ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY RELATIVA, AL OBLIGAR AL LICITANTE A QUE EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES OBJETE FUNDADAMENTE LOS ACTOS QUE CONSIDERE ILÍCITOS, VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
AMPARO EN REVISIÓN 967/2006. DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año. Esto último, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se planteó la inconstitucionalidad de la fracción I y el octavo párrafo del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, una ley federal.
Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, toda vez que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional en razón de que los agravios formulados deben desestimarse.
SEGUNDO. Materia de la revisión y elementos necesarios para resolver el asunto. La recurrente formula dos agravios en la revisión, el segundo de ellos cuestiona la determinación sobre la inconstitucionalidad, por parte del Juez de Distrito del conocimiento, de la fracción I y del párrafo octavo del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo vigente a partir del ocho de julio de dos mil cinco, razón por la que la materia del presente recurso se constriñe al estudio de la constitucionalidad de dichos preceptos legales. La cuestión cae bajo el ámbito de competencia de esta Suprema Corte, pues no existe pronunciamiento jurisprudencial previo sobre la misma.
El primer agravio se refiere a las causales de improcedencia aducidas por la recurrente, es decir, cuestiones de legalidad. El estudio de dichas causales fue realizado por el Tribunal Colegiado en el ámbito de su competencia.
La fracción I y el párrafo octavo del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo análisis constitucional corresponde a esta Sala, establecen lo siguiente:
"Artículo 65. Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta ley, cuando dichos actos se relacionen con:
"I. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción, así como los argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones.
"En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;
"...
"La Secretaría de la Función Pública desechará las inconformidades que se presenten en contra de actos o en momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores; igualmente, desechará las inconformidades a que se refiere la fracción I de este artículo, cuando de las constancias se desprenda que el inconforme no hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la funden respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta ley."
1. En su único concepto de violación, la quejosa manifiesta, en esencia, que la fracción I y el octavo párrafo del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público son inconstitucionales porque violan las garantías de audiencia y debido proceso legal establecidas en el artículo 14 constitucional.
En primer término, transcribe las disposiciones citadas en el párrafo anterior y las tesis aisladas del Pleno de esta Suprema Corte de rubros: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA." y "PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 208, 232 Y 233 DE LA LEY DE LA, QUE PREVIENEN EL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR NULO O EXTINTO EL REGISTRO DE UNA MARCA. NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA."
Luego, señala que las condiciones establecidas en el artículo 65 impugnado para que una inconformidad no sea desechada: asistencia a la junta de aclaraciones y manifestación en ésta de objeciones fundadas con argumentos y razones jurídicas respecto del acto objeto de la inconformidad. Tales requisitos constituyen una trasgresión a la garantía de audiencia y defensa para impugnar los actos relacionados con la convocatoria, bases de licitación y junta de aclaraciones de un procedimiento licitatorio.
Lo anterior en razón de que para que una inconformidad no sea desechada es necesario asistir a la junta de aclaraciones respectiva y, en la misma, objetar fundadamente con argumentos y razones jurídicas el acto objeto de la inconformidad no obstante que la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público determina lo siguiente:
a) En su artículo 27, permite el uso de medios remotos de comunicación electrónica en procedimientos de licitación -en el caso se trata de una licitación pública internacional electrónica-.
b) En su artículo 29, fracción II, permite que las bases de licitación puedan ser consultadas y adquiridas a través de medios de difusión electrónica.
c) En su artículo 31, primer párrafo, dispone que las bases de licitación estarán a disposición de los interesados en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.
d) En su artículo 31, fracción III, determina que la asistencia a la junta de aclaraciones es optativa.
e) En su artículo 33, permite a las dependencias y entidades convocantes modificar aspectos de la convocatoria o de las bases de licitación a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de posiciones. Asimismo, ordena que si las modificaciones son respecto de las bases de licitación se debe publicar un aviso en el Diario Oficial de la Federación o que a las modificaciones se les dé la misma difusión que se haya dado a las bases originales; y que para el caso de que las modificaciones a dichas bases deriven de la junta de aclaraciones, no será necesario hacer la publicación del aviso referido si dichas modificaciones se ponen a disposición o se entregan a cada uno de los licitantes que haya adquirido las bases de la correspondiente licitación. Señala que puede ser que el licitante adquiera las bases de licitación y no asista a la junta de aclaraciones. Y destaca que el artículo 35 mencionado dispone que las actas de las juntas de aclaraciones se pondrán, al finalizar dicho acto y para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en un lugar visible al que tenga acceso el público y por un término no menor de cinco días hábiles, así como que es responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas.
f) En su artículo 65, párrafo tercero, establece un plazo de 10 días hábiles a partir de la última junta de aclaraciones para presentar una inconformidad respecto de actos relacionados con la convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones.
Estima, con base en lo anterior, que la ley mencionada, aunque establece un plazo de diez días hábiles a partir de la última junta de aclaraciones para interponer una inconformidad, viola las garantías de audiencia y defensa al establecer que para que la inconformidad no sea desechada es necesario haber asistido a la junta mencionada y haber objetado fundadamente con argumentos y razones jurídicas el acto materia de la inconformidad. Esto es así, en su opinión, porque la oportunidad de defensa ante los actos que la convocante estima violatorios se ve constreñida, de esa forma, a la junta de aclaraciones. Esto sin importar, que se establezca que la asistencia a dicha junta es optativa y se disponga de un mecanismo para hacer del conocimiento de todos los licitantes, incluyendo a los que no hubieren asistido, el acta correspondiente, mecanismo establecido, precisamente, para que la inasistencia a las juntas de aclaraciones no provoque perjuicio alguno a los licitantes. Y, sobre todo, sin importar que sea precisamente en dicha junta donde la convocante hace del conocimiento de los licitantes las modificaciones a las bases de licitación y da respuesta a las diversas preguntas de los licitantes, las cuales pueden ser enviadas por medios remotos de comunicación electrónica; lo que tiene como consecuencia el que la oportunidad de defensa contra dichas modificaciones, preguntas y respuestas se reduzca a la inmediatez de la junta de aclaraciones toda vez que la licitante debe objetarlas al momento de conocerlas, es decir, sin tener ocasión de analizar adecuadamente los actos de la convocante, y no sólo debe objetarlas sino que debe hacerlo fundadamente con argumentos y razones jurídicas. Con lo anterior, opina, se hace nugatorio el plazo de diez días hábiles para conocer y analizar la legalidad de los actos de la entidad convocante y tener la oportunidad de una adecuada defensa mediante la interposición de la inconformidad correspondiente.
Por lo anterior, considera que el artículo impugnado viola la garantía de audiencia, en específico el derecho a las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior porque restringe la oportunidad de defensa del licitante contra los actos efectuados en el procedimiento de licitación, causándole un grave perjuicio. Considera que para que la disposición legal impugnada satisfaga las garantías de audiencia, defensa y debido proceso legal es necesario que conceda a la inconforme la oportunidad de conocer directa y plenamente todos los elementos de los actos de la convocante, para que pueda imponerse de los mismos y preparar su defensa adecuadamente. En apoyo a lo anterior cita las tesis de jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de rubros: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO"; "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES.". De la misma manera, cita las tesis aisladas del Pleno con los siguientes rubros: "PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 208, 232 Y 233 DE LA LEY DE LA, QUE PREVIENEN EL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR NULO O EXTINTO EL REGISTRO DE UNA MARCA. NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA." -antes mencionada-; "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL."; "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA." -la cita nuevamente-. Así como la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de rubro: "AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA." Cita la tesis aislada de la misma Sala de rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE." Así como la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES PARA RESPETARLA."
Por último, destaca que las condiciones de asistencia a la junta de aclaraciones y objeción, fundadas en argumentos y razones de derecho, impuestas por el artículo impugnado, no tienen relación alguna con el acto violatorio emitido por la convocante, es decir, el acto violatorio de la convocante lo es por sí mismo, de manera independiente del cumplimiento de las citadas condiciones por parte del licitante. En consecuencia, dichas condiciones son un obstáculo innecesario y ocioso en el procedimiento licitatorio, y no pueden ser consideradas como requisitos para que no sea desechada la inconformidad.
2. Los argumentos utilizados por el a quo, para conceder el amparo, son los que se sintetizan a continuación.
Son fundados los argumentos de la quejosa por lo siguiente:
a) Las formalidades esenciales del procedimiento son las etapas procesales previstas en las leyes con el objeto de garantizar una adecuada y oportuna defensa de los particulares ante la emisión de un acto privativo y, de manera genérica son: a) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, b) la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, c) la oportunidad de alegar, y d) el dictado de la resolución que dirima las cuestiones debatidas. Dichas formalidades inciden, como característica fundamental, en la oportuna defensa del gobernado frente a un acto de autoridad, por tanto, el derecho a impugnar dichas decisiones o interponer recursos también se erige como especie de los derechos al debido proceso y defensa adecuada (artículo 14 constitucional).
Por otro lado, la impugnabilidad de los actos de autoridad presupone, no sólo el derecho del gobernado de proponer su modificación o nulidad, con base en diversas razones y fundamentos jurídicos probados oportunamente sino el derecho a la impartición de justicia oportuna, expedita y pronta (artículo 17 constitucional).
De esta manera la impartición de justicia y la impugnabilidad de las resoluciones de autoridad constituyen un derecho fundamental dual que asegura la posibilidad de defensa de los gobernados frente a los actos de autoridad. Ese binomio jurídico implica no sólo la previsión de un medio de defensa por el que el gobernado pueda ser oído y tenga la posibilidad de probar su dicho sino la garantía de resolución de sus recursos a través de los tribunales previamente establecidos.
b) Los recursos administrativos constituyen medios de defensa establecidos a favor de los gobernados para impugnar la legalidad de un acto en la propia sede administrativa, en ejercicio de una función materialmente jurisdiccional. En este sentido, el artículo 17 establece el derecho sustantivo de acceso efectivo a la justicia y el legislador ha condicionado el acceso a la respectiva vía formalmente jurisdiccional al agotamiento de un recurso en sede administrativa. Por tanto, con independencia de que esta última instancia conllevara un acceso a la justicia, lo cierto es que legal e incluso constitucionalmente se ha otorgado un derecho a solicitar la administración de justicia ante tribunales establecidos constitucionalmente, por lo que, en todo caso, debe verificarse si el requisito que condiciona la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido se encuentra justificado constitucionalmente.
c) Con base en lo anterior, se advierte que el artículo impugnado limita y obstaculiza el derecho de defensa en el recurso (inconformidad en contra de las convocatorias, bases de licitación y juntas de aclaración), en tanto condiciona su procedencia a diversos sucesos atinentes a la forma del procedimiento de licitación (adquisición de las bases de licitación y asistencia a la junta) y al fondo del acto impugnado (objeción fundada y motivada legalmente, en la junta respectiva) sin que exista justificación objetiva.
d) El artículo impugnado prevé una consecuencia desproporcional a la falta de acatamiento de ciertas conductas durante la secuela de la licitación. Lo anterior porque si la propia ley dispone que la asistencia a las juntas de aclaraciones es optativa y establece diversos medios para garantizar el conocimiento oportuno del acta relativa por los participantes, no debe desecharse el recurso de inconformidad si el licitante no asistió al acto procesal, precisamente porque su asistencia es optativa. De otra forma se limita el derecho de audiencia del quejoso por no permitir al gobernado defenderse y demostrar la ilegalidad del acto administrativo, y se rompe el equilibrio procesal entre las partes.
e) De la misma manera, es desproporcional toda vez que los requisitos de asistencia y exposición jurídica de las objeciones correspondiente previstos para impugnar las convocatorias, bases de licitación y juntas de aclaraciones no son necesarios para otros actos en el procedimiento de licitación, tales como la apertura y calificación de las proposiciones y el dictado del fallo, señalados en el mismo artículo impugnado y respecto de los cuales también se verifican juntas públicas. Los requisitos de procedencia deben ser iguales en todos los casos.
f) El perfeccionamiento del conocimiento del acto recurrido supone la existencia de un plazo para la preparación de una debida defensa. Por tanto, no es acertado suponer que en el momento en que se tiene conocimiento de la violación -la junta de aclaraciones- el recurrente deba oponer la defensa correspondiente, pues no ha mediado plazo oportuno para el perfeccionamiento del conocimiento del acto, consecuente formulación de alegaciones y, de ser procedente, preparación de pruebas, lo que evidentemente no permite una defensa eficaz y una oportuna impartición de justicia.
g) La falta de objeción en la junta de aclaraciones de ninguna manera conlleva la calificación de notoriamente improcedente del recurso, porque el momento procesal oportuno para oponer las manifestaciones de objetividad es la presentación del escrito de inconformidad y no la junta de aclaraciones.
h) En apoyo a lo anterior cita las tesis de jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de rubros: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." y "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". De la misma manera, cita la tesis aislada del mismo Pleno de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY FEDERAL QUE LO REGULA, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA AL ESTABLECER EL DESECHAMIENTO, SIN PREVIO REQUERIMIENTO, DEL RECURSO DE REVISIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LAS OMISIONES FORMALES DEL ESCRITO RELATIVO.". Así como las tesis aisladas de la Primera Sala de rubros: "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO."; y "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES."
3. Los argumentos desarrollados por la autoridad recurrente en su segundo agravio se sintetizan a continuación.
El a quo violó el artículo 77 de la Ley de Amparo, por interpretar y aplicar indebidamente y dejar de valorar el artículo 90 constitucional al realizar las consideraciones relativas a la inconstitucionalidad del artículo 65, fracción I, párrafo octavo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Estima que este último artículo es constitucional por las razones siguientes:
a) El artículo 90 constitucional establece que el Congreso de la Unión distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación a través de las secretarías de Estado. Los artículos 26 y 37, fracciones VIII y XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal han sido emitidos en consecuencia. Dichos artículos se refieren a la existencia de la Secretaría de la Función Pública como dependencia del Poder Ejecutivo y a algunas de sus atribuciones, en específico: inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la administración publica federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad; contratación y remuneraciones de personal; contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública; conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; así como, atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública federal.
b) El gran desarrollo de la actividad administrativa ha exigido el establecimiento de las estructuras necesarias para proporcionar un eficaz y eficiente funcionamiento del sector público, entre ellas la expedición de leyes que confieren facultades normativas a las secretarías. En este sentido, las normas que rigen las adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública de la administración pública federal deben ser instrumentos ágiles y fácilmente adaptables a las circunstancias y naturaleza de los servicios que han de regular. Es con ese fin que el Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad de legislar en las materias que enuncia el artículo 90 de la Constitución, autoriza a la Secretaría de la Función Pública para que anule, corrija o no permita que se den los actos e irregularidades en que incurran las empresas, en los procedimientos de contratación.
c) Lo anterior se justifica en la medida que el Poder Legislativo no suele ocuparse de los detalles técnico-operativos que surgen de la administración pública por lo que resulta necesario que las secretarías mencionadas cuenten con las atribuciones necesarias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la ley específica que expida el Congreso de la Unión, como en la especie la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. De esta manera, mediante las atribuciones legales conferidas a las secretarías de Estado les son asignadas directamente tareas operativas para facilitar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción.
d) El establecimiento de recursos ordinarios en contra de las resoluciones que se dicten en las inconformidades derivadas del procedimiento de licitación no constituye una formalidad esencial del procedimiento, ya que por razones de conveniencia práctica y por las razones mencionadas anteriormente, es conveniente que los procedimientos de licitación sean rápidos, expeditos, eficaces, ágiles y fácilmente adaptables a los servicios que se han de prestar.
e) Las condiciones establecidas en dicho artículo no trastocan la facultad que los gobernados tienen para acudir ante los órganos federales para dirimir las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que el licitante tiene expedito su derecho de combatir ante las autoridades competentes las determinaciones respectivas, conforme lo establece la propia ley de donde emana el precepto que se tilda de inconstitucional.
TERCERO. Estudio y resolución del asunto. De conformidad con lo expuesto en el considerando que antecede, no será objeto de estudio el agravio primero planteado por la autoridad recurrente en razón de que las cuestiones a que se refiere ya fueron analizadas por el Tribunal Colegiado. Tampoco serán analizadas las causales de improcedencia que aduce la recurrente en su capítulo de "Causales de improcedencia" por las mismas razones.
En consecuencia, se procede al análisis del agravio sobre la constitucionalidad del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de julio de dos mil cinco, es decir, el segundo agravio planteado por la recurrente.
Los argumentos de la recurrente sintetizados en los incisos a), b), c) y e), en relación con el segundo agravio, son inoperantes. La recurrente sostiene que el a quo dejó de valorar, interpretó y aplicó incorrectamente el artículo 90 constitucional al interpretar el artículo impugnado. Es cierto que el a quo no se refirió expresamente a dicho artículo al resolver el amparo. Sin embargo, las manifestaciones que hace la recurrente no combaten en modo alguno la sentencia recurrida por los motivos que se explican a continuación.
La recurrente describe, primero, el contenido del artículo 90 constitucional cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención el Ejecutivo Federal en su operación.
"Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las secretarías de Estado y departamentos administrativos".
De la misma manera, señala el contenido de los artículos 26 y 37, fracciones VIII y XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
"Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:
"...
"Secretaría de la Función Pública."
"Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"...
"VIII. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la administración pública federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública federal;
"...
"XVI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública federal, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes."
Dichos artículos son el fundamento de la existencia de la Secretaría de la Función Pública y sus atribuciones, cuestiones que no fueron controvertidas en el juicio de amparo toda vez que constituyen el presupuesto de la obligación por parte de dicha secretaría de atender las inconformidades que presenten los particulares con motivo del procedimiento de licitación pública; las cuales, dicho sea de paso, de conformidad con la fracción XVI del artículo 37 de la mencionada Ley Orgánica de la Administración Pública constituyen medios de impugnación.
En segundo lugar, se refiere a la existencia de facultades normativas de las secretarías, la cual tampoco es materia del amparo, toda vez que lo que se impugna es una ley federal emitida por el Poder Legislativo en relación con la regulación de una facultad -materialmente jurisdiccional- de la Secretaría de la Función Pública en cuanto a su estructura o regulación no en cuanto a la justificación de su existencia, es decir, la existencia de diversas facultades de las secretarías de Estado no es materia del presente asunto sino las reglas para ejercerlas. De la misma manera, la recurrente manifiesta que el Poder Legislativo no suele ocuparse de cuestiones técnico-operativas que corresponde resolver a la administración pública, aspecto que sólo justifica la existencia de determinadas facultades de la administración pública pero que no se refiere a la forma de regular las inconformidades que resuelve la Secretaría de la Función Pública en relación con el respeto a las garantías individuales, es decir, la facultad de resolver inconformidades no es el punto controvertido sino la forma del procedimiento de inconformidad, que incluye las condiciones para su procedencia, con el respeto debido a las garantías individuales previstas constitucionalmente. Los argumentos esgrimidos por la recurrente, al ser presupuesto de la norma impugnada, podrían ser la base tanto de la constitucionalidad del artículo impugnado como de su inconstitucionalidad.
En tercer lugar señala que las normas que rigen las adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública de la administración pública federal deben ser instrumentos ágiles y fácilmente adaptables a las circunstancias y naturaleza de los servicios que han de regular con el fin de facilitar el funcionamiento eficaz y eficiente del sector público. De la misma manera estima que las secretarías deben contar con las atribuciones necesarias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Con tales afirmaciones no se formula agravio alguno en relación con la concesión del amparo por la declaración de inconstitucionalidad del artículo impugnado, toda vez que de la sola enunciación de dichos fines no se desprende la constitucionalidad del artículo impugnado o la incorrecta interpretación del a quo o su incidencia en la regulación de la inconformidad regulada en el artículo impugnado. Además, dichas afirmaciones no son siquiera completas ya que existen otros fines constitucionales diferentes a la eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la administración pública como los señalados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20504-1f1aadbc/adquisiciones-arrendamientos-y-servicios-del-sector-publico-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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