I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. IV. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. V. SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN LAS CUOTAS POR LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y SU CERTIFICACIÓN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL NO ESTABLECER EL COSTO QUE REPRESENTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, Y 44, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA; 27, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APIZACO; 28, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA; 64, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN; 44, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA; 26, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TERRENATE; 23, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO; 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO; 26, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS; 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL; 39, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ; 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA; 34, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTENCO; 41, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS; 37, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO; 33, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN; 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS; Y 55, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC; TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024). VI. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LA NORMA QUE ESTABLECE EL COBRO POR ESTE SERVICIO ES INVÁLIDA, PUES PARA HACERLO ES SUFICIENTE QUE EL ESTADO REALICE LA BÚSQUEDA SIN GENERAR COSTOS ADICIONALES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, Y 44, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA; 27, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APIZACO; 28, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA; 64, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN; 44, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA; 26, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TERRENATE; 23, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO; 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO; 26, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS; 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL; 39, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ; 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA; 34, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTENCO; 41, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS; 37, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO; 33, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN; 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS; Y 55, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC; TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024). VII. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. EL COBRO POR LAS COPIAS SOLICITADAS NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL ESTADO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, Y 44, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA; 27, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APIZACO; 28, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA; 64, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN;
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 233/2023. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS. SECRETARIO AUXILIAR: JOHAN MARTÍN ESCALANTE ESCALANTE.
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna treinta y siete artículos de dieciocho leyes de ingresos municipales del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que establecen cobros por servicios de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública; así como por la certificación de información pública solicitada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; plantea que los preceptos impugnados violan el derecho de acceso a la información pública y el principio de proporcionalidad tributaria.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 233/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; en la que plantea la invalidez de diversos preceptos de dieciocho leyes de ingresos municipales de la citada entidad federativa, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, porque considera que violan el derecho de acceso a la información pública y el principio de proporcionalidad tributaria.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.
1. Demanda y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:
a) Cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información pública:
1. Artículos 23, párrafo segundo, fracción IV, y 44, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Artículo 27, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
3. Artículo 28, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
4. Artículo 64, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
5. Artículo 44, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
6. Artículo 26, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Terrenate, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
7. Artículo 23, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
8. Artículo 36, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
9. Artículo 26, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
10. Artículo 45, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
11. Artículo 39, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
12. Artículo 42, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
13. Artículo 34, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
14. Artículo 41, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
15. Artículo 37, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
16. Artículo 33, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
17. Artículo 29, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
18. Artículo 55, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolac, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
b) Cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información pública:
1. Artículo 45, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Artículo 28, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
3. Artículo 29, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
4. Artículo 65, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
5. Artículo 45, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
6. Artículo 27, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Terrenate, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
7. Artículo 24, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
8. Artículo 37, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
9. Artículo 27, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
10. Artículo 46, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
11. Artículo 40, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
12. Artículo 43, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
13. Artículo 35, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
14. Artículo 42, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
15. Artículo 38, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
16. Artículo 34, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
17. Artículo 30, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
18. Artículo 56, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolac, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados. La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que se violaban los artículos 1o., 6o. y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
3. Conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su escrito inicial de demanda la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó dos conceptos de invalidez, en los cuales argumentó esencialmente lo siguiente:
Primero
a) Los artículos relativos a la expedición de copias certificadas no relacionadas con el derecho de acceso a la información pública prevén cobros injustificados y desproporcionados, ya que no atienden a los costos reales del servicio proporcionado por el ente estatal, por tanto, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
b) El Congreso tlaxcalteca instauró una única tarifa por hoja tamaño carta u oficio de la copia certificada de documentos compulsados con su original, igual a 0.22 UMA, cuyo valor a la fecha de presentación de la demanda equivalía a $22.82 pesos, en ese contexto, la Comisión Nacional accionante advierte que las normas impugnadas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, pues las tarifas no guardan relación directa con los gastos que representa la prestación de tales servicios a los municipios tlaxcaltecas.
c) Al respecto, el Máximo Tribunal Constitucional ha reiterado en diversos precedentes que las tarifas relativas a la búsqueda y reproducción en copias simples y certificaciones de los documentos solicitados que no derivan del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, y que no son acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados ni guardan una relación razonable con los costos de los materiales utilizados, ni con el que implica certificar un documento, transgreden el principio de proporcionalidad tributaria.
d) En el caso, las disposiciones normativas controvertidas establecen contribuciones que se enmarcan en la categoría de derechos por servicios, por lo tanto, para la determinación de las cuotas ha de tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución del servicio en cuestión, además de que aquélla deberá ser fija para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.
e) En tal virtud, al tratarse de derechos por la expedición de copias certificadas de documentos de los municipios tlaxcaltecas, el pago correspondiente implica para la autoridad la concreta obligación de que la tarifa que establezca, entre otras cosas, sea acorde o proporcional al costo de los servicios prestados.
f) Al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2019, este Alto Tribunal sostuvo que conforme al artículo 134 de la Constitución Federal, los recursos económicos de que disponen los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; de ahí que no deben emplearse de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado, además el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado.
g) Por tanto, no es justificable ni proporcional cobrar por la expedición de copias certificadas de documentos si la cuota no corresponde al costo que le representa al Estado su prestación, pues, si bien es cierto, el servicio que se proporciona no se limita a reproducir el documento original, ya que también implica la certificación respectiva de la persona funcionaria pública autorizada, la relación entablada entre las partes no es ni puede ser de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
h) Así, suponer que la cantidad extra que recibe el Estado por la certificación de una hoja corresponde al costo de la firma del funcionario público, sería tanto como reconocer un precio a ese signo, que no es más que el cumplimiento de la obligación que la ley impone al servidor que la emite.
i) De esta manera, en caso de que la entrega de la información tuviera algún costo, dada la forma de reproducción y entrega solicitadas, las cuotas deberían ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que quiere decir que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que las mismas deben fijarse de acuerdo a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.
Segundo
a) Los preceptos reclamados, relativos al cobro por proporcionar información derivado de solicitudes realizadas en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues establecen cuotas injustificadas y excesivas por la reproducción de información pública solicitada.
b) Refirió que el artículo 6o. de la Constitución Federal y los numerales 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevén el derecho a la información como parte del derecho a la libertad de expresión, en tanto ésta comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, con la obligación positiva para el Estado de suministrarla, de forma tal que las personas puedan tener acceso a la información.
c) Precisó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se han pronunciado respecto a la protección del derecho de acceso a la información en su doble vertiente, por un lado, como garantía individual que tiene por objeto maximizar el campo de autonomía personal y, por otro, como derecho colectivo o garantía social que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información como mecanismo de control institucional.
d) El principio de gratuidad en el acceso a la información pública contemplado en el artículo 6° constitucional, consagra la obligación para el Estado de proporcionar la información pública sin imponer mayores requisitos que los que el poder reformador de la Constitución y el Congreso de la Unión han establecido previamente, tanto en la Norma Fundamental como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ni entregar a cambio contraprestación alguna, salvo el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción, cuando -en su caso- sea procedente, justificado y proporcional, pues lo contrario significa propiciar un obstáculo para el particular que presente una solicitud de información.
e) Destacó que, en las discusiones que dieron origen a la reforma y adiciones al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el veinte de julio de dos mil siete, en el Diario Oficial de la Federación, el Constituyente Permanente determinó consagrar la gratuidad en el derecho de acceso a la información, en la fracción III del referido numeral, como una garantía indispensable para el ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que significa que el hecho de proporcionar información a los particulares no generará costo alguno para éstos.
f) Por tanto, a diferencia de otros servicios prestados por el Estado, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información, impera el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso, y el de su certificación con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y sus costos, de manera que si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información debe ser entregada sin costo.
g) Además, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la determinación de las cuotas se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y que se establezcan en la Ley Federal de Derechos, salvo que la Ley no le sea aplicable a los sujetos obligados, en cuyo caso éstas no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha Ley.
h) Específicamente, advierte que el Congreso del Estado de Tlaxcala estableció que, por la entrega de información solicitada en copias certificadas, las personas solicitantes deberán de cubrir la cantidad de $103.74 pesos, conforme al valor de una UMA, vigente a la fecha de presentación de la demanda, cuota que considera contraria al principio de gratuidad que rige el derecho humano de acceso a la información pública, pues no se encuentra justificada en razón del costo real de los materiales empleados para la reproducción de la información solicitada.
i) Destacó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la aplicación del principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública requiere una motivación reforzada por parte del legislador en la cual explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos.
j) Sin embargo, el Congreso local estableció cuotas que no se encuentran justificadas en razón del costo real de los materiales empleados para la reproducción de la información solicitada, ya que no hizo referencia a los elementos que le sirvieron de base para determinar dichas cuotas, esto es, el precio de las hojas de papel, de la tinta para las impresiones, entre otros.
k) Además, de la revisión del dictamen correspondiente tampoco se advierte razonamiento alguno tendente a acreditar las razones que sirvieron para determinar la cuota a pagar por la entrega de información solicitada por quienes habitan los municipios involucrados, ni constancia alguna que refiera a la metodología utilizada para definir la cuota.
l) Estima que el cobro por certificaciones previsto en las normas impugnadas es injustificado, pues, si bien el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original, sino que también implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado, lo cierto es que, como lo ha sostenido este Alto Tribunal, en la relación de derecho público entre las partes no puede existir un lucro o ganancia, sino que la cuota aplicable debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
m) En ese tenor, recaía en la legislatura local la carga de demostrar que el cobro que estableció en las leyes de ingresos municipales impugnadas por la entrega de información atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, puesto que, en atención al principio de gratuidad en el acceso a la información, la falta de justificación del cobro con una base objetiva, solo puede significar que las cuotas establecidas se determinaron de forma arbitraria, en transgresión del artículo 6° de la Constitución Federal, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad.
n) Adicionalmente, considera que los preceptos normativos generan incertidumbre jurídica, toda vez que tampoco especifican si la tarifa de 1 UMA establecida por la entrega de información pública en copias certificadas es en razón de cada foja o por legajo.
o) Por otra parte, señaló que los preceptos controvertidos tienen un impacto desproporcional sobre un sector de la población, esto es, el gremio periodístico, quienes tienen como función social buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas terminan teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino también el de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.
p) Finalmente, solicitó que de ser consideradas inconstitucionales las disposiciones impugnadas se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 45, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como que se vincule al Congreso del Estado de Tlaxcala para que en lo futuro se abstenga de expedir normas que contengan los mismos vicios de constitucionalidad denunciados.
4. Radicación y turno de la acción de inconstitucionalidad. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 233/2023, asimismo, la turnó a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruyera el procedimiento correspondiente. 5. Admisión. Mediante proveído de seis de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al Poder Ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste la publicación de los decretos impugnados. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Mediante oficio recibido el cuatro de marzo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, en representación del órgano legislativo, rindió informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:
En cuanto a la procedencia de la acción.
a) Se actualiza la causal consistente en la falta de legitimación por parte de la Comisión accionante, porque las disposiciones impugnadas contienen normas de carácter contributivo y de acceso a la información pública, mismas que escapan de la facultad de dicho ente para llevar a cabo su impugnación, pues su legitimación activa está acotada a las vulneraciones a derechos humanos de las personas, sin que le sea posible impugnar normas o violaciones que escapen de la materia específica que prevé el texto constitucional.
b) El órgano promovente no tiene legitimación para impugnar normas en materia de transparencia y acceso a la información pública, sino que el órgano legitimado para plantear una acción de inconstitucionalidad, en todo caso, sería el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o su equivalente en el Estado de Tlaxcala.
c) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no explicó en la demanda por qué se vulneran materialmente los derechos de acceso a la información pública y proporcionalidad tributaria, así como el principio de gratuidad, por lo que se puede llegar a la conclusión de que se actualiza lo previsto por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 105 fracción II, inciso g), de la Constitución Federal.
En cuanto al fondo.
Primero
a) Los preceptos legales que regulan la búsqueda y reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información se refieren a derechos, por lo que para la determinación de las cuotas debe tomarse en cuenta la actividad y el costo para el Estado que puede generar la ejecución del servicio.
b) Así, las normas cuya inconstitucionalidad se señala no contemplan cobros por ningún concepto de búsqueda de información y, en cuanto al pago por el servicio de reproducción de información en copias simples, se adoptó un modelo estandarizado que atiende a un costo razonable conforme al precio de mercado, así la cuota a cubrir por concepto de copias simples es de 0.02 UMA por cada hoja tamaño carta u oficio, lo que equivale, por ejemplo, en el año dos mil veintitrés a $2.00 (dos pesos 00/100 Moneda Nacional) por foja. Mientras que la cuota por la obtención de copias certificadas de documentos es de 0.22 UMA por cada hoja tamaño carta u oficio, lo que en el mismo año equivalía a $22.82 (veintidós pesos 82/100 Moneda Nacional), costo menor al previsto en el artículo 5° de la Ley Federal de Derechos.
c) Las cuotas previstas en los preceptos cuya invalidez se reclama atienden el principio de proporcionalidad tributaria, en el entendido de que la búsqueda de información conlleva el uso y desgaste de las herramientas y consumibles del municipio, por lo que a efecto de garantizar su operatividad y funcionamiento adecuado, es necesario el cobro de los derechos, mismo que deriva del costo que genera la expedición de la información.
Segundo
a) Las leyes de ingresos que prevén el cobro por la búsqueda de información que derivan de las solicitudes de acceso a la información pública no contemplan el cobro por ningún concepto de búsqueda de información y, en cuanto al pago por el servicio de reproducción de información en copias simples, se atiende a lo dispuesto por los artículos 18 y 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, estableciendo que las primeras veinte copias simples serán gratuitas y por cada copia adicional tamaño carta u oficio se cobrará un costo de 0.02 UMA, lo que resulta ser equivalente a $2.00 (dos pesos 00/100 Moneda Nacional), el cual se equipara al promedio del precio de mercado.
b) Asimismo, por la expedición de certificaciones oficiales que se relacionen con solicitudes de acceso a la información pública se establece un costo preferencial que favorece este derecho y que resulta por el importe de una UMA, que a la fecha de presentación de la demanda equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 Moneda Nacional).
c) El costo de las copias simples y certificadas se estableció atendiendo a lo determinado por este Alto Tribunal, en las acciones de inconstitucionalidad 1/2022 y 5/2022.
d) Para tal efecto, al fijar el costo de copias simples, a partir de la veintiún foja, se atendió a un costo intermedio del comercial, considerando que el precio de una fotocopia en el Estado de Tlaxcala oscila entre $0.30 (treinta centavos) y $3.00 (tres pesos) por página, de ahí que se halla establecido 0.02 UMA por cada hoja tamaño carta u oficio, lo que equivale en el año dos mil veintitrés a $2.00 (dos pesos) por foja.
e) Mientras que el costo establecido para la certificación de documentos resultado de solicitudes de acceso a la información atiende en proximidad al criterio de gratuidad, pues se optó por una tarifa general preferente por certificación de una UMA, de tal forma que, si el solicitante requiere en tal modalidad la información, no le genere un alto costo. Además de que dicha modalidad no resulta forzosa, toda vez que el costo de reproducciones en formato simple es muy accesible para la reproducción de la información que se requiera.
f) A efecto de garantizar la máxima gratuidad en la reproducción de la información, consideró establecer la posibilidad de que el solicitante facilite a su costa, medios electrónicos para recibir la información, tales como dispositivo de almacenamiento masivo USB, CD-ROM, DVD, memoria SD, correo electrónico y demás, lo que no generará costo alguno.
g) Los preceptos tildados de inconstitucionales no contravienen el principio de gratuidad consagrado en la Ley Fundamental Federal, puesto que el cobro está basado en el costo que genera al municipio la expedición o búsqueda de los documentos en donde se hace constar la información pública a la que tienen derecho de acceder las personas; esto, porque si bien, la información relativa al quehacer del Estado en sus tres órdenes de gobierno es pública de oficio, también lo es que la entrega a través de los medios físicos de la información o de la búsqueda que se derive materia la primera solicitud sí genera un costo que puede ser cobrado.
h) Por lo que, las porciones normativas de las Leyes de Ingresos de los diversos Municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, expresan que dicho cobro se refiere al costo que genera la entrega física de la información, no al acceso de ésta, lo que no puede interpretarse como un obstáculo para el ejercicio de este derecho.
i) La búsqueda de información genera el uso y desgaste de las herramientas y consumibles del municipio, por lo que, a efecto de garantizar la operatividad y funcionamiento adecuado dentro del orden municipal es necesario el cobro de los derechos; por su parte, tratándose de la búsqueda, copia simple y expedición de certificaciones, tampoco puede considerarse que contravienen el principio de gratuidad de la información, pues el cobro de los derechos deriva del costo que se genera por la expedición de la información.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Por oficio recibido el quince de marzo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en representación del titular de dicho Poder, rindió el informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:
a) El Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, con base en los artículos 49 y 70, fracción II, de la Constitución Política del mismo Estado, tuvo a bien promulgar y ordenar la impresión y publicación de los Decretos en los cuales se expidieron las leyes de ingresos de los municipios que se mencionan en el escrito inicial.
8. Vista para alegatos. En acuerdo del diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y por ofrecidas las documentales ahí relacionadas, con lo que corrió traslado a la promovente, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, para que formularan alegatos dentro del plazo otorgado para tal efecto.
9. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon pedimento alguno.
10. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por formulados los alegatos de la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en ese acto, cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMP
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33366-e788ac59/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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