AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO CON MOTIVO DE LA RESPUESTA RECAÍDA A UNA CONSULTA FISCAL EN RELACIÓN CON UNO DE LOS PRECEPTOS LEGALES RECLAMADOS, SI PREVIAMENTE SE CONSINTIÓ EL MECANISMO DEL TRIBUTO QUE SE PRETENDE RECLAMAR A VIRTUD DE DICHO ACTO DE APLICACIÓN, SUSTENTADO EN LOS RESTANTES DISPOSITIVOS LEGALES COMBATIDOS.
AMPARO EN REVISIÓN 362/2005. GRUPO FARMACÉUTICO GUADALUPANA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. No habrán de analizarse los agravios hechos valer por la parte recurrente, en virtud de que este tribunal colegiado advierte la actualización de un diverso motivo de improcedencia al invocado por la a quo en la sentencia recurrida y cuyo estudio es preferente en el juicio de garantías por tratarse de una cuestión de orden público, invocado de oficio de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y en atención a la tesis jurisprudencial P./J. 122/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, del Tomo X, Noviembre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
Igualmente, resulta aplicable la tesis P. LXV/99, sustentada por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario precitado y su Gaceta, que textualmente señala:
"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."
Ahora bien, el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218. No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el Artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."
Conforme a la disposición transcrita, es improcedente el juicio de garantías contra actos o leyes que previamente se hayan consentido tácitamente; esto es, contra los que no se haya promovido la acción de amparo dentro de los términos legales establecidos para ello en los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo, según sea el caso concreto. Este motivo de improcedencia encuentra su justificación en que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa procedente contra actos de autoridad o leyes que los particulares estimen lesivos de las garantías que a su favor consagra la Carta Magna, y que tiene por efecto desincorporar de la esfera jurídica de los particulares tales actuaciones; de tal forma que para acudir al juicio constitucional es necesario que se haga dentro de los términos legales previstos para ello, porque de no ser así, los actos de autoridad que se ataquen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno de los gobernados, se entienden por consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo contra ellos.
En el caso del amparo contra leyes, el segundo párrafo del precepto legal de referencia, establece que no se entenderá consentida tácitamente una ley que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido éste contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso. Igualmente, se prevé que contra el acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, será optativo para el gobernado acudir al juicio de garantías, o previamente a los medios ordinarios de defensa por los cuales pueda ser modificado, nulificado o revocado el acto concreto de aplicación.
En relación con el tema en estudio, se cita a continuación la tesis 2a. XX/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"AMPARO CONTRA LEYES. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO. Para que opere el consentimiento tácito de la ley, se requiere la existencia de un acto de aplicación de la misma que agravie a la parte quejosa y que ésta no lo impugne en los términos señalados por la ley. Dicho consentimiento no se actualiza cuando los supuestos actos de sometimiento al dispositivo legal impugnado se producen en beneficio del quejoso, pues atendiendo al contenido de los artículos 4o. y 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional presupone la existencia de un acto de aplicación que agravie a la impetrante del juicio de garantías."
En el caso particular del juicio de amparo contra leyes, promovido contra el que se estime es el primer acto de aplicación de las disposiciones legales reclamadas en perjuicio del quejoso, debe decirse que rige el término general de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de la Materia.
El precitado numeral de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, a la letra señala:
"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."
Ahora bien, en el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que la quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 1º, fracción II (en realidad fracción I), y segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, referente a la causación de dicho tributo por las actividades preponderantes de la quejosa, consistentes en la compra venta de todo tipo de productos farmacéuticos, así como por lo que hace a la obligación que se le impone de trasladar el impuesto al valor agregado a las personas que adquieran los bienes objeto de comercialización; lo anterior, frente a la exención que se preveía en el artículo 2-C del ordenamiento legal en cita, vigente en el año de dos mil uno, para las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, y cuyos ingresos en el año de calendario anterior no excedieran del monto legal establecido, el cual era objeto de actualización a partir de las Resoluciones Misceláneas Fiscales expedidas para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (acto reclamado visible a fojas 2 y 3, y conceptos de violación consultables de las fojas 5 a 14 del juicio de garantías).
Al efecto, se transcribe a continuación el único concepto de violación hecho valer en la demanda de garantías:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: PRIMERO. Como se trata del primer acto de aplicación autoritario de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, señalo que es inconstitucional la citada ley porque el artículo 2-C, de dicha ley, vigente en el año de 2001, viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al exentar del pago del impuesto a las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, siempre y cuando en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de $1'000,000.00, por dichas actividades. En efecto, el artículo 2-C, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece textualmente lo siguiente: ‘Art. 2-C. (Se transcribe).’. Como puede verse, el citado numeral exenta a aquellas personas que realicen operaciones con el público en general y que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos menores a un millón de pesos, los que constituyen elementos ajenos al hecho imponible, porque conforme a la mecánica de los impuestos indirectos quien residente el impacto económico es el adquirente de los bienes o servicios, en virtud del traslado del impuesto según lo establece el artículo 1° de la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues esto corrobora que la exención con base en los ingresos del contribuyente carece de una justificación objetiva al no ser éste quien soporta económicamente la carga tributaria, provocándose, además, con ello, una ventaja comercial a favor de las personas físicas exentas al estar en posibilidad de ofrecer al público en general los servicios o productos a un costo final inferior, dándose así un trato desigual a sujetos iguales, lo que es suficiente para conceder el amparo que por este conducto se solicita porque el artículo 1°, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado claramente establece la obligación de pago del impuesto en análisis, a cargo de mi poderdante y se trata de un impuesto inequitativo. Efectivamente, el artículo 1°, tercer párrafo, de la actual Ley del Impuesto al Valor Agregado, claramente señala que el contribuyente trasladará el impuesto en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Que por traslado se entiende el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en la propia ley, es decir, que mi representada como cualquier contribuyente del impuesto al valor agregado no debe sacar de su peculio el dinero para el pago del impuesto, sino que se lo cobra al consumidor final, que es el sujeto pagador del impuesto (y después lo entera al fisco en términos del propio artículo 1°, ya referido), por ello no es lógico que el artículo 2-C de la citada ley justifique la exención ya referida en las condiciones económicas del contribuyente del impuesto al valor agregado, cuando que este último realmente no lo paga de su bolsa, sino que actúa como simple cobrador del gobierno federal, por ello es independiente que tenga o no capacidad económica, porque se insiste, el que realmente paga es el consumidor final y no el contribuyente del impuesto aludido, consecuentemente toda la Ley del Impuesto al Valor Agregado se torna inequitativa y por ello viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, mismo que establece claramente como garantía individual de los gobernados que la leyes fiscales deben ser equitativas, lo que no satisface la Ley del Impuesto al Valor Agregado por las razones ya indicadas. Al respecto resulta aplicable por analogía la jurisprudencia que se transcribe a continuación: Instancia: 2a. Sala. Época: 9ª Época. Localización. Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, Noviembre de 2000 Tesis: 2a./J. 97/2000 Página: 348 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. ‘PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE. LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 80-B DE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (Se transcribe y cita precedentes).’. Ahora bien, a la luz de lo antes considerado, y de su análisis, el multicitado artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el año dos mil uno, resulta inequitativo en virtud de que confiere un trato desigual a personas que, en esencia, se encuentran en la misma situación de derecho. En efecto, tanto los contribuyentes que de acuerdo con dicha disposición se encuentran obligados a pagar mayor impuesto al valor agregado, como los que pagan menor impuesto al valor agregado, son personas físicas con actividades empresariales que solamente enajenan bienes o prestan servicios al público en general. Además, el hecho de que tales contribuyentes puedan ser pequeños, no constituyen una diferencia que pueda considerarse relevante desde el punto de vista tributario por efectos de un impuesto INDIRECTO, debido a la naturaleza del impuesto al valor agregado. En efecto, el tributo en cuestión constituye un impuesto ‘real’, los cuales se establecen en atención a los bienes o cosas que gravan; es decir, el legislador al crearlos, en principio, sólo toma en cuenta una manifestación objetiva y aislada de riqueza, por ejemplo, la enajenación de bienes o la prestación de servicios, y no las condiciones personales del sujeto pasivo. La característica señalada se desprende del artículo 1° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual dispone que: ‘Artículo 1°. (Se transcribe).’. De lo anterior se advierte que la enajenación de bienes y la prestación de servicios constituyen objetos del tributo en cuestión; y, en esos casos, la base del mismo consiste en las cantidades obtenidas como consecuencia de dicha enajenación de bienes o prestación de servicios. Otra característica del impuesto al valor agregado, que resulta trascendente destacar para efectos de este estudio es que constituye un impuesto ‘indirecto’, la nota distintiva de este tipo de contribución radica en que puede ser trasladado por el sujeto pasivo a una tercera persona. De esa forma, la incidencia económica del tributo no recae en el enajenante de bienes o prestador de servicios, sino en el consumidor final; de ahí el carácter ‘indirecto’ o reflejo del impuesto en cuestión. Así, el tercer párrafo del artículo 1° antes citado establece lo siguiente: ‘Artículo 1°. (Se transcribe).’. Así las cosas, la diferencia en ingresos obtenida por los distintos sujetos pasivos del impuesto al valor agregado motivo de la realización de sus actividades, operaciones o tareas empresariales no constituye una circunstancia que justifique darles un tratamiento fiscal distinto. Si, como se vio, el tributo en cuestión grava la enajenación de bienes y la prestación de servicios, los ingresos de los sujetos pasivos constituyen, por consiguiente, un elemento ajeno al hecho imponible del mismo. Dicha conclusión se robustece si se considera además que la incidencia económica del impuesto controvertido no la reciente el sujeto pasivo-enajenante de bienes o prestador de servicios sino el consumidor de éstos. Por tanto, las variables del pago del impuesto al valor agregado al encontrarse apoyadas en elementos que, dada la naturaleza del impuesto al valor agregado, no guardan relevancia con el mismo, resulta artificiosa; y, consecuentemente, ocasiona que se confiera de manera injustificada un trato desigual a contribuyentes que se encuentran en igual situación jurídica. Circunstancia que debe motivar a declarar la inconstitucionalidad del artículo tantas veces referido, por transgredir el principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, lo que hace INJUSTA e INEQUITATIVA toda la ley, y se conceda el amparo para el efecto de que la empresa ‘GRUPO FARMACÉUTICO GUADALUPANA’, S.A. DE C.V., tribute en términos del artículo 2-C, vigente en 2001. Ello es así, pues en ese sentido ya lo resolvieron los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión número 417/2003, mismo que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, en la página 88, que a continuación se transcribe: Tesis aislada. Materia (s): Constitucional Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVIII, Diciembre de 2003. Página: 88. Tesis: 1a. LXXVI/2003. ‘VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2001), TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (Se transcribe y cita precedente).’. Asimismo, tiene aplicación al caso que nos ocupa, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 2004, Tomo XIX, Novena Época, página 383, Pleno, Salas y Acciones de Inconstitucionalidad, misma que a continuación se transcribe: ‘VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (Se transcribe y cita precedentes)’." (fojas 5 a 12).
Por su parte, en el propio capítulo de acto reclamado del libelo de garantías, cuya parte conducente se transcribirá enseguida, la parte quejosa manifestó que acudía al juicio de amparo contra los preceptos normativos antes referidos a virtud del primer acto de aplicación de éstos, el que hizo consistir en el oficio número 325-SAT-21-II-5925, de fecha diecisiete de mayo de dos mil cinco, emitido por el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte en respuesta a la consulta que sobre la aplicación del numeral 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, formuló la contribuyente. Al respecto la quejosa señaló lo siguiente:
"IV. ACTO RECLAMADO: 1. Del H. CONGRESO DE LA UNIÓN: H. CÁMARA DE DIPUTADOS Y H. CÁMARA DE SENADORES, reclamo: la creación o expedición misma, así como el proceso legislativo, en virtud del cual se creó el Decreto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en especial se reclaman los artículos 1, fracción II, y segundo párrafo, y 2 C, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del ejercicio fiscal de 2001 (y toda la citada ley) los que establecen la obligación de pago del impuesto citado a cargo de mi representada por las actividades que realiza, que consisten en compra, venta de toda clase de medicamentos, entre otros, medicinas de patente, naturistas o similares, compra, venta de toda clase de material quirúrgico y de curación, equipo médico y similares, entre otras, porque además como se desprende de su acta constitutiva es residente en la República Mexicana y por ello obligada al pago del impuesto indicado. También reclamo la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2001, porque en virtud del oficio número 325-SAT-21-II-5925 de fecha 17 de mayo de 2005, emitido por el C. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte, se trata del primer acto de aplicación autoritario de la ley en la esfera jurídica de mi representada, y la citada Ley resulta anticonstitucional por las razones que más adelante se indicarán. ... 5. De la ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA NORTE, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Y JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON RESIDENCIA EN MÉXICO, D.F., reclamo los actos de ejecución material de la ley en los artículos precisados y a que me refiero en el punto número uno de este capítulo, y que se traducen en la aplicación de la citada ley a través del oficio número 325-SAT-21-II-5925, de fecha 17 de mayo de 2005, por medio del cual da contestación a la consulta que se formuló con fecha 6 de mayo de 2005, respecto de situaciones reales y concretas de mi mandante, en donde se aplica por un ente autoritario y primera vez a mi representada la Ley del Impuesto al Valor Agregado." (fojas 2 y 3).
La respuesta a la consulta formulada por la quejosa, señalada como el primer acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, fue acompañada por ésta a la demanda de garantías, y se identifica con el número 75/2005, contenida en el oficio 325-SAT-21-II-5925, emitido por el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte el día diecisiete de mayo de dos mil cinco (fojas 28 a 31). La parte considerativa de la contestación recaída a la consulta de mérito es del tenor literal siguiente:
"Consideraciones. Realizado el análisis de la consulta formulada por el C. Fernando Humberto Mejía Tamariz, en representación legal de Grupo Financiero Guadalupana, S.A. de C.V., así como las disposiciones vigentes en las que versa su planteamiento, se considera lo siguiente: Toda vez que la solicitud planteada se sustenta en lo dispuesto en el artículo 2C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio del 2001, será analizado y para ese efecto transcribo, a continuación: *‘Artículo 2C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado: La personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en año calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de $1'000,000.00 por dichas actividades. La cantidad a que se refiere este párrafo se actualizará anualmente, en el mes de enero, en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación ...’. (Énfasis añadido). De la anterior transcripción se desprenden las siguientes consideraciones: 1. En primer término es de señalarse que el artículo que se transcribe, establece como primera condicionante para no estar obligado al pago del impuesto, el que sean personas físicas que realicen actividades empresariales, situación que no acontece en la especie al ser la consultante una persona moral, y además señala como condicionante que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general. 2. Y como tercera condicionante, es que en el año calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de $1'000,000.00 por dichas actividades. Por lo que si en el presente caso, es una persona moral, y tal y como lo manifiesta expresamente, obtuvo como ingresos la cantidad de $3'699,031.00, es claro que no se actualiza a su favor la hipótesis establecida en el artículo 2C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y por tanto está obligada al pago de dicho impuesto. Lo anterior es así, ya que no sólo basta cumplir con la primera condicionante del precepto legal analizado, es decir que sean personas físicas que realicen actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, sino que como ya se señaló, sus ingresos no excedan de $1'000,000.00, lo cual no aconteció en la especie." (fojas 29 y 30).
Asimismo, en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías, la impetrante manifestó, bajo protesta de decir verdad, ser contribuyente del impuesto al valor agregado, y haberse constituido legalmente desde el año de mil novecientos noventa y nueve, lo que corroboró con la copia certificada de la escritura constitutiva acompañada a la demanda de garantías (fojas 15 a 24). Así, en el punto identificado como número 1 de los antecedentes de la demanda inicial, la ahora recurrente sostuvo:
"1. En el año de mil novecientos noventa y nueve, se constituyó ‘GRUPO FARMACÉUTICO GUADALUPANA’, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, misma que actualmente realiza actividades de compra, venta de toda clase de medicamentos, entre otros, medicinas de patente, naturistas o similares, compra, venta de toda clase de material quirúrgico y de curación, equipo médico y similares, entre otros, actos que en los términos del artículo 1º, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado son actos gravados y que generan obligación de pago de dicho impuesto a cargo de mi poderdante." (fojas 3 y 4).
De lo hasta aquí expuesto, este tribunal colegiado estima que en el presente caso se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativo al consentimiento tácito de los preceptos legales reclamados, porque no obstante que a partir de la respuesta recaída a la consulta formulada por la ahora recurrente, en relación con la aplicación del artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, acudió al juicio de garantías señalando a esta última como el primer acto de aplicación de las normas reclamadas; lo cierto es que los motivos de inconstitucionalidad en que sustenta su pretensión, radican en la inequidad del sistema tributario del impuesto al valor agregado bajo el cual la impetrante tributa desde su constitución legal en mil novecientos noventa y nueve, el que ya fue consentido tácitamente por ésta al no acudir, desde el primer acto de aplicación del régimen del tributo que le obliga, al juicio de amparo dentro del término legal previsto para ello.
En efecto, en el caso a estudio, especial relevancia reviste señalar que tratándose de un amparo contra leyes tributarias que son controvertidas con motivo de su primer acto de aplicación, éste, por regla general, puede tener su origen en:
a) La actuación del propio quejoso que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos por la norma.
b) La actuación de la autoridad que por disposición expresa de la ley está encargada de su aplicación.
c) La actuación de un particular que en su carácter de tercero auxiliar de la administración pública actúa por mandato de la ley.
Es de citarse en apoyo de lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, Volúmenes 217-228 Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"LEYES, AMPARO CONTRA. CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL. ES ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del orden legal establecido aparece que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el particular, porque si no lo hace se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas coercitivas o que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el término de impug
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19791-6dafc7d5/amparo-contra-leyes-es-improcedente-el-promovido-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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