segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución. Sin embargo, señala que no exponen las razones que deben considerarse como de seguridad nacional, disposiciones de orden público o en su caso los requerimientos para proteger los datos de terceros, limitándose a replicar el ordenamiento constitucional, sin hacer la reglamentación correspondiente. Refiere que el Instituto demandado no invocó precepto legal alguno que justifique quitar la confidencialidad a los datos personales, utilizando una regla que rige en lo particular a la fundamentación y motivación, en el entendido de que la regla que hace pública la información en caso de violaciones graves a los derechos humanos, no es aplicable a la confidencialidad de la información, sino solo a la información reservada, en términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, el hecho de que la autoridad demandada hubiera quitado la clasificación de confidencial a datos personales, vulnera directamente al texto del artículo 16 constitucional y se excede en el ejercicio de sus facultades.
– QUINTO.
Señala que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al emitir la resolución impugnada cometió una violación al debido proceso en vulneración a lo establecido en el artículo 14 Constitucional.
Lo anterior, pues señala la comisión actora que el Instituto inobservó los artículos 149 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los cuales establecen las formalidades esenciales del procedimiento.
Asimismo, refiere que en ningún momento se señaló ni se llamó a las personas indicadas como terceros, lo que también constituye una violación al debido proceso en perjuicio de la víctima y otros terceros con interés que debieron manifestar su oposición o en su caso autorización para publicar sus datos personales.
4. Admisión y trámite. En proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 97/2022; asimismo, ordenó que se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Luego por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo designado como instructor, admitió la controversia constitucional y tuvo como demandado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenando su emplazamiento para que rindiera su contestación.
6. Adicionalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiese.
7. Incidente de suspensión. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de suspensión realizada por la promovente, ordenó se formara el cuaderno incidental respectivo con copia certificada de las constancias necesarias. Y, mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional, el Ministro instructor determinó conceder la suspensión solicitada para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se abstenga de ejecutar la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 3726/22 hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el fondo del asunto.
8. Recurso de reclamación. Inconforme con la admisión de la demanda, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interpuso recurso de reclamación, mismo que fue radicado en la Primera Sala bajo el número 133/2022-CA y turnado para su estudio a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
9. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós la Primera Sala,(2) resolvió dicho medio de impugnación en el sentido de declararlo infundado y confirmar el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós por el cual se admitió a trámite la demanda de controversia constitucional.
10. Contestación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por escrito presentado vía electrónica, recibido el nueve de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dio contestación a la demanda, manifestando lo siguiente:
– CONTESTACIÓN AL PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ.
El Congreso de la Unión al expedir las leyes reglamentarias, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Acceso a la Información Pública; reconoce al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como el organismo garante del derecho de acceso a la información a nivel nacional y máxima autoridad en la materia. A lo largo de su articulado las referidas leyes, refieren el concepto "violaciones graves a derechos" circunscribiéndolo en todo momento como una excepción a la reserva de información, lo que implica una justificación legal que permite hacer pública la información.
El concepto de violaciones graves a derechos humanos, se encuentra disponible tanto para la Fiscalía General de la República como para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a esta última de manera específica en el apartado B del artículo 102 de la Constitución, en materia de Derechos Humanos le corresponde la investigación y persecución de los delitos del orden federal previstos en: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y de conocer de los delitos cometidos contra algún periodista, persona o instalación que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a la libertad de expresión; de delitos derivados de asuntos de violaciones o violaciones graves a derechos humanos.
Menciona que en la acción de inconstitucionalidad 119/2018 esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en el caso de los derechos que garantiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es la Constitución quien delega en las leyes la competencia respectiva, las cuales son el parámetro de validez de lo prescrito en el artículo 6o., en ese sentido, las competencias de actuación en materia de violaciones graves a derechos humanos para el Instituto demandado devienen de las leyes reglamentarias, pero plenamente avaladas por la Constitución quien lo habilita literalmente para "... sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad ...", lo que implica que el Constituyente Permanente delegó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a través de leyes especiales ser garante del derecho de acceso a la información y por ende hacer valer el principio de máxima publicidad incluso en aquellos supuestos de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos como lo disponen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Acceso a la Información Pública.
El artículo 6 inciso A, numeral I de la Constitución habilita al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para actuar como garante del derecho de acceso a la información y hacer valer el principio de máxima publicidad, en ese sentido y en consonancia con los artículos 74, fracción II, inciso e), 113, fracción III, 115 y 148 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, así como 99, fracción V, 110, fracción III, 112, fracción I y 154 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el concepto de violaciones graves a derechos humanos se encuentra accesible al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para defensa del interés social. El hecho de que dicho concepto esté disponible para el Instituto demandado y éste actúe en el marco de sus atribuciones no implica que se invadan las competencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Señala que el amparo en revisión 168/2011 tiene estrecha relación con el caso, pues dicho asunto derivó de la negativa al acceso a una averiguación previa al familiar de una víctima invocando como causal de reserva que el contenido de las mismas es reservado; indica que esta Suprema Corte resolvió que en tratándose de hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, debía levantarse esa reserva por la naturaleza y trascendencia social de los hechos que se investigaban, lo que implicó que se confirmó que en ese tipo de asuntos, (relacionados con violaciones graves), debe imperar el principio de máxima publicidad.
En ese tenor señala que al resolver el RRA 3726/22 se ajustó plenamente a lo dispuesto por las Leyes de la materia y los criterios del Poder Judicial en torno a lo conceptualizado respecto a las violaciones graves a derechos humanos y los precedentes en casos análogos, por lo que no existen elementos para determinar que se invadió la esfera competencial de la Comisión Nacio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32261-6005d7d7/i-controversia-constitucional-legitimacion-de-la-comision-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 56 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA ESTÁ SUPEDITADA A QUE HAGA VALER VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SALVO Q (P./J. 5/2012 (10a.))
- COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, VINCULADOS CON ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LOS QUE CORRESPONDA CONOCER A LA SUPREMA (2a./J. 23/2022 (11a.))
- TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENC (I.5o.A.13 A (10a.))
- ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA PERSONA FÍSICA QUE, EN CUMPLIMIENTO A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS P (I.1o.A.44 K (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis