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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, AUN CUANDO SE ALEGUE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES, SI ÚNICAMENTE SE ESGRIMEN ARGUMENTOS DE LEGALIDAD (SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN EL EXPEDIENTE TESIN-JDP-05/2020).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2020. · Registro digital (IUS): 200793
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2020. MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

Ciudad de México. Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

V I S T O S los autos para resolver la controversia constitucional 207/2020, promovida por el Municipio de Ahome, Sinaloa, por conducto del Presidente Municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno, en la cual demandó la invalidez de la sentencia de dos de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro en el expediente TESIN-JDP-05/2020, a través de la cual el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ordenó dejar sin efectos el acuerdo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, adoptado por el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por el que se ratificó a Pavel Roberto Castro Félix para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control por un segundo periodo; y,

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Antecedentes del acto impugnado. El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el municipio de Ahome, en uso de sus facultades previstas en los artículos 109, fracción III, último párrafo y 115 fracciones I, II, inciso b) y VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política del país,(1) 138, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa(2) y 67 Bis y 67 Bis A, segundo párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa vigentes en esa fecha,(3) designó a Pavel Roberto Castro Félix como Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento para el periodo comprendido del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete al veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

2. El primero de septiembre de dos mil veinte, a través de oficio número DSP-420/2020, la Síndica Procuradora del Ayuntamiento solicitó al Presidente Municipal convocara, en los términos de los artículos 39, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa vigente,(4) a una sesión ordinaria de cabildo para emitir una convocatoria con el propósito de designar al próximo Titular del Órgano Interno de Control.

3. A su vez, el once de septiembre de dos mil veinte, Pavel Roberto Castro Félix, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 115, fracción I, de la Constitución Política del país, 110, 112, fracción I y 138, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 67 Bis y 67 Bis A segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa (ya citados), realizó una solicitud al ayuntamiento a efecto de postularse por un periodo adicional al que fue designado al estar próximo a vencerse el nombramiento respectivo.

4. Atento a lo anterior, el quince de septiembre de dos mil veinte, el Presidente Municipal convocó a una sesión extraordinaria de carácter privada que tuvo verificativo el día diecisiete de septiembre para atender a la solicitud de la postulación referida. Dicha convocatoria fue notificada a la Síndica Municipal en la misma fecha de su emisión.

5. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el Presidente Municipal dio contestación al oficio DSP-420/2020 emitido por la Síndica Procuradora, informándole que, como el Titular del Órgano Interno de Control manifestó su deseo de postularse para ocupar dicho cargo por un periodo inmediato posterior, previo a atender a la petición de la Síndica, resultaba necesario que primero el ayuntamiento determinara si se designaría o no al actual titular por un periodo inmediato posterior, al ser un derecho adquirido del que goza.

6. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se desarrolló la sesión extraordinaria de cabildo, en la cual se aprobó designar al C. Pavel Roberto Castro Félix, por un segundo periodo como Titular del Órgano Interno de Control del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa con una votación de nueve votos a favor y cuatro votos en contra.

7. Inconforme con la determinación anterior, la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome, promovió un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en donde reclamó que la designación de Pavel Roberto Castro Félix, actual Titular del Órgano Interno de Control para ocupar dicho cargo por un segundo periodo, constituye violencia política en razón de género y acoso laboral, expediente que quedó radicado bajo número TESIN-JDP-05/2020.

8. El dos de diciembre de dos mil veinte, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa emitió su sentencia, en la que dejó sin efectos el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de diecisiete de septiembre de dos mil veinte y determinó que el Presidente y Secretario Municipal incurrieron en acciones que impidieron a la Síndica el debido ejercicio del cargo de elección popular que desempeña por la realización de actos de violencia política de género y acoso laboral. En lo particular, decidió que:

a) El Presidente y Secretario Municipal debieron haber respondido a la Síndica Procuradora antes de darle respuesta al contralor en turno.

b) El cabildo en pleno no podía, sin tener a la vista la propuesta de la Síndica Procuradora, decir si ratificaba o no al Titular del Órgano Interno de Control.

9. Así, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, dejó sin efectos el acuerdo tomado por el pleno de Ayuntamiento y ordenó al Presidente Municipal para que en diez días convocara a sesión de cabildo para que se analizaran las propuestas de la Síndica Procuradora para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control.

10. SEGUNDO. Demanda de controversia constitucional. El catorce de diciembre de dos mil veinte, Manuel Guillermo Chapman Moreno y Juan Francisco Fierro Gaxiola, en su calidad de Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, promovieron una controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la sentencia de fecha dos de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente TESIN-JDP-05/20, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

11. TERCERO. Concepto de invalidez. En el único concepto de invalidez, el municipio actor argumenta que la autoridad demandada vulnera la autonomía técnica y de gestión con la que cuenta el pleno del ayuntamiento, expresando, esencialmente, que el Tribunal Electoral invade sus facultades porque:

a) Impide designar por un periodo adicional a la persona que habrá de ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control, previstas en los artículos 67 y 67 Bis A, segundo párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como los artículos 109, fracción III, último párrafo y 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Política del país, al dejar sin efectos el acuerdo de cabildo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, vulnerando con ello la autonomía del ayuntamiento.

b) Corresponde en exclusiva al ayuntamiento decidir sobre la designación o no por un segundo periodo del Titular del Órgano de Control, además de que ello constituye un acto de naturaleza administrativa, inherente al derecho disciplinario, y no electoral, que, contrario a lo señalado por el tribunal, no guarda relación con derecho político electoral alguno.

c) La actuación del tribunal electoral excedió lo previsto en los artículos 35, fracción II, 36, fracción IV, 99, fracción V y 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política del país,(5) y los artículos 4 y 5 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana Para el Estado de Sinaloa,(6) pues el Tribunal Electoral es un órgano constitucional especializado en materia electoral y solo puede resolver las impugnaciones de los actos y resoluciones que se emitan en materia electoral y de participación ciudadana, pero de ninguna manera puede anular un acuerdo del Ayuntamiento que es facultad exclusiva de su funcionamiento, ni mucho menos debería ventilarse el proceso a través de un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, en donde se reclama violencia política por razones de género, pues sin importar el género de la persona que ocupa el cargo de Síndico Procurador, la facultad para designar con el voto de las dos terceras partes de sus miembros al Titular del Órgano Interno de Control, seguirá siendo exclusiva del Ayuntamiento.

d) No pasa por desapercibido que a juicio del Tribunal Electoral el Síndico Procurador es competente en materia de responsabilidades administrativas, dado que en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, indebidamente se incluyó la figura de los síndicos procuradores, electos mediante el voto popular, en las tareas relacionadas con la aplicación del Sistema Nacional y Local Anticorrupción, al establecer en sus artículos 39 fracción XXVI y 39 Bis(7) que dicha figura tendría a su cargo el control interno y la coordinación del órgano interno de control, sin embargo lo anterior resulta evidentemente inconstitucional, al contravenir los artículos 109, fracción III, último párrafo y 113, fracciones I y III, inciso a) y último párrafo de la Constitución Política del país, pues las únicas autoridades facultades para ello son las previstas en el Sistema Nacional y Local Anticorrupción, y las leyes especializadas de la materia (tal como fue resuelto por este alto tribunal en la controversia constitucional 271/2017(8)) y del análisis de dichas legislaciones, en ninguna parte se otorga facultad alguna al Síndico Procurador, razón por la cual se solicitó de ser el caso, se dejen de observar las disposiciones previstas en los artículos 39 y 39 Bis de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

e) Aun cuando el Titular del Órgano Interno de Control del ayuntamiento no es una autoridad jurisdiccional, sí cuenta con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, dentro de las cuales se encuentra la investigación, sustanciación y resolución de faltas administrativas, que para variar el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,(9) otorga competencia a los Tribunales Colegiados de la Federación, para conocer sobre las impugnaciones que sobre dichas materias se emitan, no así a las instancias electorales.

12. CUARTO. Trámite. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó formar el expediente, registrarlo bajo el número 207/2020 y turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

13. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo por presentada la controversia constitucional únicamente por lo que respecta al Presidente Municipal del municipio de Ahome, en representación del municipio, y tuvo como demandado al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

14. QUINTO. Contestación de demanda. El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa contestó la demanda. En respuesta a los conceptos de invalidez, manifestó lo siguiente:

a) El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, como órgano jurisdiccional especializado en la materia, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual goza de autonomía técnica y de gestión, tiene competencia para conocer y resolver en definitiva diversos medios de impugnación electorales y de participación ciudadana, entre los cuales se encuentra el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, por conductas que encuadren y puedan actualizar alguno de los supuestos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Electoral Local.

b) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que el derecho político electoral a ser votado, establecido en el artículo 35, fracción II de la Constitución Política del país, comprende no solo el derecho de la ciudadanía a postularse a una candidatura para un cargo de elección popular, sino que también comprende el derecho a acceder y desempeñar el cargo para el cual resultó electa.(10)

c) Los propios precedentes de la tesis de jurisprudencia 6/2011,(11) sostienen que cuando las determinaciones municipales que se precisen como acto impugnado obstruyan el ejercicio del cargo de elección popular, sí podrán ser sujetas al escrutinio de la jurisdicción electoral, pues si bien son actos que derivan de una autoridad administrativa municipal, también podrán afectar o menoscabar el ejercicio de las funciones de quien ostenta un cargo de elección popular, y por ende, violar el derecho político electoral de ser votado.

d) En el presente caso, de los hechos expresados por la Síndica Procuradora, el Tribunal Electoral advirtió que se dolía de que con la acción concertada de la ratificación del Titular del Órgano Interno de Control, se obstaculizó el pleno ejercicio del cargo de la Síndica Procuradora por acciones que, a su juicio, implicaban violencia política de género y acoso laboral en su contra, trasgrediendo los artículos 39, 39 Bis y 67 Bis A de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 25 Bis del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa.

e) De la propia normatividad de la Ley de Gobierno Municipal y el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal, se desprende que el Titular del Órgano Interno de Control será designado por el Cabildo a propuesta del Síndico Procurador, contralor que podrá ser designado para un periodo inmediato posterior, previa postulación, por lo que resultó lógico interpretar que la facultad de proponer al Cabildo al Titular del Órgano recaía en la persona Titular de la Sindicatura de Procuración, ya sea para una primera designación o para el ejercicio de un periodo posterior.

f) De acuerdo con el artículo 130, fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación y Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, uno de los efectos de las sentencias que resuelvan el fondo de un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, consiste en la restitución en el uso y goce del derecho político que haya sido violado, por ello que lo procedente era dejar parcialmente sin efectos el acuerdo de cabildo del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, únicamente en lo que respecta a la ratificación en el cargo del Titular del Órgano Interno de Control del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, y ordenar al Presidente Municipal que convocara, en términos de ley, a sesión extraordinaria de cabildo en la que se analizaran las propuestas que la Síndica Procuradora realizare para la titularidad de ese cargo.

15. SEXTO. Opinión de la Fiscalía General de la República y del Consejero Jurídico de la Presidencia. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

16. SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Una vez celebrada la audiencia de ley, por acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

17. OCTAVO. Avocamiento. En atención a la solicitud de la Ministra instructora, por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, la Primera Sala se avocó para conocer el presente asunto.

C O N S I D E R A N D O:

18. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política del país y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(12) en relación con lo dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Ahome y el estado de Sinaloa, a través de un organismo constitucional autónomo, en el que no resulta necesaria la intervención del Pleno, por no haberse impugnado normas generales.

19. SEGUNDO. Fijación de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I(13), de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.

20. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:

IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso el medio oficial en que se hubieran publicado:

Sentencia de 02 de diciembre de 2020, dictada dentro del expediente TESIN-JDP-05/2020, a través de la cual el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, invadió las facultades exclusivas del ayuntamiento de Ahome, previstas en los artículos 109 fracción III último párrafo, 113 y 115 fracciones I, II inciso b) y VIII segundo párrafo y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 fracción III de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 67 Bis y 67 Bis A segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, referentes al Sistema Nacional y Local anticorrupción, al dejar sin efectos el acuerdo tomado por el pleno del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a través del cual ratificó a Pavel Roberto Castro Félix para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control por un segundo periodo y ordenó al Presidente Municipal que en diez días convoque a una sesión extraordinaria de cabildo para que dicho órgano de gobierno sólo analice propuestas que haga la Síndica Procuradora para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control, invadiendo la esfera de competencias del Pleno del Ayuntamiento para decidir sobre la ratificación o no del titular en turno.

21. Por lo tanto, se tiene como acto impugnado la sentencia dictada dentro del expediente TESIN-JDP-05/2020 por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

22. TERCERO. Sobreseimiento. Resulta innecesario el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad de la demanda y legitimación de las partes, en virtud de que procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, del referido ordenamiento, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política del país.(14)

23. La resolución jurisdiccional reclamada no puede ser examinada en la presente controversia constitucional, dado que no ocurre genuinamente un alegato de invasión de competencias, sino que se controvierte el sentido y el alcance de dicha determinación jurisdiccional. Ello, en atención a diversos precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular, a lo fallado recientemente por el Tribunal Pleno en la controversia constitucional 273/2019(15) y por esta Primera Sala en las controversias constitucionales 113/2017,(16) 233/2017(17) y 237/2017;(18) y los recursos de reclamación 13/2018, derivado de la controversia constitucional 2/2018(19) y 35/2020, derivado de la controversia constitucional 31/2020.(20)

24. En el presente caso el municipio de Ahome, Sinaloa, comparece a la presente, demandando la sentencia de dos de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro del expediente TESIN-JDP-05/2020, por la cual el Tribunal Electoral determinó la existencia de violencia política de género y acoso laboral en contra de la Síndica Procuradora, y ordenó dejar sin efectos el acuerdo de cabildo del municipio de Ahome de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, pues a juicio del municipio, dicho fallo invade su esfera competencial, de entre otros motivos, porque el Tribunal Electoral no tiene atribuciones para resolver impugnaciones de los actos y resoluciones que son facultad exclusiva del ayuntamiento, como lo es en el presente caso, la designación de la persona que ocupa el cargo de Titular del Órgano Interno de Control.

25. Esta Primera Sala entiende que la pretensión planteada por el municipio de Ahome, consiste en invalidar una resolución jurisdiccional que lo condenó a dejar sin efectos un acuerdo de cabildo, lo que implica una infracción a varios artículos constitucionales por invasión de competencias, en particular, los artículos 109, fracción III, último párrafo y 115 de la Constitución Política del país,(21) que atribuyen la facultad a los municipios de contar con órganos internos de control, así como la facultad del propio ayuntamiento de aprobar bajo sus propias leyes, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento, como lo constituye el presente caso.

26. Para estar en posición de poder resolver este planteamiento, esta Suprema Corte debe examinar si es o no posible tener como acto reclamado la resolución jurisdiccional impugnada por el municipio actor, al tratarse precisamente de una resolución jurisdiccional.

27. Al respecto, debe destacarse que es criterio reiterado de esta Suprema Corte que las controversias constitucionales no proceden en contra de resoluciones de carácter jurisdiccional, ya que este medio de control constitucional no puede utilizarse como un ulterior juicio, recurso o medio de defensa. La controversia constitucional se circunscribe a analizar invasiones competenciales entre órganos del Estado legitimados. Este criterio fue aplicado por primera vez por el Tribunal Pleno al fallarse la controversia constitucional 16/1999(22) y se reflejó en la tesis P./J. 117/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES"(23).

28. Como puede advertirse, es claro que el municipio promueve una controversia constitucional para controvertir los fundamentos y/o motivos de una resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral, que determinó la existencia de violencia política de género y acoso laboral en contra de la Síndica Procuradora, y ordenó dejar sin efectos el acuerdo de cabildo del municipio de Ahome de diecisiete de septiembre de dos mil veinte.

29. Criterio conforme al cual, por regla general, una decisión jurisdiccional, como la sentencia que en este caso se controvierte, no es susceptible de impugnación a través del presente medio de control constitucional, en virtud de que se haría de esta vía un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural.

30. Empero, este criterio, según lo resuelto por primera vez en la controversia constitucional 58/2006(24), tiene una excepción que se refleja en la tesis P./J. 16/2008 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO"(25), conforme a la cual, de manera excepcional, procede la controversia constitucional, aun cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional, si la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado.

31. El municipio de Ahome pretende situarse precisamente en esta hipótesis, aduciendo de manera reiterada una transgresión a los artículos 109 y 115 de la Constitución Política del país,(26) pues, como lo establece en su único concepto de invalidez:

[...] la designación por un segundo periodo del Titular del Órgano Interno de Control, es una facultad que la Constitución Federal en su artículo 109 fracción III último párrafo le confirió al Municipio, y si se toma en cuenta que conforme al artículo 115 fracción I de la referida constitución, la competencia que dicha ley suprema otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva, es evidente que el proceso para designar por un segundo periodo al titular del órgano interno de control en turno, es única y exclusivamente facultad del Ayuntamiento y nada tiene que ver con la competencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, mucho menos ventilarse dicho proceso, a través de un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, en donde se reclama violencia política por razones de género, pues sea hombre o mujer la persona que ocupa el cargo que hoy ostenta Angelina Valenzuela Benítes, la facultad constitucional del Ayuntamiento, seguirá siendo exclusiva del "Ayuntamiento" para designar con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, al Titular del Órgano Interno de Control, en base a los artículos 109 fracción III último párrafo, 113 fracción I y II inciso a y b, 115 fracciones I y IV, 123 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 67 y 67 Bis A segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

En ese estado de cosas, la ratificación o no por un segundo periodo de dicho titular constituye un acto que es facultad exclusiva del Ayuntamiento de Ahome, pues si en especie la ley le otorga a la persona que se encuentra ocupando el puesto, la posibilidad de ser "designada" por un segundo periodo y tal designación recae en el "ayuntamiento" es claro que solo dicho órgano de gobierno, a través del voto de sus integrantes puede determinar si lo ratifica o no, pensar en lo contrario equivale a reconocer que la designación por un segundo periodo del Titular del Órgano Interno de Control, está en manos de un integrante del Ayuntamiento, desconociendo la facultad del pleno para ratificarlo.

32. No obstante, tras un examen de la demanda y las diferentes pruebas aportadas al expediente, esta Primera Sala llega a la convicción de que no estamos ante un caso de excepción de la regla de improcedencia de la controversia constitucional en contra de resoluciones jurisdiccionales; por el contrario, lo que pretende el municipio actor es cuestionar el sentido y alcance de las consideraciones de la sentencia.

33. Por más que puedan parecer correctos o incorrectos los razonamientos del fallo o los efectos impuestos, el control que se efectúa en una controversia constitucional no puede llevar a analizar los méritos de tal resolución, sino únicamente a quién le corresponde una determinada competencia. Además, aunque el municipio actor es insistente en su demanda en plantear una violación a los principios previstos en los artículos 109 y 115 constitucionales, tales razonamientos forman parte intrínseca de la litis del asunto, y no de la competencia para resolver el mismo.

34. A mayor abundamiento, esta Suprema Corte ha considerado de manera histórica y reiterada que las controversias constitucionales no pueden ser utilizadas por las partes en un juicio o recurso para objetar las conclusiones o alcances que haya tomado una autoridad jurisdiccional en un caso concreto. Lo único por lo que pueden inconformarse los órganos legitimados en una controversia constitucional, cuando el acto reclamado es una resolución jurisdiccional, radica en la concurrencia de una invasión de competencias para poder ejercer su jurisdicción sobre dicho caso, pero nunca para refutar si es o no correcta la decisión tomada en tal resolución.

35. A saber, cuando se falló la citada controversia constitucional 58/2006, la razonabilidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aceptar una excepción al criterio de improcedencia de la controversia en contra de resoluciones jurisdiccionales tuvo lugar con motivo de un conflicto competencial entre dos órganos jurisdiccionales de un mismo Estado (Poder Judicial y Tribunal Contencioso Administrativo, ambos del Estado de Nuevo León) y se refirió a la falta de competencia del segundo para conocer o juzgar los actos emitidos por el primero; es decir, se actualizaba el caso de excepción consistente en la falta de competencia del órgano jurisdiccional emisor del acto impugnado para conocer del asunto, siendo el conocimiento en sí mismo, más no el contenido o los alcances del fallo, lo que actualiza la vulneración a la esfera competencial del ente legitimado para promover la controversia constitucional.

36. Posterior a este precedente, tanto el Tribunal Pleno como esta Primera Sala han resuelto otros casos en donde se ha considerado actualizada la excepción a la regla general de incompetencia y se ha explicitado su alcance. Por ejemplo, el tres de julio de dos mil dieciocho, el Pleno resolvió las controversias constitucionales 67/2016, 173/2016 y 121/2017,(27) en las que diversos municipios del Estado de Morelos impugnaron tanto la constitucionalidad del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad(28) como diferentes acuerdos plenarios dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado (en donde se aplicó dicha norma), mediante los cuales se destituían a los respectivos presidentes municipales por el incumplimiento de ciertos laudos.

37. En la sentencia, se sostuvo que eran procedentes las controversias constitucionales a pesar de haberse reclamado unos acuerdos plenarios; ello, al actualizarse el aludido supuesto de excepción, pues los municipios actores no pretendían cuestionar la legalidad de las consideraciones de fondo de dichos acuerdos, sino pretend

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200793-35da35ad/i-controversia-constitucional-no-es-la-via-idonea · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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