I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGITIMO PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 110/2019. PODER EJECUTIVO DE MICHOACÁN. 6 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y PRESIDENTE JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. AUSENTE EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de noviembre de dos mil diecinueve.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, en su calidad de Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional en representación del citado Estado, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Ejecutivo de la Unión.
• Secretaría de Bienestar, dependencia del Poder Ejecutivo de la Unión.
• Coordinación General de Programas para el Desarrollo, dependencia del Poder Ejecutivo de la Unión.
Norma general o actos cuya invalidez se demanda:
• El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de dos mil diecinueve.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
1. En sesión ordinaria del martes trece de noviembre de dos mil dieciocho de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se aprobó el proyecto en el que se derogan y reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se ordenó pasarlo a la Cámara de Senadores.
2. En sesión de veintidós de noviembre siguiente, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto anteriormente referido.
3. El treinta de noviembre del mismo año, el Presidente del Ejecutivo Federal promulgó y publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En dicho Decreto se prevé la creación de las Delegaciones de Programas para el desarrollo, que desempeñarán sus funciones de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría del Bienestar.
4. El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, el Gobernador del Estado de Michoacán promovió demanda de controversia constitucional en contra de la adición relativa a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual fue registrado con el número 30/2019.
5. El once de enero siguiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo".
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora, en sus conceptos de invalidez esgrimió, en síntesis, lo siguiente:
1. El acuerdo impugnado transgrede el principio de legalidad y debida fundamentación y motivación, al ser incompatible con la Política Nacional para el Desarrollo Social, prevista en los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, por las antinomias en que incurre, su vaguedad y ambigüedad normativa, así como falta de su sustento constitucional.
Afirma que la materia de desarrollo social tiene un sustento constitucional expreso en los artículos 25 y 26, aunado a que es de carácter concurrente, por lo que hace a su formulación normativa, y de tipo coordinada en lo que se refiere a la implementación de la política pública necesaria para alcanzar sus objetivos.
Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Social determina las facultades, ámbito de actuación y las obligaciones a cargo de las autoridades de diversos niveles u órdenes de gobierno, además de crear y configurar un Sistema Nacional de Desarrollo Social, para unificar y coordinar los esfuerzos en pro del desarrollo social.
El acuerdo impugnado fue emitido por la Secretaría del Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, sin la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, no obstante dichas dependencias fueron referidas en los Lineamientos Generales para la Coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo.
Además, las dependencias del Ejecutivo Federal fundamentaron su facultad para emitir dichos Lineamientos en artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Reglamento Interior de la Secretaría del Bienestar y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, obviando invocar disposición alguna de la Ley General de Desarrollo Social o de su reglamento, aun cuando son plenamente vigentes y aplicables en la materia.
Asimismo, el acuerdo se refiere a cuestiones reguladas específicamente por la Ley General; sin embargo, el Poder Ejecutivo, a través de sus dependencias, omite atender al contenido expreso de la ley aplicable que le obliga, exponiendo cada una de las contradicciones que hace notar el actor:
I. Los Lineamientos inobservan lo previsto por el Reglamento de la Ley, en el Capítulo III "Del Financiamiento y Gasto para el Desarrollo Social", pues los Lineamientos simplifican y reducen el sistema que regula la Política Nacional de Desarrollo Social, derivando en perjuicio del resto de las instancias y/o entes públicos que participan en el mismo. Además, otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público facultades no conferidas por la Constitución Federal o la Ley, como es lo referido a la "autorización" de los recursos presupuestales que se destinarán a los Programas Integrales para el Desarrollo.
II. Los Lineamientos reducen los supuestos considerados como prioritarios y de interés público contemplados en la Ley General, quedando solamente los supuestos de a) personas que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, b) zonas con mayor grado de marginación; y c) zonas con altos índices de violencia; además, señala que esto deberá definirse según los mecanismos establecidos por la Secretaría de Bienestar, situación que no está prevista en la regulación aplicable, sino que además causa inseguridad jurídica, pues no especifica a qué mecanismos se refiere.
Por otro lado, dicha disposición restringe de manera injustificada lo que la Ley General prevé respecto de las Zonas de Atención Prioritarias, pues el mecanismo previsto en ley prescribe que será la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, quien hará la declaratoria de dichas zonas, tomando en cuenta los estudios de medición de pobreza que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
III. De conformidad con la Ley General y su Reglamento, el establecimiento de un padrón de beneficiarios de los programas sociales federales debe realizarse a través de una mecánica de coordinación y cooperación por parte de las entidades federativas y los municipios con el gobierno federal, sin embargo, en ninguna porción de los Lineamientos se refiere a dicha actividad coordinada, con las entidades federativas, pues dicha facultad para realizar el padrón de beneficiarios se encuentra reservada a la Secretaría del Bienestar.
IV. El padrón de beneficiarios, conforme a lo dispuesto en los Lineamientos, prevé la verificación de la identidad de los beneficiarios y la localización geográfica de las necesidades de la población, sin embargo, dicho requisito no se encuentra previsto en la Ley General o en su Reglamento, ni se le faculta a la Secretaría del Bienestar para recabar dicha información, pues además de tratarse de datos personales, parece tener por objetivo que la identidad de los beneficiarios esté relacionada con una ubicación geográfica en función de sus necesidades.
V. De conformidad con lo señalado en el último párrafo del artículo tercero de los Lineamientos, el padrón permitirá la implementación de acciones transversales por parte de las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, que buscarán facilitar la planeación coordinación y ejecución de los programas; sin embargo, dicha previsión es directamente contradictoria con lo dispuesto por la ley en lo atinente a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, pues será dicha Comisión el instrumento de coordinación de las acciones para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. Por lo tanto, es patente que el Ejecutivo Federal en lugar de atender a instancias que han sido previstas por el legislador, se omite dicha regulación, previendo que no hacen más que colocar a las demás instancias públicas competentes.
VI. Los Lineamientos amplían indebidamente el objeto de los programas a que se refieren los padrones, en la medida que establece lo señalado en el punto anterior en cuanto a la implementación de las acciones transversales, pues se abre la posibilidad a que la información capturada por el padrón sea utilizada por el Poder Ejecutivo Federal con fines ajenos a los estrictamente atinente a la política nacional de desarrollo social.
VII. De ninguna porción de la Ley General ni de su Reglamento se desprende la facultad de la Secretaría de la Función Pública para revisar el padrón de manera continua y ejercer funciones de validación, actualización y auditoría, como los dispone el artículo quinto de los Lineamientos.
VIII. El artículo quinto de los Lineamientos contradice lo previsto en la Ley General y su Reglamento en lo atinente a las consultas públicas, pues prevé la participación de la Secretaría de la Función Pública sin sustento constitucional o legal, aunado a que pasa por alto las reglas expedidas por la Comisión Nacional de Desarrollo Social, las cuales rigen la participación social, además de contemplar los mecanismos y criterios para la realización de consultas.
IX. Los Lineamientos proscriben de manera injustificada el derecho de las personas beneficiarias de los programas a presentar su solicitud de inclusión en el padrón, en tanto el texto íntegro del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos omite pronunciarse al respecto.
2. Los Lineamientos contenidos en el Acuerdo impugnado transgreden los principios de legalidad y debida fundamentación y motivación, pues fue expedido señalando como fundamento las fracciones XIV y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar; sin embargo, no se logra identificar con base en qué reglamento se realiza dicha referencia, pues a la fecha —de la presentación de la demanda— no ha sido expedido el reglamento interior de dicha Secretaría, por lo tanto, no se conoce el contenido de la norma que sustenta el acto.
Por otro lado, se viola los principios aludidos por el hecho que el Acuerdo fuera suscrito por la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, pues si bien es una dependencia del Ejecutivo Federal, lo cierto es que no tiene competencia para emitir este tipo de lineamientos, ni en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ni mucho menos en la Ley General de Desarrollo Social; y, aunque supuestamente estos Lineamientos fueron expedidos a partir de los que dicta el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, tampoco en dicho ordenamiento se prevé la participación de la Coordinación General de Programas de Desarrollo.
Por lo tanto, no es posible colegir que dicha dependencia cuente con las facultades necesarias para emitir dichos Lineamientos Generales, considerando que dichas disposiciones pretenden regular el actuar de la Administración Pública Federal, en el marco de una materia concurrente y coordinada.
Incluso, en ninguna parte del Presupuesto de Egresos se prevén los "Programas Integrales para el Desarrollo" —como es del entendimiento de la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo— sino, exclusivamente, a los programas en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social, por lo que hay una flagrante violación a la garantía de motivación.
En ese sentido, es claro que, si la Secretaría y la Coordinación emiten un acuerdo que engloba la actuación por parte de éstas y otras instancias públicas en torno a la erogación de recursos de orden federal, justificando dicha atribución en el Presupuesto de Egresos, pero sin que en él se prevean los Programas Integrales para el Desarrollo, se ha incurrido en una violación al artículo 126 de la Constitución Federal, pues se prevé de manera indirecta la forma en que deben ejercerse el gasto público, sin que exista una referencia a los "Programas Integrales para el Desarrollo".
Por último, se pretende fundamentar de igual forma dicho Acuerdo en los artículos 1 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero sin que dichos artículos resulten aplicables al caso, pues no se refieren, en lo especial, a los programas de desarrollo social.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16, 40, 41, 115, 116, 124, 126 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 110/2019; asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(1)
Luego, mediante diverso proveído de la misma fecha, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar como demandado al Poder Ejecutivo Federal, más no así a la Secretaría de Bienestar y a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, por tratarse de dependencias subordinadas a dicho poder, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal; para que formulara su contestación. Además, requirió al referido poder demandado, para que al rendir su contestación, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todos los antecedentes del acto impugnado; y por último ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo Federal. Julio Scherer Ibarra, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:
En lo referente al capítulo de hechos:
• Respecto de los hechos marcados con los números uno, dos, y cuatro; no se afirman ni se niegan por no ser hechos propios.
• Respecto de los numerales tres y cinco, manifestó que los hechos son ciertos.
Ahora bien, en cuanto a las causales de improcedencia, argumentó, en síntesis, lo siguiente:
En primer lugar, señala como causal de improcedencia la falta de interés legítimo del acto para promover la controversia constitucional. Esto así, pues de conformidad a los criterios de este Alto Tribunal, para que la controversia constitucional sea procedente el actor debe tener una afectación en su esfera de competencias otorgadas expresamente por la Carta Magna, pues la finalidad de dicho medio de control es tutelar ámbitos de competencias establecidos en la Norma Fundamental, sin embargo, la parte actora no hizo valer conceptos de invalidez en los que se aduzca la invasión a su esfera de atribuciones, pues sólo se limita a sostener que los Lineamientos Generales transgreden el principio de legalidad y debida fundamentación y motivación, al contener deficiencias y sin sustento constitucional o legal.
Sin que sea relevante el hecho de que la parte actora formule sus argumentos desde la óptica del desarrollo social, por ser materia concurrente y por ende las entidades federativas intervengan en ella, pues el accionante no se refiere a la facultad específica que le ha sido vulnerada a partir de la emisión de los Lineamientos.
Como segunda causa de improcedencia señala que falta causa de pedir por parte de la actora, en virtud de que, desde su óptica, no se advierte que el actor formule argumentos lógico-jurídicos de los que se desprenda una afectación en su esfera competencial, pues como se dijo, el actor solo aduce una vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídica, sin que exista una posible invasión a sus facultades constitucionales.
En su contestación a los conceptos de invalidez, que realiza de manera conjunta, esgrimió lo siguiente:
Es infundado que se transgreda el principio de legalidad y debida fundamentación y motivación, ya que el fundamento por el cual se expidió el acuerdo impugnado se desprende de artículo 89 fracción I y 90 de la Norma Fundamental, pues el Ejecutivo Federal tiene la facultad promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, pues éste será quien expida la Ley Orgánica de la administración y definirá las bases generales de la creación de las entidades paraestatales.
Por otro lado, los Lineamientos Generales fueron emitidos conforme los artículos 17 bis, 17 ter y 32 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, derivado de ello, el acuerdo impugnado si fue emitido con la debida fundamentación; además, fue expedido por autoridad competente, pues ello le compete a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y por la Secretaría del Bienestar.
De igual manera, estima que los Lineamientos Generales se encuentran debidamente motivados, pues su objeto atiende a la necesidad de mejorar la atención a los ciudadanos mediante la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, así como su supervisión.
Aunado a lo anterior, los Lineamientos únicamente rigen al interior de la Administración Pública Federal, razón por la cual no trasciende a la esfera de competencias de las entidades federativas. Además, suponiendo sin conceder que efectivamente las normas impugnadas regulen la planeación de desarrollo, así como el desarrollo social, de conformidad con la Ley de Planeación será el Ejecutivo Federal quien se encuentra facultado para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, por lo tanto, es infundado que el Acuerdo y los Lineamientos son violatorios de lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal.
Además, el Poder demandado contesta en lo particular a los argumentos que formula en concreto el Estado actor de la siguiente manera:
a. Es inatendible e infundado de que los Lineamientos fueron expedidos sin la participación de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues no existe una afectación competencial, además de que, de conformidad con el artículo 17 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo son las competentes para su emisión.
Además, las facultades que se prevén para la Secretaría de la Función Pública y para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no son atribuciones adicionales a las que se les ha conferido legalmente. Esto, pues la Facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene a su cargo la programación y la presupuestación del gasto público federal correspondiente a la Administración Pública Federal, recibiendo los anteproyectos que elaboren las unidades responsables de las dependencias y entidades de la Administración Pública, presentando posteriormente el proyecto a la Cámara de Diputados para su aprobación, una vez aprobado por la Cámara Legislativa no podrá modificarse por la Secretaría.
Igualmente, el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social establece que los programas, fondos y recursos destinados deberán estar previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, deviene infundado el argumento de que los Lineamientos facultan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para autorizar recursos presupuestales con posterioridad a la emisión del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, sus funciones de conformidad con la ley Orgánica de la Administración Pública es la de inspección del ejercicio del gasto público federal y su congruencia con el presupuesto de Egresos de la Federación, así como vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y patrimonio; por lo tanto, el argumento ateniente a que la Secretaría en comento tiene la función de revisar el padrón de manera continua y ejercer funciones de validación actualización y auditoria deviene infundado.
Además, de los artículos 51 y 53 de la Ley General de Desarrollo Social se desprende que las Secretarías mencionadas forman parte de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social y que el cumplimiento de los acuerdos de ésta será vigilado por dichas dependencias.
b. Asimismo, resulta infundado el argumento tendiente a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve no se hizo mención alguna de los Programas Integrales para el Desarrollo, pues esos se encuentran comprendidos en cada uno de los ramos administrativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los cuales fueron debidamente programados.
c. También son inatendibles e infundados los argumentos en el sentido de que los Lineamientos Generales contravienen a la Ley General de Desarrollo Social respecto de las Zonas de Atención Prioritaria, pues en principio dicha situación no afecta, de modo alguno, a la esfera de atribuciones del accionante.
Por otro lado, el accionante pierde de vista que en los Lineamientos y en la Ley General de Desarrollo Social se regulan diversos supuestos, pues en la primera se regulan los supuestos en los que se les dará prioridad a personas que, por su situación, deben tener primacía en los beneficios de los Programas Sociales; mientras que en la segunda establece otros criterios de prioridad, pero respecto de los Programas Sociales de Desarrollo, no así respecto de personas.
d. Respecto del argumento tendiente por parte de la parte actora a demostrar que los Lineamientos Generales, en ninguna porción, se refieren a la actividad coordinada con las entidades federativas para la elaboración de padrones de Programas Integrales para el Desarrollo, resulta infundado, pues los Lineamientos impugnados no regulan la Ley General de Desarrollo Social, sino que tiene por objeto establecer las bases para la coordinación e implementación de los Programas, por lo que la regulación que el promovente aduce transgredida no fue modificada a partir de las normas impugnadas y, por ende, permanece intocada.
e. También resulta infundado el argumento en el sentido de que el padrón al cual serán incorporados los beneficiarios excede del texto de la Ley General por prever la verificación de la identidad de los beneficiarios y la localización geográfica de las necesidades de la población, pues como se ha mencionado, los Lineamientos Generales no pretenden modificar disposición alguna de la Ley General de Desarrollo Social. La reforma de los artículos 17 bis y 17 ter de la Ley Orgánica, que establecen las bases del padrón de beneficiarios, tiene como objetivo mejorar la atención a la ciudadanía, tener un mayor control y la certeza de que los recursos públicos se entreguen a los beneficiarios de éstos.
Además, aunque el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social establece la creación de un padrón de beneficiarios a cargo del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría del Bienestar y los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, ello será en su ámbito de competencia. Por otro lado, el artículo 16 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social establece que es facultad de la Secretaría de Bienestar la integración del padrón de beneficiarios que, de conformidad con el artículo 17 del mismo ordenamiento, tendrá como objeto conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios, garantizar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad y evitar la duplicidad en la asignación de apoyos, verificar que las personas que reciban los apoyos correspondan con la población objetivo, determinar la cobertura poblacional y territorial; y transparentar la operación de los programas de desarrollo social.
f. Asimismo, resulta infundado el argumento que pretender acreditar que el artículo tercero de los Lineamientos prevé que el padrón permitirá la implementación de acciones transversales de distintas dependencias de la Administración Pública Federal es directamente contradictorio a lo previsto en los artículos 51 y 54 de la Ley General de Desarrollo Social, pues nuevamente, se plantea que no invade la esfera competencial del actor; además el objetivo de las acciones transversales es asegurar la planeación, coordinación y ejecución de los planes, programas y acciones para el desarrollo integral que ejercen algún beneficio directo a la población y no así el uso indebido de los mismos con fines ajenos a la política nacional de desarrollo social, pues aparte, el argumento tendiente a que se podrá usar con dichos fines ajenos es meramente especulativo.
g. Por otra parte, resulta inatendible e infundado el argumento del actos referente a que los Lineamiento Generales proscriben, de manera injustificada, el derecho de las personas beneficiadas a presentar su solicitud de inclusión en el padrón, pues pasa por alto que los Lineamientos tienen como finalidad la coordinación e implementación de los Programas Integrales, por lo que su naturaleza, conforme al Punto Único del Acuerdo que contiene los Lineamientos, es la de prever los parámetros generales que permitan la implementación de dichos programas, mientras que la cuestión aludida es de índole particular para el funcionamiento de los programas. Además, como se ha dicho, los Lineamientos Generales no fueron expedidos con la intención de modificar lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social.
h. También resulta infundado el argumento hecho valer en el sentido de que no se logra identificar con base en qué reglamento se expidieron los Lineamientos Generales, pues a la fecha no se ha expedido el Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, esto pues en el artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, establece que las referencias establecidas en los ordenamientos que hacen mención a la Secretaría de Desarrollo Social se entenderán por realizadas a la Secretaría de Bienestar, por lo tanto, sí existía reglamento que sirvió de sustento para emitir dichos Lineamientos Generales.
i. Por otra parte, el argumento de la actora, en el sentido de que el artículo Quinto de los Lineamientos Generales impugnados contradice las facultades establecidas a favor de la Comisión Nacional de Desarrollo Social en la Ley General de Desarrollo Social y en su Reglamento, respecto de la realización de consultas resulta es infundado, pues no se advierte que se desconozcan facultades que le fueron conferidas a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, así como la participación social, los mecanismos y criterios para la realización de consultas, como lo refiere la parte actora.
j. Finalmente, resulta inatendible e infundado el argumento de la parte actora en el sentido de que los artículos 1° y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no son aplicables para el caso de la emisión de los Lineamientos Generales, pues los preceptos sí dan sustento a la actuación de las autoridades de la Secretaría del Bienestar y el Coordinador General de Programas para el Desarrollo, ya que los sujetos obligados a cumplir la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevén que la erogación de los recursos debe observar los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía racionalidad, austeridad, honradez, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, por lo que, al pretender instrumentar una de las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, a saber, vigilar y supervisar que los recursos públicos de los programas integrales del Gobierno Federal, sean destinados a los fines para los cuales fueron previstos, en beneficio al interés colectivo, con honradez, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, de ahí que resulten infundado el argumento de la parte actora.
SÉPTIMO. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.
OCTAVO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el tres de junio de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y, con relación a los alegatos, se indicó que las partes no los habían formulado; por último, se puso el expediente en estado de resolu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200559-efd50228/i-controversia-constitucional-interes-legitimo-para-promoverla-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DESARROLLO SOCIAL. LOS ARTÍCULOS 16, 41, FRACCIÓN VII Y 51, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO VULNERAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 27 DE ESA LEY. (38)
- DESARROLLO SOCIAL. LOS ARTÍCULOS 16, 41, FRACCIÓN VII Y 51, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO VULNERAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 27 DE ESA LEY. (P./J. 82/2009 )
- CONSULTAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL. LA COMISIÓN NACIONAL RESPECTIVA CARECE DE FACULTADES PARA APROBAR LAS QUE EFECTÚE LA SECRETARÍA DEL RAMO. (46)
- CONSULTAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL. LA COMISIÓN NACIONAL RESPECTIVA CARECE DE FACULTADES PARA APROBAR LAS QUE EFECTÚE LA SECRETARÍA DEL RAMO. (P./J. 89/2009)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis