REVISIÓN EN EL AMPARO. SI AL RESOLVER DICHO RECURSO, SE ADVIERTE QUE SE ACTUALIZA ALGUNA DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE PROVOCAN EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE HACER DISTINCIÓN ENTRE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE FUERON RECURRIDOS.
AMPARO EN REVISIÓN 457/2005. FARMACIA MAGALLANES DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Técnicamente deben dejarse intocados en la revisión los resolutivos no combatidos en los agravios. Sin embargo, ello no ocurre cuando en uno de ellos el Juez de Distrito sobreseyó por inexistencia de los actos reclamados y en el otro concedió o negó la protección federal. Cuando el tribunal revisor advierte de oficio la existencia de una causal de improcedencia que originará el sobreseimiento del juicio, estará impedido para estudiar los agravios hechos valer contra la sentencia, la cual, por lo mismo, está sub júdice. Precisamente, por falta de estudio de los motivos de inconformidad y por falta de firmeza del fallo recurrido, el órgano constitucional no deberá distinguir cuáles resolutivos fueron atacados y cuáles no, pues el sobreseimiento deberá ser total.
SEXTO. No serán materia de estudio los agravios expuestos por la parte recurrente, porque el análisis de las causas de improcedencia es de orden público y pueden ser invocadas aun de oficio, según lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, de modo que este órgano resolutor se hace cargo de la que, de oficio, advierte se actualiza en este asunto, cuyo estudio no abordó el Juez de Distrito, análisis que se hará atento a la técnica jurídica que consigna el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, que establece: "Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio".
Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 122/99 que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28 del Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
Asimismo, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 30/97, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos, consultable en la página 137 del Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."
De acuerdo con los antecedentes que se reseñaron en el capítulo de resultandos de este fallo, los actos reclamados son, esencialmente, la aprobación, la expedición, la promulgación, el refrendo, la orden de publicación y la publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso", que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro, particularmente en la parte que reformó los numerales 21, 29, fracción II, y último párrafo, 31, fracción XIX y 220; la adición de los preceptos 32, fracción XXVII, 86, fracción XVIII y 225; así como de la sección III, capítulo II, título II, denominado "Del costo de lo vendido", que comprende los artículos 45-A a 45-I y el artículo tercero transitorio, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes a partir del uno de enero de dos mil cinco.
Para el Juez de Distrito, según se desprende de la sentencia recurrida, los artículos que se tildan de inconstitucionales son de naturaleza heteroaplicativa, porque requieren de un acto posterior que modifique la situación existente, y por ello la parte quejosa, para encontrarse legitimada para controvertirlos en amparo, debió acreditar, mediante declaración, que enteró el pago relativo al impuesto sobre la renta, así como acreditar, con el soporte contable necesario, que tiene inventarios que deducir; empero, no acreditó ninguno de esos supuestos ni justificó que haya optado por la acumulación de inventarios, a fin de deducir el costo de lo vendido conforme enajene las mercancías y menos que haya determinado el inventario base, considerando el valor de los inventarios que haya tenido al treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro, utilizando el método que se establece en la fracción V del artículo tercero transitorio combatido; en esas condiciones, decidió que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción VI del numeral 73 de la Ley de Amparo, razón por la que decretó el sobreseimiento con fundamento en la fracción III del arábigo 74 del ordenamiento legal en cita.
La causal de improcedencia que este Tribunal Federal estima se actualiza en el caso a estudio, es la prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que dispone:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso;
..."
La citada hipótesis legal encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 4o. de la Ley de Amparo al disponer, en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame.
En este orden de ideas, para que un gobernado pueda estar interesado en que la Justicia Federal lo ampare, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido trastocado por actos de la autoridad.
De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, consistentes, el primero de ellos, en la existencia y titularidad de un derecho; y el segundo, en el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto de autoridad.
Por perjuicio se entiende todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior.
Esa afectación debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, y su demostración debe realizarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan solo por presunciones.
Esto es, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando a solicitar el cese de esa violación. Sobre el particular, es de invocar la tesis de jurisprudencia VI.3o. J/26 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, diciembre de 1991, página 117, que a la letra prescribe:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías."
En el juicio de amparo contra leyes, para acreditar el interés jurídico del quejoso y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma, es indispensable que ésta haya irrumpido en la individualidad del gobernado, a grado tal que le ocasione agravio en su esfera jurídica, ya sea por su sola vigencia o que se le aplique de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción; la ley, que es general, abstracta e impersonal, debe producir efectos en forma particular, concreta y personal en su destinatario.
La afectación sufrida por el gobernado, apta para dar lugar a la promoción del juicio de amparo, debe ser objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda, es decir, para que la constitucionalidad de una norma pueda ser analizada en el juicio de garantías, ésta debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real.
Las anteriores afirmaciones tienen apoyo en la jurisprudencia 3a./J. 45/90 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 199, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:
"INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE ‘INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA’ Y DE ‘RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA’. Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados."
También resulta aplicable la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 180, Volúmenes 193-198, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:
"INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico."
Dicho lo anterior, cabe especificar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2005, en ejecutoria de veintisiete de marzo de dos mil seis, analizó los numerales que en este asunto se tildan de inconstitucionales, los que interpretó de manera conjunta, y concluyó que se trata de un sistema de normas de naturaleza autoaplicativa, de acuerdo con el principio de individualización condicionada; para arribar a tal determinación, también estableció cuáles son los aspectos que todo quejoso debe demostrar, con la finalidad de acreditar el interés jurídico necesario para acudir al juicio de garantías a controvertir los arábigos a que se ha hecho referencia.
En lo que a este caso interesa, la ejecutoria que se comenta es del tenor siguiente:
"... Expuesto lo anterior, es pertinente, por cuestiones metodológicas, hacer algunas referencias, en primer lugar, en relación con el régimen general de las personas morales, derivados de la propia ley, habida cuenta que el tema que debe desentrañarse incide en la determinación de la base gravable del tributo. En segundo término, se hará el estudio del sistema de deducción de costo de lo vendido contenido en las normas antes reproducidas; y finalmente, se arribarán a las conclusiones pertinentes y al establecimiento de la tesis que debe prevalecer. Elementos esenciales del tributo. Sujeto pasivo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes son las personas morales, en los siguientes casos: • residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; • residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente; y • residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. Hecho imponible. El objeto del gravamen, siguiendo el texto de los artículos 1o. y 17 de la ley indicada, son los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Base del impuesto. En términos del artículo 10 de la ley de la materia, la base gravable o resultado fiscal se obtiene de la forma siguiente: ‘I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título. Al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’. ‘II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores ...’ Como se ve, previo al resultado fiscal, debe obtenerse la utilidad fiscal, disminuyendo de los ingresos acumulables del ejercicio ’las deducciones autorizadas por este título’ y, en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Tasa. Es del 30%, como lo señala el inciso a) fracción I del artículo segundo transitorio del decreto de reformas de la ley, vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco. Época de pago. El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal (penúltimo párrafo del artículo 10). Análisis del sistema de deducción de costo de lo vendido. De lo hasta aquí expuesto, lo primero que se advierte es que la deducción de costo de lo vendido es de aquellas deducciones que autoriza el título II y que al disminuirse de los ingresos acumulables dará lugar a obtener la utilidad fiscal; lo segundo, es que el concepto general de la deducción se previene en la fracción II del artículo 29; lo tercero, es que las disposiciones establecidas por el legislador para determinar el costo de ventas se adicionaron en la sección III (45-A a 45-I) y, lo último, es que el artículo tercero transitorio contempla las reglas a seguir para valuar los inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. Ahora bien, para estar en posibilidad de concluir respecto a la naturaleza de las disposiciones indicadas y merced a que en su conjunto establecen el nuevo sistema de deducción de costo de ventas, se irán analizando en lo general como en lo específico, con la finalidad de destacar los principales aspectos del nuevo esquema, así como las particularidades de cada uno de los artículos que regulan el concepto de costo de lo vendido y de sus reglas de operación. Deducción del costo de lo vendido. Es importante volver a subrayar que con la reforma del artículo 29, fracción II, se cambió el esquema conforme al cual las personas morales tributaban el impuesto sobre la renta, las que hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro deducían el costo de las adquisiciones, que consistía básicamente en deducir de los ingresos acumulables de un ejercicio las compras de materias primas, productos semiterminados o terminados, desde el momento de su adquisición, sin importar cuándo se enajenaran las mercancías, como a continuación se esquematiza: ... Con la reforma de mérito se retornó al sistema anterior de costo de lo vendido, lo que significó una variación inmediata en los sistemas utilizados para efectos contables y fiscales, ya que, por un lado, dejó de existir jurídicamente la deducción de adquisiciones y, por otro, se creó un mecanismo distinto de deducción para operarse hasta la enajenación de las mercancías, denominado deducción de costo de lo vendido. Es decir, lo que hizo el legislador con la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil cinco, fue extinguir y crear situaciones concretas de derecho en torno de un sistema de deducción con el que venían operando los contribuyentes personas morales, o sea, por un lado extinguió la deducción de adquisiciones y, por otro, creó el esquema de deducción de costo de lo vendido. No se trató sólo de cambiar un concepto, sino todo un conjunto de disposiciones relacionadas con la misma deducción que representan una totalidad o unidad sistémica regulatoria, que tiene la finalidad de calcular el costo de ventas. Así, el análisis particular que de cada norma se irá haciendo a continuación, no pierde de vista el sistema del que forma parte y al que, por ende, se encuentra estrechamente vinculado. Por lo que hace al término técnico de costo de lo vendido, contenido en el artículo 29, fracción II, si se atiende al texto de las propias normas de la sección III y a principios contables, puede bien entenderse como el costo de adquisición o producción (según se trate de una empresa de transformación o de una comercializadora) de los artículos vendidos que generaron los ingresos reportados en el renglón de ventas; y por lo que respecta a las empresas de servicios, el costo de los servicios prestados estará integrado por aquellos costos que se identifican razonablemente en forma directa con la prestación de los servicios. De lo dicho es posible derivar que la reforma de la fracción indicada trae afectaciones automáticas en la esfera económica, contable y fiscal de los contribuyentes personas morales, pues no solamente tienen que sustituir el sistema de deducción de compras por el de costo de lo vendido, también deberán modificar los principios contables por aplicar, pero además, habrán de tener en cuenta, de estar en este supuesto, que la permanencia de las mercancías hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro en los inventarios existentes podría generar efectos fiscales, dada la inversión de compras de mercancías por el comerciante, o la inversión en la compra de materias primas y en productos semiterminados, por parte del industrial, incluyendo las erogaciones realizadas en el pago de la mano de obra, rentas, desgaste de maquinaria, etcétera, que son necesarios pagar por la producción de los artículos. Como se ve, hay una secuencia lógica de impactos económicos, contables y fiscales, que se generan de inmediato con la introducción del sistema de costo de ventas. Además, entre otras cosas, se obtiene que la diferencia fundamental entre estas dos deducciones es el momento de la deducción, ya que el tratamiento fiscal vigente hasta diciembre de dos mil cuatro, se efectuaba inmediatamente cuando se realizaba la compra del producto, mientras que el costo de lo vendido vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, se llevará a cabo cuando se enajene el producto. Tal distinción en el momento de efectuar la deducción no es; sin embargo, relevante para establecer el carácter de la norma, ya que el derecho a deducir el costo de ventas nace por la sola condición de ser contribuyentes personas morales, a diferencia del momento en que se realice la deducción, que es con la declaración anual del ejercicio. Efectivamente, el precepto establece el derecho -inmediato- de los contribuyentes, de deducir el ‘costo de lo vendido’, así como todos los deberes que implica realizar ahora para concretar la deducción, a diferencia de lo ocurrido hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, que consistía en la deducción de las compras. En otras palabras, el derecho a deducir el costo de ventas conforme a las nuevas reglas dictadas por el legislador, nace con la sola vigencia de la norma y no con la declaración anual, esto es, se obtiene por la sola circunstancia de ser contribuyente ... En este orden de ideas, es claro que el artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil cinco, es una norma de carácter autoaplicativo, habida cuenta que vincula a los contribuyentes personas morales desde el inicio de su vigencia a cambiar el esquema de compras por el de costo de lo vendido, pues desde ese momento el legislador no solamente crea un nuevo sistema de deducción, sino también extingue el anterior de adquisiciones o compras, además de que introduce disposiciones para efecto de determinar el costo de ventas, así como reglas tendientes a valuar los inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro ... SÉPTIMO. Habiendo quedado resuelto en el considerando precedente que la deducción de costo de lo vendido, establecida en los artículos analizados de la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-F, 45-G y 45-I), constituye un sistema de carácter autoaplicativo, queda por señalar, en lo que atañe a los restantes preceptos, esto es, los artículos 45-E y 45-H, así como las fracciones IV, en lo relativo a la opción de acumulación de los inventarios y V, en su integridad, del mismo ordenamiento, que por estar integrados a un sistema que afecta de manera incondicional a los contribuyentes personas morales que venían deduciendo bajo el sistema anterior de compras o adquisiciones, deben entenderse también como autoaplicativos. Lo anterior es así, en virtud de que siendo autoaplicativas las normas que cambian el sistema de deducción de compras de las personas morales contribuyentes del impuesto sobre la renta, al de costo de ventas, la peculiaridad trasciende a las disposiciones que establecen condiciones, requisitos o modalidades tendientes a complementar o desarrollar la deducción de costo de lo vendido. Es decir, siendo autoaplicativo el núcleo de la reforma impositiva, el concepto trasmina a los preceptos que lo perfeccionan. Efectivamente, una deducción, como la examinada, no puede considerarse de forma aislada, sino como parte del sistema normativo que la regula, de tal modo que al introducirse un cambio sustancial en la materia que incide en la determinación de la base del tributo -que obliga incondicionalmente a las personas morales contribuyentes del impuesto-, debe, en consecuencia, considerarse que todos los preceptos vinculados al nuevo sistema deductivo revisten la misma naturaleza de autoaplicabilidad ... Lo peculiar o singular del caso, es que la deducción de costo de ventas constituye un sistema complejo que incide en la determinación del resultado fiscal o base gravable, razón por la que, para examinar la procedencia del juicio de amparo indirecto en lo que corresponde a la naturaleza de las normas, debe atenderse a la norma nuclear que es la definitoria de todo el sistema deductivo, sin perjuicio de que pudiera producirse otra causal de improcedencia. En tales condiciones, resulta que cuando se reclama el sistema de costo de lo vendido en su carácter autoaplicativo, no es necesario que el gobernado se sitúe dentro de cada una de las hipótesis que el mismo contempla en su normatividad, pues basta que demuestre estar ubicado de manera general en la categoría de persona moral contribuyente del impuesto sobre la renta que venía deduciendo las compras de mercancías conforme a la legislación anterior, para que esté en aptitud legal de combatir cada uno de los preceptos que puedan serle aplicables de la nueva deducción de costo de lo vendido, habida cuenta que, como antes se expresó, por la complejidad e íntima relación del nuevo sistema deductivo, está obligado a acatarlo desde la iniciación de la vigencia de la ley reformada."
De la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 27/2005, emanaron dos tesis de jurisprudencia identificadas con los números 89/2006 y 90/2006, que se publicaron en las páginas 5 y 6 del Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros y textos que enseguida se reproducen:
"COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN II, Y DEL 45-A AL 45-I DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y TERCERO TRANSITORIO, FRACCIONES DE LA IV A LA IX, Y XI, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ Y ADICIONÓ AQUÉLLA, VIGENTES A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. Hasta el 31 de diciembre de 2004 la Ley del Impuesto sobre la Renta establecía en su artículo 29, fracción II, la deducción del costo de las mercancías desde el momento de su adquisición, sin embargo, con el decreto de adiciones y reformas a dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, se creó en su lugar un nuevo sistema de deducción denominado costo de lo vendido o costo de ventas, que permite la deducción de las mercancías hasta el momento de su enajenación, lo que trajo como resultado el establecimiento de nuevas situaciones concretas de derecho que inciden de manera directa e inmediata en los sujetos pasivos del tributo. Efectivamente, el reformado artículo 29, fracción II, establece la deducción del costo de lo vendido, los artículos del 45-A al 45-I, adicionados mediante la Sección III, ‘Del costo de lo vendido’, previenen los mecanismos para su determinación, y el artículo tercero transitorio, fracciones de la IV a la IX y XI, contiene diversas disposiciones en relación con la valuación de inventarios existentes al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20519-f35b5fe0/revision-en-el-amparo-si-al-resolver-dicho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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